INTERÉS JURÍDICO DEL DEUDOR. NO SE ACREDITA PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA UN CONVENIO DE DACIÓN EN PAGO, RESPECTO DE LOS DERECHOS LITIGIOSOS DERIVADOS DE LA CONDENA AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS DEL JUICIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 67/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió el amparo en revisión 903/2001, promovido por Banco del Centro, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, del cual se desprende que dicha entidad financiera fue condenada al pago de costas judiciales a favor de los demandados; que estos últimos designaron a José Alberto Avelar Sotelo, con el carácter de cesionario de los derechos litigiosos del crédito, derivados de la condena en costas hecha en perjuicio de aquélla, por lo que solicitó a la autoridad judicial que le reconociera esa designación a efecto de poder deducir tales derechos dentro del procedimiento de liquidación correspondiente.
Que por acuerdo de quince de enero de dos mil, el Juez responsable acordó en forma negativa la solicitud de que se trata y, en tal virtud, el referido cesionario interpuso en su contra recurso de revocación, el cual se estimó fundado y suficiente para modificar el auto combatido, teniéndosele en consecuencia subrogando los derechos originales a favor de la demandada.
En contra de esta resolución, el Banco del Centro, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, promovió juicio de amparo indirecto ante el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Jalisco, quien en sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil uno, sobreseyó en el juicio de amparo, por considerar que el acto reclamado no produce alguna afectación real a la esfera jurídica de la quejosa, dado que la cesión de derechos, respecto de la cual la citada parte quejosa promovió el recurso de revisión citado en párrafos precedentes, tiene como único efecto un cambio en el sujeto activo, dejando subsistente la obligación de pago a cargo de la quejosa.
Ahora bien, la sentencia dictada por el referido órgano colegiado el primero de febrero de dos mil dos, se apoya esencialmente en las siguientes consideraciones:
"CUARTO. ... Ahora bien, es preciso señalar que el interés jurídico para acudir al juicio constitucional ha sido definido un sinnúmero de veces por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en particular, que se concreta en forma individual, otorgándole a su titular alguna facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio, y en términos del artículo 4o. de la ley que regula el juicio de amparo, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento, o cualquier otro acto que se reclame, por ello, no es suficiente que se acredite la existencia de alguna situación abstracta que pueda estimarse violatoria de garantías para poder concluir que quien acude al juicio de amparo en efecto se vea afectado por ésta, sino que es necesario que quien acude al juicio constitucional acredite fehacientemente que el acto que reclama le ha ocasionado un agravio personal y directo en su esfera jurídica, pues si un acto de autoridad no causa éste, no puede existir interés jurídico para intentar válidamente la acción constitucional contra dicho acto. Por tanto, si el acto reclamado, tal como lo estableció el Juez Federal, solamente traerá como efecto que se realice un cambio en el acreedor y dicho cambio no modificó la obligación a cargo de la institución de crédito recurrente, es inconcuso que con el mismo no se ocasionó agravio alguno a su esfera jurídica, por lo cual no se puede estar en el supuesto que aduce, de estimar que con aquél se afecte su interés jurídico. Luego, dado que en términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo antes citado el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento, o cualquier otro acto que se reclame, es inconcuso que la legitimación a que se refiere dicho precepto para iniciar y seguir el juicio de garantías debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Asimismo, el agravio debe recaer en la persona que ocurre al juicio constitucional, concretarse en ésta y no ser abstracto o genérico, así como también el mismo debe ser de realización pasada, presente o inminente, es decir, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético, dado que los actos simplemente probables -como los que señala la recurrente- no engendran agravio, ya que resulta indispensable que aquéllos existan o que haya elementos de los que pueda deducirse su realización futura con certeza. Así, en virtud de que la esfera jurídica o patrimonial de la hoy institución de crédito recurrente no fue tocada por el acto que reclama, es inconcuso que éste no le causa un agravio actual y directo y, por tanto, es nítido que al no afectarse su interés jurídico el juicio constitucional es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo."
