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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL MINISTRO INSTRUCTOR HAYA OTORGADO A LAS PARTES LA OPORTUNIDAD DE INDICAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE A SU JUICIO DEBE FUNGIR COMO PERITO OFICIAL, NO LO OBLIGA, PUES ESA DESIGNACIÓN ES UNA FACULTAD EXCLUSIVA DE QUIEN PROVEE EN DICHO MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 26/2005-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 47/2003. · Registro digital (IUS): 18743
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 883.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 26/2005-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 47/2003. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Acto continuo procede analizar el agravio planteado por el recurrente, en el que manifestó en síntesis:

a) Que al determinarse en el auto recurrido que los peritos que en su caso propusiera el Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez, como lo solicitó la parte recurrente para la designación del perito oficial, serían parciales por tener residencia en el Estado de Chihuahua, contraviene el artículo 17 de la Constitución Federal, en virtud de que prejuzga sobre el actuar de los peritos que forman parte del citado colegio; bajo este argumento, los peritos propuestos por el Consejo de la Judicatura Federal, por el hecho de radicar en la Ciudad de México, no serían imparciales para emitir el dictamen pericial.

b) Que el auto recurrido es violatorio del Acuerdo General 5/1998, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de junio de mil novecientos noventa y ocho, ya que el perito designado en materia de ingeniería civil, por radicar en la Ciudad de México, Distrito Federal, tiene como consecuencia el que se incremente notablemente el monto de los honorarios y gastos para la realización del peritaje, dado que es indispensable su traslado, junto con el personal que estime necesario, al Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.

Que de esta manera, la desestimación que se hace en el auto recurrido, en el sentido de que los peritos que en su caso pudieran proponer el Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez, pueden incurrir en parcialidad al rendir su peritaje, carece de sustento, puesto que es un razonamiento absolutamente subjetivo, no obstante que, por una parte, no se propuso a un perito en especial y, por otra, en cuanto a la especialidad, se colma porque son los miembros del citado colegio quienes conocen al perito que propongan, quien pudiera desarrollar con probidad el dictamen requerido; de tal manera que el auto no se encuentra debidamente fundado y motivado.

c) Que en el auto materia del recurso, se da vista a la recurrente con la designación del perito de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin dar a conocer la planilla de gastos que éste presentaría, por lo que el proveído cuestionado no se emitió en forma completa y en apego a las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 5/1998 antes mencionado.

Previamente a cualquier otra cuestión, se debe señalar que la materia de este recurso se circunscribe a determinar si el auto recurrido se adecua a lo dispuesto por la ley reglamentaria de la materia, así como a lo establecido en el Acuerdo General 5/1998 de once de junio de mil novecientos noventa y ocho; por tanto, es inatendible el argumento en el que se aduce la inconstitucionalidad del auto impugnado.

En efecto, tratándose de controversias constitucionales, su tramitación y resolución se rige por las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia, y a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante su instrucción o procedimiento se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulte incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones de los ordenamientos invocados. En consecuencia, si en el presente recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que precisamente a través del citado recurso, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá corregir las irregularidades que hubieran existido en el procedimiento.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 139/2001, consultable en la página mil cuarenta y tres del Tomo XV, enero de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:

"RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN DICHO RECURSO CUANDO SE REFIERAN A LA CONTRAVENCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL MINISTRO INSTRUCTOR.-De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conocimiento de las controversias constitucionales estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su tramitación y resolución se rigen por las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia y, a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante su instrucción o procedimiento se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones de los ordenamientos invocados. En consecuencia, si en el recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal por parte del Ministro instructor, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que a través del citado recurso este Alto Tribunal podrá corregir dentro de aquél las irregularidades del procedimiento que en su caso hubieran existido."

Precisado lo anterior, se pasa al estudio de los restantes agravios.

