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Modo: Corpus Pro

TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. SUS RESOLUCIONES DEFINITIVAS SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 147/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18742
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 779.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 147/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ROBERTO MARTÍN CORDERO CARRERA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito que la motivaron y que a continuación se transcriben.

El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 2/2004, consideró, en lo conducente, lo siguiente:

"ÚNICO. No se transcriben ni analizan las consideraciones que rigen la sentencia impugnada ni los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante del amparo, en atención a que este tribunal resulta legalmente incompetente para conocer del presente juicio constitucional, pues la competencia corresponde a un Juez de Distrito en la vía indirecta. Se afirma lo anterior, toda vez que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, el acto reclamado debe provenir de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, y en el caso concreto se trata de un acto que emana de un procedimiento seguido en forma de juicio ante la autoridad denominada Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de Tijuana, Baja California, que aunque desde el punto de vista material puede realizar actos jurisdiccionales, formalmente no es un órgano de esa naturaleza, porque no fue creado por la ley sino por un reglamento y, por ende, no puede ser catalogado como ‘tribunal’ para los efectos de la procedencia del amparo directo; por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, es a un Juez de Distrito a quien corresponde conocer del presente juicio de garantías. Cierto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia número P./J. 26/98, estableció los elementos que debe reunir una autoridad para ser considerada como ‘tribunal’ para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo. La jurisprudencia de mérito está visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 20, registro 196,515, y su tenor literal es el siguiente: ‘TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. SUS NOTAS DISTINTIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. Los artículos 73, fracción XXIX-H, 116, fracción V, y 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, facultan al Congreso de la Unión, a las Legislaturas Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respectivamente, para crear tribunales de lo contencioso-administrativo con plena autonomía para dictar sus fallos. De conformidad con esas normas supremas, para que una autoridad administrativa, al realizar funciones jurisdiccionales, tenga la naturaleza de tribunal administrativo y, por ende, sus resoluciones sean susceptibles de reclamarse en amparo uniinstancial, se requiere: a) Que sea creado, estructurado y organizado mediante leyes expedidas por el Congreso de la Unión o por las Legislaturas Locales; b) Que el ordenamiento legal respectivo lo dote de autonomía plena para fallar con el fin de garantizar su imparcialidad e independencia; y c) Que su función sea la de dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares.’. Los requisitos establecidos en el criterio jurisprudencial en consulta son los siguientes: Que el órgano de que se trate sea creado, estructurado y organizado mediante leyes expedidas por el Congreso de la Unión o por las Legislaturas Locales; Que el ordenamiento legal respectivo lo dote de autonomía plena para fallar con el fin de garantizar su imparcialidad e independencia; y, Que su función sea la de dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares. Ahora bien, para demostrar que el Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal no cumple con todos los elementos apuntados, resulta conveniente transcribir los artículos 46 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, así como los numerales 5o., 6o., 8o. y 9o. del Reglamento de Justicia para el Municipio de Tijuana que, respectivamente, prevén: ‘Artículo 46. Del órgano contencioso administrativo municipal. Los Ayuntamientos instituirán en su reglamento correspondiente el órgano de lo contencioso administrativo con autonomía y definitividad en sus resoluciones, el cual radicará y resolverá las inconformidades planteadas periodo de los actos a que se refiere el artículo anterior. Dicho órgano funcionará en régimen de única instancia y sus resoluciones serán definitivas.’