CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON SI LA VIOLACIÓN PROCESAL QUE SE PLANTEA ERA RECLAMABLE EN LA VÍA INDIRECTA.
AMPARO DIRECTO 397/2004. PORFIRIO GERARDO GONZÁLEZ GIL.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los conceptos de violación son unos infundados, otros inoperantes y uno parcialmente fundado.
Primeramente debe aclararse que por técnica resolutiva los conceptos de violación se analizarán en orden diverso al planteado.
Así, el quejoso controvierte como una violación procesal en el concepto de violación marcado como décimo, la resolución de veintisiete de agosto de dos mil tres, dictada dentro del toca civil 137/2003, por la Magistrada del Primer Tribunal Unitario de Distrito del Estado, mediante la cual desestimó su recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria de ocho de julio de dos mil dos, en la cual el Juez natural declaró infundada la excepción de litispendencia por él planteada.
Es inoperante el concepto de violación que se analiza, en virtud de que contra la resolución que confirma la declaración de infundada de la excepción de litispendencia procede el amparo indirecto, por tratarse de un acto de ejecución irreparable que encuadra en la hipótesis que prevé la fracción IV del artículo 114 de la ley de la materia.
Es aplicable la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página mil veintiuno del Tomo XVII, junio de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone:
"LITISPENDENCIA. LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA IMPROCEDENTE DICHA EXCEPCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 68/2002, publicada en la página 152 del Tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EN JUICIOS ORDINARIOS. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.’, estableció que la negativa a decretar la caducidad de la instancia es impugnable en amparo indirecto. Aplicando por analogía el aludido criterio, se concluye que la interlocutoria que declara improcedente la excepción de litispendencia también es impugnable en la misma vía, toda vez que de resultar fundados los planteamientos relativos traería como consecuencia que el juicio natural ya no produjera efecto alguno, situación que se equipara a la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad de la instancia, dado que sus efectos son dar por terminado el juicio y en ambas situaciones lo que se evita es continuar un proceso innecesario."
Así como la del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página mil cincuenta y cinco del Tomo XVIII, octubre de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"LITISPENDENCIA. LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA APELACIÓN INTERPUESTA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE, Y PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO INDIRECTO. La excepción de litispendencia procede cuando un tribunal conoce ya del mismo negocio respecto del cual es demandado el reo; lo cual alude al estado del litigio que está pendiente de resolución ante un tribunal o, lo que es igual, del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. De lo cual se sigue que tal excepción se basa en el principio de economía procesal, que exige se eviten dos procesos sobre el mismo litigio, en la necesidad de evitar sentencias diversas o contradictorias sobre el mismo problema y en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma cosa demandada; excepción que requiere se trate de juicios idénticos, esto es, que se trate de las mismas personas, las mismas cosas que se demandan y las mismas causas por las cuales se demanda; además de que las partes han de intervenir con la misma calidad. Mediante tal excepción se impide el nacimiento innecesario de un proceso, y el corolario de la misma es dejar sin efecto el juicio iniciado en segundo orden; su finalidad primordial es evitar sentencias contradictorias entre sí, sobre los mismos temas sujetos a debate. En estas condiciones la litispendencia debe resolverse de manera previa al fondo del asunto, pues puede tener el efecto de constituir el proceso, esto es, de su resolución depende la subsistencia o prosecución del juicio. Luego, si la consecuencia de la inadmisión de la excepción de litispendencia es que el juicio subsista y continúe, es claro que se llegará a sentencia definitiva y, en esta hipótesis, además de que se obligaría al demandado a defenderse de dos procesos distintos respecto de la misma causa, se corre el peligro de que existan dos resoluciones de naturaleza diversa y hasta contradictorias, circunstancias que, de concurrir, imprimen un grado de afectación que obliga a considerar que debe ser sujeta, de inmediato, al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se desarrolle todo el procedimiento y recaiga la sentencia definitiva, sobre todo porque afecta notablemente la actuación de los comparecientes, las cargas de las partes y la consecuencia sobre éstas; de lo cual se infiere que el acuerdo que desechó el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria que resolvió infundada la excepción de litispendencia, causa un perjuicio inmediato de imposible reparación que exige ser enmendado a través del amparo indirecto."
