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Modo: Corpus Pro

QUEJA POR DEFECTO O EXCESO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. CASOS EN QUE SE SURTE.

Tipo de asunto: QUEJA 256/2004. · Registro digital (IUS): 18325
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, , Pág. 1673.

QUEJA 256/2004. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Antes de analizar los agravios es necesario puntualizar lo siguiente:

Teniendo a la vista la ejecutoria pronunciada por este Sexto Tribunal Colegiado en el DT. 16/2004, promovido por Luis Flores Lomelí, el cual fue resuelto en sesión celebrada el cuatro de febrero de dos mil cuatro, se aprecia que se concedió la protección constitucional: "... para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo impugnado, y dicte otro en el que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria considere que el padecimiento de bronquitis química industrial, que pericialmente le fue determinada a Luis Flores Lomelí, sí es de carácter profesional; prescinda de las consideraciones en que se apoyó para absolver al instituto demandado de la reevaluación reclamada por el trabajador, hoy quejoso; y, con libertad de jurisdicción, fundando y motivando su proceder, establezca el porcentaje de revaluación correspondiente, sin perjuicio de lo determinado en los juicios de amparo DT. 8686/2003 y DT. 8696/2003, resueltos con anterioridad." (fojas 58 y vta. del expediente de amparo 16/2004).

Los lineamientos de dicha ejecutoria fueron los siguientes:

"CUARTO. Los anteriores conceptos de violación resultan esencialmente fundados, aunque para ello tenga que suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ser el trabajador quien promueve el juicio de garantías, ya que este tribunal advierte que la autoridad responsable incorrectamente absolvió al instituto demandado del reconocimiento y pago de la pensión de incapacidad parcial permanente derivada de la enfermedad denominada bronquitis química industrial, y de la revaluación del accidente de trabajo sufrido el once de julio de mil novecientos setenta. En efecto, el perito tercero en discordia consideró en su dictamen lo siguiente ... En el laudo reclamado la responsable determinó, con relación a la enfermedad denominada bronquitis química industrial, lo siguiente ... Lo resuelto en los términos antes referidos es incorrecto, porque no es al perito a quien corresponde señalar la fracción y el apartado del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo en que queda comprendida la bronquitis química industrial para valuar dicho padecimiento, toda vez que la obligación del perito médico es la de informar al órgano jurisdiccional las enfermedades, sus probables causas y la valuación del grado de disminución orgánica de la función; sin embargo, corresponde a la Junta del conocimiento realizar la adecuación de la norma general y abstracta al caso concreto, ya que es labor del órgano jurisdiccional subsumir las enfermedades diagnosticadas, categorías, actividades y medio ambiente de trabajo a las hipótesis legales contenidas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con los artículos 840, fracción VI y 841 del mismo ordenamiento legal, porque es objeto de la prueba pericial el proporcionar a la Junta responsable los datos necesarios para ello; pero no es posible que recaiga en el profesional médico la facultad de decidir la aplicabilidad de determinada fracción de la Ley Federal del Trabajo para efectos de establecer el porcentaje de incapacidad, sin que la autoridad responsable se cerciore de la existencia de la norma aplicada. Luego, de la adecuación de la norma al caso particular dependerá la actualización de la presunción que emana del presupuesto legal, labor meramente jurisdiccional que, por tanto, no puede residir en un profesional en materia de medicina, ya que con los datos que provee el propio perito médico la Junta está en aptitud de determinar la norma legal respectiva para aplicar la presunción legal de la incapacidad parcial permanente y su grado de valuación. Puede citarse, en apoyo, el criterio sostenido por este Sexto Tribunal Colegiado en el juicio de amparo directo DT. 12106/2002, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, resuelto el nueve de enero de dos mil tres, por unanimidad de votos, siendo ponente la Magistrada Carolina Pichardo Blake y secretario el licenciado Augusto Santiago Lira, en la tesis con número de clave TC016159.9L1, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, correspondiente al mes de enero de 2003, visible en la página 1864, cuyos rubro y texto dicen: ‘RIESGO PROFESIONAL. ES FACULTAD DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE QUE PRODUCE, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 513 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribió). Además, es inexacto que en el caso no esté demostrada la relación causa-efecto de la enfermedad del orden profesional denominada bronquitis química industrial diagnosticada al trabajador por el perito tercero en discordia con las actividades del actor, hoy quejoso, y el ambiente laboral en el que se desempeñó. En efecto, del expediente origen de este juicio se desprende que el dictamen rendido por el perito tercero en discordia, transcrito con antelación, contiene los antecedentes laborales y patológicos que fueron aportados, así como la exploración física que condujeron a dicho facultativo a establecer el nexo causal existente entre el padecimiento que determinó de carácter profesional, consistente en bronquitis química industrial, por tener relación directa de causa-efecto con el trabajo de fundidor en la empresa Moresa, Sociedad Anónima, durante ocho años. Aunado a lo anterior, del dictamen médico emitido por el perito tercero en discordia se advierte que la relación de trabajo-daño con la enfermedad de bronquitis química industrial, la estableció con base en la exposición del antecedente laboral recogido en el interrogatorio directo a que fue sometido el demandante, a través del cual precisó que desempeñó, entre otros puestos, el de fundidor en la empresa Moresa, Sociedad Anónima, durante ocho años, estando expuesto a la inhalación de humos y vapores de combustión de automotores, hornos y fundidoras, lo que coincide en lo sustancial con la exposición de hechos contenida en la demanda inicial, donde dijo: ‘2. ... posteriormente en junio de mil novecientos sesenta y ocho a Moresa, Sociedad Anónima, como ayudante general por tres meses y fundidor por ocho años ... con las siguientes actividades: colocar las barras de metal al horno con cucharón, vaciar el líquido a los moldes para formar los pistones ... por lo que ha estado expuesto a inhalación de humos de la fundición ...’ (foja 4). Por tanto, contrario a lo afirmado por la Junta, debe concluirse que el padecimiento denominado bronquitis química industrial, que el perito médico tercero en discordia determinó del orden profesional, sí se encuentra enumerado, por analogía, en la tabla del artículo 513, fracciones 13 y 23, contenidas en el título relativo a ‘Neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral’, que se refieren, la primera de las señaladas, a: ‘Siderosis ... fundidores, pulidores, soldadores, limadores, torneros y manipuladores de óxido de hierro.’; y, la segunda: ‘Afecciones debidas a inhalación de polvos de vanadio ... fundidores, trabajadores de la industria del acero ...’; por lo que el dictamen del perito tercero en discordia es suficiente para determinar el origen profesional de la enfermedad de bronquitis química industrial y, en esa medida, no se requería que el perito se constituyera en el centro de trabajo para demostrar la causalidad entre el padecimiento y el ambiente de trabajo, en todo caso, era al Instituto Mexicano del Seguro Social a quien correspondía desvirtuar tal presunción, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia número 182, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 121 y 122, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, que a la letra dice: ‘ENFERMEDADES DE TRABAJO, PRUEBA DE LAS.’ (se hizo transcripción); así como la jurisprudencia número 29/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 33/97, consultable en la página 157 del Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ‘ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE ÉSTA Y EL MEDIO EN EL CUAL EL TRABAJADOR PRESTE O HAYA PRESTADO SUS SERVICIOS, NO REQUIERE NECESARIAMENTE DE LA PRESENCIA DEL PERITO MÉDICO EN EL LUGAR, EMPRESA O ESTABLECIMIENTO.’ (se transcribió). En virtud de lo expuesto, se concluye que la causalidad quedó acreditada con la pericial médica del tercero en discordia, en razón de que fue el especialista quien, atendiendo a sus conocimientos científicos plasmados en su dictamen, a través de la técnica de que se valió para ello, determinó la causalidad, siendo la prueba idónea para ello; constituyéndose de esta manera en auxiliar técnico del tribunal, y como tal, su dictamen constituye opinión ilustrativa sobre cuestiones técnicas emitidas bajo su leal saber y entender de persona versada en la materia que requiere conocimientos especializados, expresados en forma lógica y razonada, que proporcionan al juzgador elementos suficientes para orientar su criterio en materias que éste desconoce, por lo que el ambiente laboral del actor quedó adecuadamente acreditado con los elementos aportados por el perito y, por ende, la profesionalidad del padecimiento consistente en bronquitis química industrial es causa-efecto de las labores que desempeñó el actor, por lo que la Junta responsable obró incorrectamente al absolver al instituto demandado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 29/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 33/97, consultable en la página 157 del Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ‘ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE ÉSTA Y EL MEDIO EN EL CUAL EL TRABAJADOR PRESTE O HAYA PRESTADO SUS SERVICIOS, NO REQUIERE NECESARIAMENTE DE LA PRESENCIA DEL PERITO MÉDICO EN EL LUGAR, EMPRESA O ESTABLECIMIENTO.’ (se transcribió). Por otro lado, de la demanda laboral se aprecia que el actor reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras prestaciones: ‘a) El reconocimiento ... 2. Pérdida total del dedo índice y parcial de su metacarpiano de mano izquierda postraumático. 3. Anquilosis de articulación metacarpofalángica del dedo pulgar izquierdo, padecimientos del orden profesional por tener relación de causa-efecto con su ambiente habitual de trabajo el primero y los restantes con su accidente de trabajo de fecha 11 de julio de 1970, valuándose de conformidad con el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo ... correspondiéndole 25% al segundo y 12% al tercero. b) El otorgamiento y pago de la pensión de incapacidad permanente parcial, valuada en un cuarenta y siete por ciento de la total orgánico-funcional, en sustitución de la que otorga y paga valuada en un veintiocho punto ochenta por ciento de disminución orgánica funcional ...’ (foja 2); asimismo, en el hecho marcado con el número tres, indicó lo siguiente: ‘3. Que mediante resolución aprobada en acuerdo número 296300, el consejo técnico del instituto demandado, en sesión del día once de enero de mil novecientos setenta y uno, le otorgó una pensión por incapacidad permanente parcial valuada en un veintiocho punto ochenta por ciento por el padecimiento de pérdida total del dedo índice por transplante al lugar del dedo pulgar que perdió por amputación traumática y anquilosis de la articulación metacarpofalángica del sustituto del pulgar, ambos de la mano izquierda, a consecuencia del accidente sufrido el once de julio de mil novecientos setenta.’ (foja 4). El perito del actor expuso lo siguiente ... (foja 66). El perito del demandado, dijo ... (foja 70). El perito tercero en discordia expuso ... (fojas 79 y 80). La Junta responsable, después de enunciar el resultado de las pruebas periciales médicas respecto a la reevaluación reclamada por el actor, razonó lo que enseguida se transcribe ... (foja 161). De las anteriores transcripciones se observa que fue incorrecto el razonamiento de la Junta responsable respecto a la reevaluación, porque sobre los padecimientos que sufre el actor, denominados pérdida total postraumática y postquirúrgica del dedo pulgar y parcial de su metacarpiano de mano izquierda y rigidez articular postraumática y postquirúrgica de la primera articulación interfalángica del dedo izquierdo, derivados del accidente del once de julio de mil novecientos setenta, el perito del actor reevaluó la incapacidad del veintiocho punto ochenta por ciento al treinta y siete por ciento; el perito tercero en discordia al cuarenta y uno por ciento; y el propio perito del instituto demandado le otorgó la reevaluación al trabajador, hoy quejoso, al indicar que se incrementara al treinta y dos por ciento, esto es, el tres punto veinte por ciento de la valuación ya otorgada a partir del veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta; luego entonces, la consideración de la responsable transcrita con antelación se estima que no es acorde con las constancias procesales y, por ende, resulta violatoria de garantías, ya que si todos los peritos coincidieron en otorgar la revaluación, la misma fue demostrada plenamente ..." (fojas 51 a 58 del expediente de amparo DT. 16/2004).

