AUTORIZACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EMITIDA POR UN SUBPROCURADOR EN SUSTITUCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el diecinueve de junio de dos mil dos, el recurso de revisión número 515/2002 son, fundamentalmente, las siguientes:
"SEXTO. ... Del análisis de las disposiciones anteriores se desprende que respecto de las determinaciones relativas al no ejercicio de la acción penal, son pronunciadas por funcionarios de la Procuraduría General de la República; pero algunas constituyen meras propuestas, es decir, son provisionales, sujetas a una revisión oficiosa, y otras a una resolución definitiva; así, se puede resumir de la siguiente manera: a) Primeramente, corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, encargado del trámite de la averiguación previa una vez practicadas las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos investigados, proponer el no ejercicio de la acción penal; este pronunciamiento únicamente consiste en una consulta, la cual, de manera oficiosa, se pone a consideración de su superior jerárquico. b) La siguiente etapa corresponde a una de las Direcciones Generales de Control de Procedimientos Penales ‘A’, ‘B’ o ‘C’ de la Procuraduría General de la República, quien emite un dictamen en relación con la consulta formulada, el cual es sometido para su análisis y en todo caso para su aprobación por otro funcionario de mayor jerarquía de esa dependencia. c) Finalmente, es el subprocurador ‘A’, ‘B’ o ‘C’, según corresponda, de esa institución de la administración pública federal, quien determina en definitiva el no ejercicio de la acción penal y el archivo de la indagatoria, según facultad delegada por el procurador general de la República. El procedimiento en el que se dictan esas resoluciones se desarrolla, en primer término, cuando el agente del Ministerio Público investigador, previa la práctica de las diligencias correspondientes, formula consulta de no ejercicio de la acción penal, que deberá ser notificada en un término de quince días al denunciante, querellante u ofendido, para que éste, en un término no mayor también de quince días naturales, pueda oponerse a esa consulta y solicitar la práctica de otras diligencias o hacer las consideraciones conducentes; lo cual deberá ser resuelto por el propio agente del Ministerio Público que realice la consulta, en el sentido de observar lo propuesto por el oponente, o bien, reiterar la propuesta de no ejercicio de la acción penal, en cuyo caso se notificará nuevamente al interesado. Posteriormente, de prevalecer la postura de la representación social, esa propuesta se remite a una de las Direcciones Generales de Control de Procedimientos Penales ‘A’, ‘B’o ‘C’, según corresponda de la Procuraduría General de la República, para que de ser procedente se emita un dictamen de no ejercicio de la acción penal, en cuyo caso se envía al subprocurador de Procedimientos Penales ‘A’, ‘B’ o ‘C’ de esa dependencia, para que de manera definitiva determine el no ejercicio de la acción penal; resolución esta última que debe ser notificada al denunciante, querellante u ofendido. Es así como se observa que dentro de la normatividad que impera para el dictado de esa determinación ministerial, se cuenta con un procedimiento claramente establecido, previo a la determinación definitiva de la Subprocuraduría de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República pues, en primer término, se advierte que ya sea al denunciante, querellante u ofendido, se les debe dar vista con la propuesta de no ejercicio de la acción penal del agente del Ministerio Público investigador, para estar en posibilidad de objetar esa propuesta o solicitar el desahogo de otros medios de prueba, lo cual deberá ser resuelto precisamente por ese órgano investigador. En segundo lugar, el agente del Ministerio Público investigador sostiene su determinación de no ejercer acción penal, lo cual es confirmado con el dictamen que rinda la Dirección General de Procedimientos Penales ‘A’, ‘B’ o ‘C’ de la Procuraduría General de la República y el subprocurador de Procedimientos Penales facultado para ello, en el que determine definitivamente, la improcedencia para ejercer la acción penal, de acuerdo con el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, se puede hacer valer un medio de defensa, que es la inconformidad, para que el procurador general de la República decida si en realidad debe o no ejercerse esa acción, contra la cual no cabe recurso alguno; y precisamente en contra de esa determinación, de acuerdo a la fracción VII del artículo 114 de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías ante el Juez de Distrito. En efecto, de acuerdo con el precitado artículo 133, se establece un medio de impugnación, del cual debe conocer