Así las cosas, si la violación procesal que se plantea en el presente amparo directo debió reclamarse a través del indirecto y no se hizo, ya no puede argumentarse en el amparo uniinstancial y, por consiguiente, resulta inoperante el concepto de violación relativo.
Es aplicable al caso la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado y que ahora reitera, publicada en la página mil doscientos quince del Tomo XVII, mayo de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
" Cuando la violación procesal que se plantea en el amparo directo debió reclamarse a través del indirecto, por tratarse de un acto de ejecución irreparable que encuadra en la hipótesis que prevé la fracción IV del artículo 114 de la ley de la materia y no se hizo, ya no puede argumentarse en el amparo directo, dado que no es jurídicamente admisible la dualidad de vías para un mismo reclamo, lo que genera un caso de excepción a la regla general que a título de violaciones procesales señala el artículo 159 de la citada legislación; de manera, entonces, que si ese es el único planteamiento que se aduce en los conceptos de violación, resultan inoperantes."
En su segundo concepto de violación el impetrante aduce que el Juez de primera instancia en la audiencia de veintisiete de noviembre de dos mil tres "... indebidamente no calificó de legales las posiciones novena, décima, décima segunda, décima tercera y décima cuarta, por considerarlas que no formaron parte de la litis ...", así como la tercera, cuando lo cierto es que de la propia demanda se advierte lo contrario.
También es inoperante este concepto de violación.
Los artículos 440 y 861 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza establecen:
"Artículo 440. Posiciones. Las posiciones deberán de formularse de acuerdo con las siguientes reglas: I. Deberán referirse a hechos que sean objeto del debate. II. Deberán expresarse en términos precisos y no ser insidiosas. Se tendrán por insidiosas las posiciones que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de absolverlas con objeto de inducirlo a error y obtener una confesión contraria a la verdad. III. Cada posición no debe contener más de un sólo hecho, a menos que por la íntima relación que exista entre varios, no pueda afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro, de tal modo que formen un sólo hecho complejo. IV. Deberán referirse a hechos propios o conocidos de la parte absolvente. El juzgador estará facultado para calificar las posiciones y desechar las que no se ajusten a lo previsto en este artículo. El articulante podrá subsanar los defectos que indique el juzgador y reemplazar en el acto de la diligencia las posiciones defectuosas. En caso de confesión ficta, el articulante no tendrá este derecho. El auto que califique de legales las posiciones formuladas, así como el que las deseche, será apelable en el efecto preventivo, si fuere apelable la sentencia definitiva."
"Artículo 861. Procedencia del recurso de reconsideración. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el Juez de primera instancia que los dicte, o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, salvo que la ley disponga expresamente que no son recurribles. Los autos y decretos que se dicten en el trámite de segunda instancia, aun aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, pueden ser reconsiderados por el Magistrado del Tribunal Unitario o por el presidente del Pleno o de la Sala del Tribunal Superior de Justicia, según corresponda."
Como se aprecia de las reproducciones que anteceden, el auto que califica de legales las posiciones formuladas, así como el que las desecha, es apelable en el efecto preventivo, si fuere apelable la sentencia definitiva, esto obviamente si el juicio se encuentra en primera instancia, pues si el proceso se encuentra en la segunda, dicha resolución es reconsiderable.
De ello se sigue que en el presente juicio de amparo no puede reclamarse como violación al procedimiento la actuación judicial por la cual no se calificaron de legales algunas posiciones durante el desahogo de la prueba confesional de la intención del demandado en segunda instancia, esto por no haberse satisfecho uno de los requisitos señalados por el artículo 161 de la Ley de Amparo, consistente en impugnar la violación aducida en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario y dentro del término que la ley respectiva señale.
