HONORARIOS DE ABOGADOS. EN SU CUANTIFICACIÓN, CONFORME AL ARANCEL QUE LOS RIGE Y ANTE LA FALTA DE CONVENIO ENTRE EL ABOGADO POSTULANTE Y SU CLIENTE, DEBE APLICARSE EL DECRETO QUE CREÓ UNA NUEVA UNIDAD DEL SISTEMA MONETARIO NACIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 60/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Ahora bien, a fin de precisar y determinar si en el caso existe o no la contradicción de tesis denunciada, es conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones en que sustentaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
Así se tiene que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al emitir su pronunciamiento definitivo el veinte de marzo de dos mil dos, en el recurso de revisión 19/2002, promovido por María Elena de la O Robles Martínez Cuesta, en la parte que aquí interesa sostuvo, sustancialmente, lo siguiente:
"TERCERO. Los agravios son inoperantes en parte y fundados en lo demás. ... En cambio, son sustancialmente fundados el resto de los agravios expresados. En efecto, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, el cual, en lo que interesa, ofrece la siguiente redacción: 'Decreto por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente: Decreto. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: Se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 1o. Se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos equivalente a mil pesos actuales. La nueva unidad conservará el nombre de «peso» y se dividirá en cien «centavos». La unidad continuará representándose con el símbolo «$» y los «centavos» se representarán con el símbolo «c». Art. 2o. Las obligaciones en moneda nacional deberán contraerse en la nueva unidad monetaria, en sus múltiplos y, en su caso, submúltiplos. Art. 3o. Las obligaciones de pago en moneda nacional se solventarán mediante la entrega, por su valor nominal, de los signos monetarios que representen a la nueva unidad. Esta prevención es aplicable al pago en moneda nacional de obligaciones contraídas en moneda extranjera. Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1993, con la excepción del décimo transitorio, el cual entrará en vigor el día siguiente al de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación. ... Noveno. Las expresiones en moneda nacional contenidas en leyes, reglamentos, circulares u otras disposiciones, que hayan entrado en vigor con anterioridad al 1o. de enero de 1993, se entenderán referidas a la unidad monetaria que se sustituye. Al computar, expresar o pagar dichas cantidades en la nueva unidad monetaria, se aplicará la equivalencia establecida en el artículo 1o.'. De lo anterior se infiere que la cantidad en dinero que establezca determinado ordenamiento legal antes de la vigencia del aludido decreto, se entiende que son en viejos pesos y debe efectuarse el cálculo con la equivalencia a los pesos actuales. Así, verbigracia, el artículo 5o. del Arancel para Abogados que rige en el Estado, reformado mediante Decreto 11224, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el veintidós de enero de mil novecientos ochenta y tres, textualmente dispone: 'En los juicios civiles, penales, laborales, administrativos, de amparo u otros semejantes que no tengan valor pecuniario o que no se pueda determinar, se regularán los honorarios con la estimación de $1,000.00 a $100,000.00 según la importancia del derecho y el asunto que se ventile, los trabajos que se presenten, el éxito que se obtenga, las circunstancias personales del cliente y todo aquello que sirva para hacer una justa regulación de los honorarios.'. Así, la cantidad de mil y cien mil pesos que dicho precepto refiere, atento los artículos primero y noveno, anteriormente transitorios, equivaldrían, de acuerdo a esta nueva unidad monetaria, a uno y cien pesos, respectivamente. Esto es así, porque el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del día veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, creó una nueva unidad del Sistema Monetario del país, equivalente a mil viejos pesos, en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y tres, unidad monetaria que conservó el nombre de 'peso', divisible en cien 'centavos', que dio lugar, primero, a los nuevos pesos y, luego, a los pesos actuales, para lo cual se efectuó la supresión de tres ceros en la moneda, conversión que no sólo resultó aplicable para las obligaciones pecuniarias previamente contraídas y en el mercado cambiario en general, sino que también se hizo extensiva a las alusiones en dinero nacional contenidas en leyes, reglamentos, circulares y otras disposiciones que hayan entrado en vigor con anterioridad al primero de enero de mil novecientos noventa y tres, según lo expresamente dispuesto en el artículo noveno transitorio del citado decreto. En consecuencia, las cantidades de dinero de que trata el aludido arancel, se entienden referidas a la unidad monetaria que se sustituyó, esto es, a los viejos pesos, y debe efectuarse el cálculo con la equivalencia a los pesos actuales. No obsta para arribar a la anterior conclusión, las consideraciones que tuvo en cuenta el Juez de Distrito para negar el amparo impetrado, esto es, que el Arancel para Abogados de que se trata es anacrónico por versar del año de mil novecientos cincuenta y cinco, ni los principios de justicia y equidad a que refiere en la sentencia impugnada. En principio, debe puntualizarse que si bien la citada normatividad tuvo vigencia a partir del día dos de enero de mil novecientos cincuenta y cinco, no menos cierto es que mediante Decreto 11224 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, de veintidós de enero de mil novecientos ochenta y tres, se reformaron los artículos 3o., 5o., 11, 14, 15 y 18, que refiere a la actualización de cobros. Luego, contrario a lo apreciado por el Juez Federal, tales disposiciones no datan de hace más de cuarenta años. Ahora bien, atento los principios de equidad y justicia que aduce el juzgador, debe decirse que la citada normatividad por sí sola no infringe tales principios, pues en su artículo primero textualmente dispone: 'Los honorarios de los abogados serán fijados por convenios que celebren con sus clientes y a falta de convenio, se regularán por este arancel.'. Es evidente que las cantidades que maneja el citado arancel no son únicas, sino que éstas se aplicarán en el caso que no exista convenio, por tanto, si el profesionista del derecho, a quien se aplica dicha normalidad (sic) no formula convenio respecto de sus honorarios, éstos estarán sujetos a las disposiciones de ese arancel. Es cierto que las cifras que prevé dicha normatividad no se ajustan a la realidad social y económica que hoy se vive, empero, como bien lo alega la recurrente, es al órgano legislativo a quien concierne adecuar las leyes a la realidad social, mediante las reforma (sic) y adiciones que estime necesarias, y a los tribunales de legalidad su interpretación, pudiendo constituir jurisprudencia en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, que en ningún caso va a tener el carácter de una ley que nació a través de todo un proceso legislativo. En este orden de ideas, debe precisarse que la labor de interpretación de una norma debe realizarse atendiendo a la letra del precepto (método gramatical) o significado estrictamente técnico calificado de la expresión, salvo cuando el legislador emplea términos o palabras con el mismo sentido, alcance o significado, por los cuales éstas se emplean en otras disposiciones legales atinentes a la misma materia o a otras materias pero del mismo ordenamiento jurídico, o cuando el texto de la norma resulta confuso, caso en el cual es deber del tribunal servirse de todos los métodos gramatical, lógico, sistemático o histórico reconocidos por nuestro sistema jurídico, en cuanto le puedan servir en su tarea. En el presente caso, del artículo noveno transitorio del 'Decreto por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos', se advierte que el texto del mismo no merece mayor interpretación que la gramatical, pues para su aplicación no es necesario desentrañar el alcance o significado de las expresiones que componen su texto, por el contrario, éste es acorde con la intención del legislador que, acogiendo la iniciativa del Ejecutivo Federal, expidió el decreto, según establece textualmente la iniciativa respectiva 'para crear una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos que conservaría el nombre de «peso» y equivaldría a mil pesos actuales', señalándose que 'esta importante modificación a nuestro Sistema Monetario trae aparejada, necesariamente, la creación del signo monetario denominado en la nueva unidad', precisándose que al 'determinar las denominaciones y demás características de los signos monetarios, deben tenerse en cuenta los diversos requisitos que éstos precisan cumplir para servir eficientemente como medios generales de cambio'. Debe precisarse que, en primer término, el cambio de moneda no nace únicamente de un decreto del Poder Ejecutivo, con la naturaleza de norma general, sino que se trata de un decreto en el que se crea una nueva unidad monetaria, y otro por el que se reforma la Ley Monetaria, expedidos ambos por el Congreso de la Unión, además de que el decreto que modificó la unidad monetaria no únicamente establece la supresión de tres ceros a la moneda, sino que se creó una nueva moneda, que aunque conservó el nombre de 'peso' era diversa a la que circulaba hasta antes de la entrada en vigor del decreto y era equivalente a mil pesos de los que circulaban antes de la reforma a la Ley Monetaria, incluso, en tanto el Banco de México retiraba de circulación la moneda anterior, transitoriamente coexistieron los llamados 'viejos pesos' y los 'nuevos pesos' para, posteriormente, poner en circulación los 'pesos' actuales, es decir, que la moneda denominada 'peso' que circulaba hasta antes del pluricitado decreto modificatorio, dejó de existir y perdió su poder liberatorio, por lo que la no aplicación del artículo noveno transitorio del Decreto por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo trae como consecuencia que la referencia a dinero continúe con tres ceros, sino que se esté haciendo referencia a moneda que ya no se encuentra en circulación. Esto es así, porque si bien la denominación de la moneda anterior y de la actual es idéntica, esto no quiere decir que se trate de la misma, pues de considerar lo contrario, se debería concluir que ningún efecto tienen ni las modificaciones a la ley ni las normas de carácter general decretadas por el Congreso de la Unión. Así tenemos que, contrario a lo sostenido por el Juez Federal y la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, resulta evidente que la intención del legislador al redactar el artículo noveno transitorio fue el dar seguridad jurídica a las operaciones que, encuadradas en el marco legal, se efectuaran a partir de la entrada en vigor de la nueva unidad monetaria. Lo que resulta por demás entendible, dada la naturaleza trascendental de la reforma, que al afectar la moneda incide de manera directa en prácticamente toda actividad que se realice dentro de nuestro país o fuera de él, en las cuales se haga referencia a la unidad monetaria o tenga relación alguna ley, reglamento, circular u otra disposición que contenga expresiones en moneda nacional. Por tanto, se estima que si el legislador no previó ninguna excepción a la aplicación del decreto, el intérprete (es decir el Poder Judicial) tampoco puede preverla. Máxime que el propio legislador utilizó el 'término' u 'otras disposiciones' a fin de abarcar cualquier acto de autoridad que se refiere a la moneda nacional, consecuentemente, no le es dable al órgano de control constitucional excluir una norma en aras de aplicar la justicia y la equidad con base en la tesis que sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, bajo el rubro: 'COSTAS. SU CUANTIFICACIÓN APOYADA EN EL DECRETO QUE CREÓ UNA NUEVA UNIDAD DEL SISTEMA MONETARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).', invocada tanto por la Sala responsable como por el Juez Federal, que no comparte este tribunal y, por ello, deberá hacerse la contradicción de tesis como corresponda, pues por lo que se debe velar es, en todo caso, por la seguridad jurídica que debe prevalecer en todo Estado de derecho y cuya vigilancia ha sido encomendada por nuestra Carta Magna a los órganos del Poder Judicial Federal. En vista de lo considerado, lo que procede es revocar la sentencia sujeta a revisión y conceder al quejoso, hoy recurrente, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resolución reclamada y pronuncie una nueva, en la que aplique las disposiciones relativas del decreto mencionado a lo largo de esta ejecutoria y resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda. Dicha concesión deberá hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez natural, con base en la jurisprudencia número 102, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 66 del Tomo VI, del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son los siguientes: 'AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.' (la transcribe). Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 90 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se revoca el fallo sujeto a revisión. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a María Elena de la O Robles Martínez Cuesta, contra los actos reclamados de la Sala Auxiliar Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y Juez Décimo Primero de lo Civil de esta ciudad, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver, en fecha seis de abril del año dos mil, el amparo en revisión número 2273/99, interpuesto por los terceros perjudicados J. Jesús Morales Zepeda y José Sotero Morales Buenrostro, se apoyó en las consideraciones que a continuación se transcriben:
"III. De los agravios transcritos, los que se analizarán son fundados y suficientes para revocar la resolución recurrida, lo que hace innecesario el estudio de los restantes, atento las razones que sustentan la jurisprudencia 575, Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que reza: 'AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.' (se transcribe). En efecto, tiene razón el peticionario cuando afirma que una interpretación literal del contenido del artículo noveno transitorio del decreto que reforma la Ley Monetaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, que conlleve a su aplicación por cuanto a la reducción de los tres ceros en las cantidades que por concepto de honorarios en los juicios de cuantía indeterminada alude el artículo 5o. del Arancel para Abogados del Estado de Jalisco, resulta injusta e inequitativa. Aunque debe aclararse que es respetable el principio aplicado por el Juez Federal en la resolución recurrida, por cuanto se ajusta en rigor a la técnica filológica de la hermenéutica jurídica, acorde con lo que en tal sentido establecen los criterios sustentados por los colegiados en que se apoyó el Juez para resolver como lo hizo, se estima, sin embargo, que tal interpretación parte de un argumento que en principio resulta lógico, pero que dentro del contexto económico imperante desde hace algunos años en el país y debido a la falta de actualización del Arancel de Abogados del Estado de Jalisco, es incorrecto. Para entender el porqué no se comparte esa interpretación, se estima necesario precisar los alcances del término inflación, para lo cual se alude, en lo que importa, a la definición que como tal se puede obtener de la Enciclopedia Encarta, CD-1, que es del tenor literal siguiente: 'Inflación y deflación, en economía, término utilizado para describir un aumento o una disminución del valor del dinero, en relación a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con ese dinero. La inflación es la continua y persistente subida del nivel general de precios y se mide mediante un índice del costo de diversos bienes y servicios. Los aumentos reiterados de los precios erosionan el poder adquisitivo del dinero y de los demás activos financieros que tienen valores fijos, creando así serias distorsiones económicas e incertidumbre. La inflación es un fenómeno que se produce cuando las presiones económicas actuales y la anticipación de los acontecimientos futuros hacen que la demanda de bienes y servicios sea superior a la oferta disponible de dichos bienes y servicios a los precios actuales, o cuando la oferta disponible está limitada por una escasa productividad o por restricciones del mercado. Estos aumentos persistentes de los precios estaban, históricamente, vinculados a las guerras, hambrunas, inestabilidades políticas y a otros hechos concretos. Más preocupante resulta el crecimiento de la inflación que implica mayores subidas de precios, con medias anuales entre el 10 y el 30% en algunos países industrializados, e incluso del cien por cien en algunos países en vías de desarrollo. La inflación crónica tiende a perpetuarse, aumentando aún más a medida que las distorsiones económicas y las expectativas pesimistas se van acumulando ... bajo su forma más extrema, los aumentos persistentes de los precios pueden convertirse en lo que se denomina hiperinflación, provocando la crisis de todo el sistema económico ... esta situación fue particularmente intensa en algunos países de América Latina, como México, Argentina o Brasil, a partir de la década de 1960. Cuando se produce una hiperinflación, el crecimiento del dinero y de los créditos aumenta de forma explosiva, destruyendo los vínculos con los activos reales ... México en el año 1982 llegó a tener una inflación del 58.9% ... Efectos. Los efectos de la inflación y la deflación son varios y cambian a lo largo del tiempo. Normalmente, la deflación es debida a una caída en la producción y a un aumento del desempleo. Los menores precios debidos a la deflación pueden llegar a aumentar el consumo, la inversión y el comercio exterior, pero sólo si se corrigen las causas fundamentales que provocaron el inicio de la deflación ... La inflación distorsiona la actividad económica normal; cuanto menos regular sea la tasa de inflación, mayor serán estas distorsiones. Normalmente, los tipos de interés reflejan la tasa de inflación esperada; cuanto mayor sea ésta, más altos serán los tipos de interés y más aumentarán los costos de las empresas, además de disminuir los gastos de consumo y el valor real de los bonos y las acciones. Los mayores tipos de interés en las hipotecas y el aumento del precio de los alquileres disminuye la tasa de construcción de viviendas. La inflación disminuye el poder adquisitivo de los ingresos y de los activos financieros, por lo que reduce el consumo, sobre todo si los consumidores no pueden, o no quieren, acudir a sus ahorros o aumentar el volumen de sus deudas ... la inversión de las empresas también disminuye a medida que la actividad económica se reduce, y los beneficios son menores porque los trabajadores demandan un aumento de sus salarios mediante cláusulas que obligan a los empresarios a defender a los trabajadores de la inflación crónica mediante subidas salariales automáticas en función del aumento del costo de la vida. Los precios de casi todas las materias primas responden rápidamente ante señales inflacionistas. Los mayores precios de los bienes que se exportan pueden disminuir las ventas en el exterior, creando déficit comerciales y problemas en los tipos de cambio. La inflación es uno de los principales determinantes de los ciclos económicos que provocan distorsiones en el nivel de precios y de empleo, así como una incertidumbre económica a nivel mundial ... los efectos de la inflación sobre el bienestar individual dependen de muchas variables. Aquellas personas que tienen ingresos relativamente fijos, sobre todo cuando pertenecen a los grupos de menores ingresos, están muy afectadas por la creciente inflación, mientras que aquellas que tienen ingresos flexibles pueden mantener su nivel de bienestar e incluso mejorarlo. Aquellas personas cuyos ingresos provienen de activos con valores nominales fijos, como las cuentas de ahorro, las pensiones, las pólizas de seguros y los instrumentos financieros a largo plazo padecen una pérdida de riqueza real; sin embargo, aquellos activos cuyo valor es variable, como la propiedad inmobiliaria, las obras de arte, las materias primas y los bienes duraderos pueden experimentar subidas de precios iguales o superiores al alza del nivel general de precios. Los trabajadores del sector privado exigirán que sus contratos laborales lleven cláusulas de ajuste que permitan que sus salarios no padezcan la subida del costo de la vida. Los prestatarios suelen beneficiarse de los efectos de la inflación, mientras que los prestamistas pierden dinero, ya que los préstamos hipotecarios, personales, comerciales y públicos se pagarán con un dinero que tendrá menor poder adquisitivo y los tipos de interés aumentarán después de que los precios se hayan incrementado. La toma de decisiones económicas, tanto pública como privada, puede depender de un factor psicológico inflacionista.'. Por otra parte, para determinar los parámetros comparativos que se utilizarán en la presente resolución, se estima prudente hacerlo con base en los salarios mínimos diarios, ya que el punto toral a dilucidar es el relativo al pago de honorarios de los abogados, porque aparte de que constituyen constitucionalmente el punto de referencia de la cantidad que se estima en principio alcanzaría para satisfacer las necesidades diarias básicas, los incrementos a dichos salarios se han venido registrando con regularidad desde mil novecientos treinta y cuatro a la fecha, haciendo mención que en esta primera fecha el estimado era de $1.25 un peso con veinticinco centavos, en mil novecientos cincuenta y cinco de $8.50 ocho pesos con cincuenta centavos, en mil novecientos ochenta y tres de $478.00 cuatrocientos setenta y ocho pesos, y en mil novecientos noventa y dos de $12,320.00 doce mil trescientos veinte pesos (la referencia es en su antigua equivalencia). Precisado lo anterior, se está en posibilidad de decir que de acuerdo con las diversas razones que destaca el peticionario en sus agravios, efectivamente la interpretación literal de los artículos primero y noveno transitorios de la Ley Monetaria resulta contraria a los principios de justicia y equidad, así como al espíritu de la referida legislación arancelaria y los motivos que dieron origen a la creación de la nueva unidad monetaria de nuestro país, motivo por el que este tribunal no la comparte, estimando que el análisis relativo debe abordarse desde una directiva de interpretación que conduzca a un resultado congruente, justo y equitativo, y sin que por ello se contravenga la esencia de la disposición transitoria del decreto en cuestión. Al efecto se estima de gran utilidad el método de interpretación progresiva consistente, según la cita que en la página 157 de su libro 'Técnica para la Elaboración de una Sentencia de Amparo Directo', Editorial Porrúa, hace el Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta, en lo siguiente: '3.5. Otras posiciones doctrinales sobre la interpretación de las normas legales. 3.5.1. La interpretación progresiva o histórica-evolutiva Latorre la explica así: «... las leyes y sobre todo las de más importancia y rango, suelen estar vigentes durante muchos años, a veces siglos, y se transmiten de generación en generación, ‹como una eterna enfermedad›, según el conocido verso de Goethe. Se produce así un inevitable arcaísmo de partes más o menos extensas del derecho que los Jueces han de aplicar. Y los tribunales ni pueden ni deben sustraerse al espíritu de su tiempo, a las nuevas exigencias sociales y económicas, a los nuevos criterios de valoración, ni lo hacen en la práctica. Aunque el jurista ha sido acusado con frecuencia de espíritu rutinario y conservador, lo cierto es que esa sensibilidad para las necesidades de su propio tiempo no puede faltar en él, y mucho menos cuando tiene la misión esencial de aplicar el derecho. Un Juez no vive a solas con la ley. En él pesa su educación jurídica y su formación humana en general, la doctrina de los autores que critican o defienden los preceptos legales y la influencia general de la sociedad en que vive. Incluso puede afirmarse que esa elasticidad es una condición indispensable de la supervivencia de las leyes, pues de otro modo sería necesario cambiarlas continuamente para adaptarlas, a veces sin la debida reflexión y calma, a las necesidades del tiempo. Así, en unas ocasiones en forma deliberada, en otras de manera paulatina y casi inconsciente, la interpretación de las leyes va cambiando al compás de las exigencias sociales.».'. Esta es la 'interpretación progresiva'. Pues bien, atendiendo a que la premisa fundamental de ese método de interpretación la constituye la narración de los antecedentes históricos evolutivos de las normas a desentrañar, a continuación se hace su relación: En septiembre de mil ochocientos noventa y cinco, por Decreto 702, se aprobó y promulgó el primer Arancel de Abogados para el Estado de Jalisco, mismo que se mantuvo sin alteración por casi sesenta años, ya que fue hasta el veintisiete de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, en que por Decreto Número 6010, que entró en vigor el uno de enero de mil novecientos cincuenta y cinco, se reformó atendiendo a la iniciativa de ley, que a continuación se transcribe: 'Desde el mes de septiembre del año de 1895, en que se aprobó y promulgó el Arancel de Abogados vigente en el Estado de Jalisco, se ha dejado de legislar sobre esta materia, no obstante la imperiosa necesidad social y económica de armonizar a la época actual la legislación arancelaria. La situación económica que priva a la fecha no es comparable a la de hace sesenta años, las crisis económicas del país, los problemas de producción, las guerras que han asolado al mundo, han hecho más complejas las relaciones humanas; la constante lucha entre el capital y trabajo, tienen un claro reflejo en los problemas del abogado postulante, el cual ha sido hasta ahora olvidado de nuestros legisladores; la falta de atención a este problema ha ocasionado que el abogado que postula, al ver reducidos sus ingresos, espoleado por la necesidad, se vea obligado a cometer abusos en perjuicio de sus patrocinados, con el objeto de resolver decorosamente sus necesidades de tipo económico. Por otro concepto: La falta de una digna compensación económica da lugar en ocasiones a los abusos de individuos sin escrúpulos que pretenden más de lo que justamente les corresponde. Siendo el arancel de abogados la ley que señala el pago que el licenciado en derecho debe percibir al patrocinar o asesorar al litigante, se comprende la enorme trascendencia económica y social de la misma y los trastornos que en la estructura social causa la carencia de una legislación que a la vez que premia el trabajo del abogado, impide los excesos del mismo. Es el propósito del exponente que al modificarse la arcaica legislación arancelaria obtenga el abogado la justa retribución de su trabajo, y a la vez impedir y contener la inmoralidad del profesionista que, tomando como pretexto la antigüedad del arancel, hace presa de su voracidad en quienes se ven precisados de sus servicios. De lograr lo anterior, se habrá resuelto un problema importante, de naturaleza social y económica. De estas razones se desprende la necesidad de promulgar un nuevo arancel de abogados que adaptándose a la actual situación coloque al profesionista en una postura decorosa, decente y que a la vez precise lo que por su trabajo el profesionista debe percibir. Atendiendo pues a estas razones propongo a ustedes señores diputados el siguiente proyecto de ley.'. Así, el artículo 5o. del referido decreto, textualmente decía: 'Artículo V. (sic) En los juicios civiles, criminales, de trabajo, de amparo, u otros semejantes que no tengan valor pecuniario, o que no se pueda determinar, se regularán los honorarios con la estimación de $100.00 a $100,000.00 según la importancia del derecho que se ventile, los trabajos que se presenten, el éxito que se obtenga, las circunstancias personales del cliente y todas aquellas que puedan tener presentes para hacer una justa regulación.'. Debe destacarse que en esa época la situación económica del país era incipiente y no muy desahogada, se veía marcada por un lento pero constante desarrollo que mantenía cierta estabilidad en el valor de la moneda, entre otras cosas, porque en aquel entonces éste dependía fundamentalmente de su valor intrínseco o 'metálico', que a su vez determinaba cierta constante en el valor cambiario del dinero nacional, según lo explica Miguel A. Quintana en las páginas 414 y 415 del libro intitulado 'Economía Social' (edición de la Secretaría de la Economía Nacional. México), editada por los Talleres Gráficos de la Nación, en el año de mil novecientos treinta y siete, en los siguientes términos: '7. Concepto, determinación e importancia del valor de la moneda. «1) La expresión valor de la moneda contiene conc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17471-009962d3/honorarios-de-abogados-en-su-cuantificacion-conforme-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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