En cuanto a la designación de peritos, el artículo 32 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé:

"Artículo 32. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que se haga relación de ella en la propia audiencia y se tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

"Las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular deberán anunciarse diez días antes de la fecha de la audiencia, sin contar esta última ni la de ofrecimiento, exhibiendo copia de los interrogatorios para los testigos y el cuestionario para los peritos, a fin de que las partes puedan repreguntar en la audiencia. En ningún caso se admitirán más de tres testigos por cada hecho.

"Al promoverse la prueba pericial, el Ministro instructor designará al perito o peritos que estime convenientes para la práctica de la diligencia. Cada una de las partes podrá designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Ministro instructor o rinda su dictamen por separado. Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el Ministro instructor deberá excusarse de conocer cuando en él ocurra alguno de los impedimentos a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."

Del precepto legal reproducido, en lo que al caso interesa, se desprende que: a) para el desahogo de la prueba pericial, habrá uno o varios peritos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; b) estará a cargo del Ministro instructor la designación del o los peritos que estime convenientes para la práctica de la diligencia; c) cada una de las partes podrá designar un perito, ya sea para que se asocie al perito oficial, o bien, rinda su dictamen por separado; d) los peritos no son recusables; y, e) el perito oficial deberá excusarse de conocer cuando en él se actualice alguno de los impedimentos a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con lo anterior, la designación del perito de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una facultad potestativa del Ministro instructor que, por tanto, en el auto de designación no se requiere que exprese las consideraciones que tomó en cuenta para establecer la conveniencia de que la práctica de la diligencia correspondiente la lleve a cabo determinado perito, sino que basta con hacer la designación, máxime que los peritos no son recusables, de donde se infiere que la sola designación no puede constituir motivo de inconformidad de las partes en la controversia constitucional.

Así, el hecho de que, como se narra en el auto recurrido, la Ministra instructora, mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil cuatro, haya otorgado al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua la oportunidad de indicar el nombre del perito que a su juicio podría fungir como de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con la lista de peritos que le fue proporcionada, no implica que la Ministra instructora deba forzosamente designar a quien la parte oferente de la prueba proponga, pues como claramente se señala en el citado proveído, tal oportunidad no obliga a la Ministra instructora a designar al propuesto y menos aún, a solicitar una terna de peritos al Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez, como lo sugirió el ahora recurrente, pues la designación es una facultad exclusiva de quien provee en la controversia constitucional.

Atento a lo anterior, resulta infundado el agravio esgrimido por la recurrente, en el sentido de que no fue debidamente fundado y motivado el auto recurrido, en lo referente a la no aceptación de la sugerencia de solicitar una terna de peritos al citado colegio, por estimar que podrían incurrir en parcialidad.

En efecto, aunque es exacto lo aducido por la parte recurrente en el sentido de que no porque el perito resida en Ciudad Juárez tendría que incurrir en parcialidad, puesto que la respetabilidad profesional y la plenitud técnica de dichos especialistas no está en entredicho, lo cierto es que como se ha puesto de manifiesto con la transcripción del artículo 32, la Ministra instructora tiene facultades para nombrar peritos y en el caso, al hacer uso de su discreción, se ve que pretende resguardar la imparcialidad de quienes intervienen en la prueba más allá de toda duda lo que, ciertamente, no causa perjuicio a la parte recurrente.

Por cuanto hace al agravio expuesto por la parte recurrente en el sentido de que el auto recurrido es violatorio del Acuerdo General 5/1998, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de junio de mil novecientos noventa y ocho, toda vez que no se le dio vista con la planilla de gastos que el perito designado presentaría, cabe señalar lo siguiente:

Los puntos primero, segundo y tercero del citado Acuerdo General 5/1998, establecen:

"Primero. Los gastos y honorarios del perito nombrado conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 32 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el Ministro instructor de una controversia constitucional, serán pagados por la parte que ofrece la prueba."

