SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE POR EL HECHO DE QUE EL QUEJOSO SE PRESENTE ANTE LA RESPONSABLE A RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO (AHORA PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO).
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver la queja penal número 101/2003, sustentó lo siguiente:
Queja penal número 101/2003
"CUARTO. Son fundados los agravios que hace valer el recurrente, suplidos en su deficiencia en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, aduce el recurrente que le causa agravio la resolución impugnada, en la cual la Juez de Distrito declaró sin materia el incidente de suspensión, sin tomar en consideración que una vez que el quejoso da cumplimiento con su obligación de exhibir la garantía correspondiente, y presentarse ante el Juez de la causa, el quejoso queda a disposición de la autoridad de amparo en lo que refiere a su libertad personal, y a disposición del Juez penal en cuanto a la continuación del procedimiento penal. En el caso concreto, el quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra; solicitando la suspensión del acto reclamado. Por auto de diecisiete de octubre de dos mil tres, la Juez de Distrito concedió al quejoso la suspensión provisional para el efecto de que, si el delito por el cual se libró la orden de captura reclamada no es de los catalogados como graves, las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren, es decir, para que el quejoso no sea privado de su libertad, hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución relativa a la suspensión definitiva. En cambio, si se tratare de delito considerado grave, la suspensión sólo sería para el efecto de que una vez ejecutada la orden reclamada, el quejoso quedara a disposición del Juez de amparo por cuanto a su libertad personal, y a disposición de la autoridad judicial ordenadora para la continuación del procedimiento. Además, se fijaron como medidas de efectividad que el quejoso exhibiera una garantía por la cantidad de tres mil pesos, y se presentara ante el Juez de la causa dentro del término de tres días; cuestiones a las cuales dio satisfacción el quejoso. Ahora, el treinta de octubre del año en curso, se celebró la audiencia incidental, en la cual la Juez de Distrito declaró sin materia el incidente de suspensión, por estimar que si el quejoso compareció ante el Juez Quinto de Distrito en el Estado (autoridad ordenadora) ante quien se le decretó su detención virtual, fue examinado en preparatoria y se le decretó auto de formal prisión, era evidente que no sería factible suspender los efectos de una orden de captura que ha cumplido su objetivo, pues al haber comparecido el quejoso ante el Juez de la causa, se sometió al procedimiento penal y, por ende, desaparecieron las consecuencias que serían motivo de suspensión. Dicha consideración de la Juez de Distrito es incorrecta, según se expondrá en la disertación que enseguida se formula. La suspensión del acto reclamado cuando éste deriva de un proceso penal, se encuentra regulada por los artículos 130, 136 y 138 de la Ley de Amparo, que por su importancia conviene reproducir. ‘Artículo 130. En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que sean convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueran procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal. En este último caso la suspensión provisional surtirá los efectos de que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser puesto en libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta responsabilidad del Juez de Distrito, quien tomará, además, en todo caso, las medidas de aseguramiento que estime pertinentes. El Juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando se trate de restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tomando las medidas a que alude el párrafo anterior.’. ‘Artículo 136. Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se refiere, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se concederá, si procediere, sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional lo permite, o su consignación. De consistir el acto reclamado en detención del quejoso efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concederá y desde luego se pondrá en inmediata libertad, si del informe previo que rinda la autoridad responsable no se acreditan con las constancias de la averiguación previa la flagrancia o la urgencia, o bien si dicho informe no se rinde en el término de veinticuatro horas. De existir flagrancia o urgencia se prevendrá al Ministerio Público para que el quejoso, sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el caso, a partir de su detención. Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, detención o retención, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo. Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se refiera a delito que conforme a la ley no permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar en que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso por orden de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, podrá ser puesto en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior. En los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de auto de prisión preventiva, el Juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y éste podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a la fracción I del artículo 20 constitucional y a las leyes federales o locales aplicables al caso, siempre y cuando el Juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habérsele solicitado. La libertad bajo caución podrá ser revocada cuando incumpla en forma grave con cualquiera de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del juicio de amparo o del procedimiento penal respectivo. Las partes podrán objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. En los casos previstos en el artículo 204 de esta ley, se considerará hecho superveniente la demostración de la falsedad u omisión de datos en el contenido del informe y el Juez podrá modificar o revocar la interlocutoria en que hubiese concedido o negado la suspensión; además, dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos del precepto legal citado.’. ‘Artículo 138. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida.’. Los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo regulan la suspensión del acto reclamado en sus dos formas, provisional y definitiva, tratándose de aquellos restrictivos de la libertad. Así, de los preceptos antes transcritos, se desprende que cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal y que afecte la libertad personal, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito únicamente en cuanto a la libertad personal se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo por lo que atañe a la continuación del procedimiento; además, de concederse la suspensión contra ese tipo de actos, el quejoso tiene la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida. De ahí que si en el juicio de amparo se reclama la orden de aprehensión y su ejecución, y en virtud de las medidas de efectividad fijadas por el Juez de Distrito al conceder la suspensión provisional, el quejoso comparece ante el Juez de la causa a rendir su declaración preparatoria, ello no significa que la suspensión contra dicho mandamiento quede sin materia, en tanto que el referido numeral transcrito en primer término, prevé que la suspensión en esos casos únicamente produce el efecto de que el quejoso quede a disposición de la autoridad de amparo, por lo que respecta a la libertad personal, y de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento penal, y el segundo precepto aludido exige que el quejoso comparezca ante el Juez de la causa o el Ministerio Público dentro del plazo de tres días y que, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida, lo cual no puede considerarse que por cumplir el quejoso con la obligación que le exige la ley, traiga como consecuencia, en su perjuicio, que se deje sin materia el incidente, puesto que aquélla puede seguir surtiendo efectos hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal. Es decir, los efectos de la suspensión no concluyen por el hecho de que el quejoso se someta al procedimiento penal, pues en ese caso la suspensión aun debe seguir cumpliendo su finalidad de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito por lo que atañe a su libertad personal, y a disposición de la autoridad judicial en lo que respecta a la continuación del procedimiento penal, tal como lo refiere el primer párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo. De tal manera que mientras no se resuelva el juicio de amparo en lo principal, y dicha resolución cause ejecutoria, es factible que el Juez de Distrito provea sobre la suspensión del acto reclamado, tal como lo previenen los artículos 140 y 141 de la Ley de Amparo, al estatuir, respectivamente, lo siguiente: Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, el Juez de Distrito puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento; y cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En suma, el simple hecho de que el quejoso haya comparecido ante el Juez de la causa, y que se le haya decretado su detención virtual en el procedimiento penal del cual deriva la orden de captura reclamada, no implica que haya quedado sin materia el incidente de suspensión, sino que el Juez de Distrito llegada la celebración de la audiencia incidental, debe resolver sobre la suspensión definitiva, concediéndola o negándola, según sea procedente, o bien, puede darse algún supuesto que deje sin materia el incidente de suspensión, pero ello no sucede por el hecho analizado, pues como ya se dijo, a pesar de que el quejoso se someta al procedimiento penal, los efectos de la suspensión subsisten hasta en tanto se resuelve el juicio en lo principal; es decir, aun sometido el quejoso al proceso penal, sigue quedando a disposición del Juez de Distrito en lo que atañe a su libertad personal, y a disposición de la autoridad responsable en cuanto a la continuación del procedimiento. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada X.1o.34 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 1458, Tomo XVI, octubre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuya sinopsis y texto enseguida se reproducen: ‘’ (se transcribe). No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que la Juez de Distrito apoyó su determinación en la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuya sinopsis y texto enseguida se reproducen: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO EL QUEJOSO COMPARECIÓ ANTE EL JUEZ RESPONSABLE A DECLARAR EN PREPARATORIA.’ (se transcribe). (Novena Época. Instancia: Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000. Tesis VI. P.58 P. Página 1004). Sin embargo, por las razones expuestas en el discernimiento de la presente ejecutoria, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio de referencia. Además de lo anterior, la resolución recurrida es ilegal, en virtud de que la Juez de Distrito en la audiencia incidental allegó en forma oficiosa copia certificada del informe justificado que la autoridad responsable rindió en el juicio principal; así como copia certificada del auto de formal prisión que la responsable remitió en unión de su informe, actuaciones que tomó en consideración la a quo por estimar que se trata de un hecho notorio, en tanto esas constancias obraban en el juicio de amparo en lo principal. Sin embargo, la Juez de Distrito soslayó que tratándose de ofrecimiento de pruebas dentro del incidente de suspensión, las reglas difieran de las que imperan en el juicio de amparo. Ello implica que las pruebas ofrecidas y desahogadas en un cuaderno no pueden ser tomadas en consideración en el otro, salvo por dos condiciones: que se pida la compulsa respectiva, o que se solicite la expedición de copias certificadas, y obtenidas éstas se exhiban en el expediente en el que deban surtir sus efectos. Lo anterior revela que el jugador (sic) de amparo no puede, so pretexto de estimarlo hecho notorio, allegar al incidente de suspensión constancias que a pesar de obrar en el cuaderno principal, no hayan sido ofrecido (sic) como pruebas por las partes del juicio de garantías, solicitando su compulsa o bien, aportándolas en copias certificadas al cuaderno incidental, pues de lo contrario, tal proceder implicaría un quebranto a la igualdad procesal en el juicio, y la vulneración a las reglas que rigen el ofrecimiento de pruebas en el amparo y en el incidente, por tanto, es insostenible que el Juez Federal deba tomar en cuenta como un hecho notorio las pruebas que obren en uno para resolver el otro, pues la parte que tenga interés en que algún documento sea tomado en consideración al momento de resolver, tiene expedita la vía para solicitar la compulsa de las documentales o bien solicitar la expedición de copias certificadas y, obtenidas éstas, se exhiban en el expediente en el que vayan a surtir sus efectos. Cobra puntual aplicación a la anterior determinación, la tesis de jurisprudencia 92/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 20, Tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes ‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO.’ (se transcribe). Así como la tesis aislada XX.1o.118 K, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 956, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuya sinopsis y texto enseguida se reproducen: ‘INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL HECHO NOTORIO NO CONSTITUYE EL MEDIO DE QUE PUEDA PREVALERSE EL JUZGADOR ATRAYENDO PRUEBAS QUE OBREN EN EL JUICIO DE AMPARO, PARA RESOLVER EN EL.’ (se transcribe). En consecuencia, al resultar fundado el recurso de queja que nos ocupa, y atendiendo a la naturaleza del mismo, corresponderá a la Juez de Distrito dictar nueva resolución en la que acuerde lo que en derecho proceda, sin más limitación que la de prescindir de los argumentos erróneos que condujeron a declarar fundado el presente recurso. Al respecto resulta ilustrativa la tesis aislada I.6o.A.5 K sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1778, Tomo XIII, enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, cuya sinopsis y texto enseguida se reproducen: ‘QUEJA, RECURSO DE. EL TRIBUNAL COLEGIADO NO DEBE SUBSANAR LAS OMISIONES EN QUE INCURRA EL JUEZ DE DISTRITO AL EMITIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.’ (se transcribe). Bajo ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese, ante la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de tesis a que se ha hecho referencia, lo anterior en virtud de que el tema de que se trata, conforme a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo Plenario Número 5/2001, no es de la competencia originaria de las Salas de ese Alto Tribunal, y si bien el punto primero del Acuerdo Plenario 6/2003 determina la posibilidad de que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozcan de asuntos de la competencia originaria del Pleno de ese tribunal, también lo es que sólo se refiere a asuntos anteriores al año de dos mil tres; por tanto, este Tribunal Colegiado estima prudente denunciar la posible contradicción de tesis de referencia, ante el Pleno del Máximo Tribunal del país, salvo determinación en contrario que llegue a emitir el presidente de ese Alto Tribunal. Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 82, 95, fracción VI, 97, fracción II y 99, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Es fundado el presente recurso de queja interpuesto por ... contra la resolución de treinta de octubre de dos mil tres, dictada por la Juez Segundo de Distrito en el Estado dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1062/2003 de su índice de gobierno. SEGUNDO. En los términos de la presente ejecutoria denúnciese, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de tesis a que se ha hecho referencia en el discernimiento de la misma."
