DELITOS DE FALSEDAD EN DECLARACIONES Y FALSO TESTIMONIO RENDIDOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO LOCAL (ARTÍCULOS 168 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO Y 157 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE), SE CONFIGURAN CUANDO EL SUJETO EN CALIDAD DE DENUNCIANTE DECLARA FALSAMENTE EN RELACIÓN CON LOS HECHOS DELICTIVOS EN LOS QUE ESTÁ INVOLUCRADO. DERECHO DE DEFENSA. SUS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS CON LA GARANTÍA DE NO AUTOINCRIMINACIÓN. DERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN. ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, AHORA PRIMERO EN MATERIA PENAL DEL MISMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (ahora en Materia Penal del mismo circuito) al resolver el amparo directo penal 55/93, promovido por ... de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y tres, sostuvo en sus consideraciones lo siguiente:
"QUINTO. Previo al examen de los conceptos de violación formulados conviene señalar que ... en escrito recibido en la oficialía de partes del tribunal exhibió el original del recurso de queja número 13/93, tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, derivado del amparo directo 357/91, a fin de ser tomado como prueba al resolver el presente juicio de agravios. Al respecto y contra lo pretendido, este órgano de control constitucional advierte que aun cuando en los mencionados expedientes de amparo compareció el mismo quejoso, en cambio, no existe impedimento legal para pronunciar la ejecutoria respectiva, al estar en presencia de distintos actos reclamados dictados con motivo de la instauración de causas originadas por la comisión de delitos autónomos perpetrados en momentos diferentes uno de los otros. En efecto, como aparece de los autos del juicio 639/89-3, ... fueron encontrados culpables del robo indeterminado, en la modalidad de casa habitación ocurrido el cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y nueve e, incluso, al primero de los sentenciados le fue atribuido el ilícito de falso testimonio cometido en agravio de la administración de justicia, habiéndose confirmado la condena al resolverse el toca de apelación 1058/91, intentado ante la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. En cuanto a las constancias exhibidas, de las mismas aparece que los sentenciados en mención, fueron declarados culpables del homicidio simple intencional cometido en agravio de ... y el diverso de robo en casa habitación, cometido en perjuicio de ... efectuado el cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, es decir dos meses después del imputado en la causa penal de la cual conoce este tribunal. En este orden de ideas, se está en presencia de causas distintas e independientes respecto de las cuales conocieron los Jueces Primero y Quinto Penal de Tlalnepantla, respectivamente y, en esa virtud, las actuaciones derivadas del juicio 605/89-2, no pueden considerarse vinculados para dictar la ejecutoria en el juicio de amparo 55/93, promovido ante este tribunal y, por ende, procede a examinar los conceptos de violación formulados, los cuales son infundados. En efecto, ... se dolió de haber sido considerado culpable de la comisión de los delitos de robo indeterminado, en su modalidad de cometido en casa habitación y del diverso de falso testimonio y, contra lo sostenido por el impetrante, en autos quedó acreditado el segundo de los ilícitos. En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 157, fracción I, del Código Penal, comete del delito (sic) de falso testimonio, quien al ser interrogado por alguna autoridad pública, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad; ahora bien, los elementos materiales del tipo exigido, fueron acreditados según lo establecido en la regla genérica contenida en el numeral 128 del Código Procesal de la materia, porque la acción prevista en el citado numeral 157, es aplicable a quienes son presentados como testigos ante una autoridad pública o judicial, a los que sobornen a un presencial de los hechos, o bien a los peritos o intérpretes, cuando éstos afirman una falsedad, niegan o callen una verdad, al emitir su dictamen o traducción y en el caso a estudio, la autoridad al confirmar lo resuelto en la sentencia de primer grado, partió de la base de que el inculpado, el cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, denunció hechos presumiblemente delictivos, cometidos en su propio perjuicio, demostrándose, con posterioridad, su intento de ocultar su responsabilidad, pues según lo confesó él mismo, había perpetrado el injusto respecto del cual solicitó la intervención del Ministerio Público. En este orden de ideas, no le asiste la razón al quejoso, porque no fue interrogado como inculpado en una causa, en cuyo caso no sería punible su mendacidad al formar parte de su defensa y no ocurre lo mismo cuando oficiosamente comparece ante una autoridad a denunciar un delito, como aconteció en la especie, cuanto más que lo hizo para encubrirlo. En cuanto al delito de robo, previsto