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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN AMPARO. DEBE CONCEDERSE TRATÁNDOSE DEL COBRO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CUANDO NO SE ACREDITA EL PERJUICIO EVENTUAL AL INTERÉS GENERAL PERSEGUIDO CON EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA.

Tipo de asunto: QUEJA 80/2004. · Registro digital (IUS): 18638
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COORDINADORA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS, POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y OTROS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 1591.

QUEJA 80/2004. COORDINADORA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS, POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y OTROS.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Son infundados los agravios expresados por la recurrente.

Primeramente, es conveniente destacar que los actos reclamados por la parte quejosa se hicieron consistir en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto de doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mismo mes y año, que contiene la Ley del Seguro Social que entró en vigor el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, así como las reformas contenidas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno, entre ellas al artículo 237, mediante el cual se pretende incorporar a los trabajadores del campo al régimen obligatorio que establece el artículo 12, fracción I, de la ley impugnada.

En tanto que, del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien la parte quejosa señaló como autoridad ejecutora, entre otras, en concreto, reclamó la aplicación del mencionado artículo 237, en términos del diverso 12, fracción I, de la ley en comentario, al pretender obligar a los productores agrícolas que contratan trabajadores del campo, a incorporarlos al régimen de ley, elevando con ello el monto de las cuotas obrero-patronales en forma considerable al asimilarlos a los trabajadores urbanos; y las medidas de presión que pretenden ejercer en su contra las autoridades responsables para someterle a través de la intimidación para que consienta la ley que se impugna de inconstitucional, incluyendo la orden del secuestro, confiscación, incautación, decomiso y privación de dinero que tiene en cuentas bancarias, así como la realización de auditorías, multas y otras medidas que pretenden efectuar en perjuicio de quien impugne la ley, con el propósito de que se incorpore a los trabajadores del campo a un régimen que no está diseñado para ellos.

Ahora bien, por auto de veinte de septiembre de dos mil cuatro, en su parte recurrida, el Juez de Distrito concedió a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y la impetrante continuara aportando al Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas obrero-patronales, en la forma y porcentaje que los venía realizando hasta el treinta de junio del año en curso, así como para que no se le embargaran bienes de su propiedad o se inmovilizara dinero que decía tener en cuentas bancarias.

En este orden de ideas, es inexacto lo que aduce la recurrente en el sentido de que al conceder la suspensión provisional en esos términos, se esté resolviendo sobre el fondo del asunto, pues el Juez de Distrito no hizo pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos reclamados, ya que únicamente concedió la suspensión por lo que se refiere a los actos de aplicación de la ley impugnada, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban antes de la violación reclamada; y el hecho de que la persona moral quejosa pueda continuar aportando las cuotas obrero-patronales en la forma que lo venía haciendo hasta el treinta de junio del año en curso, de ninguna manera implica que el a quo le esté dando efectos restitutorios a la medida cautelar decretada, ya que ésta produce efectos en forma provisional sólo en cuanto a la materialización de los preceptos impugnados, a fin de evitar que se ocasionen a la parte quejosa perjuicios de difícil reparación.

Además, contrario a lo que aduce la autoridad recurrente, para que se considere que la concesión de la suspensión contraviene disposiciones de orden público, no basta que la obligación de aportar las cuotas obrero-patronales derive de una ley de interés general y de orden público, pues no debe perderse de vista que todas las leyes participan en mayor o menor medida de esas características, y que bajo esa perspectiva se llegaría a la conclusión equívoca de que cualquier medida cautelar tendiente a paralizar la ejecución de un acto que se base en aquéllas ha de negarse. Así, el concepto de orden público, más que gravitar en el hecho de que las leyes revistan tal carácter, ha de partir de la no afectación de los bienes de la colectividad tutelados por las leyes, dado que lo que debe valorarse es el eventual perjuicio que pudieran sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de aplicación de la norma. De ahí que para colegir válidamente el contenido de la noción de orden público, es menester ponderar las situaciones que se llegaran a producir con la suspensión del acto reclamado, es decir, si con la medida se privará a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le inferirá un daño que de otra manera no resentiría.

