HORAS EXTRAS. SU CUANTIFICACIÓN NO PROCEDE CON SALARIO INTEGRADO.
AMPARO DIRECTO 229/2005. FRANCISCO VERDÍN VERDÍN.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los conceptos de violación formulados por Francisco Verdín Verdín resultan infundados en un aspecto y fundados en otro.
Es infundado lo que afirma el quejoso en la primera parte del primer concepto de violación.
En efecto, del laudo que constituye el acto reclamado se desprende que la Junta responsable al analizar las documentales ofrecidas por la patronal, consistentes en la carta renuncia y recibo finiquito firmadas por el trabajador aquí quejoso, les otorgó eficacia probatoria al considerar que aun cuando fueron objetadas en autenticidad de contenido y firma, los peritos de las partes coincidieron en que la firma que las calza fue puesta de puño y letra del actor y, por tanto, tuvo por acreditada la voluntad de éste para dar por concluida la relación laboral que lo ligó con la demandada, así como que percibió las cantidades de dinero que ahí aparecen por los conceptos referidos en el finiquito; sin embargo, del laudo que se combate, contrario a lo afirmado por el actor, no se desprende que la responsable hubiese tomado en consideración únicamente el finiquito para establecer que el actor renunció a prestar sus servicios, sino que adminiculó ese documento con la carta renuncia para llegar a esa conclusión, pero aun cuando así hubiera sido, ello no entrañaría violación de garantía alguna, toda vez que el recibo finiquito acredita de manera fehaciente la terminación voluntaria de la relación de trabajo, por lo que el argumento resulta infundado.
Resulta aplicable la jurisprudencia que sostuvo la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página noventa y uno, de los Volúmenes 145-150, Quinta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece:
"RECIBO FINIQUITO. PRUEBA LA TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE LA RELACIÓN LABORAL. Si un trabajador expide finiquito a favor del patrón, en el que se reconoce o admite la terminación de la relación de trabajo, independientemente de que se establezcan pagos por concepto de indemnizatorios, se comprueba que la terminación de dicho contrato o relación de trabajo ha sido en forma voluntaria."
Es infundado lo que se afirma en el segundo concepto de violación y segunda parte del cuarto.
En efecto, la autoridad responsable en el laudo que se reclama tomó como base para el pago de las horas extras materia de condena el salario ordinario reconocido por ambas partes, de cuatrocientos cincuenta pesos con cuarenta y cuatro centavos; sin embargo, esa determinación de ninguna manera genera una violación a los derechos del quejoso, en virtud de que para la cuantificación del trabajo extraordinario debe tomarse en cuenta precisamente el salario que por cuota diaria perciba el trabajador, sin que sea posible incluir otros conceptos, porque no se trata de indemnización alguna, sino del pago de un servicio realizado por el trabajador en una jornada diversa y más prolongada a la que tenía asignada, por lo que la determinación de la Junta no es incorrecta y el motivo de queja es infundado.
Es aplicable la tesis ciento siete, sustentada por este Tribunal Colegiado, consultable en la página mil veintiuno del Tomo IX, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:
" Del texto del artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo en relación con el artículo 82 del mismo ordenamiento se aprecia que las horas extras se pagarán con un ciento por ciento más del salario que corresponda a la jornada, lo que significa que la cuantificación de estas prestaciones debe hacerse de acuerdo con el salario que por cuota diaria reciba el trabajador por sus servicios, sin incluir en él otros conceptos, ya que en el caso no se está en presencia de indemnización alguna."
La misma consideración debe regir en relación con las diferencias demandadas, al pago que la patronal realizó, respecto al aguinaldo, vacaciones y prima de vacaciones, el cual, según se desprende del recibo finiquito, fueron pagadas con el salario ordinario de cuatrocientos cincuenta pesos con cuarenta y cuatro centavos, y que deben considerarse debidamente pagadas, toda vez que, por un lado, no se trata de una indemnización, en términos del artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo y, por otro, de considerar que el integrado es el que debe tomarse en cuenta, el salario se vería incrementando con el aguinaldo y los restantes conceptos (vacaciones y su prima), a su vez, esta última prestación se incrementaría con el aumento al salario, repercutiendo nuevamente en el salario integrado.
