JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN ATENCIÓN A SU NATURALEZA, NO PROCEDE LLAMAR A TERCEROS INTERESADOS, A FIN DE QUE SE INTEGREN A LA LITIS Y LA SENTENCIA QUE SE DICTE LES PARE PERJUICIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 60/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En principio, debe decirse que no impide analizar la presente contradicción de tesis la circunstancia de que ninguno de los criterios en conflicto haya conformado jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para dirimir una contradicción de tesis, no exigen dicho requisito.
Al respecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia que dice:
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Apéndice de 1995
"Tomo: VI, Parte SCJN
"Tesis: 187
"Página: 127
"CONTRADICCIÓN. PROCEDE LA DENUNCIA CUANDO EXISTEN TESIS OPUESTAS, SIN QUE SE REQUIERA QUE SEAN JURISPRUDENCIAS. Es inexacto que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente cuando las tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, sobre una misma cuestión, en la materia de su exclusiva competencia, no constituyan jurisprudencia, ya que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XII, párrafos primero y tercero, de la Constitución General de la República y 195 bis de la Ley de Amparo, para que dicha denuncia proceda, sólo se requiere, tratándose de Tribunales Colegiados de Circuito, que éstos sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pero no que las tesis denunciadas constituyan jurisprudencia."
CUARTO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados contendientes para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo en tal hipótesis será posible efectuar pronunciamiento en relación con el fondo del asunto.
Sobre el particular, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para que exista contradicción de criterios, es necesario que concurran los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, cabe citar las tesis jurisprudenciales siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, junio de 2000
"Tesis: 1a./J. 5/2000
"Página: 49
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de tesis de jurisprudencia."
QUINTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el diecisiete de enero de dos mil dos, al resolver el amparo en revisión 595/2001, promovido por Salvador Ibargüengoitia Gimeno, en la parte que interesa, textualmente expuso:
"III. Los transcritos agravios son jurídicamente ineficaces. En efecto, opuesto a lo argumentado por el recurrente y como acertadamente se razonó en la sentencia recurrida, en la especie no procede llamar al juicio mercantil ejecutivo de origen y con el carácter de tercero, a la persona moral denominada ‘Remaq-co’, Sociedad Anónima de Capital Variable, beneficiaria original de los títulos de crédito fundatorios de la acción, a fin de que le pare perjuicio la sentencia que en dicha controversia se pronuncie, ya que efectivamente, la figura procesal del ‘tercero llamado a juicio’ no se encuentra expresamente considerada en esa clase de litigios, pues así se desprende del contenido de los artículos 1396 y 1399 del Código de Comercio que, a la letra textualmente, establecen: ‘Artículo 1396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al deudor, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de cinco días comparezca el deudor ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello.’. ‘Artículo 1399. Dentro de los cinco días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, en su caso y al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda, refiriéndose concretamente a cada hecho, oponiendo únicamente las excepciones que permite la ley en el artículo 1403 de este código, y tratándose de títulos de crédito las del artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en el mismo escrito ofrecerá pruebas, relacionándolas con los hechos y acompañando los documentos que exige la ley para las excepciones.’