Tiene aplicación la jurisprudencia 625 del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página cuatrocientos cincuenta y nueve del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone:
"VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO EN AMPARO CIVIL, IMPROCEDENTE SU RECLAMACIÓN, SI NO SE IMPUGNÓ EN SU OPORTUNIDAD. Del artículo 161, fracciones I y II de la Ley de Amparo, se desprende que en los juicios de garantías de carácter civil en que se reclamen violaciones a las leyes del procedimiento, entre otros requisitos, el quejoso deberá preparar el amparo, es decir, que la violación la debe impugnar en el curso del mismo procedimiento, mediante el recurso o medio de defensa ordinario; y si la ley no concede recurso ordinario o concediéndolo fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Por consiguiente, si se reclama una violación al procedimiento que no fue recurrida en el momento procesal oportuno, debe desecharse por inoperante, porque independientemente de que se haya cometido o no, el tribunal no puede examinarla, en la medida que no se surten los requisitos previos para su planteamiento en el juicio de amparo."
Por otra parte, en el concepto de violación identificado como cuarto el agraviado manifiesta que, contrario a lo dicho por la Sala responsable, no podía recurrir el auto admisorio de pruebas, puesto que la documental consistente en recibo de pago de la renta correspondiente a julio de dos mil, signado por Yolanda Téllez Camacho, no fue desechada, sino que el Juez de origen no se pronunció en relación con su admisión.
Es en parte fundado y en parte infundado el concepto de violación en estudio.
Primeramente, debe señalarse que, de conformidad con el artículo 158 de la Ley de Amparo, en el amparo directo se pueden combatir las violaciones procesales cometidas durante el desarrollo del procedimiento siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos:
A) Que se cometan violaciones a las leyes que rigen el procedimiento;
B) Que tales violaciones hubiesen afectado las defensas del quejoso; y
C) Que hayan trascendido al resultado del fallo.
Lo anterior, sin menoscabo de las diversas exigencias contenidas en el artículo 161 de la ley de la materia, para el caso de los juicios de amparo en materia civil.
En ese tenor, a fin de que un concepto de violación en que se aduzca la comisión de una violación procesal resulte fundado, es indispensable que se cumplan los tres requisitos señalados en los anteriores incisos.
Sentado lo anterior, debe señalarse que a foja ciento cuarenta del expediente en examen obra auto mediante el cual el Juez del conocimiento se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por las partes, señalando en lo referente al demandado (agraviado) lo siguiente:
"... Por su parte, a la demandada se le admiten la confesional judicial provocada a cargo de Francisco Rivera Serna. La declaración de parte a cargo de Francisco Rivera Serna. La testimonial a cargo de Yolanda Téllez Camacho. La testimonial colegiada. La testimonial a cargo de Sergio Quiroz Torres y María de la Luz Gil Alcocer. La documental consistente en copia de los autos de las diligencias de consignación, expediente 1039/2001 que se tramita ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. La documental consistente en copia certificada de los autos de las diligencias de consignación, expediente 3798/2000, que se tramita ante el Juez Primero Local Letrado en Materia Civil ..."
Como se ve, el Juez de origen ni admitió ni desechó la documental consistente en el recibo expedido por Yolanda Téllez Camacho que supuestamente ampara el pago de renta del inmueble afecto a la causa correspondiente a julio de dos mil, sino que fue omiso en pronunciarse al respecto.
En esa tesitura, es inconcuso que la Sala responsable emitió un pronunciamiento incorrecto al considerar que el quejoso no agotó los medios de defensa que la ley le concede para combatir dicho auto, pero sin señalar cuál medio concede la ley para impugnar la omisión, cuando el artículo 849 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, perfectamente señala que para impugnar las resoluciones judiciales se cuenta con los siguientes recursos de reconsideración, apelación y queja.