En torno a ese tema, el referido Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con fecha siete de abril de dos mil tres, resolvió el amparo en revisión 51/2003, de cuyos antecedentes deriva lo siguiente:
Bancrecer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, promovió el juicio mercantil ejecutivo número 4239/97, en contra de José Manuel y Jaime de apellidos Gómez Vázquez Aldana, en el que por sentencia definitiva se absolvió a estos últimos de la totalidad de las prestaciones que se les reclamaban, condenándose a la parte actora, quejosa en el juicio de garantías, al pago de gastos y costas, misma determinación que fue confirmada en la segunda instancia por sentencia dictada el uno de marzo de dos mil.
Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil uno, la citada parte actora celebró ante notario público un convenio a favor de Elías Hernández Orozco y Patricio Fernández Cortina, a través del cual realizaron dación en pago como parte de sus honorarios, respecto de los derechos que tienen sobre los gastos y costas a cuyo pago fue condenado Bancrecer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancrecer.
Con el convenio de que se trata, Elías Hernández Orozco y Patricio Fernández Cortina, en su calidad de titulares del derecho al cobro de costas, promovieron incidente de liquidación de gastos y costas en el que, al dictarse la resolución correspondiente, se consideró procedente tenerles acreditando la dación en pago de los gastos y costas y, por ende, se reconoció el derecho inherente a ese acto jurídico.
En contra de esta determinación, la institución de crédito actora interpuso en su contra recurso de apelación, misma que al resolverse por la Sala responsable fue confirmada en sus términos al haber resultado infundados los agravios formulados en su contra, siendo esta resolución la que constituye el acto reclamado en el juicio de garantías y en el que se concedió la protección de la Justicia Federal a dicha institución, por estimarse que el convenio de dación en pago resulta ilegal por contravenir lo dispuesto por los artículos 2276 y 2277 del Código Civil para el Distrito Federal y para toda la República, aplicado supletoriamente al Código de Comercio.
Inconforme con esta decisión la parte tercera perjudicada -demandados en el juicio natural-, interpusieron el recurso de revisión arriba enunciado, en el que al dictarse sentencia, esencialmente, se sostuvo:
"QUINTO. Resulta fundado y suficiente para revocar el fallo recurrido, uno de los agravios expuestos por el recurrente, lo cual hace innecesario el estudio de los restantes, de conformidad con la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este tribunal comparte, localizable en la página 383 del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1917-1995, cuyo sumario es el siguiente: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe). En efecto, le asiste la razón a la parte inconforme al argumentar en el primer agravio que, contrario a lo considerado por el Juez de Distrito, el juicio de amparo es improcedente, toda vez que la parte quejosa no tiene facultades para oponerse u opinar sobre la transmisión de una deuda, ya que sólo debe notificársele tal acto, a fin de evitar su doble pago, motivo por el cual el acto reclamado por la peticionaria de garantías -transmisión de una deuda-, no afecta su interés jurídico, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, consecuentemente el juicio debe sobreseerse en términos del artículo 74, fracción III. Ahora bien, de las constancias de autos que fueron remitidas a este tribunal para la sustanciación del presente recurso, las cuales tienen eficacia probatoria plena en los términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., se advierte que: Héctor Gómez Caro, en su carácter de apoderado general judicial para pleitos y cobranzas para actos de administración en materia laboral, para asuntos penales y de representación ante autoridades administrativas de Bancrecer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de quien reclamó la sentencia interlocutoria pronunciada el siete de agosto de dos mil, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del acuerdo dictado el seis de marzo del referido año en el juicio ejecutivo mercantil 4239/97, por medio del cual se tuvo a la parte demandada en el juicio natural, Jaime y José Manuel Gómez Vázquez, celebrando convenio en dación de pago con sus abogados patronos Patricio Fernández Cortina y Elías Hernández Orozco, respecto de los derechos que les corresponden al pago de gastos y costas. Es importante señalar que los derechos litigiosos materia del convenio, cuya aprobación se reclama, constituye la condena en costas dictada contra la institución crediticia actora en el juicio cuya resolución se revisa. Luego, en primer término, debe precisarse que el interés jurídico para acudir al juicio constitucional ha sido definido un sinnúmero de veces por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en particular, que se concreta en forma individual, otorgándole a su titular alguna facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio. Asimismo, debe considerarse que el artículo 4o. de la Ley de Amparo establece quiénes pueden acudir al juicio de amparo, pues al respecto, en lo conducente, prevé: ‘Artículo 4o.’ (se transcribe). De la lectura del precepto en cita se colige que no es suficiente que se acredite la existencia de alguna situación abstracta que pueda estimarse violatoria de garantías para poder concluir que quien acude al juicio de amparo en efecto se vea afectado por ésta, sino que es necesario que quien acude al juicio constitucional acredite fehacientemente que el acto que reclama le ha ocasionado un agravio personal y directo en su esfera jurídica, pues si un acto de autoridad no causa éste, no puede existir interés jurídico para intentar válidamente la acción constitucional contra dicho acto. Por otra parte, si el acto reclamado solamente traerá como efecto que se realice un cambio en el acreedor, y dicho cambio no modificó la obligación a cargo de la institución crediticia quejosa, es inconcuso que con el mismo no se ocasionó agravio alguno a su esfera jurídica, por lo cual, tal como lo afirma la parte recurrente, se actualiza el supuesto de que el acto reclamado no afecta su interés jurídico. Luego, en razón de que en términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, es inconcuso que la legitimación a que se refiere dicho precepto para iniciar y seguir el juicio de garantías debe fundarse en el agravio causado por el acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Esto es, el agravio debe recaer en la persona que ocurre al juicio constitucional, concretarse en ésta y no ser abstracto o genérico, así como también, el mismo debe ser de realización pasada, presente o inminente, esto es, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético, en razón de que los actos simplemente probables -como los que señala la peticionaria de garantías en la resolución que ahora se revisa- no engendran agravio, ya que resulta indispensable que aquéllos existan o que haya elementos de los que pueda deducirse su realización futura con certeza. (Sobre el tema en particular, este tribunal sostuvo similar criterio al resolver la revisión principal 903/2001). Consecuentemente, como la esfera jurídica o patrimonial de la institución crediticia quejosa no fue tocada por el acto que reclama, es inconcuso que éste no le causa un agravio actual y directo; de ahí que se actualice en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que lo debido es sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia, haciéndose extensivo dicho sobreseimiento a los actos de ejecución que también se reclaman al Juez y secretarios adscritos al Juzgado Quinto de lo Mercantil con residencia en esta ciudad, al no haberse reclamado por vicios propios."
QUINTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión 353/2002 y 401/2002, promovidos por Elías Hernández Orozco y otros, y Jaime Gómez Vázquez Aldana y otros, resueltos en sesión de cuatro de diciembre de dos mil dos y treinta de enero de dos mil tres, respectivamente, sostuvo lo siguiente:
Por lo que se refiere al amparo en revisión 353/2002, se advierte que sus antecedentes derivan del juicio ejecutivo mercantil número 4421/97, promovido por Bancrecer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en contra de Juan Pablo Gómez Af Trolle, Jaime Gómez Vázquez Aldana y José Manuel Gómez Vázquez, en el cual se absolvió a estos últimos de todas y cada una de las prestaciones que se les reclamaron, condenándose, por tanto, a la parte actora -quejosa en el juicio de garantías- al pago de gastos y costas, resolución que al recurrirse en apelación por la última mencionada fue confirmada en sus términos por la Sala del conocimiento.
En virtud de lo anterior, Elías Hernández Orozco y Patricio Fernández Cortina, quienes se ostentaron como titulares del derecho al cobro de las costas a que fue condenada la parte actora, con motivo del convenio de dación en pago que celebraron ante notario público con la parte demandada en el juicio natural, promovieron incidente de liquidación de gastos y costas, dentro del cual se le reconoció el carácter con que se ostentaron; lo que motivó que la parte actora impugnara a través del recurso de apelación dicha resolución que fue confirmada por la Sala responsable.