. De lo antes transcrito puede colegirse que si la intención del legislador hubiera sido permitir al demandado, como en este caso, solicitar la incorporación a la litis del beneficiario original de los documentos base de la acción, bajo el argumento de que el endoso realizado con respecto de los mismos fue hecho con posterioridad a la fecha de su vencimiento, y debido a ello, dicha transmisión sólo surte los efectos de una cesión ordinaria, no hubiera limitado entonces las posibilidades de actuación de dicho demandado a pagar u oponer excepciones, sino que hubiera agregado también la posibilidad de ampliar la litis a una tercera parte procesal, de manera que no existe duda al respecto, y por ello debe admitirse que aun cuando dicha figura sí se encuentra contemplada para los juicios mercantiles ordinarios, según puede inferirse del texto de los diversos numerales 1094, fracción VI y 1203 del Código de Comercio, sin embargo, lo anterior no puede hacerse extensivo a los juicios ejecutivos, ya que se desvirtuaría su naturaleza, en atención a que esa clase de controversias judiciales constituyen, en esencia, un procedimiento sumario por el que se trata de llevar a efecto, mediante el embargo y la venta de bienes del deudor, el cobro de créditos que constan en algún título que tiene fuerza suficiente para constituir, por sí mismo, plena probanza, es decir, no se dirige, en principio, a declarar derechos dudosos o controvertidos, sino a llevar a efecto los que se hayan reconocido por actos o en títulos de tal fuerza, que constituyen una presunción juris tantum de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado para que sea, desde luego, atendido, circunstancia que se deduce de la disposición contenida en el artículo 1392 de la legislación en cita, cuyo texto es el siguiente: ‘Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste.’. Luego, siendo el juicio ejecutivo un procedimiento extraordinario, sólo puede usarse de él cuando medie la existencia de un título que traiga aparejada ejecución, conforme a lo dispuesto en la ley aplicable, siendo necesario además, que en el título se consigne la existencia de un crédito, que éste sea cierto, líquido y exigible. Así pues, debido a la propia naturaleza de esa clase de litigios, en cuanto pretenden la satisfacción efectiva, rápida e inmediata de un crédito, no puede quedar abierta la posibilidad de que el demandado se defienda por cualquier medio, sino sólo mediante aquellos que no desvirtúen esa naturaleza, siendo esa la razón por la cual el legislador establece limitativamente las excepciones que se pueden hacer valer en los juicios ejecutivos mercantiles, incluso condicionando la admisión de algunas a determinados requisitos, tal como se desprende de los artículos 1396, 1399 y 1403 del Código de Comercio y 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, razones las anteriores con base en las cuales se descarta la posibilidad de llamar a un tercero al juicio ejecutivo mercantil, de ahí la ineficacia de los agravios esgrimidos. Al caso resulta aplicable, en lo conducente, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir la contradicción de tesis 76/97, suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo del Sexto Circuito y Segundo del Décimo Noveno Circuito, y dar paso a la jurisprudencia número 1a./J. 27/98, que aparece visible en la página trescientos dieciocho del Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma cuyo sumario a la letra reza: ‘RECONVENCIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA, EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. El hecho de que el Código de Comercio no establezca expresamente la procedencia de la reconvención en juicios ejecutivos mercantiles, como sí lo hace en relación con los juicios mercantiles ordinarios en su artículo 1380, obedece a que la voluntad del legislador fue limitarla a estos últimos, voluntad que, por lo demás, es congruente con la propia naturaleza de los juicios ejecutivos, que tienen por objeto llevar a cabo el cobro de créditos ciertos, líquidos y exigibles, que constan en algún título que tiene fuerza suficiente para constituir, por sí mismo, plena probanza; es decir, no se dirigen, en principio, a declarar derechos dudosos o controvertidos, sino a llevar a efecto los que se hayan reconocido por actos o en títulos de tal fuerza, que constituyen una presunción juris tantum de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado, para que sea desde luego atendido. En esa tesitura, debe concluirse que la reconvención es improcedente en los juicios ejecutivos mercantiles, ya que, de lo contrario, se estaría desvirtuando su naturaleza.’. En las apuntadas condiciones, atento a las consideraciones a que se arriba, no demostrada ni advertida la ilegalidad del fallo recurrido, y al no evidenciarse violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, se impone confirmar el referido fallo."