Y seguramente la omisión cometida por el tribunal de alzada obedeció a que el Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza no prevé la interposición de algún medio de impugnación para el supuesto en trato, como enseguida se verá:
Dispone el artículo 431 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, lo siguiente:
"Artículo 431. Admisión y desechamiento de pruebas. Al día siguiente de que termine el periodo de ofrecimiento de pruebas, el secretario deberá dar cuenta con los escritos de ofrecimiento al juzgador, quien dictará resolución en la que determine las pruebas que se admitan o se desechen. Cuando sea excesivo el número de testigos ofrecidos, el juzgador podrá limitar su número prudencialmente. No se admitirán pruebas ofrecidas en forma extemporánea o en contravención a las reglas establecidas en este código, ni pruebas que sean contrarias al derecho o al respeto y la dignidad de la persona, o que se refieran a hechos no discutidos, imposibles o notoriamente inverosímiles. El auto que admita pruebas no será recurrible; el que las desecha será apelable en el efecto preventivo, cuando fuere apelable la sentencia definitiva."
En el último párrafo del artículo 431 transcrito se observan dos diversas situaciones que el legislador previó que pudiesen acontecer en lo relativo al ofrecimiento de pruebas: su admisión o su desechamiento; así como los medios de defensa que tiene a su alcance el gobernado para esos casos, señalando que el auto que admita pruebas no será recurrible, mientras que el desechatorio es apelable.
Sin embargo, en la especie no estamos ante la hipótesis de que se deseche o se admita una prueba, pues respecto de la probanza señalada por el quejoso en su demanda de garantías el Juez fue omiso en decir si la admitía o la desechaba, supuesto no contemplado por la ley en estudio, de donde se sigue que, en disenso a lo concluido por la autoridad responsable, contra la referida actuación omisiva del Juez natural no procedía la interposición de recurso alguno.
Por consiguiente, la omisión del Juez de primer grado de pronunciarse en relación con la documental ofrecida por la demandada, indudablemente que reviste la calidad de violación procesal contra la cual no procede ningún recurso.
No obstante lo anterior, el concepto de violación en estudio resulta infundado en una parte y fundado en otra.
En efecto, resulta infundado en lo concerniente a la acreditación de los elementos constitutivos de la acción rescisoria intentada.
Esto, en tanto que respecto a ese tópico no se cumple con el tercer requisito de toda violación procesal, es decir, que la misma hubiese trascendido al resultado del fallo reclamado.
Así es, en relación con el tema en trato la omisión del Juez de primer grado no trascendió, puesto que de cualquier modo el quejoso no demostró el pago de las mensualidades de febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre de dos mil, ya que el recibo de pago exhibido por el arrendatario (mismo que ni admitió ni desechó el Juez), en todo caso, solamente demostraría el pago de la mensualidad de julio, quedando firme la conclusión de que el pago del resto de los meses señalados no fue cubierto por el demandado.
En cambio, el concepto de violación resulta fundado respecto de la condena del pago de dicha mensualidad, pues la omisión del Juez de pronunciarse respecto de la probanza de mérito, impidió que fuese valorada a fin de absolver al quejoso del pago de la renta que ampara dicho documento, o sea, que en relación con ello sí trascendió al resultado de la sentencia reclamada.
En su quinto concepto de violación el solicitante de amparo asegura que la sentencia reclamada es incongruente puesto que la Sala responsable no abordó en su totalidad el cuarto agravio hecho valer en apelación "... pues nada refiere en cuanto a la impugnación hecha de la falta de valoración de las pruebas rendidas en su conjunto, ni de la confesional a cargo del actor (sic) al formular la treceaba (sic) posición, ni de la valoración del testigo Francisco Alberto Rivera Téllez e igualmente respecto de que la posición 12 que se me formuló tiene contenido insidioso ..."
Es fundado pero inoperante el concepto de violación en examen.
Así es, asiste razón al promovente de la acción constitucional, pues en el cuarto agravio que hizo valer en apelación manifestó, entre otras cuestiones, la necesidad de que se analizarán en su conjunto la totalidad de los medios de convicción que obran en autos, señalando en específico que: "... como puede advertirse de la confesional del actor al formular la 13ava posición ésta admite que buscó en el inmueble dado en arrendamiento después del vencimiento del pago de renta ... por su parte el testigo Francisco Alberto Rivera Téllez refiere al contestar la sexta ‘que la renta era pagadera dentro de los primeros cinco días de cada mes’ ..."
