INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS TOMAR EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL INCULPADO, ATENTO A LAS REFORMAS A LOS CÓDIGOS PENALES DEL 10 DE ENERO DE 1994 (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
AMPARO DIRECTO 3160/2004.
CONSIDERANDO:
DÉCIMO.-Ahora bien, en relación con la individualización de la pena, el peticionario de garantías no esgrimió concepto de violación alguno, por lo que en suplencia de la queja no aducida, en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado estima que la autoridad responsable, acatando lo dispuesto por los artículos 70 y 72, ambos del nuevo código sustantivo de la materia y fuero, así como los numerales 220, fracción II y 223, ambos del Nuevo Código Penal local, tomó en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución del delito y las peculiaridades del reclamante del amparo, las que una vez balanceadas permitieron al tribunal responsable graduar la culpabilidad del quejoso como "mínima"; en consecuencia, resultó correcto legalmente imponerle a dicho amparista por el delito básico de robo cometido en agravio de ... 6 (seis) meses de prisión y 60 (sesenta) días multa, puesto que la privativa de libertad para dicho delito oscila entre seis meses a dos años y de sesenta a ciento cincuenta días multa, según lo establece la fracción II del artículo 220 del mismo ordenamiento legal.
La privativa de la libertad se incrementó por la calificativa de aprovechando alguna relación de trabajo, prevista en la fracción III del artículo 223 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, en 3 (tres) meses de prisión y 30 (treinta) días multa, toda vez que la parte inicial del primer párrafo del citado numeral prevé un arco de punibilidad en una mitad más de las penas impuestas al delito básico.
Totalizando 9 (nueve) meses de prisión y multa de 90 (noventa) días a razón de $45.24 (cuarenta y cinco pesos con veinticuatro centavos), equivalentes a $4,071.60 (cuatro mil setenta y un pesos con sesenta centavos), privativa de libertad y pecuniarias que no irrogan perjuicio al peticionario de garantías por ser acordes al grado de culpabilidad que se le estimó.
Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 247, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 183 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, del rubro y texto siguientes:
"PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS.-El incumplimiento de las reglas para la individualización de la pena no causa agravio que amerite la protección constitucional, si el sentenciador impone el mínimo de la sanción que la ley señala para el delito cometido."
También fue correcto que en el acto reclamado se señalaran las condiciones en que se compurgará la pena privativa de libertad, esto es, en el lugar y términos que designe la autoridad administrativa que corresponda, quien realizará el cómputo respectivo, pero como correctamente lo destacó el tribunal responsable, se deberá tomar en cuenta el tiempo durante el cual el ahora quejoso estuvo detenido preventivamente con motivo de la causa origen del fallo impugnado, es decir, del nueve al once de marzo del año dos mil cuatro; asimismo, fue correcto que no se sustituyera la sanción pecuniaria por jornadas de trabajo en favor de la comunidad, toda vez que de ser procedente dicha sustitución, tal circunstancia obligaría al peticionario de garantías a trabajar, de lo que se sigue que esa obligación no beneficia al amparista.
También cabe precisar que la responsable estuvo en lo correcto cuando al individualizar la pena no tomó en consideración el estudio de personalidad que le fue practicado al aquí quejoso, estimando que con base en las reformas del artículo 52 del Código Penal para el Distrito Federal, de diez de enero del año de mil novecientos noventa y cuatro, fue sustituida la concepción de peligrosidad del delincuente por la de culpabilidad del hecho y que se debía sancionar al autor del delito con base en el hecho que cometió y no por la forma de conducir su vida, criterio que se hace extensivo al no haber tomado en cuenta los antecedentes penales del quejoso -como aconteció en el caso- ni la conducta posterior del inculpado, razón habida que esa circunstancia ya no se prevé en el artículo 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, pues dicha consideración era una exigencia que para tal efecto preveía el párrafo 2o. del artículo 52 del Código Penal para el Distrito Federal, vigente hasta el treinta y uno de enero del año de mil novecientos noventa y cuatro, al tenor de lo siguiente:
"Artículo 52. En la aplicación de las sanciones penales se tendrá en cuenta:
"...
"2. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres y la conducta precedente del sujeto los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones económicas." (el subrayado es nuestro).
Sin embargo, dicho numeral fue reformado por el artículo primero del decreto publicado en el Diario Oficial de diez de enero del año mil novecientos noventa y cuatro, entrando en vigor el primero de febrero de ese mismo año, para quedar como sigue:
"Artículo 52. El Juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:
"I. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido expuesto;
"II. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla;
(Reformada por el artículo segundo del decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de diecisiete de septiembre del año mil novecientos noventa y nueve, en vigor el primero de octubre del mismo año)
"III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;
"IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y la de la víctima u ofendido;
(Reformada por el artículo segundo del decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de diecisiete de septiembre del año mil novecientos noventa y nueve, en vigor el primero de octubre del mismo año)
"V. La edad, el nivel de educación, las costumbres, las condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico o pueblo indígenas, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;
"VI. El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y
"VII. Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma."
