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Modo: Corpus Pro

TERCEROS EXTRAÑOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME UNA SENTENCIA DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO PENAL EN EL QUE SE CONDENÓ AL INCULPADO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 128/2004-PS. · Registro digital (IUS): 19100
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, , Pág. 565.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 128/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, y que a continuación, en la parte que interesa, se transcriben:

I. El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, sustentó igual criterio al resolver en los amparos en revisión números 206/95, 311/95 y 528/95, respectivamente, promovidos por ... así como ... por sí mismo y en representación de ... en sesiones celebradas, con fechas treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, veinticinco de abril y dos de mayo de mil novecientos noventa y seis; por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias sólo se transcribirá, en la parte que interesa, el último fallo.

Amparo en revisión 528/95, promovido por ... por sí, y en su carácter de representante del quejoso ... .

"Ahora bien, este tribunal advierte que el Juez de Distrito procedió a analizar la causal de improcedencia que a su juicio se deriva de los actos de ejecución de la sentencia de primer grado, impugnados por vicios propios, resolviendo el fondo del asunto de la ejecución planteada, pues estimó que no existe identidad entre los lotes a los que se refiere tal sentencia y aquellos respecto los cuales los quejosos sostienen son propietarios, sin percatarse que en la especie se surte la diversa causal de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 10 y 4o. de la propia ley. Toda vez que de la interpretación relacionada de los artículos 103, fracción I y 107 fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 y 158 de la Ley de Amparo, permite concluir que para obtener la declaración de que la totalidad o parte de una sentencia definitiva dictada en materia penal es violatoria de garantías, es menester, en primer término, que alguien tenga la correspondiente legitimación activa, en esa hipótesis el encausado y excepcionalmente el ofendido o la persona que conforme a la ley tenga derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en segundo, que esa persona promueva el juicio de amparo directo ante el órgano jurisdiccional a quien compete conocer del asunto. En ese orden de ideas, claro resulta que no procede ni el juicio de amparo indirecto ni el directo promovido por quien se ostenta tercero extraño a la causa penal, en contra de la sentencia definitiva que puso fin a la misma, pues además no debe perderse de vista que en todo proceso penal las partes únicamente son el procesado y el fiscal, porque ni aun la persona ofendida por un delito tiene el carácter de parte en el proceso penal de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimientos Penales de la entidad y en esas condiciones, no tenía por qué darse intervención alguna a ... por lo que no puede considerárseles terceros extraños a la referida causa penal y luego si éstos estiman que se les afectó en sus derechos de posesión, deben hacerlo valer ante los tribunales de instancia ejercitando la acción correspondiente, también no debe pasarse por alto que la condena a la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y por consiguiente la misma debe cumplimentarse en sus términos al haber quedado firme la resolución del tribunal de alzada en vista de que al sentenciado se le negó el amparo, en la inteligencia que para llegar a la anterior conclusión este tribunal tuvo en cuenta el criterio sustentado al resolver el juicio de amparo en revisión número 206/95, interpuesto por ... . Sentado lo anterior, debe confirmarse la sentencia en análisis, aunque por causas diferentes a las invocadas por el a quo, según se ha dicho ya."

De las consideraciones sustentadas en la resolución transcrita en líneas precedentes, derivó la tesis cuyos rubro y texto, son del tenor siguiente:

"TERCEROS EXTRAÑOS, CASO EN QUE CARECEN DE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO O INDIRECTO. Se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo en relación con los diversos artículos 10 y 4o. de la propia ley, toda vez que de la interpretación relacionada de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 y 158 de la Ley de Amparo, permite concluir que para obtener la declaración de que la totalidad o parte de una sentencia definitiva dictada en materia penal es violatoria de garantías, es menester, en primer término, que alguien tenga la correspondiente legitimación activa, en esa hipótesis el encausado y excepcionalmente el ofendido o la persona que conforme a la ley tenga derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, y en segundo, que esa persona promueva el juicio de amparo directo ante el órgano jurisdiccional a quien compete conocer del asunto. En ese orden de ideas, claro resulta que no procede ni el juicio de amparo indirecto ni el directo promovido por quien se ostenta tercero extraño a la causa penal, en contra de la sentencia definitiva que puso fin a la misma, pues además no debe perderse de vista que en todo proceso penal las partes únicamente son el procesado y el fiscal, porque ni aun la persona ofendida por un delito tiene el carácter de parte en el proceso penal de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimientos Penales de la entidad y en esas condiciones no puede dárseles intervención ni considerárseles terceros extraños en la referida causa penal a aquellas personas que estiman que se les afectó sus derechos de posesión, con la citada sentencia.

