DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 62/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEXTO. En este asunto sí se satisfacen los supuestos mencionados que condicionan una contradicción de tesis, y para constatarlo es menester transcribir y examinar a continuación la parte conducente de las ejecutorias de las que derivaron los criterios en conflicto:
1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito emitió los siguientes criterios, relacionados con la presente contradicción:
a) Al resolver la improcedencia 69/96, en la ejecutoria de trece de febrero de mil novecientos noventa y seis, estableció:
"TERCERO. Supliendo sus deficiencias con base en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, se estiman sustancialmente fundados los agravios hechos valer. La facultad que a los Jueces de Distrito otorga el artículo 145 de dicha ley para desechar las demandas, constituye un verdadero caso de excepción, pues la regla general es de que tales demandas deben ser admitidas y sólo cuando existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia es posible desecharlas. Al respecto se invoca la ejecutoria visible en el Informe de 1979, Tercera Parte, página 160, que dice: ‘DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA.’ (se transcribe). Acerca de lo que debe entenderse por los referidos calificativos de manifiesto e indudable, en la tesis que aparece publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, mayo de 1992, página 424, se lee: ‘DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS.’ (se transcribe). Si a lo anterior se agrega que los actos futuros son aquellos cuya ejecución es remota, mas no pueden considerarse así los que sin existir es inminente su realización (jurisprudencia 73 de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario citado), resulta indudable que para poder convencerse plenamente de que un acto es futuro e incierto, el juzgador tiene que tener a la vista las correspondientes constancias de las actuaciones, pues por muy remota que parezca la ejecución de un acto, puede suceder que la autoridad responsable ya haya ordenado se lleve a cabo o esté a punto de hacerlo, o bien, que aunque ésta lo niegue, el afectado pueda demostrar lo contrario. Lo explicado conduce a concluir que, por regla general, no es factible desechar una demanda de amparo indirecto con el argumento de que los actos reclamados son actos futuros e inciertos, puesto que esa causa no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que para ello se ocupa de que se recaben pruebas sobre el particular. Sólo por las razones que en ella se plasman, se trae a colación la tesis consultable en el Informe de 1988, Tercera Parte, página 71, que previene: ‘IMPROCEDENCIA, MOTIVO MANIFIESTO DE.’ (se transcribe). Antes de finalizar, conviene añadir que si bien es verdad que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sustentó el criterio en el cual se apoyó el Juez Federal para desechar la demanda, consistente en que se cataloga acto futuro e incierto el temor del promovente a que se le embarguen bienes, no deja de ser menos cierto que esa opinión la emitió dicho tribunal en el amparo en revisión 50/90, según se desprende de la tesis que puede verse en la Octava Época del Semanario aludido, Tomo V, enero a junio de 1990, página 498; o sea, que el juicio se tramitó, mas no se desechó la demanda, que es justo lo que ocurre en la especie, en la inteligencia de que los criterios que existen sobre actos futuros que hacen improcedente el juicio constitucional, cuando menos los que se mencionarán a continuación, han sido sostenidos en amparos ya comenzados, esto es, no desechados, y así se encuentran los siguientes: ‘ACTOS FUTUROS INMINENTES, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR.’ (Octava Época, Semanario susodicho, Tomo XI, marzo de 1993, página 202) y ‘ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. NO LO SON AQUELLOS QUE FUERON DECLARADOS COMO PRESUMIBLEMENTE CIERTOS Y QUE FORMAN PARTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE IMPUGNACIÓN.’ (Época y Semanario acabados de citar, Tomo XV-1, febrero de 1995, página 138). Procede entonces revocar el acuerdo sujeto a revisión y ordenar al Juez de Distrito que, salvo que advierta una causa distinta a la en que apoyó dicha resolución de notoria e indudable improcedencia, admita la demanda de garantías." (fojas 167 a 172 del cuaderno de la contradicción).