En cumplimiento de la ejecutoria antes relatada, con fecha dieciséis de febrero del dos mil cuatro la Junta responsable dictó un nuevo laudo, cuya parte relativa ha quedado transcrita en párrafos anteriores, en el que, en lo conducente, consideró:

"II. Cumpliendo con lo ordenado en la ejecutoria de cuenta, se deja insubsistente el laudo reclamado y se dicta otro, sin perjuicio de lo determinado en los juicios de amparo DT. 8686/2003 y DT. 8696/2003, resueltos con anterioridad ... Como lo ordena la autoridad de amparo en la sentencia que se cumple, DT. 16/2004, se considera que el padecimiento de bronquitis química industrial que pericialmente le fue determinado a Luis Flores Lomelí, sí es de carácter profesional. Consecuentemente, es de condenar a que el instituto demandado reconozca que el actor presenta como padecimiento profesional el antes mencionado y que le confiere, según perito médico que fungió con el carácter de tercero, un 5% de incapacidad parcial permanente, estimando que tal valuación fue determinada con absoluta imparcialidad, ya que este perito compareció a juicio por la designación que esta Junta le hizo a fin de que se contara con más elementos de prueba para determinar el estado de salud del actor, estimación que se hace en términos del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo. Como se señala en la sentencia de amparo, se aprecia de la demanda laboral que el actor reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras prestaciones: a) El reconocimiento ... 2. Pérdida total del dedo índice y parcial de su metacarpiano de la mano izquierda postraumático. 3. Anquilosis de articulación metacarpofalángica del dedo pulgar izquierdo, padecimientos del orden profesional por tener relación de causa-efecto con el ambiente habitual de trabajo el primero, y los restantes con su accidente de trabajo de fecha 11 de julio de 1970, valuándose de conformidad con el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo ... correspondiéndole 25% al segundo y 12% al tercero. b) El otorgamiento y pago de la pensión de incapacidad permanente parcial, valuada en un cuarenta y siete por ciento de la total orgánico-funcional, en sustitución de la que otorga y paga, valuada en un veintiocho punto ochenta por ciento de disminución orgánica funcional ... (foja 2); así mismo, en el hecho marcado con el número 3, indicó lo siguiente: ‘... Que mediante resolución aprobada en acuerdo número 296300, el consejo técnico del instituto demandado, en sesión del día once de enero de mil novecientos setenta y uno, le otorgó una pensión por incapacidad permanente parcial valuada en un veintiocho punto ochenta por ciento por el padecimiento de pérdida total del dedo índice por transplante a lugar del dedo pulgar que perdió por amputación traumática y anquilosis de articulación metacarpofalángica del sustituto del pulgar, ambos de la mano izquierda, a consecuencia del accidente sufrido el once de julio de mil novecientos setenta.’ (foja 4). Sobre los padecimientos que sufre el actor, denominados pérdida total postraumática y postquirúrgica del dedo pulgar y parcial de su metacarpiano de mano izquierda y rigidez articular postraumática y postquirúrgica de la primera articulación interfalángica del dedo índice izquierdo, derivados del accidente del once de julio de mil novecientos setenta, el perito del actor revaluó la incapacidad de veintiocho punto ochenta por ciento al treinta y siete por ciento; el perito tercero en discordia al cuarenta y uno por ciento; y el propio perito del instituto demandado le otorgó la revaluación al trabajador, hoy quejoso, al indicar que se incrementarla (sic) al treinta y dos por ciento, esto es, el tres punto veinte por ciento de la valuación ya otorgada a partir del veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta. De lo que se desprende que todos los peritos coincidieron en otorgar la revaluación, misma que quedó demostrada plenamente. En consecuencia, es de condenar a que el Instituto Mexicano del Seguro Social reevalúe la incapacidad del veintiocho punto ochenta por ciento por los padecimientos que sufre el actor, denominados pérdida total postraumática y postquirúrgica del dedo pulgar y parcial de su metacarpiano de mano izquierda y rigidez articular postraumática postquirúrgica de la primera articulación interfalángica del dedo izquierdo, derivados del accidente del once de julio de mil novecientos setenta, al cuarenta y uno por ciento de la incapacidad parcial permanente, según la valuación que señaló el perito que fungió con el carácter de tercero en discordia, estimando que tal valuación es imparcial por los motivos anteriormente señalados. Es decir, a partir de la fecha de esta resolución el instituto demandado debe pagar al actor, en lugar del 28.80% de pensión que actualmente cubre, la pensión mensual que le corresponde sobre el 46% de incapacidad parcial permanente que presenta (en este porcentaje se incluye el 28.80% que ya se le paga por los padecimientos derivados de accidente de trabajo, el 12.20% de reevaluación determinada en esta resolución, por tales padecimientos y el 5% por el padecimiento de enfermedad broncopulmonar reconocida en esta resolución). Para el pago del 5% señalado debe tomarse en cuenta el salario de las últimas 52 semanas de cotización del actor, ya que con éste se cubren las pensiones derivadas de enfermedades profesionales por el medio ambiente de trabajo, de conformidad con lo que establece el artículo 65 de la anterior Ley del Seguro Social, a que se acogió el actor, y para el incremento de revaluación a que se condenó, deberá tomarse en cuenta el salario que percibió el actor en la fecha de su accidente de trabajo, 11 de julio de 1970, en ambos casos se debe proceder en términos del artículo 65 de la ley mencionada. Y toda vez que esta Junta desconoce el salario del actor en la fecha del accidente de trabajo y el salario promedio de las últimas 52 semanas de cotización, en términos del artículo 843 de la ley de la materia, ábrase por excepción incidente de liquidación, para que en él se acrediten ambos salarios y se pueda cuantificar en total la pensión mensual que a partir de esta fecha le corresponde al actor. Se condena a que el demandado otorgue al actor los incrementos a que se refiere la Ley del Seguro Social derogada en su artículo 75, así como a que se le otorgue al actor las prestaciones en especie señaladas en el artículo 63 de dicha ley. Se absuelve del pago de aguinaldo, porque el actor con el 46% de disminución orgánica funcional total que tiene no satisface el requisito que señala el artículo 65 de la anterior Ley del Seguro Social ..."