. ‘Artículo 5o. El Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal se compone del Juez titular y del número de secretarios, actuarios y empleados que el presupuesto determine. El Ayuntamiento podrá habilitar Jueces unitarios por cada sesenta asuntos que se presenten ante el tribunal, y conocerán de los asuntos alternativamente. El Juez del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal, será designado por el Ayuntamiento de entre los ciudadanos que conformen la terna que proponga el presidente municipal, una vez que se cumplan con los requisitos y procedimientos que se establecen en este reglamento.’. ‘Artículo 6o. El Tribunal Unitario Contencioso Administrativo conocerá: I. Del recurso de revisión respecto de las resoluciones que las dependencias emitan en conocimiento del recurso de reconsideración. II. En segunda instancia de las resoluciones de los Jueces municipales respecto del recurso de inconformidad.’. ‘Artículo 8o. Para la aplicación del examen de oposición a que se refiere el artículo anterior se seguirá, en lo conducente, el procedimiento a que se refieren los artículos 24, 25 y 26, del presente reglamento, relativos a la selección de Jueces municipales, pudiendo el Ayuntamiento realizar las adecuaciones que considere convenientes, siempre y cuando se plasmen en la convocatoria. De los resultados que se obtengan, el presidente municipal someterá la propuesta de nombramientos al Ayuntamiento para su aprobación.’. ‘Artículo 9o. El Juez del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal durará en su encargo el periodo que dure el Ayuntamiento que lo nombre, pero permanecerá desempeñando sus funciones hasta en tanto sea sustituido o seleccionado en su caso, por el siguiente Ayuntamiento. Si en el primer año de la administración de un Ayuntamiento, el Juez falta definitivamente o renuncia al cargo, el nuevo Juez será nombrado conforme los artículos 7o. y 8o. del presente reglamento, si el caso ocurre iniciado el segundo año, el Ayuntamiento lo nombrará de manera directa, a propuesta del presidente municipal. El Juez del tribunal podrá ser removido del cargo en cualquier momento por causa justificada, mediante resolución adoptada por el Ayuntamiento, en sesión de Cabildo.’. Según se desprende de los preceptos reproducidos, el Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal no fue creado por ley, sino por el Reglamento de Justicia para el Municipio de Tijuana, ya que si bien es cierto que la Ley del Régimen Municipal del Estado, en su artículo 46, contempla la obligación de los Municipios de instaurar en el reglamento correspondiente el órgano de lo contencioso administrativo, no menos verdadero es que no crea a la autoridad jurisdiccional de mérito, ni mucho menos la estructura u organización, sino que permite al reglamento correspondiente encargarse de ello. Atento a lo anterior, si bien podría pensarse que dicho órgano está previsto por ley (Ley del Régimen Municipal), en realidad su creación, estructura y organización no están contemplados ahí, como lo requiere el invocado criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que para ello se remite al reglamento respectivo, en consecuencia, los tres elementos que se exigen: creación, estructura y organización, no se prevén en la ley, sino en normas reglamentarias. Asimismo, en opinión de esta magistratura el órgano en análisis carece de autonomía plena para fallar que garantice su imparcialidad e independencia. Lo anterior, obedece a que los Jueces son nombrados por el Ayuntamiento a propuesta del presidente municipal; además, los juzgadores municipales carecen de permanencia en su encargo, pues sólo lo ocupan durante el periodo en que funcione el Ayuntamiento que los nombró y pueden ser removidos en cualquier momento por causa justificada a juicio del propio Ayuntamiento. De ahí que no está garantizada la imparcialidad e independencia del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de Tijuana, Baja California. Así las cosas, como se anticipó, el Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Tijuana, no constituye un tribunal para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo y, por tanto, la competencia para conocer de la demanda de amparo presentada por el Instituto Mini Baja, Asociación Civil, se surte a favor de un Juez de Distrito de la ciudad de Tijuana, Baja California. Por su espíritu y las razones que informa, se reproduce la jurisprudencia número 2a./J. 38/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo de 2003, página 258, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREÓN, COAHUILA. SUS RESOLUCIONES DEFINITIVAS (COLEGIADAS O UNITARIAS) SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 20, determinó que de conformidad con los artículos 73, fracción XXIX-H, 116, fracción V y 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que facultan al Congreso de la Unión, a las Legislaturas Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respectivamente, para