Inconforme con el fallo de mérito, la institución bancaria actora promovió juicio de amparo indirecto, en el que se le concedió el amparo solicitado por estimarse ilegal el convenio de dación en pago celebrado entre la parte demandada y sus abogados patronos.
Al ser inconformes los últimos mencionados con la referida resolución, promovieron el recurso de revisión 353/2002, que culminó con la sentencia que en la parte que interesa sostiene:
"Por otra parte, debe decirse que en el particular tampoco opera la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que, respecto a ello, cabe señalar que en el supuesto no concedido de que la institución bancaria quejosa careciera de legitimación para oponerse a la transmisión de la deuda, ello no significaría que el acto reclamado en el juicio de garantías que, como antes se dijo, se hizo consistir en la resolución que confirmó el auto que aprobó el convenio de dación en pago celebrado entre la parte demandada y sus abogados patronos y admitió el incidente de liquidación de gastos y costas, no le cause afectación a su esfera jurídica pues, como se puede observar, dicha afectación se produce por el solo hecho de que la quejosa es parte en el juicio natural y fue condenada a pagar los gastos y costas que se pretenden hacer efectivos por los abogados de la parte demandada, aquí recurrente. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia consultable en la página 37 del Número 68, agosto de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO. PARTE EN UN PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe). Expuesto lo anterior, y al no existir diversa causal de improcedencia que se haga valer por parte interesada dentro del presente juicio, y al no advertirse de oficio la existencia de ninguna otra, este Tribunal Colegiado pasa al estudio de los agravios esgrimidos."
Por lo que se refiere al amparo en revisión 401/2002, sus antecedentes derivan del juicio ejecutivo mercantil 4420/97, promovido por Bancrecer, Sociedad Anónima de Banca Múltiple, en contra de Arquitectura de Interiores, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jaime Gómez Vázquez Aldana y José Manuel Gómez Vázquez en el que se absolvió a estos últimos de la totalidad de las prestaciones que se les reclamaron, condenándose a la parte actora, ahora quejosa, al pago de gastos y costas, cuya sentencia fue confirmada por el tribunal de apelación.
En virtud de lo anterior, Elías Hernández Orozco y Patricio Fernández Cortina, en su calidad de titulares del derecho al cobro de costas, derivado del convenio de dación en pago que celebraron con los demandados mediante escritura pública, promovieron incidente de liquidación de gastos y costas, en el que se les reconoció esa personalidad.
Inconforme con dicha determinación, la institución de crédito actora promovió recurso de apelación, mismo que se declaró infundado y cuya resolución constituye el acto reclamado en el juicio de garantías del que deriva este asunto.
Al resolver dicho medio de impugnación, el treinta de enero de dos mil tres, el Tribunal Colegiado del conocimiento, en lo que interesa, sostuvo:
"Es inexacto que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que en el supuesto no concedido de que la institución bancaria quejosa careciera de legitimación para oponerse a la transmisión de la deuda, ello no significaría que el acto reclamado en el juicio de garantías que se revisa que, como se advierte de los antecedentes que destacó el resolutor federal, se hizo consistir en la resolución que confirmó el proveído que aprobó el convenio de dación en pago celebrado entre los demandados y sus abogados patronos y admitió el incidente de liquidación de gastos y costas que promovieron éstos, no le cause afectación en su esfera jurídica, dado que esto ocurre por el solo hecho de que la impetrante es parte actora en el juicio natural y en ese carácter fue condenada a pagar a favor de su contraria los gastos y costas que se generaron con motivo del juicio natural, sanción que pretenden hacer efectiva los abogados de los titulares de la legitimación pasiva, aquí recurrentes. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 525 que puede consultarse en la página 464 del referido Tomo y Apéndice, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO. PARTES EN UN PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe)."
SEXTO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en relación con el tema materia de la presente contradicción, resolvió los amparos en revisión 355/2002 y 157/2003, promovidos por José Manuel y Jaime de apellidos Gómez Vázquez Aldana, y por José de Jesús Ruiz Pérez, respectivamente, resueltos en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil dos y veintiséis de mayo de dos mil tres.