Cobra aplicación la jurisprudencia que sostuvo la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setenta y uno de los Volúmenes 169-174, Quinta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece:
"AGUINALDO, SALARIO BASE PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL. El salario que sirve de base para cuantificar el aguinaldo, es el que ordinariamente se percibe por día laborado y no el conocido como ‘integrado’, que acumula las prestaciones que determina el artículo 84 de la ley laboral, entre ellas, el aguinaldo mismo, y que sirve de base sólo para la liquidación de indemnizaciones, conforme al artículo 89 del mismo ordenamiento. No es el salario integrado el básico para cuantificar el aguinaldo, porque en el primero está ya incluido el segundo y de considerar que aquél es el que debe tomarse en cuenta, incrementando el salario con el aguinaldo, éste se vería también incrementado con aquél, repercutiendo nuevamente en el salario integrado y así sucesivamente sin existir un límite, es decir, que si el aguinaldo sirve de base al salario integrado, éste, no puede servir de base al aguinaldo."
Igualmente es aplicable la tesis II.3o.152 L, que sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página cuatrocientos dieciocho del Tomo XIII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que este tribunal comparte y que establece:
"SALARIO INTEGRADO, SÓLO ES BASE PARA DETERMINAR EL MONTO DE LAS INDEMNIZACIONES. En los términos del artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, el monto de las indemnizaciones que deben pagarse a los trabajadores se determinará con base al salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones de que habla el diverso artículo 84 de dicha ley; de ahí que quede excluido el salario integrado para el cálculo del monto de las prestaciones como son la prima de antigüedad, el aguinaldo, las vacaciones y el fondo de ahorro, por no ser de naturaleza indemnizatoria."
Es infundado lo que se afirma en el tercer motivo de inconformidad, como se verá.
De los autos que integran el juicio laboral de origen se observa que el trabajador actor se dijo despedido de manera injustificada de su empleo el quince de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, por lo que, entre otras cosas, demandó el pago de las diferencias existentes entre la cantidad que el patrón le enteró por conceptos de tres meses de salario y veinte días de salario por cada año de servicios prestados a la demandada, y aquella que debió resultar de aplicar correctamente la base salarial para su cuantificación, y que corresponde a la del salario integrado que percibía en la fecha del despido.
La empresa demandada, por su parte, negó la existencia del despido injustificado generador de la demanda y señaló que el actor renunció a su empleo, por lo que con objeto de acreditar su aserto ofreció las documentales que hizo consistir en la carta renuncia y recibo finiquito datados el quince de septiembre del aludido año.
Documentos que fueron objetados en autenticidad de contenido y firma por el actor, motivo por el cual la responsable ordenó el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la demandada para el caso de objeción, de la cual resultó que los peritos designados por ambas partes concluyeron que la firma que calzan las documentales fueron puestas del puño y letra del trabajador actor; consecuentemente, la resolutora en el laudo que se combate otorgó valor probatorio pleno a esas pruebas y, por tanto, tuvo por acreditada la renuncia voluntaria del trabajador a su empleo.
Así las cosas, es evidente que al no haberse comprobado el despido injustificado el trabajador carecía de derecho para reclamar el pago, tanto de una indemnización constitucional por el equivalente a tres meses de salario y veinte días de salario por año trabajado, como de las diferencias reclamadas.
Ahora bien, aun cuando es verdad que del aludido recibo finiquito se desprende que la patronal otorgó al trabajador accionante, aquí quejoso, una gratificación especial por servicios prestados por un total de cuatrocientos ochenta y cuatro mil setenta y siete pesos, que según el dicho del empleador consistió en el pago de noventa días de salario, así como veinte días de salario por cada año de servicios prestados, a la base del integrado, igualmente es verídico que, con independencia del salario que el patrón hubiese considerado para el otorgamiento de esa prestación, al no tener derecho el trabajador a las prestaciones legales por no estar en presencia de un despido injustificado, es inconcuso que el actor carecía de derecho para reclamar el pago de las diferencias materia de reclamo, pues en el caso debe considerarse que se trató de una prestación graciosa otorgada por el patrón como agradecimiento por los servicios que le prestó durante la relación de trabajo y, por tanto, el concepto de violación deviene infundado.