el procurador general de la República para que resuelva sobre la autorización en definitiva de las consultas del no ejercicio de la acción penal. Del artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se advierte, incuestionablemente, que el único facultado para determinar el no ejercicio de la acción penal, es el procurador general de la República, quien es el titular del Ministerio Público de la Federación; facultad que puede ejercer de manera directa o de acuerdo con el artículo 15 del ordenamiento antes citado, en relación con la circular C/005/99, antes referida, por medio de los subprocuradores de Procedimientos Penales ‘A’, ‘B’ o ‘C’; por ello, ese medio de defensa es considerado por diversos tratadistas como una reconsideración administrativa, porque es la misma autoridad quien lo resuelve, es decir, el procurador general de la República (se transcribe doctrina). Por lo anterior, es indudable que ese medio de impugnación procede precisamente contra la resolución definitiva, en la que se determina no ejercer la acción penal, pues así lo establece el artículo 133 del citado ordenamiento, el cual, además de manera textual, dispone (se transcribe), esto es, no establece que sea una propuesta o consulta, sino una determinación de no ejercicio de la acción penal. En el caso concreto, al impetrante de garantías ... le fue notificada personalmente el quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve, la consulta de no ejercicio de la acción penal formulada por el licenciado ... agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección General del Ministerio Público Especializado ‘B’, en la averiguación previa 121/DGMPE‘B’/98; por ello, solicitó la práctica de otras diligencias ministeriales, además de exponer diversas consideraciones respecto de esa propuesta, lo cual fue resuelto por el precitado agente investigador el uno de noviembre de ese año, en el que reiteró el no ejercicio de la acción penal; esa consulta fue enviada a la Dirección General de Control de Procedimientos Penales ‘B’ de la Procuraduría General de la República para la emisión del dictamen, el cual fue emitido por el titular de esa dependencia, el veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en el que también estimó procedente el no ejercicio de la acción penal, dictamen que fue aprobado en definitiva por el subprocurador de Procedimientos Penales ‘B’ ... el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, lo cual fue notificado personalmente al ahora quejoso el ocho de octubre de dos mil uno (fojas 3405 y 3406 del anexo IV); y en contra de esa determinación, el quejoso ... el diecinueve del mismo mes y año, promovió directamente el juicio constitucional, cuya resolución es materia de esta revisión. Esto es, que del contenido de las constancias de autos se observa que la parte quejosa no hizo valer el recurso de inconformidad, no obstante el haber tenido conocimiento del acto reclamado, tal como quedó precisado con anterioridad, y si refiere el a quo que el impetrante de garantías sí agotó el principio de definitividad, ya que en contra de la resolución del quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección General del Ministerio Público Especializado ‘B’ de la Procuraduría General de la República, interpuso su inconformidad en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo A/006/92, tal consideración, como lo sostienen los recurrentes, es incorrecta, porque se reitera, ese medio de defensa procede no contra las propuestas o consultas, sino contra la determinación de no ejercicio de la acción penal, tan es así, que la objeción a esa propuesta que prevé el precitado acuerdo, se resuelve por el propio agente investigador, y el medio de impugnación de que se trata debe ser resuelto por el procurador general de la República; y en ese sentido, este órgano colegiado advierte la incongruencia en que incurrió el Juez de Distrito al sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado al director general de Control de Procedimientos Penales ‘B’ de la Procuraduría General de la República, es decir, quien emite el dictamen de la propuesta de no ejercicio de la acción penal, con el argumento de que esa resolución no es la definitiva, de acuerdo con el precitado artículo 133 del código procesal de la materia y, no obstante ello, sostenga que el ahora recurrente, conforme a ese precepto se haya inconformado con la consulta que hizo el Ministerio Público investigador. En estas condiciones, la interposición de ese medio de defensa y su resolución que sería la definitiva, constituirían un requisito sine qua non para la procedencia del amparo."
Similares consideraciones sostuvo al resolver los recursos de revisión 595/2002 el veintiséis de junio de dos mil dos y 495/2003 el nueve de abril de dos mil tres.
