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Modo: Corpus Pro

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 133/2004-PS. · Registro digital (IUS): 19175
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, , Pág. 163.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 133/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión de diez de septiembre de dos mil cuatro, resolvió el amparo directo 2122/2004, promovido por ... en el que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la sentencia dictada en el toca penal 750/2003, formado con motivo del recurso de apelación que hizo valer el defensor particular del quejoso, en la que se modificó la sentencia de primera instancia, por considerar al impetrante de garantías penalmente responsable en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia; y en relación al tema materia de contradicción, esencialmente, sostuvo:

"QUINTO. ... Ahora bien, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, sustenta la jurisprudencia X.3o. J/7 bajo el rubro: ‘SENTENCIA PENAL. SU FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DEL ARTÍCULO 14 Y NO DEL DIVERSO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’; sin embargo, este tribunal no la comparte, pues el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone como garantía a favor del gobernado que todo acto de autoridad (sin que se haga distinción alguna), debe estar fundado y motivado, a fin de que esté en posibilidad de conocer con precisión los motivos y razones legales que se tomaron en consideración para la emisión de dicho acto. En ese sentido, se insiste en que todo acto de autoridad (incluidos los emitidos por autoridades jurisdiccionales), debe colmar las exigencias de fundamentación y motivación que requiere en general, todo acto de autoridad, pues si para los actos de molestia, contenidas en el artículo 16 constitucional (sic), se requiere la satisfacción de ello, con mayor razón en actos privativos, como el que ahora es materia de estudio. Garantía que como se dijo, en el caso particular fue atendida por el tribunal responsable, pues al emitir la sentencia combatida, expuso las razones y motivos que correctamente llevaron a concluir en el sentido de que en el caso particular se encuentra acreditado, en términos del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cuerpo del delito de portación de arma de fuego sin licencia, cuya precisión ha sido señalada, así como la plena responsabilidad del peticionario de garantías en su comisión precisando y valorando al efecto, los medios de convicción con los que acreditó cada uno de esos extremos."

QUINTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en relación al tema materia de la presente contradicción, resolvió el amparo directo 989/2003, en sesión de veinticinco de febrero de dos mil cuatro, promovido por ... en contra de la sentencia definitiva de veintiuno de octubre de dos mil tres, pronunciada en el toca penal 917/2002-II, por la que se confirmó la sentencia definitiva de quince de marzo de dos mil dos, dictada en las causas penales números 41-52/97-59/98, instruidas en contra del quejoso por el ilícito de ayuda en la comisión del delito de homicidio calificado; dicho órgano colegiado, esencialmente, sostuvo:

"V. ... Es pertinente aclarar, que al ser el acto reclamado una sentencia definitiva, la misma no puede ser violatoria del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como aduce el quejoso, porque éste tutela los derechos cuyas afectaciones provienen de actos transitorios o provisionales, por ende, la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado que señala el impetrante de garantías, se analizará a la luz de lo previsto en el numeral 14 de nuestra Carta Magna. Sirve de apoyo la jurisprudencia 218, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, visible a página 260 y siguiente, del Tomo I, Materia Constitucional, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: ‘ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.’ (se transcribe)."

Dicho criterio fue reiterado por el referido Tribunal Colegiado al resolver los amparos directos 130/2004, 131/2004, 215/2004, 16/2004, 905/2003, 216/2004, 308/2004 y 519/2004, resueltos en sesiones de diecinueve de marzo, dos, dieciséis y veintitrés de abril, catorce de junio y doce de agosto, todos de dos mil cuatro.