Igualmente sostuvo el mismo criterio en el incidente en revisión penal número 6/2004.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el incidente en revisión penal número 164/2002, sostuvo el criterio siguiente:
"IV. Los agravios en cita son fundados. En efecto, la Jueza Federal negó la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso ... por estimar que como de las constancias que obran en autos aparece que el impetrante de garantías compareció a rendir su declaración preparatoria, queda sin materia el incidente de suspensión, por no existir efectos de ejecución que suspender al haber cumplido su cometido la orden de captura, ya que el quejoso se sometió voluntariamente a la jurisdicción de la Jueza penal para que resuelva su situación jurídica, apoyando su determinación en la tesis de rubro: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO EL QUEJOSO COMPARECIÓ ANTE EL JUEZ RESPONSABLE A DECLARAR EN PREPARATORIA.’ publicada en la página 1004, Tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Ahora bien, este órgano colegiado no comparte el criterio en que se apoya la interlocutoria recurrida, porque el artículo 136 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, establece (se transcribe); por su parte, el segundo párrafo del diverso numeral 138 reformado, dispone (se transcribe); de ahí que si en la especie lo que se reclama es la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, y éste compareció ante el Juez de la causa a rendir su declaración preparatoria, ello no significa que la suspensión contra dicho mandamiento quede sin materia, en tanto que si el referido numeral transcrito en primer término, prevé que la suspensión en esos casos, únicamente produce el efecto de que el quejoso quede a disposición de la autoridad de amparo por lo que respecta a su libertad personal y de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento penal, y el segundo precepto aludido, exige que el quejoso comparezca ante el Juez de la causa o el Ministerio Público dentro del plazo de tres días, y que en caso de no hacerlo dejará de surtir efectos la suspensión concedida, es incuestionable que no puede considerarse que por cumplir el quejoso la obligación que le exige la ley, esto traiga como consecuencia, en su perjuicio, que se deje sin materia la suspensión, puesto que ésta puede seguir surtiendo efectos hasta en tanto se resuelva el juicio principal, puesto que conforme a los citados preceptos, la concesión de la suspensión sólo puede dejar de surtir sus efectos en caso de no presentarse ante las citadas autoridades, lo que implica que de hacerlo, como en el caso, no procede hacer efectivo ese apercibimiento. En ese contexto, asiste razón al inconforme en cuanto a que la interlocutoria recurrida le agravia, por haber dejado sin materia el incidente de suspensión, cuando todavía no se decide el amparo que promovió. En consecuencia, procede revocar la interlocutoria recurrida y conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que el inculpado quede a disposición de la Jueza de Distrito únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo por lo que hace a la continuación del procedimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 136 de la ley de la materia; en la inteligencia de que la Jueza Federal deberá fijar los requisitos que debe satisfacer el quejoso, hoy recurrente, para que surta sus efectos la suspensión definitiva."