"Segundo. El perito designado por el Ministro instructor, al aceptar el cargo y formular la protesta de ley correspondiente, previo traslado que se le dé con copia del cuestionario de la prueba pericial y de los demás elementos de juicio que el instructor considere necesarios, presentará una planilla que contenga el monto y la calendarización de sus gastos y el monto de sus honorarios."

"Tercero. El Ministro instructor dará vista a la parte oferente de la prueba con la planilla a que se refiere el punto inmediato anterior y la requerirá, mediante notificación personal, para que exhiba a disposición de dicho Ministro los billetes de depósito respectivos expedidos por Nacional Financiera, S.N.C., en los términos y plazos que establezca el propio instructor."

De las disposiciones reproducidas, se desprende que: a) los gastos y honorarios del perito oficial, serán pagados por la parte oferente de la prueba; b) la planilla que contenga el monto y la calendarización de los gastos del peritaje y el monto de los honorarios del perito, serán presentados por éste una vez que acepte y proteste el cargo; c) con la planilla mencionada, se dará vista al oferente de la prueba y se le requerirá para que exhiba los billetes de depósito que cubran los honorarios y gastos del perito.

Si bien conforme a lo dispuesto en el acuerdo general en comento, el pago de gastos y honorarios del perito se encuentran a cargo de la parte oferente de la prueba, que en este caso lo es la recurrente, y por lo cual tiene el derecho de conocer la planilla que al efecto presente el perito designado, para así realizar el pago correspondiente o manifestar su inconformidad con ella, también lo es que al emitirse el auto materia de este recurso, sólo se designó a quien fungirá como perito de este Alto Tribunal, por lo que si no se dio vista con la referida planilla, fue en virtud de que el perito aún no aceptaba ni protestaba el cargo y, consecuentemente, tampoco había presentado la planilla de gastos y honorarios respectiva.

De acuerdo con lo anterior, resulta infundado el agravio que se analiza, toda vez que no es en el auto de designación de perito en el que el Ministro instructor debe dar vista a la oferente de la prueba con la planilla de gastos y honorarios que al efecto presente el perito designado, sino hasta que éste presente la referida planilla; de tal suerte que al dictarse el auto recurrido, existía imposibilidad física y legal para dar vista con la planilla de gastos y honorarios del perito oficial.

Conforme a lo antes expuesto, resulta infundado, igualmente, el agravio esgrimido en el sentido de que el auto recurrido es violatorio del Acuerdo General 5/1998 mencionado, ya que el perito designado en materia de ingeniería civil, por radicar en la Ciudad de México, Distrito Federal, tiene como consecuencia el que se incremente notablemente el monto de los honorarios y gastos para la realización del peritaje, dado que es indispensable su traslado, junto con el personal que estime necesario, al Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, lo que podría traducirse en una actitud parcial por parte del perito.

Lo anterior es así, ya que al desconocerse el monto total que por el referido concepto corresponde pagar a la oferente de la prueba, no puede cuestionarse la designación del perito oficial por el solo hecho de que su lugar de residencia no lo es en el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, en donde deberá practicarse la diligencia conducente y que, por tanto, se incrementan los gastos; circunstancia esta última, que de ninguna forma obliga al Ministro instructor a que la designación del perito de este Alto Tribunal recaiga forzosamente en quien tenga su domicilio en el lugar en donde habrá de practicarse la diligencia, como infundadamente lo pretende la recurrente, puesto que únicamente debe tomarse en cuenta la idoneidad del especialista para rendir la prueba pericial ofrecida.

Por las consideraciones vertidas y ante lo ineficaz de los agravios planteados, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de reclamación y, por consiguiente, confirmar el acuerdo recurrido.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación.

SEGUNDO.-Se confirma el acuerdo recurrido de cuatro de enero de dos mil cinco, dictado en la controversia constitucional 47/2003.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Juan Díaz Romero (ponente).

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18743-405cef54/controversia-constitucional-la-circunstancia-de-que-el-ministro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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