Las ejecutorias que anteceden originaron las jurisprudencias cuyos datos de identificación, rubros, textos y precedentes son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIX, junio de 2004

"Tesis: X.3o. J/7

"Página: 1342

"SENTENCIA PENAL. SU FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DEL ARTÍCULO 14 Y NO DEL DIVERSO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Si el sentenciado aduce violación en su perjuicio del artículo 16 de la Constitución Federal por falta de fundamentación y motivación de la sentencia reclamada, resulta inconcuso que al ser el acto reclamado una sentencia definitiva no puede ser violatoria de dicho precepto constitucional, ya que éste tutela los derechos cuyas afectaciones provienen de actos transitorios o provisionales y no de actos definitivos. Ahora bien, si la Sala responsable al emitir la sentencia impugnada citó diversos numerales que constituyen el fundamento legal (fundamentación) y de igual forma expresó las consideraciones procedentes, es decir, las circunstancias especiales y causas inmediatas que se tuvieron en cuenta al dictarla, precisando que de las pruebas valoradas se actualizaron las hipótesis establecidas en los preceptos legales que prevén y sancionan la conducta ilícita que se le reprocha, mediante razonamientos lógico-jurídicos, lo cual implica motivación, es infundado lo aducido por el sentenciado en el sentido de que el tribunal de alzada no fundó ni motivó la resolución reclamada; consecuentemente, la falta de fundamentación y motivación, en su caso, debe analizarse a la luz de lo previsto en el diverso artículo 14 de la Constitución Federal.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

"Amparo directo 989/2003. 5 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Nora Esther Padrón Nares, secretaria de tribunal en funciones de Magistrada en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretaria: Zazil Ha Hernández Contreras.

"Amparo directo 130/2004. 19 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Rodríguez Bastar. Secretaria: Isabel María Colomé Marín.

"Amparo directo 131/2004. 19 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Rodríguez Bastar. Secretaria: Isabel María Colomé Marín.

"Amparo directo 215/2004. 2 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Manuel Bautista Soto. Secretaria: Ada del Carmen Custodio Romero.

"Amparo directo 905/2003. 16 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Rodríguez Bastar. Secretaria: Isabel María Colomé Marín."

"Novena Época

"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XX, septiembre de 2004

"Tesis: X.3o. J/8

"Página: 1689

"SENTENCIAS PENALES. LA AUTORIDAD QUE LAS DICTE ADEMÁS DE OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FORMALES DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE EXIGE EL NUMERAL 71 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TABASCO. De acuerdo con la jurisprudencia 71, sustentada por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 100 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: ‘ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.’, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, precisando que los primeros son aquellos que tienen por efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, y que se autoriza solamente a través del cumplimiento de los requisitos precisados en su artículo 14; mientras que los segundos sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto por el artículo 16 de la propia Carta Magna. Ahora bien, al constituir el acto reclamado una sentencia definitiva que constituye un acto privativo, indudablemente debe estar precedida de todos los requisitos formales del procedimiento e, incluso, debe cumplir con la debida citación de los preceptos legales que fundamenten el sentido en que se dicte, además de la narración pormenorizada de las consideraciones que la sustentan, de acuerdo con lo previsto por el referido artículo 14 de la Ley Fundamental, amén de que en el caso concreto, al constituir el acto reclamado una sentencia en materia penal del orden común, debe observarse también lo dispuesto por el artículo 71 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, que establece que todas las resoluciones, inclusive las de mero trámite que emitan las autoridades del orden penal, así como las no judiciales pero que intervengan en un procedimiento de esa índole, deberán estar debidamente fundadas y motivadas.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

"Amparo directo 989/2003. 25 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Nora Esther Padrón Nares, secretaria de tribunal autorizada para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos de la fracción XXII del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 61, fracción VI, del Acuerdo General 48/98. Secretaria: Zazil Ha Hernández Contreras.

"Amparo directo 16/2004. 2 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Encarnación Aguilar Moya. Secretaria: Zazil Ha Hernández Contreras.

"Amparo directo 216/2004. 23 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Encarnación Aguilar Moya. Secretario: Benjamín Gordillo Cañas.

"Amparo directo 308/2004. 14 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Ruiz Martínez. Secretario: Benjamín Gordillo Cañas.

"Amparo directo 519/2004. 12 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Ruiz Martínez. Secretaria: Zazil Ha Hernández Contreras."

SEXTO. Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario determinar si, en el presente caso, existe o no contradicción de tesis, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.