Ahora bien, el artículo 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal es del tenor siguiente:
"Artículo 72 (Criterios para la individualización de las penas y medidas de seguridad). El Juez, al dictar sentencia condenatoria, determinará la pena y medida de seguridad establecida para cada delito y las individualizará dentro de los límites señalados, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, tomando en cuenta:
"I. La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla;
"II. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado;
"III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;
"IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido;
"V. La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;
"VI. Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el momento de la comisión del delito;
"VII. Las circunstancias del activo y pasivo antes y durante la comisión del delito, que sean relevantes para individualizar la sanción, así como el comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y
"VIII. Las demás circunstancias especiales del agente, que sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
"Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho y, en su caso, requerirá los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás elementos conducentes."
Del análisis comparativo de lo transcrito en el artículo 52 del Código Penal Local, antes de su reforma de diez de enero del año de mil novecientos noventa y cuatro, así como el que entró en vigor el primero de febrero de ese mismo año, y del numeral 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, se desprende que en la actualidad tanto la conducta precedente como la posterior de un acusado y los antecedentes penales, no deben tomarse en cuenta para individualizar la sanción condigna a éste al momento de sancionarlo por la comisión de un delito, por las siguientes razones.
I) El párrafo 2o. del artículo 52 del Código Penal para el Distrito Federal, antes de su reforma de diez de enero del año de mil novecientos noventa y cuatro, preveía que para la imposición de las sanciones debía tomarse en consideración, entre otras, la conducta precedente de un acusado.
II) Al ser reformado el artículo 52 del Código Penal para el Distrito Federal, el diez de enero del año mil novecientos noventa y cuatro, entrando en vigor su reforma el primero de febrero del mismo año, el legislador ya no contempló para la individualización de las penas la conducta precedente de un acusado, es decir, se propuso fijar nuevos criterios al abordar el análisis de dicho extremo a fin de que, con base en la gravedad del hecho ilícito y en el grado de culpabilidad del agente, se cuantifique justamente la pena a imponer, de lo que se sigue que se abandona en esos aspectos el criterio de peligrosidad, toda vez que para la imposición de la pena sólo se ha de castigar al delincuente por lo que ha hecho y no por lo que fue.
En efecto, a partir de esta fecha, por culpabilidad ha de entenderse el conjunto de circunstancias relevantes que sirven para determinar la posibilidad que tuvo el agente del delito de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma; de tal manera que la cantidad de culpa está en relación directa con la cantidad de pena a imponer.
La peligrosidad es un término acuñado por la escuela positiva y denota la probabilidad de que el activo del delito vuelva a cometer otra conducta penalmente relevante. Es, en suma, una circunstancia personal del delincuente que lo hace socialmente temible por su malignidad, esto es, la perversidad constante y activa que se debe esperar de parte del mismo autor del delito.
Es por ello que se reformó el artículo 52 del Código Penal y que a partir del primero de febrero del año de mil novecientos noventa y cuatro establecía: "El Juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente ...", con lo cual se logró pasar de un Código Penal de conducta de vida a uno de culpabilidad por el hecho cometido, esto es, ya no se castiga por los antecedentes penales del autor, sino solamente por el hecho que se está juzgando.
Misma situación prevalece en la actual redacción del artículo 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, el cual, en lo que interesa, es del tenor siguiente:
"Artículo 72 (Criterios para la individualización de las penas y medidas de seguridad). El Juez, al dictar sentencia condenatoria, determinará la pena y medida de seguridad establecida para cada delito y las individualizará dentro de los límites señalados, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, tomando en cuenta ..."
Con la salvedad de que este Nuevo Código Penal ya no toma en cuenta ni la conducta precedente ni el comportamiento posterior del activo del delito.
De lo antes reseñado se puede apreciar que el espíritu del legislador al sustituir la concepción de la peligrosidad por el de culpabilidad, consistió en ordenar al juzgador que al momento de individualizar la pena tome en cuenta, por un lado, los aspectos objetivos del hecho ilícito para obtener de ello la gravedad del delito y los ponga en uno de los platillos de su balanza de justicia; después, en otro platillo coloque las circunstancias subjetivas del acusado, sin tomar en consideración los antecedentes penales anteriores, para determinar el grado de culpabilidad que revela el justiciable, y con base en ello, una vez balanceadas, imponer las sanciones correspondientes; en síntesis, lo que se pretende con esa reforma es que se sancione al sujeto activo por el hecho antijurídico que cometió, no por lo que hizo anteriormente.