"Amparo en revisión 528/95. Sergio Romero Jiménez por sí, y en su carácter de representante del quejoso Leonel Romero Jiménez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Vicente Salazar Vera. Secretaria: María de Lourdes Juárez Sierra.

"Amparo en revisión 311/95. Jorge Carlos Lecuona, en su carácter de apoderado de Plantaciones y Maderas, S.A. y por la tercera perjudicada Gloria Victoria viuda de Huerta. 25 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzón.

"Amparo en revisión 206/95. Rosario Casasa Solares, por conducto de su autorizado para oír notificaciones Isabel Gaona García. 30 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretario: Jorge Manuel Pérez López." (Novena Época, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, tesis VII.P.32 P, página 961).

II. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el trece de septiembre de dos mil cuatro la improcedencia 152/2004, promovida por ... sostuvo lo siguiente:

"IV. Los agravios antes transcritos son esencialmente fundados. En efecto ... presentó el día once de mayo de dos mil cuatro, su escrito de demanda de amparo ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en este Estado, contra actos del Juez Segundo de lo Penal del Primer Partido Judicial, del primer secretario y del oficial mayor del aludido juzgado, del director de Seguridad Pública y del director de Seguridad Pública Municipal de Tonalá, todos del Estado de Jalisco, consistentes en: ‘De las autoridades ordenadoras, reclamo todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia definitiva dictada con fecha 5 cinco de marzo del 2004 dos mil cuatro, dentro del expediente número 393/2000-A, relativo al juicio penal, y la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializarse sobre un inmueble del que el suscrito poseo y soy propietario, siendo éste el predio que fuera la fracción norte del rancho denominado ... en Tonalá, Jalisco, desposeyéndome de dicho inmueble, la ejecución de la sentencia recaída en el juicio mencionado, al haberse ordenado la restitución del inmueble al primero de los mencionados como terceros perjudicados’ (foja 2). Al Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en este Estado le fue turnada la demanda de amparo, la cual desechó de plano, por acuerdo de doce de mayo de dos mil cuatro; toda vez que estimó era improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 4o. y 10 de la misma ley, en vista de que el solicitante del amparo carecía de legitimación activa, puesto que en un procedimiento penal las partes eran el acusado, su defensor y el Ministerio Público, y que excepcionalmente, puede serlo el ofendido o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil proveniente de delito, por lo que para acudir al juicio biinstancial como tercero extraño al proceso penal, era indispensable tener algún carácter de los mencionados y no haber sido llamado al procedimiento; pero, como en el caso, el quejoso promovente no se encontraba en ninguno de los aludidos supuestos, las autoridades responsables no tenían la obligación de llamarle a juicio; por lo que los actos reclamados no le deparaban perjuicio alguno, y en esa virtud, no estaba en aptitud de acudir al amparo. Ahora bien, el artículo 145 de la Ley de Amparo, que regula el desechamiento de plano de la demanda de amparo, dispone: (se transcribe). Para determinar si en el caso presente, se está o no ante la presencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para que el Juez a quo hubiera desechado la demanda de garantías, se hace necesario analizar en su integridad el escrito de demanda, apreciándose que el promovente del amparo al precisar el acto reclamado señaló que: (se transcribe). Asimismo, el inconforme en los apartados de antecedentes y conceptos de violación, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ‘1. Soy propietario del predio conocido como ... y que fue la fracción norte del rancho denominado ... como lo acredito con el título de propiedad, consistente en el contrato de donación realizado a mi favor el día 18 dieciocho de agosto de 1968, por parte del señor ... respecto de una superficie aproximada de 55-00-00 cincuenta y cinco hectáreas, adquirido por conducto de compraventa que realizó a ... como consta en las escrituras ... del 18 dieciocho de agosto de 1942, y su aclaratoria, mismos documentos que agrego en copias certificadas. 2. Dentro de la superficie delimitada por el título de propiedad que he señalado en el punto anterior, una superficie aproximada de 29-00-00 veintiséis hectáreas (sic), mediante escrito de fecha 29 de abril del año de 1996, el suscrito fui denunciado por ... en calidad de apoderado general judicial para pleitos y cobranzas de la ahora señalada como tercero perjudicada, persona moral ... radicándose la averiguación previa número ... ante la entonces agencia número 18, de la Dirección de Averiguaciones Previas, determinándose el archivo definitivo de la averiguación previa señalada, ya que se justificó por parte del suscrito que nunca despojé al denunciante, y que la posesión del inmueble la tenía el suscrito de aproximadamente 30 años antes, por lo que se determinó que no existían elementos para ejercitar acción penal y que la posesión de dicho inmueble la seguía conservando el suscrito. Averiguación previa que agrego en copias simples, justificando mediante acuse de recibo original que fue solicitada en copias certificadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la que solicito le sean requeridas por conducto de este tribunal. 