crear tribunales de lo contencioso-administrativo con plena autonomía para dictar sus fallos, para que una autoridad administrativa, al realizar funciones jurisdiccionales, tenga la naturaleza de tribunal administrativo y, por ende, sus resoluciones sean susceptibles de reclamarse en amparo uniinstancial, se requiere: a) Que sea creado, estructurado y organizado mediante leyes expedidas por el Congreso de la Unión o por las Legislaturas Locales; b) Que el ordenamiento legal respectivo lo dote de autonomía plena para fallar con el fin de garantizar su imparcialidad e independencia; y, c) Que su función sea la de dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares. En congruencia con lo antes expuesto, y del análisis de las disposiciones relativas de la Constitución Política del Estado de Coahuila y Código Municipal de esa entidad federativa, así como del Reglamento de Justicia Municipal de Torreón, se concluye que el Tribunal de Justicia Municipal de Torreón, Coahuila (integrado por el Juzgado Colegiado Municipal y los Juzgados Unitarios Municipales), reviste la característica de autoridad para efectos del amparo, en virtud de que sus resoluciones gozan de unilateralidad, por las que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, pero no tiene el carácter de «tribunal administrativo» para la procedencia del amparo directo en contra de sus resoluciones, pues si bien es cierto que su función es la de dirimir conflictos entre el Municipio o sus funcionarios y los particulares, también lo es que aun cuando su creación deriva del Código Municipal, su estructura y organización no están previstas en ley, sino en un reglamento expedido por el Ayuntamiento de Torreón en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 115, fracción II, inciso a), de la Carta Magna, en correlación con el artículo 67, fracción XXX, de la Constitución Local y el Código Municipal aludido; en su integración y funcionamiento no es autónomo, pues el Juzgado Colegiado, que hace las veces de segunda instancia, está integrado por funcionarios del Ayuntamiento, que originariamente tienen asignadas funciones específicas dentro del gobierno, por las que reciben un salario, lo cual genera un nexo de dependencia con aquél, además de que el presidente del tribunal y los Jueces Unitarios son designados por el Ayuntamiento, a propuesta del presidente municipal; tampoco se encuentra garantizada la permanencia de los Jueces municipales, ya que durarán en el cargo el tiempo que constitucionalmente permanezca el Ayuntamiento que los nombró, aunque el presidente del tribunal pueda ser ratificado, ya que no existe garantía objetiva de ello. En consecuencia, en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, debe reconocerse a los Juzgados Colegiados o Unitarios, que conforman el Tribunal de Justicia Municipal, el carácter de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y los procedimientos que observan en los conflictos que dirimen por disposición legal -resueltos en forma definitiva-, se pueden reconocer como procedimientos seguidos en forma de juicio a que alude el dispositivo citado, pues los preceptos que los regulan prevén la presentación de una demanda, su contestación, la posibilidad de ofrecer pruebas y rendir alegatos, y el dictado de un fallo, los cuales constituyen elementos similares a los de un juicio; por tanto, sea que las violaciones se hayan cometido en el procedimiento o en la propia resolución, el amparo promovido contra los fallos definitivos dictados por dicho órgano municipal de manera colegiada o unitaria debe tramitarse en la vía indirecta ante el Juez de Distrito.’. En tales condiciones, al quedar establecido que el Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de Tijuana, no puede considerarse como ‘tribunal’ para los efectos del presente juicio de amparo directo, entonces, conforme a los artículos 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo promovido en contra de la resolución emitida por la citada autoridad administrativa, debe ser tramitado en la vía indirecta ante un Juez de Distrito. Consecuentemente y en razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, según se adelantó, este tribunal se declara legalmente incompetente para seguir conociendo de la demanda de amparo presentada, ordenando la remisión de ésta y sus anexos al Juez de Distrito en turno con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, para que se aboque al conocimiento del negocio y resuelva lo conducente. No pasa desapercibido para esta magistratura que el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 780/2003-I, estimó ser competente para conocer de un amparo directo promovido en contra de una sentencia pronunciada por el Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal, por