en el artículo 295 del Código Penal, se encuentra acreditado de conformidad con la regla específica prevista en el numeral 134, fracción I, del ordenamiento procesal de la materia, con la confesión de ... producida en acta de policía judicial y ratificada ante el Ministerio Público, así como al emitir su declaración preparatoria, en las cuales admitió el haberse puesto de acuerdo con su amasia ... para llevar a cabo el desapoderamiento de cosas muebles, en el domicilio familiar tanto del inculpado, como de su suegro ... instruyendo a su amante para cometer el ilícito el tres de agosto de mil novecientos ochenta y nueve y luego acudió ante el órgano investigador a denunciar el robo previamente planeado. La anterior constancia, fue relacionada con el dictamen de valuación de los objetos recuperados, cuyo monto ascendió a ocho millones, ochocientos sesenta y cuatro mil, cuatrocientos pesos, así como con la fe ministerial de los bienes asegurados. No es óbice a lo sostenido, el concepto de violación encaminado a hacer valer la supuesta coacción física ejercitada en contra del sentenciado, incomunicación en los separos de la Policía Judicial durante cinco días, como tampoco ‘el amparo 476/89, promovido ante la Juez Quinto de Distrito en Tlalnepantla, México’ para corroborar su aserto, cuando en autos no existe constancia de haber promovido el citado juicio de amparo, con motivo de la pretendida incomunicación de la cual dice sufrió y, en cambio, a fojas 14 a 30 vuelta, aparece demostrado que ... fue detenido por elementos de la Policía Judicial del Estado de México el seis de octubre de mil novecientos ochenta y nueve y puesto a disposición en esa fecha ante la autoridad investigadora. Aunado a lo anterior, a foja 31 vuelta existe la fe ministerial del estado psicofísico del indiciado, a quien no le fueron advertidas huellas de lesiones externas. Asimismo, es insuficiente para corroborar dicha coacción lo certificado por la secretaría del juzgado instructor, quien dio fe de tener a la vista el cuerpo del detenido con hematoma de forma irregular en la porción extrema derecha del tórax sobre la línea media de aproximadamente 7 centímetros de diámetro, porque, como acertadamente lo estableció la Sala, en la propia audiencia el inculpado aceptó haber efectuado el robo. En lo tocante a que los agentes captores negaron haber participado en su detención, prudentemente la autoridad sostuvo su fallo en el dicho de los testigos ... así como de ... agentes de la Policía Judicial, como intervinientes en la investigación efectuada en grupo, pero además, ... al ratificar su informe sostuvieron el hecho de haber detenido personalmente al inodado, en cuyas condiciones la Sala legalmente lo tuvo por confeso de las imputaciones atribuidas y al adminicular lo confesado con las demás pruebas actuó ajustándose a las reglas contenidas en los artículos 267 al 269 del código adjetivo de la materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 472, publicada a foja 818 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y la número 482, visible en la página 836 del mismo tomo, Segunda Parte con los rubros: ‘CONFESIÓN COACCIONADA, PRUEBA DE LA.’ y ‘CONFESIÓN, VALOR DE LA.’, respectivamente. En cuanto a la responsabilidad penal de ... en la comisión de los delitos de robo indeterminado en la modalidad de casa habitación y el diverso de falso testimonio, también se encuentra justificada con las probanzas enunciadas, especialmente con la confesión del sentenciado, producida en preparatoria, resultando ineficaz el argumento tendiente a hacer valer que no le fueron encontrados en su poder los objetos recuperados, cuando en indagatoria reconoció parte de los bienes desapoderados e, incluso, su coinculpada ... al emitir sus deposados, lo relacionó con los sucesos. Por otra parte, no existió falta de valoración de las constancias procesales, pues en diligencia de quince de febrero de mil novecientos noventa el ofendido aseguró haber sido interrogado por el Ministerio Público sobre los objetos recuperados el cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y nueve; empero, tal afirmación es intrascendente para demostrar que la declaración producida ante los agentes de la Policía Judicial había sido previamente elaborada, cuando en realidad la comparecencia del denunciante ocurrió el siete de octubre del citado año y el acta de policía judicial, así como la recuperación de los bienes, ocurrió el día seis de ese mes y año. En lo relativo a la supuesta inobservancia del artículo 17 bis del código procesal de la materia, son inatendibles los argumentos formulados cuando la protesta de decir verdad en presencia de dos testigos, colocando al declarante de pie, frente a la bandera nacional y con la mano derecha sobre la Constitución General de la República, sólo le es aplicable al denunciante, querellante o a sus representantes legales, a los peritos, testigos y a quienes intervengan en alguna diligencia, mas no así al inculpado, a quien sólo debe exhortársele para conducirse con veracidad y no