En otro aspecto, debe considerarse que en relación con las prestaciones que el trabajador refiere le eran propias como integradoras del salario, por encontrarse previstas en el Contrato Ley de Radio y de la Industria de la Televisión, debe regir la misma consideración, ya que, se insiste, la gratificación especial que le fue otorgada por su patrón carece de fundamento legal que obligue a este último a pagarla, pues no se trató, en el caso, de un despido injustificado, sino de una renuncia voluntaria a continuar prestando los servicios laborales a favor de dicha Sistema Radiópolis, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Además, las partes en el juicio fueron coincidentes al manifestar que el actor se desempeñó con la categoría de gerente de planta, por lo que evidentemente realizaba funciones de dirección, vigilancia, inspección o fiscalización al servicio de la demandada, por lo que se trata de un trabajador de confianza que se encuentra excluido de los beneficios que se establecen en ese contrato, tal como se desprende de las transcripciones que el propio trabajador realizó de los artículos 16 y 18 ese documento en su demanda laboral, por lo que el argumento también es infundado en esa parte.
Es infundado lo que se argumenta en la primera parte del cuarto concepto de violación.
Esto es así, porque según lo expuesto en líneas precedentes, el trabajador actor laboró al servicio de la demandada en la categoría de gerente de planta, lo que significa que ejerció funciones de trabajador de confianza, por lo que acorde con lo narrado por el propio trabajador en su demanda laboral al transcribir los artículos 16 y 18 del contrato ley aplicable en la industria de la radio y televisión, éste no le es aplicable, dada la naturaleza de sus funciones y, por tanto, no es posible considerar que su jornada máxima no podía exceder de cuarenta horas semanales como alega, por lo que debe considerarse que su jornal se encontraba limitado por el máximo establecido en la Ley Federal del Trabajo, esto es, ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales, por lo que su afirmación en el sentido de que la Junta debió computar un total de veintiséis horas extras semanales y no dieciocho como lo hizo, resulta inexacta pues, además, la cuenta que la responsable realizó para determinar el número de horas extraordinarias diarias y semanales laboradas fue correcta.
Es infundado el quinto concepto de violación que se hace valer.
En efecto, del escrito inicial de demanda se desprende que el trabajador actor demandó, entre otras prestaciones, el pago de diferencias de vacaciones del periodo mil novecientos noventa y seis-mil novecientos noventa y siete, el pago de diferencias de vacaciones devengadas por el año mil novecientos noventa y siete, el pago de diferencias en el pago del aguinaldo correspondiente al año de mil novecientos noventa y siete, diferencias en el pago de reparto de utilidades correspondientes al año de mil novecientos noventa y siete, así como el pago de vacaciones, prima de vacaciones y aguinaldo desde su fecha de ingreso y hasta el año de mil novecientos noventa y cinco.
Por su parte, la empresa demandada al producir contestación a la demanda opuso la excepción de prescripción, en los siguientes términos:
"La de prescripción, en términos del artículo 516 de la ley de la materia, respecto de todas y cada una de las reclamaciones que son formuladas con exceso de un año anterior a la fecha de la presentación de la demanda (30 de noviembre de 1998), ya que en términos del artículo referido se encuentran totalmente prescritas."
Por su parte, la Junta del conocimiento resolvió declarar procedente la excepción de prescripción opuesta por todo lo reclamado con un año de anterioridad a la fecha de presentación de la demanda.
Así las cosas, debe decirse que carece de razón el quejoso, toda vez que aun cuando el patrón al oponer la referida excepción tiene la obligación de proporcionar los elementos que la conforman, en el caso del pago de prestaciones periódicas basta con que el demandado señale que sólo procede el pago por el año anterior a la demanda para que se tenga por cumplida la carga de precisar los datos necesarios para el estudio de la referida prescripción, por lo que en esas condiciones resulta indudable que la patronal demandada satisfizo los elementos constitutivos de la excepción y, por tanto, la determinación de la Junta debe prevalecer.