En tal tesitura, desde el primero de febrero del año de mil novecientos noventa y cuatro la punición se impondrá con base en la determinación del grado de culpabilidad del justiciable, esto es, se abandona el criterio de peligrosidad; por tanto, ya no debe tomarse en consideración la conducta precedente para que se sancione ahora al sujeto activo del delito sólo por el hecho antijurídico que cometió no por lo que hizo anteriormente, toda vez que se hace hincapié en que estamos desde mil novecientos noventa y cuatro frente a un código de culpabilidad por el hecho cometido y no de peligrosidad que castiga la conducta de vida o el pasado de un delincuente.
Similar criterio fue sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver el asunto relacionado con el DP. 3000/2004-III, promovido por ... así como el DP. 2880/2004-I, promovido por ... resueltos en sesión de treinta de noviembre del año dos mil cuatro; también el DP. 3150/2004-II, promovido por ... resuelto en esta misma sesión.
DÉCIMO PRIMERO.-Referente al análisis de la reparación del daño, el peticionario de garantías ningún concepto de violación manifestó al respecto; sin embargo, en suplencia de la queja no expresada en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, este órgano colegiado advierte que en relación con la reparación del daño derivado del delito de robo agravado cometido en agravio de ... consistente en restituir a la ofendida los objetos fedatados en actuaciones, la Sala responsable no ocasionó ningún agravio contra el quejoso, pues dicha condena se dio por satisfecha al haberse recuperado dichos objetos y devuelto a la empresa ofendida, y menos aún le agravian las consideraciones que realizó respecto a la condena a la reparación del daño moral o resarcimiento de los perjuicios causados, toda vez que fue absuelto de dichos conceptos por no existir elementos para su cuantificación.
DÉCIMO SEGUNDO.-En relación con el análisis de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión impuesta mediante una garantía por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos), el quejoso no adujo concepto de violación alguno, por lo que en suplencia de la queja en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado considera que la Sala responsable correctamente concedió al peticionario de garantías el referido beneficio, ya que la citada concesión fue fundada por el ad quem en el artículo 89 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, además de que se desprende que el quejoso reúne los requisitos exigidos para ese fin en el citado artículo, es decir, es primodelincuente ya que no cuenta con antecedentes penales, esto es, no ha sido sentenciado por delito doloso perseguible de oficio que haya causado ejecutoria; tampoco el solicitante del amparo ha evidenciado que no cuente con antecedentes personales positivos; y, la garantía que se le requirió para el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión impuesta, es decir, la suma de $2,000.00 (dos mil pesos) es menor a los $7,917.00 (siete mil novecientos diecisiete pesos), que exhibió para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución.
Al respecto es aplicable, a contrario sensu y, en lo conducente, la jurisprudencia número 89 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 64 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, del rubro y texto siguientes:
"CONDENA CONDICIONAL. MONTO DE LA FIANZA.-La garantía que debe otorgar el acusado para disfrutar del beneficio de la condena condicional, puede ser mayor que la señalada al concederle la libertad provisional, si hay reparación del daño pendiente de pago."
DÉCIMO TERCERO.-Por otra parte, toda vez que el peticionario de garantías no adujo concepto alguno, en relación con la suspensión de derechos políticos, este órgano colegiado, en suplencia de la queja en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, advierte que no le causa ningún agravio al solicitante del amparo la suspensión ordenada por el ad quem, ya que ésta se realizó con apoyo en la solicitud hecha por el Ministerio Público.
En congruencia con lo anterior, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso y no advertirse suplencia alguna de la queja que le beneficie al peticionario de garantías, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo promovido por ... contra los actos que reclamó del director general de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal; asimismo, negar el amparo y protección de la Justicia Federal al amparista contra los actos que reclamó de la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 107, fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 76, 77, 78, 80 y 184 de la Ley de Amparo; 1o., fracción III, 35 y 41, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se sobresee el juicio de garantías promovido por ... contra los actos que reclamó del director general de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, precisados en el resultando primero de esta resolución, atento las consideraciones apuntadas en el considerando tercero de esta ejecutoria.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... contra los actos que reclamó de la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria vuelvan los autos al lugar de su procedencia; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así lo resolvió el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados presidente Carlos Enrique Rueda Dávila, Jorge Ojeda Velázquez y Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18625-676ce002/individualizacion-de-la-pena-es-violatorio-de-garantias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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