Para ello, debe tenerse presente el contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Según se desprende del criterio antes transcrito, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:

a) Que al resolver los planteamientos jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Establecido lo anterior, es necesario analizar las ejecutorias destacadas en los considerandos cuarto y quinto, que fueron remitidas en copia certificada por los correspondientes Tribunales Colegiados, con valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos; ello con el objeto de determinar si existe la contradicción planteada.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el asunto sometido a su consideración, en la parte que interesa, sostuvo que no pasaba inadvertido el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito con el rubro: "SENTENCIA PENAL. SU FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DEL ARTÍCULO 14 Y NO DEL DIVERSO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."; el cual no se compartía dado que el citado artículo 16, párrafo primero, impone como garantía a favor del gobernado que todo acto de autoridad, sin que se haga distinción alguna, debe estar fundado y motivado a fin de que se esté en posibilidad de conocer con precisión los motivos y razones legales que se tomaron en consideración para la emisión del acto; que en este sentido, se insistía en que todo acto de autoridad, incluidos los emitidos por autoridades jurisdiccionales, debe colmar las exigencias de fundamentación y motivación que se requieren en general, pues si para los actos de molestia contenidos en el artículo 16 constitucional es necesaria la satisfacción de ello, con mayor razón en actos privativos, como lo era el de la materia de estudio (sentencia dictada por un Tribunal Unitario al resolver el recurso de apelación en contra de la resolución de primera instancia que consideró al quejoso penalmente responsable en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia).

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito al resolver los asuntos que forman parte de esta contradicción, en la parte que interesa, sostuvo que al ser el acto reclamado una sentencia definitiva, la misma no puede ser violatoria del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque este numeral tutela los derechos cuyas afectaciones provienen de actos transitorios o provisionales y, por ello, la fundamentación y motivación del acto se debe analizar al tenor del artículo 14 constitucional, con apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN."

Sentado lo anterior, es indudable que en el caso sí se surte la contradicción de criterios, entre el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en virtud de que se cumple con el requisito consistente en que la oposición de criterios surja de entre las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan la interpretación de un precepto legal o tema concreto de derecho, ya que esas consideraciones justifican el criterio jurídico que adopta cada uno de los órganos jurisdiccionales para decidir la controversia planteada, a través de las ejecutorias de amparo, materia de la contradicción de tesis.

Ahora bien, los Tribunales Colegiados en las ejecutorias de mérito sí examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, llegando a conclusiones diversas, ya que analizaron asuntos de naturaleza penal en los que se dictó sentencia definitiva (considerándola ambos de carácter privativo), y en los que se argumentó en los motivos de inconformidad que se violó el artículo 16 de la Constitución Federal por carecer de la debida fundamentación y motivación; estimando uno de ellos que todo acto de autoridad, incluyendo los jurisdiccionales, debe colmar las exigencias de fundamentación y motivación contenidas en el artículo 16 constitucional, ya que si para los actos de molestia se requiere la satisfacción de ello, con mayor razón los actos privativos, como lo era el reclamado; en tanto que el otro sostuvo que el referido artículo constitucional tutelaba los derechos cuyas afectaciones provienen de actos transitorios o provisionales, por lo que al ser el acto reclamado una sentencia definitiva y, por tanto, de carácter privativo, la existencia de esos requisitos formales debía analizarse a la luz del diverso artículo 14 constitucional; lo que pone de manifiesto, que examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y, no obstante ello, llegaron a conclusiones discrepantes.

Asimismo, de las transcripciones de las respectivas ejecutorias se advierte que la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones y razonamientos contenidos en cada una de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados citados.

Finalmente, por lo que hace al tercer requisito, es de señalarse que de las referidas sentencias se desprende que los criterios en contradicción provienen del examen de los mismos elementos, a saber: a) una sentencia condenatoria en materia penal, la que se consideró de carácter privativo, y b) respecto de la cual se alegó violación del artículo 16 constitucional, por considerar que carecía de la debida fundamentación y motivación.

Conforme a lo antes expuesto, como se asentó con anterioridad, sí existe contradicción de criterios entre el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, la cual se constriñe a determinar si tratándose de sentencias definitivas emitidas por autoridades jurisdiccionales, la fundamentación y motivación de la misma debe analizarse o no a la luz del artículo 16 de la Constitución Federal.