De esta ejecutoria derivó la tesis que enseguida se reproduce:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: V, enero de 1997
"Tesis: III.3o.C.13 K
"Página: 410
"ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. NO CONSTITUYEN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los actos futuros son aquellos cuya ejecución es remota, mas no pueden considerarse así los que, sin existir, es inminente su realización (jurisprudencia 73, Segunda Parte, del Apéndice 1917-1988, página 120 del Semanario Judicial de la Federación). Así, resulta indudable que para poder convencerse plenamente de que un acto es futuro e incierto, el juzgador debe tener a la vista las correspondientes constancias de las actuaciones, pues por muy lejana que parezca la ejecución de un acto puede suceder que la autoridad responsable ya haya ordenado que se lleve a cabo o esté a punto de hacerlo, o bien que aunque ésta lo niegue el afectado pueda demostrar lo contrario. Lo explicado conduce a concluir que por regla general no es factible desechar una demanda de amparo indirecto con el argumento de que los reclamados son actos futuros e inciertos, puesto que esa causa no constituye motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que para ello se requiere que se reciban pruebas sobre el particular.
"Amparo en revisión (improcedencia) 69/96. Edith Sandoval Moreno. 13 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Roberto Macías Valdivia."
b) En la improcedencia 708/2001 pronunció la ejecutoria de diecisiete de agosto de dos mil uno que, en su parte conducente, dice:
"TERCERO. Debido a que es sustancialmente fundado el único agravio que se analizará, se hace innecesario el estudio de los restantes, de acuerdo con lo que prescribe la jurisprudencia 460 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que precisa: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe). El artículo 145 de la Ley de Amparo dispone: (se transcribe). Conforme a la jurisprudencia existente, el calificativo manifiesto a que alude el precepto citado, se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la sola lectura del libelo, en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate opera en tal forma que ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Según se vio, el Juez Federal estimó que los actos reclamados (consistentes en la probable orden y ejecución de lanzamiento de cierto espacio de terreno que posee la quejosa), no pueden ser considerados como inminentes y de realización cierta, debido a que aquélla refirió que desconoce si existe radicado en su contra procedimiento alguno; sin embargo, tal causa de improcedencia no puede ser considerada como indudable y manifiesta, ya que existe la posibilidad de que durante la tramitación del juicio de garantías se aporten elementos probatorios aptos y suficientes que acrediten la existencia de tal orden de ejecución y, por ende, la afectación a la esfera jurídica de la promovente de amparo, por lo que, ante tal eventualidad, no es posible considerar que lo futuro e incierto sea un motivo suficiente para no admitir la demanda por no actualizarse los supuestos exigidos por el citado artículo 145. Sobre el particular es de exacta aplicación la tesis de este tribunal, localizable en la Novena Época del Semanario invocado, Tomo V, enero de 1997, página 410, que previene: ‘ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. NO CONSTITUYEN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). Procede, por tanto, revocar el proveído que se revisa y ordenar al Juez de Distrito que admita la demanda de garantías." (fojas 173 a 178 del cuaderno de la contradicción).
2. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la improcedencia 64/2002, en la ejecutoria de catorce de marzo de dos mil dos consideró:
"TERCERO. Los agravios son fundados aunque para arribar a esa conclusión deba suplirse la queja en su deficiencia, en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo. De acuerdo al artículo 145 de dicha ley, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; sin embargo, esa potestad no es ilimitada, ni depende del criterio puramente subjetivo del juzgador, sino que para ello debe analizar si, en el caso, se surte alguna de las causas reguladas en el artículo 73 de ley invocada, u otra prevista en un precepto legal relacionado con la fracción XVIII de esa norma. Luego, si para desechar una demanda de amparo se requiere que el motivo sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrado, se estima que de no estarlo debe admitirse para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no, habida cuenta que las causales de improcedencia son denegatorias de justicia, de suerte que si al acordar sobre la admisión del libelo no está fehacientemente probada una de ellas y pese a ello se desecha aquél, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional, sin posibilidad de prueba al respecto. Así, justamente se sostiene en las jurisprudencias 748 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y la 749 del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, mismas que se comparten, publicadas en las páginas 504 y 505 del Tomo VI, Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que respectivamente dicen: ‘DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS.’ (se transcribe). ‘DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA.’ (se transcribe). Conforme a lo expresado, procede afirmar que los actos futuros e inciertos no constituyen motivo manifiesto e indudable de improcedencia para haberse desechado la demanda de que se trata, en virtud de que el proceder del Juez Federal priva al quejoso de probar que dichos actos son inminentes. Lo anterior es así, en la medida de que el juzgador para poder convencerse plenamente de que el acto es futuro e incierto, debe tener a la vista las constancias de las actuaciones de donde emana el acto tildado de inconstitucional, ya que por muy remota que parezca la posibilidad de su ejecución, puede suceder que la responsable ya lo haya ordenado o esté a punto de hacerlo, o bien, que aunque lo niegue el quejoso puede demostrar lo contrario. Así, justamente se sostiene en la tesis que se comparte, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, que con el número III.3o.C.13 K, aparece publicada en la página 410 del Tomo V de enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. NO CONSTITUYEN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). En esas circunstancias, lo conducente es revocar el acuerdo recurrido para el efecto de que el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado, si no existe algún motivo para mandar aclarar la aludida demanda de garantías, la admita a trámite, sin perjuicio de que con posterioridad se dicte el sobreseimiento que corresponda si del resultado del estudio respectivo aparece realmente la existencia de alguna causal de improcedencia. Finalmente, en vista de que el criterio aquí sostenido es contrario a aquellos citados por el Juez de Distrito, en la resolución recurrida (pertenecientes, según él, al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, al resolver la improcedencia 477/2001, así como al Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al decidir la diversa improcedencia 817/2001), procede hacer la correspondiente denuncia de contradicción de tesis, enviando para ello lo conducente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación." (fojas 30 a 55 del cuaderno de la contradicción).
3. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la ejecutoria de quince de noviembre de dos mil uno, dictada en la improcedencia 817/2001, consideró lo siguiente:
"CUARTO. Los anteriores agravios son infundados. En efecto, el acto reclamado ante el Juez de Distrito se hizo consistir en el posible embargo con intervención a la caja que pretende realizar el secretario ejecutor del Juzgado Quinto de lo Mercantil de esta ciudad, en cumplimiento a lo ordenado en los autos del juicio ejecutivo mercantil 288/2000, promovido por Citibank México, S.A., contra la empresa mercantil denominada Turbana, S.A. de C.V. y otros codemandados, así como su ejecución, procedimiento en el cual la quejosa, hoy recurrente, resulta ser tercera extraña. Para desechar la demanda de garantías, el Juez de Distrito basó su determinación, sustancialmente, en que los actos reclamados son futuros e inciertos, toda vez que no pueden considerarse de ninguna manera de ejecución inminente, en virtud de que la orden de embargo no se dirige en contra de la quejosa sino, en todo caso, de la parte demandada, por lo cual carece de interés jurídico para promover el juicio constitucional. En contra de tal determinación la recurrente arguye que el Juez de Distrito no advirtió que se reclama la inminente ejecución con intervención a la caja en contra de una persona moral, en el domicilio social de la quejosa, como se demuestra con el acta citatorio que se adjuntó, por lo cual la ejecución no es eventual, sino presente, cierta e inminente, actos que de