puede ser compelido a declarar en su contra, según lo ordena el artículo 20, fracción II, de la Constitución General de la República y el artículo 187 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, le otorga la facultad de abstenerse de declarar al momento de emitir su preparatoria; sin embargo, el peticionario decidió no hacer uso de su derecho y aceptó la comisión del ilícito. Finalmente, las sanciones aplicadas fueron acordes a lo dispuesto en los artículos 299 y 301 del Código Penal, cuando el robo es indeterminado, su autor se hace acreedor de tres días a cinco años de prisión, debiéndose aumentar de seis meses a diez años de cárcel si se comete en casa habitación, penas que en términos del artículo 69 del mismo ordenamiento son sumadas a la establecida para el delito de falso testimonio contemplado en el numeral 157 del código aplicado, de seis meses a cinco años de prisión. En esas circunstancias la Sala hizo suyas las apreciaciones del Juez instructor quien tomó en cuenta las circunstancias personales del inculpado, peligrosidad ubicada entre la mínima y la media, con inclinación a la segunda, los daños morales y materiales causados y demás exigencias previstas en el artículo 59 del código sustantivo, para confirmar dos años de prisión y multa de quince días de salario por el delito de robo indeterminado, dos años seis meses de cárcel y ciento cincuenta días multa en cuanto a la modalidad de casa habitación y un año de cárcel y cincuenta días multa, para que sumadas se le impusieran cinco años seis meses de privativa de libertad y doscientos quince días de multa." (fojas 135 vuelta a 139)
Las anteriores consideraciones dieron origen a la siguiente tesis cuyos rubro y texto son los siguientes:
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XI, mayo de 1993
"Página: 331
"FALSO TESTIMONIO. CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE. CUANDO EL ACTIVO SE OSTENTA COMO DENUNCIANTE. El hecho de que el acusado rinda su declaración como denunciante, no lo exonera de responsabilidad la emisión de hechos falsos, porque cuando fue interrogado no lo hizo como inculpado de un ilícito, en cuyo momento estaba obligado a decir la verdad y carecía de la libertad de exponer los mismos, como quisiera.
"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
"Amparo directo 55/93. 10 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Jaime Arturo Cuayahuitl Orozco."
CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el amparo directo 357/2003, promovido por ... resuelto el trece de febrero de dos mil cuatro, consideró:
"En cambio, son fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia de conformidad con el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, referentes a que la sentencia reclamada es violatoria de garantías al considerar acreditado el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto en el artículo 168 del Código Penal para el Estado de Jalisco, los cuales resultan suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso, para los efectos que más adelante se han de indicar. Para una mejor comprensión del asunto, es conveniente señalar que de las constancias que obran en el expediente se aprecia que el día cuatro de junio de dos mil dos, a las catorce horas con un minuto, el quejoso ... se presentó en la agencia del Ministerio Público número tres, especializada para la investigación de robo a vehículos de carga pesada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, para declarar que se desempeña como repartidor de la mercancía de la empresa de nombre Galletas Cuétara, Sociedad Anónima de Capital Variable, que ese día aproximadamente a las tres horas, viajaba en compañía de ... a bordo del camión marca Dina, tipo Rabón, color blanco, mil novecientos ochenta y cuatro, por la carretera a Nogales, placas de circulación JF29016 del Estado de Jalisco, porque iba a realizar la entrega de galletas a un cliente en Tepic, Nayarit, pero un vehículo tipo Tsuru que lo adelantó en la marcha disminuyó la velocidad, por lo que tuvo que detenerse para evitar chocar con él, entonces, dos sujetos que portaban armas de fuego bajaron del automóvil, lo amagaron, abordaron el camión y luego se lo quitaron, dejándolo en un baldío junto con su compañero ... que al dirigirse a una gasolinera, se enteraron de que estaban en la carretera que conduce a Sebastián El Grande, cerca de Santa María Tequepexpan, en Tlaquepaque, Jalisco, que de ahí se comunicó con el gerente de la empresa ofendida, quien le indicó que se trasladara en un taxi a la negociación, luego le dijo que tenía que ir a presentar la denuncia correspondiente; por lo que acudió a rendir la citada declaración. Asimismo, aparece que a las dos horas con veinte minutos del cinco de junio de dos mil dos, el quejoso manifestó ante el propio representante social, con la asistencia de su defensor, que en la primera declaración que rindió mintió en cuanto al robo que supuestamente sufrió; que lo que sucedió en realidad fue que él se apoderó de los bienes que tenía que entregar al cliente