Con base en esa ejecutoria sustentó la tesis que dice:
"JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, EN ÉL NO SE ENCUENTRA CONSIDERADA LA FIGURA PROCESAL DEL TERCERO LLAMADO AL. De la interpretación de los artículos 1396 y 1399 del Código de Comercio se concluye que la figura procesal del ‘tercero llamado a juicio’ no se encuentra expresamente considerada en el juicio ejecutivo mercantil. Además, si la intención del legislador hubiera sido permitir al demandado solicitar la incorporación a la litis del beneficiario original de los documentos base de la acción, bajo el argumento de que el endoso realizado con respecto de los mismos fue hecho con posterioridad a la fecha de su vencimiento y debido a ello dicha transmisión sólo surte los efectos de una cesión ordinaria, no hubiera limitado entonces las posibilidades de actuación de dicho demandado a pagar u oponer excepciones, sino que hubiese agregado también la posibilidad de ampliar la litis a una tercera parte procesal y, por ello, debe admitirse que aun cuando dicha figura se encuentra contemplada para los juicios ordinarios mercantiles, según puede inferirse del texto de los diversos numerales 1094, fracción VI y 1203 del Código de Comercio, sin embargo, lo anterior no puede hacerse extensivo a los juicios ejecutivos, ya que se desvirtuaría su naturaleza en atención a que esa clase de controversias judiciales constituyen en esencia un procedimiento sumario por el que se trata de llevar a efecto, mediante el embargo y la venta de bienes del deudor, el cobro de créditos que constan en algún título que tiene fuerza suficiente para constituir, por sí mismo, plena probanza, es decir, no se dirige, en principio, a declarar derechos dudosos o controvertidos, sino a llevar a efecto los que se hayan reconocido por actos o en títulos de tal fuerza, que constituyen una presunción juris tantum de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado para que sea, desde luego, atendido, circunstancia que se deduce de la disposición contenida en el artículo 1392 de la legislación en cita. Luego, siendo el juicio ejecutivo un procedimiento extraordinario, sólo puede usarse de él cuando medie la existencia de un título que traiga aparejada ejecución, conforme a lo dispuesto en la ley aplicable, siendo necesario, además, que en el título se consigne la existencia de un crédito, que éste sea cierto, líquido y exigible. Así pues, debido a la propia naturaleza de esa clase de litigios, en cuanto pretenden la satisfacción efectiva, rápida e inmediata de un crédito, no puede quedar abierta la posibilidad de que el demandado se defienda por cualquier medio, sino sólo mediante aquellos que no desvirtúen esa naturaleza, siendo esa la razón por la cual el legislador establece limitativamente las excepciones que se pueden hacer valer en los juicios ejecutivos mercantiles, incluso condicionando la admisión de algunas a determinados requisitos, tal y como se desprende de los artículos 1396, 1399 y 1403 del Código de Comercio y 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, razones por las que se descarta la posibilidad de llamar a un tercero al juicio ejecutivo mercantil."
El Tribunal Colegiado en cuestión, el siete de diciembre de dos mil, al resolver el amparo en revisión 167/2000, promovido por Evangelina Maldonado Farías viuda de Tinajero y otra, ya había sustentado un criterio similar, el cual fue reiterado el diecisiete de enero de dos mil dos, al resolver el amparo en revisión 878/2001, promovido por Jordán González Cisneros, los cuales tienen una redacción similar, motivo por el cual se omite su transcripción a fin de evitar repeticiones innecesarias.
SEXTO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el trece de marzo de dos mil tres, al resolver el amparo en revisión 43/2003, promovido por Pacific Star, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la parte que interesa, textualmente expuso:
"TERCERO. Son fundados los agravios hechos valer. Respecto del término ‘terceros en el proceso’, en el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quinta edición, 1992, Editorial Porrúa, página 3071, se lee: ‘I. Son las personas que participan en un proceso iniciado por el actor en contra del reo. Esa participación puede ser de distinta naturaleza, ya que el tercero puede deducir un derecho propio, distinto del actor o del demandado, o bien coadyuvando con cualquiera de ellos en la defensa del derecho sustantivo hecho valer. Además el tercero puede venir a juicio en forma espontánea o en forma provocada. En el primer caso cuando le ha sido violado un derecho y cuando viene a reforzar la posición de una de las partes en el juicio. En el segundo caso cuando le es denunciado el juicio para que le pare perjuicio la sentencia.’. A su vez el artículo 1094, fracción VI, del Código de Comercio reformado, dispone: ‘Se entiende sometido tácitamente: El que sea llamado a juicio para que le pare perjuicio la sentencia, el que tendrá calidad de parte, pudiendo ofrecer pruebas, alegar e interponer toda clase de defensas y recursos, sin que oponga dentro de los plazos correspondientes, cuestión de competencia alguna.’. La lectura del precepto transcrito pone de manifiesto, sin lugar a dudas, que la legislación mercantil sí regula la figura del tercero llamado a juicio, puesto que establece la posibilidad de que se haga tal denuncia al mencionar cuál es su objeto (que perjudique al tercero la sentencia que se dicte en el proceso); además, en forma expresa señala que a la persona que se cite con ese carácter ‘tendrá calidad de parte’, e incluso especifica los derechos procesales que se le deben otorgar (ofrecer pruebas, alegar e interponer toda clase de defensas y recursos). Consiguientemente, contra lo que aduce el de distrito, dicha figura jurídica sí se encuentra instituida en el Código de Comercio, dado que es inexacto que el artículo 1094 citado haga referencia en forma aislada a la misma, por el contrario, su intervención en el juicio se relaciona con lo que previene en su parte final el párrafo segundo del numeral 1203 del aludido ordenamiento mercantil, que dice: ‘Contra el auto que admita alguna prueba que contravenga las prohibiciones señaladas anteriormente o que no reúna los requisitos del artículo 1198, procede la apelación en efecto devolutivo cuando sea apelable la sentencia en lo principal. En el mismo efecto devolutivo será apelable la determinación en que se deseche cualquier prueba que ofrezcan las partes o terceros llamados a juicio, a los que siempre se les considerará como partes en el mismo.’. Ahora bien, debido a que el artículo 1094 del Código de Comercio antes de sus reformas no contemplaba la figura del tercero llamado a juicio, la simple lectura de la tesis que citó el de distrito, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, de la voz: ‘DENUNCIA DE JUICIO A TERCEROS EN JUICIO MERCANTIL. LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY PROCESAL CIVIL, RESPECTO DE DICHA FIGURA JURÍDICA, NO RESULTAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, POR NO ESTAR REGLAMENTADA EN LA LEGISLACIÓN MERCANTIL.’, no pone de manifiesto si interpretó o no los artículos respectivos de la legislación mercantil vigente, por lo que no es posible determinar si es o no aplicable al caso. No obstante lo anterior, este tribunal advierte que sobre el particular existe la diversa tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero, páginas 1304 y 1305, que dispone: ‘JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, EN ÉL NO SE ENCUENTRA CONSIDERADA LA FIGURA PROCESAL DEL TERCERO LLAMADO AL.’ (se transcribe). Mas no se comparte el aludido criterio, en virtud de que al haber previsto el legislador, en el ordenamiento mercantil reformado, la figura del tercero llamado a juicio dentro del libro quinto, título primero, capítulo VIII, que establece las disposiciones generales a los juicios mercantiles, se entiende que es aplicable a todos los procedimientos que se ventilan en esa materia, esto es, a los ordinarios, ejecutivos y especiales, puesto que el legislador no hizo salvedad alguna, razón por la que donde éste no distinguió no es dable hacerlo al juzgador. Además, es inexacto que se desvirtúe la naturaleza de los juicios ejecutivos mercantiles por la circunstancia de que se permita la denuncia de juicio a tercero, toda vez que si bien es cierto que se fundan en títulos que traen aparejada ejecución, cuyo cobro se pretende realizar a través de un procedimiento sumario, ello no implica, sin embargo, que en su tramitación se omita llamar a una parte que le perjudicará la sentencia que en su oportunidad se pronuncie, puesto que se infringiría una de las formalidades esenciales del proceso, que por seguridad jurídica debe cumplirse, no obstante lo breve de ese tipo de juicios; máxime que al integrarse el tercero quedaría sujeto a los términos previstos para el procedimiento ejecutivo, por lo que no se afectaría su expeditez. A lo que debe añadirse que, contra lo que se aduce en dicha tesis, el llamado de aquél no constituye una excepción, ya que, según se vio, su objeto es que al tercero que se le da intervención le pare perjuicio la resolución definitiva que se dicte, finalidad distinta de la que persiguen las excepciones, según se desprende de la definición que aparece en el citado diccionario, página 1374 que, al respecto, menciona: ‘III. Actualmente, podemos destacar dos significados de la «excepción». 1) En primer término, con la expresión excepción se designa, con un sentido abstracto, el poder que tiene el demandado para oponer, frente a la pretensión del actor, aquellas cuestiones que afecten la validez de la relación procesal e impidan un pronunciamiento de fondo sobre dicha pretensión (cuestiones procesales), o aquellas cuestiones que, por contradecir el fundamento de la pretensión, procuran un procedimiento de fondo absoluto (cuestiones sustanciales) ... 2) En segundo término, con la expresión «excepciones» se suelen designar las cuestiones concretas que el demandado plantea frente a la pretensión del actor, con el objeto de oponerse a la continuación del proceso, alegando que no se han satisfecho los presupuestos procesales (excepciones procesales), o con el fin de oponerse al reconocimiento, por parte del Juez, de la fundamentación de la pretensión de la parte actora, aduciendo la existencia de hechos extintivos, modificativos o imperativos de la relación jurídica invocada por el demandante (excepciones sustanciales). En este sentido concreto, se suele hablar más de excepciones que de excepción.’. Por tanto, se ordena hacer la denuncia de contradicción de tesis correspondiente ..." (fojas 17 a 21 ídem).
El propio Tribunal Colegiado de Circuito, con fecha veinte de marzo de dos mil tres, al resolver el amparo en revisión 55/2003, promovido por Pacific Star, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión de veinte de marzo de dos mil tres, reiteró el criterio anteriormente transcrito, y como la redacción de ambas ejecutorias es similar, se omite la reproducción de esta última en obvio de repeticiones innecesarias.
Con ambos precedentes sustentó la tesis que dice:
"DENUNCIA DE JUICIO A TERCEROS. SE ENCUENTRA PREVISTA EN LAS REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO PUBLICADAS EL VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, Y ES APLICABLE AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. La lectura del artículo 1094, fracción VI, en relación con el 1203 del Código de Comercio pone de manifiesto que la legislación mercantil vigente sí regula la figura del tercero llamado a juicio, puesto que establece la posibilidad de que se haga tal denuncia al mencionar cuál es su objeto (que perjudique al tercero la sentencia que se dicte en el proceso); además, en forma expresa señala que la persona que se cite con ese carácter ‘tendrá calidad de parte’, e incluso especifica los derechos procesales que se le deben otorgar (ofrecer pruebas, alegar e interponer toda clase de defensas y recursos). Luego, como dicha figura se encuentra dentro del libro quinto, título primero, capítulo VIII, que establece las disposiciones generales a los juicios mercantiles, se entiende que es aplicable a todos los procedimientos que se ventilan en esa materia, esto es, a los ordinarios, ejecutivos y especiales, dado que el legislador no hizo salvedad alguna, razón por la que donde éste no distinguió no es dable hacerlo al juzgador. A lo que debe añadirse que no se desvirtuaría la naturaleza de los juicios ejecutivos por la admisión de tal denuncia de juicio a tercero, toda vez que si bien dichos procesos se fundan en títulos que traen aparejada ejecución, cuyo cobro se pretende realizar a través de un trámite sumario, ello no implica que deba omitirse llamar a una parte que le perjudicará la sentencia que en su oportunidad se pronuncie, puesto que se infringiría una de las formalidades esenciales del proceso, que por seguridad jurídica debe cumplirse no obstante lo breve de ese tipo de juicios, máxime que al integrarse el tercero quedaría sujeto a los términos previstos para el procedimiento ejecutivo, por lo que no se afectaría su expeditez."
SÉPTIMO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la conclusión de que sí existe la contradicción de tesis denunciada.
También advierte que la materia de la contradicción de tesis a estudio se constriñe a determinar si en el juicio ejecutivo mercantil resulta o no procedente llamar a terceros interesados, a fin de que se integren a la litis y la sentencia que se dicte les pare perjuicio.
Ciertamente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en lo que corresponde a la materia de la contradicción de tesis, sostuvo el criterio de que de una interpretación sistemática de los artículos 1391, 1392, 1396, 1399 y 1403 del Código de Comercio que, entre otros, regulan el procedimiento en los juicios ejecutivos mercantiles, se infería válidamente que el juicio ejecutivo mercantil era un procedimiento sumario por el que se trataba de llevar a efecto, por embargo y venta de bienes, el cobro de créditos que constaban en algún título que tenía fuerza suficiente para constituir, por sí mismo, plena probanza, de tal manera que era un procedimiento extraordinario, que sólo podía usarse de él cuando medie la existencia de un título que lleve aparejada ejecución y que, por su propia naturaleza, en cuanto pretenden la satisfacción efectiva, rápida e inmediata de un crédito, no podía entenderse que en dichos juicios operara la figura jurídica de la denuncia a terceros, porque de estimar lo contrario quedaría abierta la posibilidad de que el demandado retardara por cualquier medio el procedimiento, desvirtuándose así la expeditez de que se encuentran revestidos los juicios ejecutivos.
Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por lo que respecta a esta contradicción de tesis, sostuvo el criterio de que de la lectura del artículo 1094, fracción VI, en relación con el 1203 del Código de Comercio, se ponía de manifiesto que la legislación mercantil vigente sí regulaba la figura del tercero llamado a juicio, puesto que establece la posibilidad de que se haga tal denuncia al mencionar cuál es su objeto (que perjudique al tercero la sentencia que se dicte en el proceso); que además, en forma expresa, señala que la persona que se cite con ese carácter "tendrá calidad de parte", e incluso especifica los derechos procesales que se le deben otorgar (ofrecer pruebas, alegar e interponer toda clase de defensas y recursos). Luego, como dicha figura se encuentra dentro del libro quinto, título primero, capítulo VIII, que establece las disposiciones generales a los juicios mercantiles, se entiende que es aplicable a todos los procedimientos que se ventilan en esa materia, esto es, a los ordinarios, ejecutivos y especiales, dado que el legislador no hizo salvedad alguna, razón por la que donde éste no distinguió no es dable hacerlo al juzgador. A lo que debe añadirse que no se desvirtuaría la naturaleza de los juicios ejecutivos por la admisión de tal denuncia de juicio a tercero, toda vez que si bien dichos procesos se fundan en títulos que traen aparejada ejecución, cuyo cobro se pretende realizar a través de un trámite sumario, ello no implica que deba omitirse llamar a una parte que le perjudicará la sentencia que en su oportunidad se pronuncie, puesto que se infringiría una de las formalidades esenciales del proceso, que por seguridad jurídica debe cumplirse, no obstante lo breve de ese tipo de juicios, máxime que al integrarse el tercero quedaría sujeto a los términos previstos para el procedimiento ejecutivo, por lo que no se afectaría su expeditez.
De lo anteriormente expuesto se desprende inobjetablemente que sí existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios precisados en los párrafos anteriores, ya que los Tribunales Colegiados contendientes, en las resoluciones de referencia, analizaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adoptaron criterios jurídicos discrepantes.
Ciertamente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sostiene el criterio de que la figura del tercero llamado al juicio no se encuentra expresamente considerada
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18503-91b30a2d/juicio-ejecutivo-mercantil-en-atencion-a-su-naturaleza · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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