Al caso es aplicable la jurisprudencia 2./J. 49/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y siete del Tomo XV, correspondiente al mes de junio del dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:
"PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE OPONE TAL EXCEPCIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITAN A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SU ANÁLISIS. Si bien la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada requiere que ésta precise los elementos que permitan a la Junta de Conciliación y Arbitraje realizar el estudio correspondiente, como ocurre con los casos específicos contemplados en los artículos 517 a 519 de la Ley Federal del Trabajo, respecto de los cuales se deben allegar datos que sólo el demandado conoce, no sucede lo mismo cuando se trata de la regla genérica de prescripción a que alude el diverso artículo 516 de la propia legislación laboral, que opera, entre otros supuestos, cuando se demanda el pago de prestaciones periódicas, como pensiones por varios años, pues aun cuando subsiste la obligación de proporcionar los elementos que conforman la excepción de prescripción para que la mencionada Junta pueda realizar su análisis, basta con que el demandado señale, por ejemplo, que sólo procede el pago por el año anterior a la demanda para que se tenga por cumplida la carga de precisar los datos necesarios para el estudio de la prescripción, con independencia de que se mencione o no el referido numeral 516, puesto que al particular le corresponde decir los hechos y al juzgador el derecho."
Es parcialmente fundado el argumento que se hace valer en la segunda parte del primer concepto de violación.
En efecto, el trabajador actor, aquí quejoso, en su escrito inicial de demanda, con el inciso l) del capítulo de prestaciones, reclamó el pago y devolución de las cantidades que se le descontaron indebidamente en el recibo finiquito que se le obligó a firmar; en tanto que en el capítulo de hechos, específicamente con el numeral doce, señaló que en el recibo finiquito se le descontaron indebidamente ochenta y ocho mil ochocientos noventa y un pesos con dieciocho centavos, lo cual resulta ilegal.
Por su parte, la demandada al producir contestación a la demanda señaló que los descuentos que le aplicaron al actor corresponden al concepto de impuestos que conforme a la ley tiene la obligación de descontar, y en el capítulo de hechos afirmó que los descuentos se debieron, además de los impuestos generados, a un seguro de automóvil contratado por el actor y un fondo fijo que debía, el cual se le iba descontando en sus recibos quincenales.
Ahora bien, la Junta del conocimiento en el laudo que se reclama resolvió absolver del pago y devolución demandada, al considerar que el obrero está obligado al pago de impuestos, y que conforme a la ley el patrón tiene el carácter de retenedor, y por ello la obligación de aplicar el descuento; sin embargo, en relación con el fondo fijo y seguro de automóvil que el patrón argumentó el trabajador le debía, la Junta no realizó consideración alguna, lo cual es contrario a lo establecido por el artículo 16 constitucional y 842 de la Ley Federal del Trabajo, que le imponen fundar y motivar suficientemente sus determinaciones, en términos de la jurisprudencia que sostuvo la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece registrada con el número doscientos cuatro, consultable en la página ciento sesenta y seis del Tomo VI, relativo a la Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que establece:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
En esas condiciones, es inconcuso que el laudo que se reclama resulta violatorio de garantías y, consecuentemente, se impone conceder el amparo solicitado.
Siendo así, ante la ilegalidad del acto reclamado y lo fundado de la segunda parte del primer concepto de violación, lo que procede es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta del conocimiento deje insubsistente el laudo que se reclama, y en su lugar emita uno nuevo en el que de manera fundada y motivada se pronuncie respecto a la reclamación consistente en el pago y devolución de las cantidades descontadas indebidamente y que aparecen en el recibo finiquito, reiterando las cuestiones que no fueron materia de concesión.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44, 46, 76, 76 bis, 77, 78, 158, 190 y 192 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Verdín Verdín contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que hizo consistir en el laudo de fecha tres de junio del dos mil cuatro, en los autos del juicio laboral número 860/98, promovido por el quejoso en contra de Sistema Radiópolis, Sociedad Anónima de Capital Variable. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del considerando cuarto de esta resolución.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, cúmplase con lo ordenado en el Acuerdo 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, agregándose a los autos el acuse de recibo respectivo y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que integran los CC. Magistrados Emilio González Santander, Nilda Rosa Muñoz Vázquez y Ricardo Rivas Pérez. Fue ponente el primero de los señores Magistrados antes mencionados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18714-438f5bbb/horas-extras-su-cuantificacion-no-procede-con-salario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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