SÉPTIMO. Precisado lo anterior, esta Primera Sala resuelve que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que se sostiene en la presente resolución.

Resulta conveniente, a manera de preámbulo y con el propósito de ubicar adecuadamente el problema que se plantea, que se relaciona con la fundamentación y motivación de las resoluciones jurisdiccionales, analizar el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer las garantías individuales que en ellos se contienen.

En efecto, debe precisarse que el artículo 14 constitucional establece:

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho."

Ahora bien, el Constituyente en el precepto transcrito consagró tres garantías de seguridad jurídica:

1. La de irretroactividad de la ley.

2. La de audiencia.

3. La de legalidad.

Con la primera de las garantías se impide que las leyes vuelvan al pasado para cambiar, modificar o suprimir condiciones de legalidad de un acto o efectos de derechos individualmente adquiridos, esto es, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma que los previó; prohibición que se dirige tanto al legislador como a los diversos órganos encargados de llevar a cabo su aplicación o ejecución y se traduce en el principio de que las leyes sólo deben ser aplicadas a los hechos ocurridos durante su vigencia, estando sólo permitida la aplicación retroactiva de la ley en el ámbito penal y cuando ésta beneficie al gobernado y no se lesionen derechos de terceros.

Por otro lado, la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional obliga a proteger a los gobernados cuando alguna autoridad los prive de sus propiedades, posesiones o derechos, cualquiera que éstos sean y sin limitación alguna, sin que previamente a su emisión les haya dado oportunidad de exponer y probar lo que consideren conveniente en defensa de sus intereses dentro del procedimiento establecido para el caso concreto; lo anterior, siempre que no se trate de actos tendientes a la expropiación por causa de utilidad pública; la expulsión, por parte del Ejecutivo Federal, de extranjeros cuya permanencia juzgue inconveniente (artículo 33 constitucional); el ejercicio de la facultad económico-coactiva para el cobro de impuestos y demás créditos fiscales y la expedición y ejecución de órdenes judiciales de aprehensión y cateo; así como las medidas cautelares previstas en la Constitución que privan al inculpado de su libertad (artículos 16, 18 y 19 constitucionales).

Tienen aplicación las siguientes tesis:

"Séptima Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volumen: 81, Tercera Parte

"Página: 15

"AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares, mas no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional.

"Amparo en revisión 1389/71. La Libertad, Compañía General de Seguros, S.A. y acumulado. 4 de septiembre de 1975. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez."

Nota: Esta tesis también aparece en:

Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, quinta tesis relacionada con la jurisprudencia 344, página 591.

Tesis de jurisprudencia

"Séptima Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Apéndice de 1995

"Tomo: VI, Parte SCJN

"Tesis: 82

"Página: 54

"AUDIENCIA, ALCANCE DE LA GARANTÍA DE. En los casos en que los actos reclamados impliquen privación de derechos, existe la obligación por parte de las autoridades responsables de dar oportunidad al agraviado para que exponga todo cuanto considere conveniente en defensa de sus intereses; obligación que resulta inexcusable aun cuando la ley que rige el acto reclamado no establezca tal garantía, toda vez que el artículo 14 de la Constitución Federal impone a todas las autoridades tal obligación y, consecuentemente, su inobservancia dejaría a su arbitrio decidir acerca de los intereses de los particulares, con violación de la garantía establecida por el invocado precepto constitucional."

La garantía de audiencia, también se encuentra referida al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento o condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional o administrativo para otorgar al posible afectado por el acto privativo una razonable oportunidad de defensa, esto es, proporcionar al demandado o posible afectado una noticia completa de la demanda presentada por la parte actora, con sus documentos y anexos, o bien, del acto privativo de derechos o posesiones, otorgándosele una oportunidad razonable para que pueda contestar, de modo que el tiempo de que disponga para hacerlo realmente se lo permita, además de que en el procedimiento, sea judicial o administrativo, deberá otorgarse a las partes o al posible afectado una oportunidad razonable para aportar las pruebas pertinentes para demostrar los hechos en que se funden y expresar los alegatos correspondientes; es decir, las argumentaciones jurídicas que con base en las pruebas desahogadas estimen necesario exponer, concluyendo el procedimiento con una resolución en la que el juzgador o la autoridad administrativa decida el litigio o el asunto planteado, debiendo cumplirse esas formalidades conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Tienen aplicación al caso las siguientes tesis:

"Séptima Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volúmenes: 199-204, Tercera Parte

"Página: 85

"AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTÍA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA. La garantía de audiencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular de intervenir para poder defenderse, y esa intervención se puede concretar en dos aspectos esenciales, a saber: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa; y la de producir alegatos para apoyar esa misma defensa con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes. Esto presupone, obviamente, la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privación de derechos, sean del conocimiento del particular, lo que se traduce siempre en un acto de notificación que tiene por finalidad que aquél se entere de cuáles son esos hechos y así esté en aptitud de defenderse. De lo contrario la audiencia resultaría prácticamente inútil, puesto que el presunto afectado no estaría en condiciones de saber qué pruebas aportar o qué alegatos formular a fin de contradecir los argumentos de la autoridad, si no conoce las causas y los hechos en que ésta se apoyó para iniciar un procedimiento que pudiera afectarlo en su esfera jurídica."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VII, abril de 1998

"Tesis: P. XXXV/98

"Página: 21

"AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE SE RESPETE EN LOS PROCEDIMIENTOS PRIVATIVOS DE DERECHOS, LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR PRUEBAS Y ALEGATOS DEBE SER NO SÓLO FORMAL SINO MATERIAL. La Suprema Corte ha establecido que dentro de los requisitos que deben satisfacer los ordenamientos que prevean procedimientos que puedan concluir con la privación de derechos de los gobernados se encuentran los de ofrecer y desahogar pruebas y de alegar, con base en los elementos en que el posible afectado finque su defensa. En las leyes procedimentales, tales instrumentos se traducen en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan a los gobernados ofrecer pruebas y expresar argumentos que tiendan a obtener una decisión favorable a su interés. Ahora bien, para brindar las condiciones materiales necesarias que permitan ejercer los medios defensivos previstos en las leyes, en respeto de la garantía de audiencia, resulta indispensable que el interesado pueda conocer directamente todos los elementos de convicción que aporten las demás partes que concurran al procedimiento, para que pueda imponerse de los hechos y medios de acreditamiento que hayan sido aportados al procedimiento de que se trate, con objeto de que se facilite la preparación de su defensa, mediante la rendición de pruebas y alegatos dentro de los plazos que la ley prevea para tal efecto.

"Amparo en revisión 1664/97. Jorge Navarro Islas. 17 de febrero de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta de marzo en curso, aprobó, con el número XXXV/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho."

"Quinta Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XXII

"Página: 32

"PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES DEL. La garantía reconocida por el artículo 14 constitucional, enunciada en términos generales, es la de ser oído en juicio; mas cuando se trata de la aplicación de ese precepto a un caso determinado, es preciso tomar en cuenta todos los requisitos que el mismo artículo señala, entre los cuales figuran, principalmente, los dos siguientes: primero, que en el juicio se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y segundo, que dichas formalidades se cumplan conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; de donde se desprende que cuando existen leyes que norman el procedimiento para un fin legal cualquiera, no basta que se dé a la persona, alguna oportunidad de defenderse, sino que es indispensable que se le conceda en el modo y términos que las leyes prescriben, y estos principios son aplicables tanto a los procedimientos del orden judicial como a los del orden administrativo.

"Amparo administrativo en revisión 3354/27. Torres Sagaceta Luz. 5 de enero de 1928. Mayoría de siete votos. Disidente: J. Guzmán Vaca. La publicación no menciona el nombre del ponente."

Por otra parte, la garantía de legalidad, consagrada en el artículo 14 constitucional, en el ámbito penal, exige para la imposición de penas que, además de que se haya seguido previamente un proceso ante un juzgador competente, en el qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19175-2ad62d5f/fundamentacion-y-motivacion-de-las-resoluciones-jurisdiccionales-deben · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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