lo que al respecto puede existir contradicción de criterios, de manera que se ordena hacer la denuncia correspondiente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el Máximo Tribunal del país decida lo que estime apegado a derecho. Por último, no es óbice que la demanda de garantías se hubiera admitido en auto de presidencia del dos de junio del año en curso, toda vez que esa clase de resoluciones no causan estado por ser determinaciones de trámite, así que debe declararse insubsistente dicho acuerdo admisorio. Comparten este criterio, los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto en Materia Civil del Primer Circuito, en sus jurisprudencias números I.5o.C. J/35 y I.6o.C. J/19, legibles en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Números 72, diciembre de 1993 y 85, enero de 1995, página 67, registros 213,937 y 209,387, que, respectivamente, dicen: ‘DEMANDA DE AMPARO O RECURSOS, AUTO QUE LOS ADMITE INCORRECTAMENTE. DEBE DECLARARSE INSUBSISTENTE. En virtud de que los acuerdos de presidencia de los Tribunales Colegiados de Circuito que admiten demandas de amparo o recursos, aun cuando no sean objeto de reclamación, no causan estado porque siempre existe la posibilidad de que el Pleno del tribunal vuelva a examinar si fueron o no admitidos conforme a la ley; es de concluirse que el citado auto que admite incorrectamente la demanda de garantías o el recurso debe declararse insubsistente, para en su lugar decretar su improcedencia y desechar la promoción de que se trate.’. ‘AUTOS DE PRESIDENCIA. NO CAUSAN ESTADO, POR SER DETERMINACIONES DE TRÁMITE. Los autos de presidencia no causan estado, por ser determinaciones tendientes a la prosecución del procedimiento, para que finalmente se pronuncie la resolución correspondiente, por lo que, si se admite un recurso, que conforme a la ley no debía admitirse, por ser improcedente, el tribunal no está obligado a respetar ese acuerdo si del estudio del medio de defensa y de las constancias de autos se advierte que, es contrario a la ley o a la jurisprudencia.’."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 780/2003-I, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución General de la República, 158 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, así como el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. La existencia del acto reclamado quedó demostrada con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como los autos del expediente número 41/2003-1. TERCERO. La sentencia reclamada se apoya en las siguientes consideraciones: (se transcriben). CUARTO. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, son los que a continuación se transcriben: (se transcriben). QUINTO. Los conceptos de violación primero y tercero hechos valer por la quejosa son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado. En efecto, la quejosa sustancialmente alega en sus conceptos de violación, que el tribunal responsable no estudió sus agravios en sus integridad, sino en partes, y que éstos los analizó de manera rigorista. Ahora bien, del análisis de los agravios que la aquí quejosa hizo valer en el recurso de revisión administrativo ante el Primer Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de Tijuana, Baja California, se aprecia que en el primero se alegó que el dictamen de uso de suelo debió extendérsele favorablemente sin restricción alguna, ya que si el propio fallo señala que de acuerdo al dictamen el predio se ubica en zona eminentemente comercial, dicho dictamen sólo puede constreñirse a declarar si el inmueble es apto para desarrollar la actividad comercial en general o no, mas no puede señalar qué tipo de actividades comerciales pueden establecerse, ya que ello es materia de la licencia de operatividad mercantil. En el tercero de sus agravios, la ahora quejosa señaló ante el tribunal responsable, que el artículo 79 del bando de policía y buen gobierno, es propio de ser aplicado a establecimientos que ya han sido autorizados, mas nunca puede ser aplicado por la autoridad que va a autorizar la actividad comercial, ya que como la propia disposición lo establece, se sanciona el que se esté practicando o induciendo a la prostitución, y en el caso concreto, el establecimiento aún no ha abierto sus puertas, por lo que no se puede aseverar que en el mismo se practique o induzca a la celebración de tales actos, la autoridad en ningún momento señala en qué afecta a la zona el establecimiento de baños a vapor y masajes terapéuticos, por lo que su motivación es deficiente, ya que no especifica cómo es que llega a tal conclusión. En su cuarto agravio, la aquí quejosa expuso ante la autoridad responsable, que en ninguna ley o reglamento se establece que la actividad de masajes terapéuticos o la de baños de vapor