Y en otra parte del mismo agravio agregó:
"Es importante igualmente hacer notar que el juzgador viola las reglas establecidas conforme a tales disposiciones al valorar la confesional a mi cargo, en efecto la posición 12 que refiere tiene un contenido insidioso, pues basta analizar el contenido de las otras posiciones para advertir que en la misma no refiere a qué época o meses de renta se refiere y asimismo a la época o días en que supuestamente el articulante requirió de pago ..."
Pues bien, de la lectura de la sentencia reclamada se concluye que la autoridad responsable, como bien aduce el quejoso, fue omisa en referirse a los temas aludidos.
Sin embargo, este motivo de inconformidad por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, debiéndose calificar como fundado pero inoperante, en términos de la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento catorce del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado."
Efectivamente, en lo relativo a la posición trece de la confesional debe señalarse lo siguiente:
En audiencia de siete de octubre de dos mil dos se desahogó la prueba confesional de la intención del actor (tercero perjudicado) y a cargo del demandado (quejoso), a quien, entre otras posiciones, se le interrogó lo siguiente:
"13. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que se le buscó en el inmueble dado en arrendamiento después del vencimiento del pago de la renta ya que no la pagó en tiempo."
Por otro lado, en lo atinente al argumento en que se cuestiona la valoración de la declaración testimonial de Francisco Alberto Rivera Téllez, debe puntualizarse que en tal agravio el entonces apelante únicamente cuestiona lo relativo a la pregunta seis, la cual fue respondida afirmando "que la renta era pagadera dentro de los primeros cinco días de cada mes".
En esa tesitura, resulta evidente que la omisión de estudio realizada por el tribunal ad quem en lo tocante a esas cuestiones no reviste la importancia apuntada por el agraviado, pues ni la interrogante formulada por el actor, ni la aludida respuesta del testigo pueden beneficiar al quejoso en los términos que lo pretende hacer, consistente en "... que no se tenga al suscrito por acreditando plenamente mis excepciones consistentes en el pago oportuno de la renta y la no constitución en mora para pagarla, fundamento esencial de mis contraprestaciones ...", ya que ambas cuestiones no tienen relación con los tópicos señalados por el solicitante de amparo, sino sólo el señalamiento de cuándo deberían de pagarse las mensualidades por concepto de renta y el hecho de que el arrendador buscó al arrendatario en el inmueble afecto a la causa al vencimiento del pago de renta.
Por último, en lo concerniente a la posición doce de la confesional a su cargo, respecto de la cual el quejoso afirma que existió una "... indebida calificación de tal posición ..." por ser insidiosa, es inconcuso que tal cuestión no resultaba analizable para la Sala responsable, por referirse a una violación a las leyes del procedimiento que solamente puede ser analizada por los Tribunales Federales como órganos de control constitucional, tal como lo precisa la jurisprudencia de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página cinco del Tomo XIII, marzo de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO). El referido precepto establece la obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, de que al conocer del recurso de apelación, confirmen, revoquen o modifiquen la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en consideración que el objeto del mencionado recurso es confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer grado, debe entenderse que su examen se limita a analizar los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la misma, como serían las violaciones procesales acaecidas durante el desarrollo del juicio; además, al no existir reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna violación procesal no podría revocarse para el efecto de ordenar al Juez de primera instancia la reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de subsanar dicha violación, toda vez que su función es revisora. Por tanto, debe concluirse que en el recurso de apelación resulta improcedente analizar las violaciones procesales planteadas en los agravios."
A más de lo anterior, debe decirse que la violación procesal en comento no constituye razón para resolver el asunto favorablemente al quejoso, dado que si de lo que se dolió en agravios fue de la indebida calificación de una de las posiciones que se le formularon durante el desahogo de la confesional a su cargo por estimarla insidiosa, debe decirse que entonces debió combatir tal resolución mediante el recurso de apelación, que es el medio de defensa que al respecto prevé el último párrafo del artículo 440 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y si no lo hizo en tiempo, es claro que precluyó su derecho de hacerlo.