Del amparo en revisión 355/2002 derivan los siguientes antecedentes:
Bancrecer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancrecer, antes Banoro, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, demandó en la vía ejecutiva mercantil a Jaime y José Manuel de apellidos Gómez Vázquez Aldana, a los cuales se absolvió de las prestaciones que se les reclamaron al dictarse sentencia definitiva y, en consecuencia, se condenó a la primera mencionada al pago de los gastos y costas del juicio, resolución ésta que fue confirmada por el tribunal de alzada.
Con motivo de lo anterior, Elías Hernández Orozco y Patricio Fernández Cortina promovieron incidente de liquidación de gastos y costas ostentándose titulares del derecho al cobro de los mismos, al habérseles dado en pago ese derecho por la parte demandada mediante convenio que celebraron, por lo que habiéndose aprobado judicialmente dicho acuerdo de voluntades, la parte actora se inconformó interponiendo en su contra el recurso de apelación que fue declarado infundado, siendo esta resolución la que se señaló como acto reclamado en el juicio de garantías.
Habiendo correspondido conocer de dicha demanda al Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, al dictar sentencia concedió la protección constitucional solicitada, por estimar ilegal el convenio de dación en pago de los derechos al cobro de costas, determinación que fue recurrida en la revisión que conoció el referido Cuarto Tribunal Colegiado, quien al resolver, en la parte que interesa, sostuvo:
"Por otra parte, debe decirse que, en el particular, tampoco opera la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que en el supuesto no concedido de que la institución bancaria, ahora quejosa, careciera de legitimación para oponerse a la transmisión de su deuda, como lo afirman los recurrentes, ello no significa que el acto reclamado en el juicio de garantías que se hizo consistir en la resolución que confirmó el auto que aprobó el convenio de dación en pago celebrado entre la parte demandada y sus abogados patronos y admitió el incidente de liquidación de gastos y costas, no le cause afectación a su esfera jurídica, pues dicha afectación se produce por el solo hecho de que la quejosa es parte en el juicio natural y fue condenada a pagar los gastos y costas que se pretenden hacer efectivos por los abogados de la parte demandada, aquí recurrente. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y la diversa sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que se comparten, consultables en las páginas 37 y 360 del Número 68, agosto de 1993 y Tomo X, octubre de 1992, de la Gaceta y Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, que dicen: ‘INTERÉS JURÍDICO. PARTES EN UN PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe). ‘INTERÉS JURÍDICO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.’ (se transcribe)."
Finalmente, de la revisión 157/2003, del índice del propio Cuarto Tribunal Colegiado, se desprende lo siguiente:
Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, promovió el juicio sumario civil hipotecario 1004/98, en contra de José de Jesús Rubio Torres y de María Teresa Flores de Rubio, en el que al dictarse la sentencia respectiva se condenó a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas, por lo que, inconformes con ese fallo, interpusieron en su contra recurso de apelación, mismo que al resolverse modificó la sentencia recurrida, declarando improcedente la vía hipotecaria y, en tal virtud, condenó a la parte actora al pago de gastos y costas a favor de los demandados.
Posteriormente, tomando en consideración que la parte actora desistió de la acción y la parte demandada renunció a cualquier prestación a que tuviera derecho, se dio por concluido el juicio natural y además se recibió el escrito por el cual el abogado patrono de los demandados solicitó se requiriera a la parte actora al pago de los gastos y costas a que fue condenada, ordenándosele se estuviera a lo antes resuelto.
Inconforme con dicho acuerdo, el citado abogado patrono interpuso recurso de revocación parcial, que fue declarado infundado, resolución ésta que reclamó a través del juicio de amparo indirecto en el que se le negó la protección de la Justicia Federal solicitada.