ejecutarse serían de imposible reparación, lo que la legitima para proveer (sic) el juicio de amparo, siendo procedente el amparo indirecto en términos de los artículos 4o. y 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Es así, toda vez que contrario a lo alegado por la disconforme, del acta citatorio que adjuntó la impetrante de garantías en copia certificada se advierte, en lo que interesa, que el secretario ejecutor del Juzgado Quinto de lo Mercantil de esta ciudad, dejó citatorio con una persona que dijo llamarse ... en la finca marcada con el número 299 de la calle Bajada de las Águilas, Fraccionamiento Lomas del Valle, Segunda Sección, Zapopan, Jalisco, en virtud de que no encontró al representante legal de la demandada Turbana, S.A. de C.V., por lo cual: (se transcribe). De lo anterior se colige que la diligencia de embargo con intervención a la caja, respecto de la cual se dejó el citatorio aludido, se dirige contra la demandada Turbana, S.A. de C.V., es decir, una persona moral determinada y específica, y no en contra de la sociedad mercantil que tenga su domicilio social en el lugar donde se dejó el citatorio de mérito; por lo que en ese sentido, no puede afirmarse que se va a ejecutar en perjuicio de la quejosa, hoy recurrente, primero porque, como se advirtió, la orden de embargo con intervención a la caja se dirige contra la demandada en el juicio de origen y no contra la quejosa, pues del acta citatorio respectivo se advierte que se dejó citatorio con la persona que se encontraba en ese momento, pero con la finalidad de que al día siguiente esperara el representante legal de la demandada y no el apoderado de la quejosa; por ende, por el momento, no existe orden de embargo dirigida contra la impetrante de garantías, hoy recurrente, razón por la cual no está justificado que se haya ordenado diligencia de embargo en contra de cualquier ocupante del inmueble señalado en el citatorio de mérito; y segundo, porque nada impide pensar que el funcionario que, en su caso, vaya a practicar la diligencia relativa, solamente intervenga la caja de la demandada y se respeten los derechos de la peticionaria de garantías. Tampoco puede afirmarse ni concederse que el acto sea de naturaleza inminente, porque la inminencia de un acto deriva de que sea la consecuencia lógica, jurídica y necesaria de otro distinto, de tal suerte que de manera indefectible, tenga como resultado el que este último anuncia, así, por ejemplo, será inminente la desposesión de un bien, la clausura de un negocio, el arresto de una persona cuando ya existe la orden en tal sentido, pues es evidente que ésta tendrá que cumplirse en breve y sin lugar a dudas en perjuicio del individuo a la que va dirigida y no de otro distinto, luego, se insiste, si en la especie la orden de embargo con intervención a la caja se dirige contra la demandada en el juicio natural y no contra la disconforme, no puede desprenderse inminencia alguna; razones las mencionadas por las cuales el juicio de amparo es improcedente pues, en caso contrario, será a partir de que se ejecute dicha orden en perjuicio de la quejosa, cuando estaría legitimada y tendría interés jurídico para promover el juicio de garantías en términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo; además de que con la documentación necesaria podrá demostrar, al momento de la ejecución, que es una persona moral distinta a la demandada. Tiene aplicación al particular la jurisprudencia número 26, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el epígrafe de: ‘AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL.’ (se transcribe). Por otra parte, contrario a lo alegado por la recurrente, sí resulta aplicable el artículo 511, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en aplicación supletoria a la legislación mercantil, toda vez que en el capítulo II del título octavo del Código de Procedimientos Civiles del Estado, también se contempla la ejecución de las demás resoluciones dictadas por los tribunales de los Estados, del Distrito Federal y del extranjero, y no únicamente respecto de ejecuciones de sentencias; por ende, si lo que se pretende ejecutar es una orden de embargo dictada por una (sic) Juez del Distrito Federal, es evidente que sí resulta aplicable el precepto legal invocado. Además, que también (sic) resulta aplicable el artículo 1392 del Código de Comercio, pues los requerimientos y embargos que se practican en bienes de personas morales, se hacen con intervención a la caja, tal como lo dispone el artículo 540 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en aplicación supletoria a la legislación mercantil. En consecuencia, al ser los actos reclamados futuros e inciertos, toda vez que no pueden considerarse de ninguna manera de ejecución inminente y, por ende, no causan un agravio personal y directo a la quejosa, es innegable que la demanda de garantías debe desecharse, con apoyo en el artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o. de la ley de la materia, como acertadamente lo resolvió el Juez Federal. En esta tesitura, al resultar infundados los agravios esgrimidos por la recurrente, debe confirmarse el proveído impugnado." (fojas 61 a 75 del cuaderno de la contradicción).
4. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito emitió los siguientes criterios, relacionados con el tema de la contradicción.