Los tribunales citados apoyaron sus determinaciones en la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Apéndice 2002
"Tomo: II, Penal, P. R. TCC
"Tesis: 266
"Página: 342
" El artículo 136 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo dice: ‘Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento de orden penal por lo que hace a la continuación de éste.’; por su parte, el segundo párrafo del artículo 138 de la ley en cita, reformado, dispone: ‘Cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida’; de ahí que si se reclama la orden de aprehensión y el quejoso compareció ante el Juez de la causa a rendir su declaración preparatoria, ello no significa que la suspensión contra dicho mandamiento quede sin materia, en tanto que el referido numeral transcrito en primer término, prevé que la suspensión en esos casos únicamente produce el efecto de que el quejoso quede a disposición de la autoridad de amparo, por lo que respecta a la libertad personal, y de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento penal, y el segundo precepto aludido exige que el quejoso comparezca ante el Juez de la causa o el Ministerio Público dentro del plazo de tres días y que, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida, lo cual no puede considerarse que por cumplir el quejoso con la obligación que le exige la ley, traiga como consecuencia, en su perjuicio, que se deje sin materia el incidente, puesto que aquélla puede seguir surtiendo efectos hasta en tanto se resuelva el juicio principal, ya que, conforme a los citados preceptos, la concesión de la suspensión sólo puede dejar de surtir sus efectos en caso de no presentarse ante las citadas autoridades, lo que implica que, de hacerlo, no procede hacer efectivo ese apercibimiento."
CUARTO. El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver la revisión incidental penal número 777/99, sustentó lo siguiente:
"SEXTO. Son inoperantes los agravios, en atención que los mismos se hicieron consistir en que el cambio de situación jurídica no conlleva necesariamente a considerar consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas, pues sólo la sentencia de primer grado puede tener tal alcance, sustentándolo además el quejoso en jurisprudencias relativas a poner en relieve dicho criterio. Sin embargo conviene señalar que dichas jurisprudencias ya no se encuentran vigentes, toda vez que han sido superadas debido a la reforma que sufrió el artículo 73, fracción X, el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual se considera que el cambio de situación jurídica, sí tiene como resultado la actualización de la causal de improcedencia del juicio, pues ya no es posible resolverlo sin afectar la nueva situación. Pero además, si en la especie se reclamó una orden de suspensión provisional, el quejoso compareció ante el Juez a declarar en preparatoria, es inconcuso que la orden de aprehensión quedó sin efecto por haber cumplido su objeto, a saber, la presentación del inculpado ante el Juez que lo requirió, por ende, que éste produjera un auto de detención, aunque la misma haya sido virtual. Por consiguiente, en casos como éste debe declararse sin materia el incidente de suspensión, dado que no sería factible suspender los efectos de una orden de aprehensión que ya ha cumplido su objeto y, por ende, desaparecido (sic) las posibles consecuencias que serían motivo de la suspensión. Luego, como el Juez de Distrito no actuó de esa forma, procede entonces que este órgano revoque la interlocutoria recurrida, en lo que fue materia de la revisión, para ajustarla a los términos antes mencionados, quedando subsistente la cancelación de la póliza que se exhibió para garantizar la suspensión provisional."
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, siendo esta última la denominación actual del tribunal citado, sostuvo el mismo criterio al resolver la queja penal número 11/2001.
En las citadas resoluciones se aplicó el criterio sustentado por la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, abril de 2000
"Tesis: VI.P.58 P
"Página: 1004
"SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO EL QUEJOSO COMPARECIÓ ANTE EL JUEZ RESPONSABLE A DECLARAR EN PREPARATORIA. Una orden de aprehensión cumple su objeto cuando el quejoso, con motivo de la suspensión provisional, comparece a declarar en preparatoria ante el Juez que ha requerido su presentación, y propicia que éste dicte un auto de detención, aunque la misma sea virtual; de allí que en casos como éste, al resolver sobre la suspensión definitiva, debe declararse sin materia el incidente, dado que no sería factible suspender los efectos de una orden de aprehensión que ya ha cumplido su objeto y, por ende, desaparecido las posibles consecuencias que serían motivo de la suspensión."
QUINTO. En primer lugar debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es dable determinar cuál es el que debe prevalecer.
Para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, pero hayan llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia transcrita a continuación:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, ab
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18724-bb974ab3/suspension-definitiva-no-queda-sin-materia-el-incidente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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