Al conocer de la revisión que en contra de dicha sentencia interpuso la parte quejosa, el Cuarto Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente:
"QUINTO. Los agravios que expresa el disconforme resultan infundados e inoperantes. El acto reclamado en el juicio de garantías del que emana el presente recurso se hizo consistir en la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dos, dictada por el Juez Séptimo de lo Civil en esta ciudad, en el juicio hipotecario número 1004/98, mediante el que se confirmó el diverso de veintinueve de agosto (posterior a la sentencia ejecutoria), en el que se tuvo a las partes (actora y demandada) dando por concluido el juicio y renunciando a cualquier prestación a la que tuvieran derecho. El Juez de Distrito negó al quejoso, aquí disconforme, el amparo y protección de la Justicia Federal. El recurrente sostiene, en esencia, que contrario a lo estimado por el Juez de Distrito, él es el titular de las costas, a cuyo pago el ad quem condenó al banco actor en la ejecutoria dictada en el procedimiento de origen, por ser el abogado patrono de la parte vencedora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y, por ende, que su representado carecía de legitimación para renunciar a esa prestación; igualmente afirma que de acuerdo a lo establecido en el artículo 640 del mismo código (aplicable en el juicio sumario), el cual establece que en las sentencias respectivas será en las que tenga lugar el señalamiento oficioso del monto de las costas que deben cumplirse y que ello lleva a la conclusión obvia de que no habrá regulación posterior al respecto, y en esa resolución es el momento de examinar si la parte vencedora se asistió de abogado recibido, para luego integrar el monto de sus honorarios a la cantidad precisa que ha de condenarse como costas, y al efecto invoca las tesis de rubros: ‘COSTAS, CORRESPONDE EL BENEFICIO DE ÉSTAS CUANDO HAY CONDENA, AL ABOGADO DE LA PARTE QUE OBTUVO.’ y ‘COSTAS EN LOS JUICIOS SUMARIOS, HONORARIOS DEL ABOGADO PATRONO COMO PARTE DE LAS. EN LAS SENTENCIAS RESPECTIVAS DEBE HACERSE EL EXAMEN EN ESE CONCEPTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’. Ahora bien, el artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco dispone: ‘Artículo 138.’ (se transcribe). Asimismo, es pertinente asentar que las costas no comprenden únicamente los honorarios de los abogados que hubieran intervenido en el juicio, sino cualquier erogación que se suscite con motivo del litigio, tales como honorarios de perito, pago de derechos por expedición de copias certificadas, alquiler de vehículos necesarios para la práctica de diligencias, depósito de bienes embargados, etcétera. Sirve de apoyo, el criterio que se comparte, sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la jurisprudencia número III.1o.C. J/5, publicada en la página 424 del Tomo II del mes de septiembre de 1995, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘COSTAS, CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe). Pero además de lo anterior, del numeral 138 transcrito se advierte que es inexacto que el abogado patrono sea titular de la parte de las costas que incide en sus honorarios y, por ende, que su representado carezca de legitimación para renunciar al pago de ese rubro, porque si de acuerdo a ese precepto cada parte será inmediatamente responsable de las costas de las diligencias que promueva, pero en caso de condenación en costas, la parte sentenciada indemnizará a la otra de todas las que hubiera anticipado, ello implica que la directamente responsable del pago de los honorarios de su abogado es cada parte y, por tanto, esa relación de prestación de servicios únicamente la integra el abogado y el cliente, sin que tenga intervención la contraparte condenada al pago de costas, luego, el pago derivado de la condena debe hacerse a la parte vencedora, quien a su vez debe cubrir los honorarios a su abogado, pues éste no tiene ninguna relación con la contraparte de aquélla, luego, si ésta (la vencedora en costas), no ha cubierto los honorarios a su abogado, debe responder directamente ante él de sus obligaciones), si no lo hace, éste está en aptitud de reclamárselas mediante el ejercicio de la acción correspondiente, en caso necesario. Lo anterior se corrobora con el hecho de que el abogado y su cliente saben la cantidad adeudada y los anticipos hechos por concepto de honorarios, por lo que el Juez no está en aptitud de conocer qué parte del monto de aqu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18775-21a80e6c/interes-juridico-del-deudor-no-se-acredita-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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