CUARTO. Las consideraciones del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, el recurso de revisión número 429/2004 son, fundamentalmente, las siguientes:
"QUINTO. ... De las anteriores transcripciones se observan las reglas o pasos a seguir en relación con las determinaciones relativas al no ejercicio de la acción penal, pronunciadas por funcionarios de la Procuraduría General de la República, como se verá a continuación. 1. En primer lugar, corresponde a los agentes del Ministerio Público de la Federación tramitar las averiguaciones previas y, por ende, proponer la consulta del no ejercicio de la acción penal en los casos que precisa el artículo 137 del Código Federal de Procedimientos Penales, determinación que no constituye un no ejercicio de la acción penal, sino una mera propuesta de consulta, que oficiosamente se pone en consideración de un superior. Previo a proceder conforme a la última parte del párrafo que antecede, deberá notificarse dicha propuesta al denunciante, querellante u ofendido para los efectos que precisa el numeral 113 del Código Federal de Procedimientos Penales y así, dentro de un término no mayor de quince días, formule las observaciones que considere pertinentes, esto es, solicite el desahogo de alguna diligencia o prueba para el perfeccionamiento de la averiguación previa; lo cual deberá atender el Ministerio Público integrador, y una vez desahogadas las observaciones que, en su caso, se hubieran precisado, de insistir en el no ejercicio de la acción penal, efectuará nueva propuesta de consulta y notificará al interesado para los efectos antes precisados, y en caso de que no formule alguna observación dentro del aludido término, remitirá los autos al superior para que dictamine la procedencia de tal propuesta. 2. En la siguiente etapa, corresponde a una de las Direcciones Generales de Control de Procedimientos Penales ‘A’, ‘B’ o ‘C’ de la Procuraduría General de la República, dictaminar en relación con la propuesta aludida para la posterior revisión en definitiva del procurador o del servidor público que éste designe para la aprobación del no ejercicio de la acción penal y de la reserva. Es importante precisar que en caso de que la Dirección General de Control de Procedimientos Penales que corresponda, no apruebe tal propuesta de consulta de no ejercicio de la acción penal, devolverá los autos al Ministerio Público integrador para que atienda las observaciones dadas; en el supuesto de aprobarse la propuesta de consulta, conforme al capítulo IX, puntos vigésimo quinto y vigésimo sexto de la circular C/005/99, emitida el doce de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por el entonces procurador general de la República, el Ministerio Público de la Federación que conozca de la averiguación previa, deberá notificar por estrados durante quince días continuos a los denunciantes, querellantes u ofendidos, tal consulta sobre el no ejercicio de la acción penal, a efecto de que durante un término igual pueda oponerse a la consulta de referencia y presentar los argumentos que a su derecho convengan. Cabe agregar que es en dicha fase en donde el denunciante, querellante u ofendido puede ocurrir al procurador general de la República, dentro del término de quince días para que sea éste quien oyendo el parecer de sus agentes auxiliares, decida en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal, ello de conformidad con el ordinal 133, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Penales. 3. En la última etapa, es el procurador general de la República quien podrá resolver directamente sobre la autorización en definitiva del no ejercicio de la acción penal, sin perjuicio de la delegación de facultades. Cabe agregar que independientemente de que el denunciante, querellante u ofendido se oponga o no a la aludida consulta, oficiosamente debe emitirse tal resolución. En la hipótesis que nos ocupa, conforme al punto vigésimo séptimo de la aludida circular C/005/99, es al subprocurador de Procedimientos Penales ‘A’, ‘B’ o ‘C’ de la aludida institución, a quien el procurador delega la facultad de autorizar en definitiva el no ejercicio de la acción penal respecto de las consultas que formulen las Direcciones Generales de Control de Procedimientos ‘A’, ‘B’ o ‘C’ de la Procuraduría General de la República. Al respecto, conviene precisar que de acuerdo con el numeral 133, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, contra la resolución del procurador no cabe recurso alguno. Ahora bien, en el caso, la resolución emitida el veintisiete de septiembre de dos mil dos, por el subprocurador de Procedimientos Penales ‘A’ de la Procuraduría General de la República, en la que dictaminó: ‘Autoriza. Única. En definitiva el no ejercicio de la acción penal.’, conforme al artículo 133 del citado ordenamiento procesal, constituye una determinación definitiva, en contra de la cual no existe recurso legal o medio de impugnación alguno que la modifique, revoque o confirme, por lo que es procedente se ejerza en su contra la acción constitucional de acuerdo con el diverso 114, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental. Así es, dar una interpretación distinta a lo antes señalado como lo pretende el recurrente, esto es, que contra la determinación que autoriza en definitiva el no ejercicio de la acción penal, que como se observó en los párrafos que anteceden bien puede emitirla el procurador general de la República o el funcionario que autorice para ello, procede la inconformidad a que refiere el ordinal 133 del precitado ordenamiento legal, haría nugatoria la