3. Como se desprende del croquis remitido por la Dirección de Servicios Periciales, para integrarse a la averiguación previa aludida en el punto anterior, el polígono irregular, que del mismo se desprende es el que el suscrito, justifiqué la posesión, y que al verificar en la actualidad con métodos más sofisticados de medición, es por lo que sé que la superficie aproximada corresponde a aproximadamente 29-00-00, veintinueve hectáreas, de las cuales agrego en copia el croquis aludido, y las ilustraciones que en la actualidad sirven para una mayor identidad del predio. 4. Resulta que me enteré de la resolución expresada, al revisar el libro de gobierno correspondiente a los registros del año 2000 dos mil, del Juzgado Segundo de lo Penal, en el que ví las anotaciones correspondientes, el día 6 seis de mayo de 2004 dos mil cuatro. Como el juicio mencionado se llevó a cabo sin haberme oído ni vencido no obstante tener interés jurídico y la averiguación previa que motivó la persona moral, ahora tercero perjudicada, en mi contra fue anterior a la que motivó el trámite que resolvió el Juzgado Segundo de lo Penal con la restitución en que lesiona los derechos del suscrito, es por lo que me permito promover el presente juicio de amparo para efecto de que no se me prive de la posesión del mencionado inmueble sin haber sido oído ni vencido en juicio ... Siendo que la aplicación de la sentencia que he dejado indicada dictada por el Juez Segundo de lo Penal de lo Común, ordena otorgar la posesión del inmueble a la ahora tercera perjudicada ... es reconocerle un derecho que corresponde al suscrito, y que el mismo se me priva sin haber sido llamado a juicio consecuentemente sin haber sido oído y vencido en juicio.’ (foja 2). De lo expresado por el solicitante del amparo se aprecia que se duele de que existe una sentencia definitiva, dictada dentro de una causa criminal, por el Juez Segundo de lo Penal del Primer Partido Judicial de la entidad, que ordena restituir el inmueble del cual es propietario y poseedor, a la ahora tercera perjudicada ... sin que para ello hubiera sido oído y vencido en dicho juicio, no obstante que con anterioridad, la citada persona moral había denunciado al impetrante de garantías, atribuyéndole el despojo del mismo terreno, pero como en dicha indagatoria no se acreditó el delito imputado y su presunta responsabilidad en su comisión, se ordenó su archivo definitivo; circunstancias que acredita con diversas constancias que anexa a su escrito de demanda, como son el contrato de donación efectuado ante notario público el dieciocho de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, entre ... y a favor de ... (hoy recurrente), respecto de una superficie de terreno que corresponde a la fracción norte de la propiedad denominada ... (foja 6); la escritura pública número ... relativa al contrato de venta con hipoteca de un predio, realizado el dieciocho de agosto de mil novecientos cuarenta y dos, entre ... (foja 7); el croquis de la finca rústica denominada ... situado en el municipio de Tonalá, Jalisco (foja 12); el certificado de los datos de inscripción de un inmueble en el Registro Público de la Propiedad (foja 13); y diversas copias simples de la averiguación previa número ... así como el acuse de recibo correspondiente a la solicitud de copias certificadas de la indagatoria referida (fojas 14 y 35). Esto es, el promovente del amparo manifiesta que se llevó a cabo el juicio criminal que culminó con la orden de restitución del predio a la hoy tercera perjudicada ... sin que le hubieran hecho sabedor de tal cuestión, para que en su carácter de propietario y poseedor de la tierra, pudiera defender tales derechos, es decir, que no formó parte en tal controversia criminal porque no fue emplazado para el efecto; siendo así las cosas, es incuestionable que se trata de un tercero extraño en el proceso criminal del que derivaron los actos ahora reclamados, y que, como así lo señaló el impetrante del amparo, culminó con una sentencia definitiva que se pretende ejecutar. Ciertamente, como lo manifestó el Juez de Distrito en el acuerdo recurrido, las partes en un procedimiento penal son el acusado, su defensor, el Ministerio Público, y excepcionalmente la parte ofendida o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a la responsabilidad civil; sin embargo, esa cuestión no está en discusión, porque el inconforme precisamente por tal motivo fue que se presentó a promover el juicio de garantías, dado que estima le asisten derechos sobre el inmueble en cuestión, y no fue llamado al proceso