En la improcedencia 887/99 pronunció la ejecutoria de dos de julio de mil novecientos noventa y nueve, en donde consideró lo siguiente:
"CUARTO. Son infundados los motivos de agravio. En efecto, aun cuando el Juez de Distrito afirma equivocadamente que el acto reclamado lo constituye la orden de embargo en bienes propiedad de la esposa del ahora recurrente, y no el inminente embargo y secuestro de los bienes de éste; ello a la postre es irrelevante, porque de cualquier forma el acto en cuestión es futuro e incierto y, por ello, de momento no le afecta en su esfera jurídica. Sostiene el recurrente, contra lo que afirma el Juez de Distrito, que sí se perjudica su interés jurídico con el acto reclamado y que éste es de carácter inminente, porque ya se libró la orden para que su esposa, parte demandada en el juicio natural, en cumplimiento del fallo dictado en ese juicio sea embargada, tan es así, sigue afirmando, que ya en una oportunidad fueron a su domicilio a tratar de ejecutarla, y que de llevarse a cabo dicha orden, se vería afectado porque se encuentra desposado bajo el régimen de sociedad legal, correspondiéndole, por ello, el cincuenta por ciento de los bienes. No le asiste razón, porque la inminencia de un acto deriva de que sea la consecuencia lógica, jurídica y necesaria de otro distinto, de tal suerte que, de manera indefectible, tenga como resultado necesario el que este último anuncia; así, por ejemplo, será inminente la desposesión de un bien, la clausura de un negocio, el arresto de una persona cuando ya existe la orden en ese sentido, pues es evidente que ésta tendrá que cumplirse en breve y sin lugar a dudas, en perjuicio del individuo a la (sic) que va dirigida y no de otro distinto. En ese contexto, aun cuando en la especie exista la orden de embargo en perjuicio de la demandada en el juicio natural, esposa del aquí disconforme, no por ello puede decirse, sin dar lugar a equivocarse, porque están desposados bajo el régimen de sociedad legal, que también se va a embargar el cincuenta por ciento del porcentaje que le corresponde, primero, porque no existe ninguna orden dirigida en su contra y, segundo, porque nada impide pensar que el funcionario que vaya a practicar la diligencia solamente trabe embargo en el porcentaje que pertenece en exclusiva a la demandada. Así, se insiste, no puede estimarse entonces que el acto reclamado sea de naturaleza inminente y, por consecuencia, que se vaya a afectar el interés jurídico del disconforme pues, para que esto ocurra, es menester que suceda el hecho concreto, esto es, la materialización del embargo en los derechos que le corresponden puesto que, mientras no acontezca esto, como bien lo sostiene el Juez de Distrito, tampoco puede verse afectada su esfera jurídica. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia que con el número 5/98, se publica en la página noventa y seis del Tomo VII del mes de enero de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR.’ (se transcribe). Así como en la diversa tesis de jurisprudencia número 6/98, que se reproduce en la página noventa y cinco, de la obra en consulta, que reza: ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI).’ (se transcribe). Así, aun cuando la tesis que cita el Juez de Distrito, de rubro: ‘TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, HASTA CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES JURÍDICOS PARA EFECTOS DEL AMPARO.’, aparentemente le beneficia al recurrente, este tribunal no puede compartirla porque se ve superada por las razones que informan las jurisprudencias invocadas. Por consecuencia, como lo estimó el Juez de Distrito, sí se actualiza la causal de improcedencia que previene el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo y, por ello, debe confirmarse el acto recurrido." (fojas 96 a 107 vuelta del cuaderno de la contradicción).
En términos similares se pronunció el propio Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver los siguientes asuntos:
a) Improcedencia 161/2000, en ejecutoria de diecisiete de abril de dos mil;
b) Improcedencia 1062/2000, en ejecutoria de veintiuno de septiembre de dos mil;
c) Improcedencia 477/2001, en ejecutoria de veinte de abril de dos mil uno;
d) Revisión principal 1529/2000, en ejecutoria de catorce de noviembre de dos mil; y,
e) Revisión principal 1994/2000, en ejecutoria de dos de febrero de dos mil uno.
SÉPTIMO. Es necesario destacar, anticipadamente, que con excepción de los recursos de revisión 1529/2000 y 1994/2000, donde el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito decretó sobreseimiento en el juicio, en todos los demás recursos de revisión (improcedencias) se examinaron desechamientos de demandas de amparo y se involucraron actos reclamados que fueron considerados futuros e inciertos.
Esa situación lleva a esta Primera Sala a estimar que las consideraciones vertidas y lo resuelto en aquellos dos asuntos, no pueden tomarse en cuenta para resolver la presente contradicción de tesis, pues aun cuando exista similitud en la causa de improcedencia que motivó los sobreseimientos y los desechamientos de demanda, es evidente que el diferente momento procesal en que se decretaron esas determinaciones permite considerar que existe discrepancia en los elementos analizados en unos y otros casos.
Se considera así, porque al resolver sobre el desechamiento de demanda el juzgador sólo cuenta con la demanda y sus anexos. En cambio, la resolución de sobreseimiento implica la admisión de la demanda, que ya se tramitó el juicio en todas sus etapas, y que el quejoso tuvo oportunidad de ofrecer pruebas para demostrar la existencia del acto reclamado y la afectación a sus intereses jurídicos.
Esto es así, pues al recibir una demanda de garantías, el artículo 145 de la Ley de Amparo impone el deber a los Jueces de Distrito, de examinar la demanda, y en caso de que encontraren algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deben desechar de plano.
El mencionado precepto prescribe lo siguiente:
"Artículo 145. El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado."
Es muy distinto el caso en que al pronunciarse la sentencia de amparo se decide sobreseer en el juicio pues, como ya se ha dicho, esa resolución implica la admisión de la demanda, que ya se tramitó el juicio en todas sus etapas, y que el quejoso tuvo oportunidad de ofrecer pruebas para demostrar la existencia del acto reclamado y la afectación a sus intereses jurídicos, lo cual se confirma con lo que a ese respecto previenen los artículos 155, primer párrafo y 77 de la Ley de Amparo, que enseguida se reproducen.
"Artículo 155. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda."
"Artículo 77. Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:
"I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;
"II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado;
"III. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo."
Con dicha salvedad, cabe destacar lo siguiente:
1. En la ejecutoria de la improcedencia 69/96, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se aprecia que el Juez de Distrito desechó la demanda de garantías, con base en que la quejosa hizo consistir el acto reclamado en una orden de embargo de bienes, decretada por el Juez Sexto de lo Civil con sede en Guadalajara, Jalisco, en un juicio civil sumario que no se promovió en su contra, y la promovente adujo que el embargo reclamado pretendía efectuarse en bienes tanto de su propiedad como de su menor hijo, de lo cual el Juez dedujo que no existía certeza de que el citado embargo se realizaría en bienes pertenecientes a la parte quejosa, por lo que el acto reclamado era futuro e incierto, y en su contra no procedía el juicio de amparo.
En contra del proveído desechatorio de la demanda de garantías, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, y al resolverlo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito revocó el acuerdo recurrido, a cuyo efecto razonó que aunque parezca remota la ejecución de un acto, puede suceder que la autoridad responsable haya ordenado que se lleve a cabo, o esté a punto de hacerlo, por lo que conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, al no constituir los actos futuros e inciertos un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, no es factible desechar la demanda donde se reclamen ese tipo de actos.
De esa resolución de la improcedencia 69/96, derivó la tesis de rubro: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. NO CONSTITUYEN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.", que se encuentra transcrita íntegramente en las páginas 14 y 15 del presente veredicto.
2. Igualmente, en la ejecutoria de la improcedencia 708/2001, pronunciada por el propio Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se aprecia que el Juez de Distrito desechó la diversa demanda de garantías, con apoyo en que de los Jueces y secretarios ejecutores de los Juzgados Primero al Décimo Tercero de lo Civil de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se reclamaba el posible lanzamiento y desocupación de un módulo de ventas dado en arrendamiento; por lo que esos actos no eran inminentes y de realización cierta, ya que la parte quejosa desconocía la existencia de algún procedimiento in
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17612-5593f4a3/demanda-de-amparo-la-reclamacion-de-un-acto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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