En el primer concepto de violación se cuestiona la valoración de la prueba confesional a cargo del actor desahogada en segunda instancia, de la cual fue declarado fíctamente confeso el absolvente, y con la cual, afirma el promovente de la acción constitucional, quedaron plenamente probadas sus excepciones.
Asimismo, en su tercer capítulo de queja el peticionario de garantías manifiesta que la autoridad responsable valoró incorrectamente las testimoniales de María de la Luz Gil Alcocer y Sergio Quiroz Torres, pues con los atestos de ambos deponentes demostró que como arrendatario pagaba la renta cuando su contraparte acudía a cobrársela a su taller, que la parte arrendadora no le entrega recibo por el pago de la renta, y que la esposa del actor (Yolanda Téllez Camacho) también recibía el pago de las mensualidades.
No tiene razón el agraviado en los conceptos de violación referidos, mismos que, dada su estrecha relación, se estudiarán de manera conjunta en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo.
En efecto, en audiencia de veintisiete de noviembre de dos mil tres, se desahogó la prueba confesional a cargo de Francisco Rivera Serna (tercero perjudicado), en la cual la presidenta de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ante la inasistencia del absolvente lo declaró confeso de las posiciones previamente calificadas de legales, mismas que son del tenor siguiente:
"Primera. Usted demandó al suscrito ante el Juzgado Primero Local Letrado Civil bajo el expediente 3798/2000. Segunda. Usted en tal juicio 3798/2000 reclamó las mismas prestaciones que demanda en este juicio 1092/2001. ... Cuarta. Que el periodo en que usted estuvo en posesión de la casa ubicada en Jacarandas 264 fue del 5 de diciembre de 2000 al 1o. de noviembre de 2001. Quinta. Que por tener usted la posesión de tal periodo del 5 de diciembre de 2000 al 1o. de noviembre de 2001 yo no tuve la posesión de la casa ubicada en calle Jacarandas 264 de esta ciudad. Sexta. Que usted en la demanda del juicio 1092/2001 no precisa el número de la casa que reclama. Séptima. Que usted no acudió al primer día de cada mes a cobrarme la renta de la casa ubicada en la calle de Jacarandas 264. Octava. Que usted no pactó en el contrato de arrendamiento de la casa de Jacarandas 264 el lugar de pago. ... Décima primera. Que usted exhibió los recibos correspondientes para recibir las rentas en el expediente 1039/2001 que se tramita ante el Juzgado Tercero Civil. ... Décima quinta. Que usted reconoce y le han sido notificadas las consignaciones que mes con mes se han realizado en las diligencias de consignación expediente 1039/2001 que se tramita ante el Juzgado Tercero Civil de esta ciudad."
Por otro lado, en lo relativo a las declaraciones testimoniales referidas por el quejoso, la testiga María de la Luz Gil Alcocer manifestó:
"A la uno. Que he visto dos veces nada más al C. Francisco Rivera, que a quien conozco es a la señora Yolanda Téllez de Rivera. A la dos. Que creo que mi hijo me dijo que tenía un contrato verbal de arrendamiento de la casa, de la misma donde estoy viviendo Jacarandas número 264, colonia Jardín. A la tres. Que yo habito en esa casa desde fines del noventa y nueve, y nos sacaron el cinco de diciembre de dos mil. A la cuatro. Que nos sacaron de la casa porque el señor decía que le debíamos tres meses de renta y luego volvimos a entrar, la fecha no recuerdo y ahorita estamos viviendo en ella. A la cinco. Que la renta se pagaba al principio en un negocio que tenía mi hijo en la colonia Providencia, y luego la señora fue a cobrar la renta porque dijo se le hacía lejos para el taller y que la iba a cobrar en la casa, y yo se la pagaba ahí en la casa. A la seis. Que más o menos en abril de dos mil empezó a pagar la renta en la casa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18707-24ec86a2/conceptos-de-violacion-inoperantes-en-amparo-directo-lo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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