Al respecto, es aplicable la tesis I.7o.A.198 A, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 2002, página 1193, que a continuación se reproduce:

"SUSPENSIÓN. DEBE SER CONCEDIDA, POR REGLA GENERAL, CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES.-Para que se considere que la concesión de la medida cautelar afecta el interés social, en contravención a lo previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, no basta con que la autoridad responsable demuestre que el requerimiento de pago de impuestos formulado a un contribuyente deriva de la aplicación de una ley de orden público, pues estrictamente hablando, la observancia de cualquier disposición jurídica constituye una cuestión de orden público. La autoridad debe acreditar adicionalmente que con el otorgamiento de la medida cautelar, efectivamente se ocasionarían perjuicios capaces de afectar la organización y funcionamiento de las funciones prestadas por el Estado. En esa tesitura, si no fueron aportados elementos que demuestren que el crédito fiscal exigido es de tal magnitud que de no ser pagado con motivo de la concesión de la medida cautelar se afectaría como consecuencia la marcha normal de las funciones públicas, no existe razón, en principio, para negar el otorgamiento de la misma. La conclusión anterior se robustece por la sola existencia del artículo 135 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho dispositivo regula la manera de establecer la garantía suspensional precisamente en los casos de cobro de contribuciones. Por tanto, con la salvedad apuntada, debe concluirse que, por regla general, debe ser concedida la suspensión cuando el quejoso reclama en el juicio constitucional el cobro de contribuciones."

En esta tesitura, si las autoridades responsables, ahora recurrentes, no aportaron elementos de prueba que demuestren que con el otorgamiento de la medida cautelar se les impide la realización de la misión de seguridad social que les está encomendada, no hay razón para que se niegue a la persona moral quejosa la suspensión provisional que solicitó, ya que ésta no impide al Instituto Mexicano del Seguro Social obtener de manera oportuna los recursos que integran su patrimonio, en primer término, porque la medida cautelar no lo obliga a abstenerse de cobrar las cuotas obrero-patronales a los causantes en general, y sobre todo porque con la suspensión no se exime a la impetrante de realizar el pago de tales aportaciones, sino que sólo se le autoriza a continuar pagando en la forma que lo venía haciendo hasta el treinta de junio del año en curso.

Asimismo es aplicable, por analogía, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio comparte este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, página 659, que es del tenor literal siguiente:

"SEGURO SOCIAL, SUSPENSIÓN DEFINITIVA, EFECTOS DE LA QUE SE CONCEDE CONTRA EL COBRO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL.-El otorgamiento de la suspensión definitiva no impide al Instituto Mexicano del Seguro Social obtener de manera oportuna los recursos que integran su patrimonio, ya que en primer lugar dicha medida no obliga en lo general a que el instituto se abstenga de realizar el cobro de cuotas obrero-patronales a los causantes, sino únicamente lo obliga en el caso concreto y en segundo, porque el contenido del artículo 239 de la Ley del Seguro Social se desprende que los recursos destinados para la prestación de los servicios públicos a que está obligado el Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con la sociedad, no sólo son financiados con recursos propios del instituto sino que también con los de la federación y con los de los propios beneficiados, por lo que al otorgarse la medida suspensiva solicitada no se causa perjuicio al interés social."

En consecuencia, ante lo infundado de los agravios que expresan las autoridades recurrentes y al no existir la necesidad de suplir alguna deficiencia, en términos del artículo 76 bis, fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar infundada la presente queja.

Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 95, fracción VI y 99, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 35 y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Se declara infundado el presente recurso de queja, interpuesto por la coordinadora de Asuntos Contenciosos, por ausencia del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del secretario general; de los directores de Incorporación y Recaudación; de Planeación y Finanzas; de Administración y Calidad, y del director Jurídico, todos del propio instituto, en contra del auto de veinte de septiembre de dos mil cuatro, pronunciado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en la ciudad de Culiacán; en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 491/2004.

Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de gobierno correspondiente; remítase testimonio de esta resolución al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: presidente Jesús Enrique Flores González, Gabriel Fernández Martínez y José Alejandro Garza Ruiz; fue ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18638-9d35de75/suspension-en-amparo-debe-concederse-tratandose-del-cobro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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