sea ilícita, agregando que la Dirección de Administración Urbana, no se encuentra facultada para aplicar en su resolución un reglamento, como lo es el bando de policía y buen gobierno, ya que como el propio artículo (5o.) constitucional señala, las resoluciones deben fundarse en ley. Por tanto, el veredicto que se combate no encuentra el debido sustento y fundamento, ya que el numeral 79 multicitado, es la base toral de la resolución. Por su parte, el Tribunal Unitario Administrativo responsable, al analizar los anteriores agravios, expuso: ‘... VI. A efecto de resolver en definitiva el presente recurso, es procedente entrar al estudio de todos y cada uno de los agravios expresados por el recurrente; en este sentido como primer agravio el gobernado señala una indebida aplicación de los artículos «... 1o., 2o., fracción III, 4o., 6o., fracciones XXII y XXIII, 11, fracciones I, XX y XXI, 24, 28, 29, 48, 50, 53, 83, 84, 85, 161, fracción VI y 202 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California; artículos 6o., fracción III, 11 y 57 de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California; artículo XVI-3o., fracción I, del Reglamento de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California; artículos 67 y 68 del Reglamento de Administración Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California; artículos 3o. del Reglamento Municipal para el Funcionamiento de Actividades Comerciales; y 79, fracción XXX, del bando de policía y buen gobierno municipal ...», agregando que dicha fundamentación no tiene relación con los argumentos a que hace referencia la autoridad al resolver el recurso de reconsideración y que «... la motivación no es acorde, lógica ni compatible con la normatividad en que se sustenta el fallo y además no es congruente ya que no le otorga valor a las probanzas ...». Es evidente que en la primera parte del agravio, el particular se duele de una indebida aplicación de diversos numerales de varios ordenamientos legales, sin embargo, no precisa en qué consiste exactamente la supuesta violación, por lo que a juicio del que resuelve, esta primera parte del agravio resulta ambigua; lo anterior, en virtud de que el recurrente sólo se limitó a afirmar en forma imprecisa que «dicha fundamentación. ... no es coincidente ni tiene relación con los argumentos a que hace referencia ...», pero sin precisar por qué razones concretas no fue debidamente resuelto su recurso de reconsideración y en qué consiste la indebida aplicación por parte de la autoridad recurrida de cada uno de los preceptos legales de los cuales se duele. De igual manera, el recurrente impugna en esta primera parte del agravio, la falta de congruencia en la resolución combatida al omitir la autoridad recurrida otorgar valor a las probanzas que se ofrecieron, al respecto, este tribunal sostiene que dicha aseveración resulta insuficiente, lo anterior con base en que el particular fue omiso de precisar el alcance de las pruebas, para que de esta manera este resolutor estuviera en posibilidad de resolver sobre la trascendencia de las mismas, al respecto se transcribe la jurisprudencia publicada en el Tomo XVI, noviembre de 2001, en el Semanario Judicial de la Federación: «AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se hacen consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.» (cita precedentes). Ahora bien, el particular en los párrafos siguientes del primer agravio señala: «... el dictamen de uso de suelo debió extenderse favorable, sin restricción alguna, es decir, sin señalar que únicamente se otorgaba para uso comercial complementario de estética, toda vez que el propio fallo señala que la carta urbana ubica al predio en una zona eminentemente comercial y que la misma se ha desarrollado en este sentido; por tanto, si la carta urbana ya señala el uso de suelo como comercial, la autoridad de suyo propio, no puede contrariar esta disposición sin fundarla ni motivarla ...», agregando además lo siguiente: «... por ello, debe nulificarse parcialmente la resolución que se combate, específicamente por lo que hace a lo señalado en el resolutivo primero ... debiendo ordenarse, se dicte nueva resolución en la que se dictamine factible el uso de suelo comercial en el predio propuesto, sin restricción alguna. ...». Los anteriores argumentos resultan insuficientes para nulificar el fallo al recurso de reconsideración emitido por la autoridad recurrida, lo anterior atendiendo a lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento de Justicia para el Municipio de Tijuana, Baja California, el cual precisa que el particular al interponer la revisión, debe expresar los argumentos razonados en los que funde su impugnación y los preceptos legales que siendo aplicables a la materia de que se trate considera violados por la autoridad recurrida cuando ésta emitió la resolución que se combate. Es decir, este numeral impone a los recurrentes la obligación de fundar en preceptos legales sus afirmaciones y no pueden limitarse a realizar meros razonamientos sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde exponer el por qué estiman ilegales los actos que recurren. En razón de lo anterior, a juicio de este tribunal, el primer agravio resulta insuficiente para nulificar total o parcialmente resolución combatida. VIII. Como tercer agravio el particular insiste en establecer la indebida aplicación de los artículos «... 