en Tepic, Nayarit, se los dio a sus cómplices ... y un sujeto de apodo ... para que los vendieran; que por esa conducta iba a recibir veinte mil pesos, de los cuales ya había obtenido dos mil novecientos pesos, posteriormente abandonó el camión marca Dina, color blanco, tipo rabón, modelo mil novecientos ochenta y cuatro, en el cruce de las calles Carlos Mérida y Paseo de las Lomas en la colonia El Colli; enseguida, comunicó al gerente que había sido víctima de un robo; además, señaló que narró hechos falsos en la primera declaración para justificarse con su patrón, es decir, para evitar que se descubriera que él perpetró el delito. De la misma forma, obra en autos la declaración ministerial rendida por ... el cinco de junio de dos mil dos, en la que refirió que no era verdad que hubiera acompañado a ... a realizar la entrega de la mercancía al cliente en Tepic, Nayarit, ni que hubiera presenciado que dos sujetos que portaban armas de fuego les robaron el camión con las galletas de la empresa ofendida, ni que los dejaron en un baldío (como adujo el quejoso en su inicial deposado); asimismo, explicó que él acudió a rendir declaración el cuatro de ese mes y año, en la que narró que así había sucedido, pero lo hizo porque se lo ordenó su jefe ... quien creyó que en realidad su compañero ... había sido víctima de un robo. Ahora bien, el precepto legal que contempla y sanciona el delito de falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad, vigente en la época de los acontecimientos, disponía que: ‘Artículo 168. Se impondrán de tres meses a dos años de prisión: I. Al que, con cualquier carácter, al declarar o informar ante alguna autoridad pública en ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, faltare dolosamente a la verdad, excepto que sea el inculpado; ... .’. En principio, es conveniente destacar que el delito de falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad, se refiere a conductas ilícitas que comete cualquier persona -con excepción del inculpado- que dolosamente se conducen con falsedad, respecto del hecho que declaran o informan ante alguna autoridad pública, en ejercicio de sus funciones. Faltar a la verdad significa producirse con mentiras en la citada declaración o información, es decir, manifestar hechos falsos, sea afirmándolos, negándolos u ocultándolos dolosamente. Conforme a la definición legal del ilícito que nos ocupa, se advierte que el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad es de acción, puesto que para su configuración requiere un comportamiento positivo voluntario, por ende, resulta configurable sólo de manera dolosa, en términos de lo previsto por el artículo 6o., primer párrafo, del Código Penal para el Estado de Jalisco, puesto que la comisión del mismo supone necesariamente el conocimiento de que se quebranta la ley, así como la voluntad de realizar el acto. El bien jurídico tutelado por el artículo 168 del Código Penal para el Estado de Jalisco lo es la fe pública y la justicia, pues afecta a la administración de justicia, con la salvedad de que no son cometidos por autoridad, sino que se perpetran por particulares y el resultado se produce al momento de que el declarante afirme, niegue u oculte maliciosamente alguna circunstancia relevante ante una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Al respecto, de las constancias del expediente se aprecia que no se acredita la totalidad de los elementos constitutivos del delito de falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad en cuestión pues aunque si bien es cierto que el quejoso ... dolosamente faltó a la verdad al rendir declaración el cuatro de junio de dos mil dos ante una autoridad en ejercicio de sus funciones (agente del Ministerio Público del fuero común), lo que quedó plenamente demostrado con la propia declaración ministerial que éste rindió el cinco del mismo mes y año, en la que reconoció que había declarado mentiras en su primera deposición, esto es, que fingió haber sufrido el robo del camión marca Dina color blanco, modelo mil novecientos ochenta y cuatro, que tenía asignado para su trabajo y de la mercancía que transportaba consistente en galletas propiedad de la empresa ofendida; mientras que lo que aconteció fue que ... le propuso que se apoderara de los bienes que tenía que entregar a un cliente, lo cual hizo el cuatro del mes de junio del año citado, proporcionándoselos a sus cómplices ... además, que llevó a cabo dicha conducta ilícita para obtener veinte mil pesos; lo cual se corrobora con la declaración de ... quien afirmó que efectivamente invitó al quejoso a cometer el robo de la mercancía de la empresa, que ambos acordaron llevarlo a cabo en la madrugada del cuatro de junio del mencionado año, que también invitó a ... y él a su vez convidó a un sujeto apodado ... asimismo, ... declaró ante el representante social el cinco de junio de dos mil dos, que era falso que él hubiera acompañado al quejoso ... en el momento en el que supuestamente lo robaron dos sujetos, y que acudió a rendir declaración ministerial en ese sentido, porque se lo ordenó el gerente de la empresa ofendida; por lo que es evidente que el quejoso se condujo con falsedad en la primera declaración, toda vez que se comprobó que él aprovechó la relación de trabajo existente con la negociación ofendida para apoderarse de la mercancía que le había sido entregada para transportarla al domicilio de un cliente en Tepic, Nayarit, lo cual perpetró sin derecho y sin consentimiento de quien podía disponer de la misma con arreglo a la ley; la cual fue encontrada en una bodega de la que se dio fe ministerial y a la que hicieron referencia el quejoso y ... en sus deposados, pues adujeron que la mercancía fue guardada en una bodega que consiguió ... sin embargo, el delito que nos ocupa establece como elemento normativo que el sujeto activo sea cualquier persona, con excepción del inculpado, por ello, en el caso se considera que no puede tenerse por acreditado tal ilícito. Se afirma lo anterior, no obstante de que el aquí quejoso cuando rindió la declaración imputada como falsa, no tenía procesalmente hablando la calidad de inculpado, pues del análisis de las razones que dieron lugar a la excepción que contempla el numeral 168, fracción I, del Código Penal en cita, se aprecia que el inculpado está exento de que su declaración -aunque sea falsa- constituya el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, en respeto a las garantías individuales que consagra el artículo 20 constitucional, las cuales constituyen derechos públicos subjetivos (derechos humanos), en favor de una categoría de individuos (los inculpados), en determinada circunstancia o situación jurídica (el proceso penal); es decir, son facultades, derechos o prerrogativas que el hombre puede esgrimir frente al Estado y que éste, en consecuencia, debe respetar; entre las cuales se indica que el inculpado no podrá ser obligado a declarar, acto seguido prohíbe y sanciona la incomunicación, la tortura y la intimidación, ésta última porque es una forma de tortura; lo anterior, debido a las declaraciones que puede rendir el indiciado en el procedimiento, particularmente la más relevante y comprometedora que es la confesión, a través de la cual el sujeto admite ser autor o cómplice del delito. Así también, dado que el aludido precepto constitucional señala que el inculpado no podrá ser obligado a declarar, no distingue entre los diversos sentidos que puede tener su declaración (adversa o favorable al declarante); es decir, se reconoce el derecho al silencio e, inclusive, a negar su participación en la comisión del delito, aunque no se conduzca con verdad, lo cual significa la garantía del inculpado a no incriminarse; disposición que de infringirse constituiría un delito contra la administración de justicia, aun más, para fortalecer esa garantía de no incriminación, en la propia fracción se prohíbe toda incomunicación, intimidación o tortura, incluso, de actualizarse esta conducta típica penal, la confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura no podrá invocarse como prueba; siendo consecuentemente nula de pleno derecho esa probanza obtenida a través de esos medios ilícitos, aparte, constituye una violación a las normas del procedimiento, que afectan al gobernado; por tanto, la citada disposición contiene la garantía de defensa en la que el inculpado no está obligado a incriminarse y previene la principal causa de nulidad de la prueba confesional. Entonces, si el aquí quejoso acudió ante el agente del Ministerio Público del fuero común, luego de haber cometido el delito de robo calificado de los bienes que son propiedad de la empresa ofendida (Galletas Cuétara, Sociedad Anónima de Capital Variable), para la cual prestaba sus servicios en ese momento y declaró con falsedad que había sido víctima del robo de los bienes aludidos, ello no puede ser constitutivo del delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, puesto que de haberse conducido con verdad en torno a los hechos en los que estaba involucrado, el quejoso tendría que haber aceptado su responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado que horas antes había cometido; por tanto, es inconcuso que aunque no existía aún la imputación directa en su contra como probable responsable del apoderamiento ilícito, por lo que no se tomó su declaración en calidad de inculpado, ni se satisficieron las formalidades que para esas declaraciones exige la Constitución, inclusive se le protestó y advirtió para que se condujera con verdad; empero, dichas circunstancias no podían constreñir al quejoso (como partícipe del delito que se investigaba en la averiguación previa 407/2002), a que confesara que cometió el robo o, en caso contrario, a que sea merecedor de la sanción penal correspondiente al delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, pues ello contravendría la amplísima garantía que al respecto establece a su favor el artículo 20 de la Carta Magna, es decir, a ejercer el derecho a defender su libertad personal, máxime que se recibió su declaración en esos términos (como denunciante), porque él dijo haber sido víctima del delito que él cometió, con el propósito de justificarse ante la empresa ofendida por la falta de los bienes, así como para eludir su responsabilidad penal ante la autoridad encargada de la investigación de los delitos. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, las tesis sustentadas (las dos primeras) por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y (la última) por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, publicadas, respectivamente, en las páginas 1855, 1536 y 471, Tomos XCIII, CXXV y V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta y Novena Épocas, que en su orden dicen: ‘FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES, INEXISTENCIA DEL DELITO DE. Aunque el reo haya sido llamado al proceso que se instruyó en contra de otra persona, para que declarara como simple testigo, si tuvo que sentirse implicado en el hecho delictuoso que se trataba de investigar, por la intervención directa que tuvo en la ejecución del mismo, y en esa situación, faltó a la verdad, su falta de veracidad no lo constituye en reo del delito de falsedad, en atención a la garantía que establece el artículo 20 constitucional.’, ‘FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES, DELITO DE. La circunstancia de que quien declare ante la autoridad judicial tenga el carácter de acusado, elimina la posibilidad legal, aunque se produzca con falsedad, de considerarlo responsable del delito de falsedad en declaraciones judiciales. La falta a la verdad no es un integrante de dicho delito, si se refiere al medio empleado para consumar el diverso delito denunciado, pues la relación entre el medio y el fin perseguido en él, es tan estrecha que, de pretender que el acusado diga la verdad, se le obligaría, con desacato de los más elementales principios de derecho y desconocimiento de la amplísima garantía de defensa, o bien a confesar el delito o a sufrir, en caso contrario, las sanciones correspondientes a la falsedad en declaraciones judiciales.’ y ‘La fracción II del artículo 20 constitucional contiene el llamado derecho de «no autoincriminación» que, en relación con la garantía de plenitud de defensa, significa la facultad que tiene todo inculpado de abstenerse de declarar, o de hacerlo en los términos que estime pertinentes, aun cuando con ello se faltare a la verdad; por tanto, resulta violatorio de garantías el sostener lo contrario y pretender que, en tal hipótesis, el faltar a la verdad por parte del incriminado constituya el delito de falso testimonio de acuerdo con aquellas legislaciones en las que, para la configuración de dicho ilícito, no se haga distinción alguna en cuanto a la calidad específica del sujeto activo, pues aun admitiendo que éste hubiere declarado con falsedad, es inconcuso que tal actitud representa el ejercicio del citado derecho a no autoincriminarse y de declarar, en su caso, como considere adecuado, lo que constituye, en materia penal, un motivo de justificación consagrado como causa de exclusión del delito en la generalidad de las legislaciones punitivas del país, independientemente de que el derecho ejercitado esté previsto en la propia Constitución General de la República, en este caso en la citada fracción II de su artículo 20, pues de las causas de justificación, la conocida como «ejercicio de un derecho», entre otras, al ser una proposición permisiva abierta, requiere una labor judicial de complementación que hace necesario acudir a diversos dispositivos u ordenamientos legales y no exclusivamente al Código Penal, siendo incluso mayor la trascendencia e irrefutabilidad de esa excluyente cuando el derecho ejercido está elevado al rango de garantía constitucional.’. De esta manera, no puede tenerse por acreditado el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto y sancionado por el artículo 168 del Código Penal para el Estado de Jalisco, cuando el sujeto activo, ostentándose como denunciante, declaró falsamente en relación con hechos delictuosos en los que él estaba involucrado por la intervención directa que tuvo en la ejecución del delito de robo de los bienes propiedad de la empresa ofendida, para la cual prestaba sus servicios; en atención a la garantía individual que consagra en su favor el artículo 20 constitucional, la cual protege su derecho a no incriminarse en defensa a su libertad personal, pues aunque procesalmente hablando aún no tenía la calidad de inculpado, faltó a la verdad para evadir su responsabilidad penal por la conducta ilícita que cometió, y de obligar al quejoso a que se hubiera conducido con veracidad en esa declaración, o de lo contrario sería merecedor de las sanciones correspondientes al delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, se le habría constreñido a declararse culpable del delito d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18553-218d2eb7/delitos-de-falsedad-en-declaraciones-y-falso-testimonio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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