para tomar parte en él y defender tales derechos; por lo que al ser un tercero extraño, es incuestionable que se trata de alguien ajeno al proceso, pues no debe perderse de vista que la institución del tercero extraño tiene como características el que no figura como parte en el juicio o procedimiento; que sufre un perjuicio durante ese procedimiento o en su ejecución; que desconoce las actuaciones relativas; y, que no tuvo la oportunidad de ser oído en su defensa, lo que implica afectación a la garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 constitucional; de ahí que el artículo 107, fracción III, inciso c), de dicha Constitución Política, permite, en este caso, la procedencia inmediata del juicio de amparo indirecto, por lo que es indudable que el tercero extraño es una persona que es totalmente ajena al procedimiento; así se desprende, en lo conducente, del criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción número VIII.1o.36 K, visible en la página 792, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, cuyo texto reza: ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.’ (se transcribe). En esa virtud, no asiste razón al Juez de Distrito al aducir que el accionante no tiene legitimación activa para acudir al juicio constitucional, sólo porque no tiene la calidad de acusado, de defensor o de ofendido dentro de la causa criminal de la que surgieron los actos combatidos; y si bien es cierto que para sostener su aserto invocó el criterio titulado: ‘TERCEROS EXTRAÑOS, CASO EN QUE CARECEN DE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO O INDIRECTO.’; también lo es que se trata de una tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, lo que de ninguna manera obliga a este órgano colegiado que no la comparte; por lo que procede denunciar la contradicción de tesis de que se trata y remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación copia autorizada de esta sentencia y el disquete que la contenga, para los efectos del artículo 197-A de la Ley de Amparo; si se tiene en cuenta que el tercero extraño a un procedimiento criminal en el cual se dilucida alguna cuestión que le concierne, es inconcuso que al no haber sido emplazado, como en el caso, el quejoso aduce le ocurrió, está en posibilidad de acudir en su defensa, al juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción III, inciso c), del artículo 107 constitucional; como así lo establece la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, publicada en la página 288, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, noviembre de 1992, Octava Época, cuya sinopsis es: ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, OPORTUNIDAD PARA PROMOVER AMPARO.’ (se transcribe). Sentado lo anterior, cabe señalar que no se está ante la presencia de una causa de improcedencia manifiesta e indudable; habida consideración que dada la etapa procesal que vive el procedimiento de amparo, en la que únicamente existe el planteamiento que el promovente del amparo hizo en su demanda, siendo insuficiente para arrojar datos que permitan establecer, con toda certeza, la actualización de la causal de improcedencia invocada por el juzgador, prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 4o. y 10 de la misma ley, porque, según dijo, los actos reclamados no le deparan perjuicio al promovente; pues no debe olvidarse que tales datos en todo caso se tendrían hasta que las autoridades responsables rindan sus respectivos informes, y con base a ellos, podrá determinarse si el inmueble materia de ejecución de la sentencia definitiva, es el mismo sobre el cual el quejoso alega sus derechos de propiedad y posesión; también si resulta cierto que éste no fue llamado a la causa penal de la que emanaron los actos combatidos o tuvo conocimiento de la misma; por tanto, mientras no se diluciden, entre otras cuestiones, las ya precisadas, el juzgador de amparo, no puede ni debe desechar de plano la demanda de garantías; toda vez que no se está en presencia de una causal de improcedencia patente, clara e inobjetable, sino porque a su juicio, no existe agravio que hacer valer por parte del accionante; de manera que la decisión recurrida resulta desapegada a lo estatuido en el artículo 145 de la multirreferida ley de la materia. Es aplicable al caso, la tesis número 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del tenor literal siguiente: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’. En consecuencia, como el motivo de improcedencia aducido por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal de este Estado, no resultó manifiesto e indudable, es claro que no se surte la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo; por lo que, lo que procede es revocar el auto recurrido, con la finalidad de que el citado Juez de Distrito, provea de nuevo sobre la admisión, aclaración o inadmisión a trámite de la demanda, en la inteligencia de que en el caso de darse este último supuesto, en el proveído respectivo habrá de prescindir del motivo de improcedencia antes analizado."

III. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por su parte, resolvió el catorce de febrero de mil novecientos noventa y dos, la queja 26/92, promovida por ... de la que emitió la tesis que se transcribe a continuación:

"Son fundadas las inconformidades aducidas por la recurrente, porque si ésta compareció al juicio de garantías del que emana el presente recurso, ostentándose como tercera extraña al juicio registrado bajo el número 615/89, seguido por la sucesión de Mario Casasola Zapata, en contra de María Trinidad Valencia Ramírez, alegando que jamás fue emplazada como parte en el juicio aludido, ni se le dio intervención en forma que tuviera oportunidad de ser oída en defensa del dominio que legalmente le corresponde sobre el cincuenta por ciento del predio cuya prescripción se decretó y a este efecto señaló como actos reclamados los siguientes: ‘Del C. Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, reclamo todo lo actuado en el juicio reivindicatorio registrado bajo el expediente número 615/89, seguido en el juzgado a su cargo por Casasola Zapata Mario su sucesión, en contra de María Trinidad Valencia Ramírez, incluyendo la sentencia de 1o. de febrero de 1991 que puso fin a ese juicio y el auto que la declaró firme.’ y de la ‘La H. Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, reclamo su sentencia de 13 de mayo de 1991, dictada en el toca número 610/91, que confirma la diversa de primera instancia precisada en el párrafo precedente.’, así como el auto de ejecución dictado por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Federal y que es como sigue: ‘México, Distrito Federal, a tres de enero de mil novecientos noventa y dos, a sus autos el escrito de cuenta del promovente y en ejecución de sentencia definitiva pronunciada en el presente juicio a costa del ocursante expídasele por duplicado copia certificada de la misma y gíresele oficio al C. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para que inscriba en el folio que se indica, para que sirva de título de propiedad de la señora Ma. Trinidad Valencia Ramírez, así lo proveyó y firma la C. Juez Cuarto de lo Civil, doy fe. Notifíquese.’; y por su parte, la Juez de Distrito desechó la demanda de amparo por lo que hace a los actos reclamados en primer término, aplicando en la especie la jurisprudencia cuyo rubro es: ‘PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, OPORTUNIDAD PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS.’ (se transcribe) ... resulta por lo anterior, que la resolución de la Juez de Distrito es ilegal, porque la jurisprudencia de mérito se refiere a que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado se hace consistir en actuaciones previas al mandamiento de ejecución dictadas dentro del juicio en el cual es tercera extraña, sin embargo dejó de advertir que los actos reclamados por los cuales se desechó la demanda de garantías, están íntimamente vinculados con el mandamiento de ejecución dictado por el Juez Cuarto de lo Civil de esta capital, el tres de enero del presente año, de manera que si este último acuerdo (auto de ejecución), es una consecuencia legal y necesaria de las actuaciones dictadas en el procedimiento respecto del cual la hoy inconforme no tuvo intervención alguna, es incuestionable que dada la relación que guardan entre sí las actuaciones previas con el mencionado mandamiento de ejecución, es evidente que debió admitirse la demanda respecto de todos los actos reclamados, toda vez que, tratándose de un tercero extraño a la prosecución de un juicio, es evidente que dicho juicio (acto reclamado) sí le causa un perjuicio legal, ya que mediante ese procedimiento judicial la autoridad judicial declara o constituye un derecho en favor de una de las partes que afecta al diverso derecho que tiene el tercero extraño, como sucede en la especie cuando se resolvió en el juicio ordinario civil seguido por Mario Casasola Zapata en contra de María Trinidad Valencia Ramírez, que esta última es la propietaria de un bien inmueble por prescripción adquisitiva, y la ahora quejosa Yolanda Contreras viuda de Casasola, tercera extraña, alega en el amparo indirecto que con ese juicio se transgrede y trastoca su propio derecho de propiedad respecto del mismo inmueble, de tal manera que, si el juicio ordinario constituye el fundamento y sustento de la sentencia que declaró el derecho de propiedad por prescripción a la referida demandada, afectando el derecho de propiedad alegado por la tercero extraña, esta última puede y debe legalmente combatir la inconstitucionalidad de todo el juicio ordinario porque debió formar parte de él como demandada, a fin de ser oída y vencida en el mismo una vez debatido su derecho de propiedad; por ende, al tercero extraño al juicio no sólo le perjudica el acto de ejecución, como molestia a su posesión, sino todo el juicio y en especial la sentencia definitiva dictada porque esta resolución es la que declara o constituye el derecho que perjudica a la tercero extraña. En efecto, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado la siguiente tesis de jurisprudencia: ‘PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, FECHA PARA CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE AMPARO.’ (se transcribe) ... Puede apreciarse que en esta jurisprudencia de nuestro máximo y más Alto Tribunal de la República, claramente establece que ‘El plazo para pedir amparo contra los actos en el juicio en que no es parte’, se refiere en este párrafo a que se puede pedir amparo contra ‘actos en el juicio’ y no sólo contra actos fuera de juicio, lo que implica que el tercero sí puede señalar como acto reclamado todo el juicio, pues estas actuaciones son dentro del juicio, en tanto que la sola ejecución es un acto fuera de juicio. A su vez esta jurisprudencia señala que el tercero debe promover la demanda de amparo indirecto contando el término ‘desde la fecha en que tiene conocimiento de dichos actos’, lo cual debe entenderse desde que conoce la existencia del juicio que afecta a sus derechos, ya que de aceptarse que sólo la ejecución causa perjuicio, la jurisprudencia debería indicar que el plazo para promover el amparo debe contarse a partir de la fecha en que se ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado con todo lo cual, debe concluirse que también en la especie la oportunidad para promover la demanda de amparo fue correcta, porque se promovió el juicio dentro del plazo de 15 días contados a partir de que el quejoso ‘conoció’ el juicio que señala como reclamado en su totalidad, todo lo cual es acorde a lo establecido por la Ley de Amparo, puesto que esta legislación también se refiere en su artículo 21 a que ‘El término para la interposición del amparo será de 15 días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos’. Así pues, la Ley de Amparo en el artículo 21 transcrito, establece cuatro supuestos para promover el amparo con la debida oportunidad y que son: a) 15 días a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclama; esto es, que este supuesto se refiere a las partes que intervienen en el juicio; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos; este segundo supuesto es el aplicable al tercero extraño, pues se refiere a cuando el quejoso conoce la existencia del acto que reclama, no de su ejecución; c) o de su ejecución, supuesto que se aplica precisame

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19100-b1569371/terceros-extranos-carecen-de-legitimacion-para-acudir-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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