inconformidad a que refiere dicho ordenamiento, dado que el mismo procurador revisará nuevamente su determinación, lo que seguramente traería la consecuencia de confirmarla, restándole eficacia a dicha disposición procesal. Cabe agregar que no hace improcedente el juicio de garantías el hecho de que el quejoso no interpuso la inconformidad a que refiere el dispositivo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales contra la resolución emitida el también veintisiete de septiembre de dos mil dos, por el director general de Control de Procedimientos Penales ‘A’ de la Procuraduría General de la República, en la que dictaminó la procedencia de la consulta del no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa 722/FEFSF/00, puesto que dicha determinación no fue notificada a dicha parte conforme lo dispone el capítulo IX, puntos vigésimo quinto y vigésimo sexto de la circular C/005/99, e inclusive en la misma fecha el subprocurador de Procedimientos Penales ‘A’ de la aludida institución, autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal, resolución que al tener el carácter de definitiva hace improcedente la inconformidad en contra de la misma y, por consiguiente, procede ejercer la acción constitucional, conforme al artículo 114, fracción VII, de la ley de la materia."
QUINTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Así, se tiene que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en resumen, estima que el recurso que contempla el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el sentido de que contra la determinación del no ejercicio de la acción penal procede la inconformidad ante el procurador general de la República, debe hacerse valer antes de acudir al juicio de amparo, a efecto de agotar el principio de definitividad.
Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en esencia, considera que interpretar el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el sentido de que contra la determinación que autoriza en definitiva el no ejercicio de la acción penal, que bien puede emitirla el procurador general de la República o el servidor público que se autorice para ello, procede la inconformidad a que refiere el numeral en cita, haría nugatoria la inconformidad a que refiere dicho ordenamiento, dado que el mismo procurador revisará nuevamente su determinación, lo que seguramente traería la consecuencia de confirmarla, restándole eficacia a dicha disposición procesal.
De lo expuesto se advierte:
a) Que al resolver asuntos similares puestos a su consideración, los órganos colegiados examinaron la misma cuestión jurídica, es decir, si la autorización del no ejercicio de la acción penal a que se refiere el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales emitida por un subprocurador en uso de facultades que al respecto le delegue el procurador general de la República, es o no definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo.
b) Que la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones de las resoluciones respectivas.
c) Que los criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues los Tribunales Colegiados al ocuparse del artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, arribaron a diferentes conclusiones.
De todo lo que se lleva dicho, se llega a la conclusión de que en este caso sí existe contradicción de tesis, consistente en determinar si la autorización del no ejercicio de la acción penal, a que se refiere el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, emitida por un subprocurador en uso de facultades que al respecto le delegue el procurador general de la República, es o no definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo.
No es obstáculo a lo anterior la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla no imponen dicho requisito.
En relación con este punto cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, que es la siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
SEXTO.-Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de las consideraciones siguientes:
Como ya quedó establecido, la presente contradicción de tesis consiste en determinar si la autorización del no ejercicio de la acción penal a que se refiere el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, emitida por un subprocurador en uso de facultades que al respecto le delegue el procurador general de la República, es o no definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo
Al respecto el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales dice lo siguiente:
"Artículo 133. Cuando en vista de la averiguación previa el agente del Ministerio Público a quien la Ley Reglamentaria del Artículo 102 de la Constitución General de la República faculte para hacerlo, determinare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denunciante, el querellante o el ofendido, podrán ocurrir al procurador general de la República dentro del término de quince días contados desde que se les haya hecho saber esa determinación, para que este funcionario, oyendo el parecer de sus agentes auxiliares, decida en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal.
"Contra la resolución del procurador no cabe recurso alguno, pero puede ser motivo de responsabilidad."
Por su parte, los artículos 8o., fracción I y 14 de la actual Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República señalan:
"Artículo 8. El procurador general de la República, así como los servidores públicos en quienes delegue la facultad y los que autorice el reglamento de esta ley, resolverán en definitiva:
"I. El no ejercicio de la acción penal."