1o., 2o., fracción III, 4o., 6o., fracciones XXII y XXIII, 11, fracciones I, XX y XXI, 24, 28, 29, 48, 50, 53, 83, 84, 85, 161, fracción VI y 202 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California; artículos 6o., fracción III, 11 y 57 de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California; artículo XVI-3o., fracción I, del Reglamento de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California; artículos 67 y 68 del Reglamento de Administración Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California; artículo 3o. del Reglamento Municipal para el Funcionamiento de Actividades Comerciales; y 79, fracción XXX, del bando de policía y buen gobierno municipal ...», agregando que dicha fundamentación no tiene relación con los argumentos a que hace referencia la autoridad al resolver el recurso de reconsideración y que «... la motivación no es acorde, lógica ni compatible con la normatividad en que se sustenta el fallo y además no es congruente ya que no le otorga valor a las probanzas ...». Por lo que en los términos del agravio anterior, ténganse por aquí reproducidas como si a la letra se insertasen todas cada una de las consideraciones que se tomaron en cuenta al realizar el análisis del primer agravio para todos los efectos legales a que haya lugar. En este tercer agravio, el particular agrega que la autoridad realiza una indebida interpretación de la fracción XXX del artículo 79 del bando de policía y gobierno, que a la letra dice: «... son infracciones que afectan el orden público, la moral de las personas, fracción XXX. Realizar en lugares públicos o privados, actividades que inviten o induzcan a la práctica de cualquier vicio o favorezcan la prostitución. ...», sin establecer si se refiere al giro comercial que pretende instalar el gobernado, pero sugiriendo que la actividad que pretende realizar el particular es inmoral y atenta contra la salud, el decoro y las buenas costumbres; solicitando el recurrente que en virtud de la indebida aplicación del mencionado artículo se modifique la resolución al recurso de reconsideración y se ordene que se le otorgue licencia de operatividad mercantil para baños a vapor y masajes terapéuticos. A juicio de este resolutor, el presente agravio resulta fundado pero inoperante, ya que del análisis realizado se concluye que en efecto, existe una incorrecta aplicación del artículo 79 del Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Tijuana, Baja California; ya que el mencionado numeral no se refiere a actividades que induzcan a la prostitución o al vicio como lo señala la autoridad en la resolución combatida, sino que el artículo 79 del supramencionado bando establece: «Artículo 79. Propiciar por descuido o abandono, la utilización por terceros de bienes inmuebles de su propiedad, y que éstos causen molestias, daños o fomenten un ambiente de inseguridad. ...». Como se aprecia, la autoridad recurrida fundó incorrectamente la resolución combatida, sin embargo, dicha ilegalidad no resulta suficiente para ordenar a la autoridad la emisión favorable de la licencia de operatividad mercantil, esto es así, en virtud de que para obtener la mencionada licencia se deben cumplir con algunos requisitos siendo uno de éstos el contar con dictamen favorable de uso de suelo, situación que en el caso concreto no ha ocurrido, por lo que no es jurídicamente posible que este tribunal nulifique la resolución al recurso de reconsideración para el efecto de ordenar la emisión de la licencia solicitada. Sirve de apoyo lo sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, a través de la siguiente jurisprudencia: Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de 1991, tesis VI. 2o. J/132, página 139, «AGRAVIOS EN LA REVISIÓN, FUNDADOS PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el recurso de revisión se hace de un agravio se llega a la conclusión de que es fundado, pero de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18742-e9f02b62/tribunal-unitario-contencioso-administrativo-municipal-de-tijuana-baja · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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