Del examen de los motivos de agravio que expresa el instituto quejoso, se concluye que éstos devienen infundados, porque la autoridad responsable al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo se ajustó a los puntos resueltos en aquélla respecto de las cuestiones que fueron materia de la litis constitucional, esto es: a) Consideró que la enfermedad denominada bronquitis química industrial, que pericialmente le fue determinada a Luis Flores Lomelí, sí es de carácter profesional; y, b) Estableció el porcentaje de revaluación correspondiente a los padecimientos derivados del accidente de trabajo; por ende, la Junta dio correcto cumplimiento al fallo protector de garantías, ciñéndose en su integridad a éste.

Es aplicable al caso, la tesis aislada con clave TC016026.9LK1, sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 1129, que a la letra dice: "-El artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo establece la procedencia del recurso de queja cuando la autoridad responsable incurre, al cumplimentar una ejecutoria dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, en exceso o defecto. Para entender la hipótesis de aplicación de esta disposición, debemos acudir al contenido del artículo 80 del mismo ordenamiento legal, que establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Así, una sentencia concesoria del amparo, debe fijar sus límites y alcances, lo que obliga estrictamente a las autoridades a quienes corresponde el cumplimiento de la sentencia. Por tanto, si éstas rebasan los límites o alcances fijados en el mencionado fallo, incurren de manera evidente en una conducta excesiva en el cumplimiento del fallo en cuestión. En cambio, si al llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia, su conducta es incompleta, implicando carencia o falta en relación con los términos en que se concedió el amparo, la autoridad incurre en defecto en la ejecución del fallo. Lo anterior es así, si se tiene en cuenta que las sentencias pronunciadas en el juicio federal no tienen más efecto, cuando se ampara, que nulificar el acto reclamado, obligando a la autoridad responsable a la reparación de la garantía violada, pero sin que la sentencia de amparo sustituya a la que la motiva, por lo que la forma correcta de ejecutar el fallo constitucional es dictar uno nuevo que se ajuste a los términos de la ejecutoria de amparo. Luego, la autoridad responsable, al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, únicamente debe ajustarse a los puntos resueltos en aquélla, respecto de las cuestiones que fueron materia de la litis constitucional, sin que quede vinculada a resolver en algún sentido, en relación con los aspectos que no se estudiaron en el amparo."

Consecuentemente, procede decretar infundado el presente recurso de queja.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 82, 85 y 99 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se resuelve:

ÚNICO.-Se declara infundado el recurso de queja promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que integran los CC. Magistrados: presidenta Carolina Pichardo Blake, Genaro Rivera y Marco Antonio Bello Sánchez, siendo relator el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18325-6200b313/queja-por-defecto-o-exceso-en-el-cumplimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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