"Artículo 14. El procurador general de la República, para la mejor organización y funcionamiento de la institución, podrá delegar facultades, excepto aquellas que por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás ordenamientos aplicables, deban ser ejercidas por el propio procurador. Asimismo, podrá adscribir orgánicamente las unidades y órganos técnicos y administrativos que establezca el reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables."
De lo anterior se desprende que corresponde originariamente al procurador general de la República resolver en definitiva sobre las propuestas de no ejercicio de la acción penal, para lo cual debe atender a los argumentos que se hagan valer en el recurso de inconformidad que contempla el citado artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, de lo que se deduce que dicho recurso debe interponerse al momento en que cualquier servidor público distinto del titular del Ministerio Público de la Federación proponga el no ejercicio de la acción penal.
Sin embargo, y en virtud de que el procurador general de la República puede ser sustituido en el ejercicio de la citada función, de determinar en definitiva el no ejercicio de la acción penal, cuando ello ocurra, la resolución que al respecto dicte el servidor público sustituto, no puede ser materia del recurso de inconformidad de referencia, puesto que dicho pronunciamiento tiene el carácter de definitivo, de ahí que el amparo indirecto proceda en contra de la resolución emitida por el subprocurador a nombre del titular de la dependencia señalada.
Así, se está en un supuesto en que el servidor público adquiere las facultades que en virtud del acto de sustitución puede ejercerlas de acuerdo con su criterio, y será directamente responsable del acto y de sus consecuencias.
En estas condiciones, esta Primera Sala estima que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio redactado con el siguiente rubro y texto:
-De los artículos 133 del Código Federal de Procedimientos Penales; 8o., fracción I, y 14 de la actual Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se desprende que corresponde originariamente al procurador general de la República resolver en definitiva sobre las propuestas de no ejercicio de la acción penal, para lo cual debe atender a los argumentos que se hagan valer en el recurso de inconformidad que contempla el citado artículo 133 de la normatividad adjetiva federal, de lo que se deduce que dicho recurso debe interponerse al momento en que cualquier servidor público distinto del titular del Ministerio Público de la Federación, proponga el no ejercicio de la acción penal; sin embargo, y en virtud de la facultad del procurador de ser sustituido en la citada función de determinar en definitiva el no ejercicio de la acción penal, cuando ello ocurra, la resolución que al respecto dicte el servidor público sustituto, no puede ser materia del recurso de inconformidad de referencia, puesto que dicho pronunciamiento tiene el carácter de definitivo, de ahí que el amparo indirecto proceda en contra de la resolución emitida por el subprocurador, en sustitución del titular de la dependencia señalada.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Sí existe contradicción entre los criterios sustentados por el Quinto y el Noveno Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Se declara que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sostenido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la tesis redactada en el último considerando del presente fallo.
TERCERO.-Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como al Tribunal Pleno y a la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales de Circuito y a los Jueces de Distrito para su conocimiento.
Notifíquese; cúmplase y, en su oportunidad, archívese el toca relativo a la presente contradicción de tesis, como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza (ponente), José Ramón Cossío Díaz y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18759-83e0a768/autorizacion-del-no-ejercicio-de-la-accion-penal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD CUANDO SE LLEVA A CABO ÚNICAMENTE PARA COMETER LOS DELITOS DE ROBO O EXTORSIÓN. ES UN TIPO ESPECIAL CUYA ACTUALIZACIÓN EXCLUYE LA ACREDITACIÓN EN FO (CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2004-PS)
- TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 200 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. DEBE IMPONERLA EL JUEZ DE LA CAUS (CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2006-PS)
- SUSTITUCIÓN DE LA PENA Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE SU EJECUCIÓN. AL DICTAR SENTENCIA, EL JUZGADOR PUEDE CONCEDER ALTERNATIVAMENTE DICHOS BENEFICIOS, PARA QUE EL SENTENCIADO OPTE PO (CONTRADICCIÓN DE TESIS 77/2005-PS)
- ROBO. CUANDO SE COMETE RESPECTO DE UN VEHÍCULO AUTOMOTRIZ, PARTICULAR O DE SERVICIO PÚBLICO, Y EN ÉL SE ENCUENTRA LA VÍCTIMA, CONCURREN LAS CALIFICATIVAS PREVISTAS EN LAS FRACCIONE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/2005-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- ACTOS NEGATIVOS. (VI.1o.235 K)
- AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. (2284)
- INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis