APELACIÓN. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA ACTOS Y RESOLUCIONES EMITIDOS EN LA ETAPA EJECUTIVA DEL JUICIO SUMARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Ahora bien, a fin de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el veintinueve de marzo de dos mil uno y treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, los amparos en revisión números 2244/2000 y 173/88, promovidos por Citibank México, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Citibank y J. Santos Díaz de Anda y Agustina Díaz de Anda, respectivamente, en lo que interesa sostuvo lo siguiente:
"IV. ... En otro aspecto, es correcta la consideración del Juez Federal respecto a que en los juicios civiles sumarios no cabe el recurso de apelación contra el auto que desecha un incidente de nulidad de actuaciones, debido a la limitación de ese medio de defensa en ese tipo de procesos tanto durante su tramitación como en el periodo de ejecución de sentencia, conforme lo ha sostenido este tribunal en el criterio que invocó el propio órgano de control constitucional, consultable en la página noventa y siete, Tomo II, Segunda Parte-1, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: ‘APELACIÓN. LA LIMITACIÓN DEL RECURSO DE, EN LOS JUICIOS SUMARIOS, ABARCA TAMBIÉN LA FASE EJECUTIVA DE LA SENTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La limitación del recurso de apelación en los juicios sumarios, contenida en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, no se refiere únicamente al procedimiento de primera instancia, sino también a la fase de ejecución de sentencia, toda vez que la codificación mencionada no hace distinción alguna al respecto, y es principio de derecho el de que, donde la ley no distingue, no le es dable hacerlo al intérprete de la misma.’. A lo anterior, cabe añadir que el Máximo Tribunal del país, al decidir la contradicción de tesis 7/99, sostuvo en la ejecutoria que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de dos mil, de fojas ciento setenta y siete a ciento noventa y dos, una vez que transcribió el contenido de los numerales 620 y 639 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en lo que aquí interesa, lo siguiente: ‘... En cuanto al artículo 620 precitado, relativo a las reglas generales aplicables al juicio sumario, señala, en la parte que interesa, que la tramitación de este tipo de juicios se sujetará a las reglas especiales que se prevén para ello y, que en lo no previsto, a las reglas generales y disposiciones para el juicio ordinario. El último de los numerales transcritos, también relativo a las reglas generales aplicables al juicio sumario, dispone que en este tipo de juicios sólo será admisible el recurso de apelación cuando se interponga contra la sentencia definitiva o contra la interlocutoria que declare procedente las excepciones de falta de personalidad o capacidad. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que: «La caducidad es la presunción que la ley establece de que los litigantes han abandonado sus pretensiones, por haber dejado de promover o de concurrir al juicio en los términos correspondientes; es un modo de extinción de la relación procesal, que se produce después de cierto tiempo, en virtud de la inactividad de los sujetos procesales, cerrando la relación procesal, con todos sus efectos. ...» (tesis P. XLIII/98, consultable en la página 66, Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En cuanto a los juicios sumarios, la esencia y razón de su existencia radica en que son ágiles en su tramitación, es decir, son juicios más rápidos o breves, en comparación al juicio ordinario. Ahora bien, siguiendo la regla de metodología de interpretación, que consiste «en que la regla especial deroga a la general», obtenemos que el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, establece una regla especial, es decir, es limitativo en cuanto a las resoluciones e interlocutorias en contra de las cuales procede el recurso de apelación en los juicios sumarios; por ende, este medio de impugnación, que también prevé el artículo 29 bis, fracción IX, del ordenamiento legal invocado, para los casos en que se decreta la caducidad de la instancia, no procede cuando se emite dicha determinación en aquel tipo de juicios, en virtud de que si bien este numeral es aplicable a los juicios sumarios, por así disponerlo el diverso 620, en cuanto al recurso de apelación constituye una regla general que es derogada por la regla especial aludida. Por su propia naturaleza, el juicio sumario es de tramitación rápida, ágil o breve, en donde existe una concentración de actuaciones, consecuentemente, el legislador limitó los casos para la procedencia del recurso de apelación en este tipo de juicios, en los que persiguiendo dicho objetivo, estableció una regla especial para tal efecto. En otras palabras, si bien es verdad que existe una disposición genérica que establece la procedencia del recurso de apelación contra la determinación que decreta la caducidad de la instancia, en el caso el 29 bis, fracción IX, lo cierto es que existe una disposición especial que limita los supuestos de procedencia del recurso de apelación contra las determinaciones que se llegaran a dictar en los juicios sumarios, como lo es el artículo 639. Lo anterior es así, en virtud de que no debe pasar inadvertido que el artículo 639 es limitativo en cuanto a los casos para la procedencia del recurso de apelación en el juicio sumario, razón que se encuentra en la propia naturaleza de dicho juicio, y en el diverso artículo 620, que confirma aquella disposición, se establece en lo conducente que: «La tramitación de estos juicios se sujetará a las disposiciones especiales de este título (juicios sumarios) y, en lo no previsto a las reglas generales y disposiciones para el juicio ordinario.». Consecuentemente, si la tramitación de los juicios sumarios, no obstante que se sujetará, en lo no previsto, a las reglas generales y disposiciones para el juicio ordinario, en la aplicación de éstas para declarar la caducidad, como es el caso del artículo 29 bis, fracción IX, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, debe aplicarse la regla especial para promover el recurso de apelación, dado que si bien dicho precepto contempla ese medio de impugnación, en los juicios sumarios se encuentra limitada su procedencia sólo para algunos casos. Es decir, que si acorde con el artículo 620 transcrito, en todo lo no previsto en las disposiciones específicas del Código de Procedimientos Civiles, para el juicio sumario, serán aplicables las reglas generales y disposiciones establecidas para el juicio ordinario; por consiguiente, como la caducidad de la instancia, en sí, no está prevista dentro del capítulo respectivo al juicio sumario para efectos de su impugnación por medio del recurso de apelación, por estarlo en las reglas generales del juicio ordinario, fuerza es de concluir, entonces, que no procede dicho recurso en el juicio sumario cuando en el mismo se decreta la caducidad de la instancia. Recapitulando, los artículos 620 y 639 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, respectivamente establecen, en la parte que interesa, que la tramitación de los juicios sumarios se sujetará a las disposiciones especiales que para tal efecto se prevén y, en lo no previsto a las reglas generales y disposiciones para el juicio ordinario; asimismo, que en estos juicios (sumarios), sólo será admisible la apelación cuando se interponga contra la sentencia definitiva o contra la interlocutoria que declare procedente las excepciones de falta de personalidad o capacidad. En este mismo orden de ideas, dentro de las reglas generales que establece el precitado ordenamiento legal, para la tramitación de los juicios ordinarios, se encuentra el artículo 29 bis que regula la caducidad de la instancia y en cuya fracción IX establece el recurso de apelación para combatir la resolución que declara la caducidad. En consecuencia, partiendo de la regla de metodología de interpretación, que consiste «en que la regla especial deroga a la general», se llega al convencimiento de que si durante la tramitación de un juicio sumario se decreta la caducidad de la instancia de conformidad con el artículo 29 bis, que forma parte de aquellas disposiciones generales que regulan a los juicios ordinarios, no procede el recurso de apelación para impugnar dicha determinación y que prevé este numeral en su fracción IX, en virtud de que si bien, el recurso de mérito también forma parte de esas disposiciones generales, que de acuerdo a lo que establece el artículo 620, son aplicables a los juicios sumarios, en esta última clase de juicios rige la regla específica que establece el artículo 639, que es limitativo respecto de los casos para la procedencia del recurso de apelación; así las cosas, por la regla especial debe gobernarse este recurso en los juicios sumarios.’. La ejecutoria que parcialmente se transcribe pone de manifiesto la limitación del recurso de apelación en los juicios civiles sumarios, como lo ha sostenido este colegiado, dado que la norma especial deroga a la general. En cuanto a que el criterio que invocó el Juez Federal para apoyar su negativa corresponde a un precedente de mil novecientos ochenta y ocho y el que se refiere al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, que cita el disidente, es de ‘dos mil’, ello en nada trasciende a lo razonado, toda vez que tanto el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles anterior al vigente, así como el actual, en esencia dicen lo mismo, esto es, aluden a los casos en que en forma exclusiva procede la apelación en los juicios sumarios; además de que el punto cuestionado en ambos criterios consiste en la aplicación de las disposiciones generales en cuanto a la materia de recursos en tal clase de juicios, independientemente del periodo en que se encuentren. De ahí que resulte infundado lo que se alega sobre el particular. En relación a que el inconforme ya no podrá hacer efectivo el pago de las prestaciones a que resultaron condenados los hoy terceros perjudicados, precisa señalar que ello en todo caso sería la materia de estudio de un auto que no es el reclamado en este amparo. En consecuencia, al no haberse demostrado la ilegalidad del fallo recurrido, se impone confirmarlo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 90 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. En lo que es materia de esta revisión se confirma la sentencia que se revisa. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Citibank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Ábaco Grupo Financiero, por conducto de su apoderado Alfonso Octavio Martín del Campo Amezcua, contra el acto que reclama del Juez Primero de lo Civil de Ocotlán, Jalisco, mismo que se precisa en el resultando primero de esta ejecutoria."
Amparo en revisión 173/88.
"CUARTO. En efecto, el revisionista califica de incorrecta la consideración del Juez de Distrito sobre que procede el recurso de apelación contra el proveído de quince de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, a través del cual el Juez de Primera Instancia de Teocaltiche, Jalisco, declaró procedente el derecho al tanto ejercitado por los copropietarios mayoritarios de cosa común y a los que también, en ese mismo acuerdo, les adjudicó las partes mayoritarias del bien materia del juicio. Este agravio es fundado, porque como con acierto lo indica el recurrente, el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco establece, al referirse a los sumarios: ‘En estos juicios sólo será admisible la apelación cuando el interés del negocio exceda de mil pesos y se interponga contra la sentencia definitiva o contra la interlocutoria que decida sobre las excepciones de falta de personalidad o de capacidad. En ambos casos, el recurso se admitirá en el efecto devolutivo.’, de donde se colige que esa norma limita a los casos que ahí se puntualizan, los que pueden ser combatidos a través del recurso de apelación siempre que se trate de juicios sumarios, tanto más que esa regla por estar incluida en el título undécimo del aludido código, mismo que se ocupa de esta última clase de juicios, debe catalogarse como una norma especial y limitativa que rige por encima de cualquier otra regla general, como en el caso viene a ser el artículo 568 de la propia codificación que invoca el Juez de Distrito, porque aunque es cierto que este último estatuye que cabe la apelación contra el auto que apruebe o no el procedimiento de ejecución, también lo es que esa disposición se ocupa de los remates, pero en los juicios ordinarios, mas no en los sumarios, supuesto que respecto de estos últimos debe tener vigencia la norma contenida en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, precisamente por tratarse de una disposición limitativa y especial. Cabe expresar que el artículo 620 del Código de Procedimientos Civiles vigente en esta entidad, estipula que la tramitación de los juicios sumarios ‘se sujetará a las disposiciones especiales de este título y, en lo no previsto a las reglas generales y disposiciones para el juicio ordinario’; sin embargo, no debe soslayarse que en el caso, aunque no está determinado expresamente cuál recurso procede cuando no se está en los casos de una sentencia definitiva o de una interlocutoria que decide sobre las excepciones de falta de personalidad o capacidad a que el artículo 639 que se señala alude, también es cierto que el método deductivo para interpretar la ley igualmente es válido, por lo que si se considera que el artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco dispone: ‘Las demás resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo Juez o tribunal que las haya pronunciado.’, debe deducirse que en los casos no contemplados en el pluricitado numeral 639, siempre que se trate de juicios sumarios, el medio de impugnación correspondiente es la revocación, por lo que, entonces, no cobra vigencia el artículo 620 de la misma codificación, atento que en el caso a estudio está reglamentado lo relativo a los recursos en los juicios sumarios, máxime que el acto reclamado en el juicio de amparo no consiste en la revisión, por parte del Juez, del procedimiento de ejecución donde se fincó un remate, sino en la adjudicación de una parte de un inmueble con motivo de que se hizo valer el derecho al tanto. Como quiera, en el supuesto en revisión no se actualiza el artículo 501 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, ya que si el proveído contra el que se dirige el recurso materia del amparo no es una resolución dictada para la ejecución de una sentencia, sino que se trata de la ejecución misma, es de convenir en que el Juez de Distrito resolvió incorrectamente, en tanto que estimó que es apelable la medida por la que se adjudica a los copropietarios mayoritarios las partes alícuotas pertenecientes a los actores en el juicio natural, porque lo que procede es el recurso de revocación. No obsta en contrario lo que sustenta el resolutor en el sentido de que la limitación para interponer el recurso de apelación únicamente se refiere al procedimiento de primera instancia, mas no a la fase de ejecución de sentencias regulada por el título octavo del código adjetivo de la materia, aplicable tanto a los juicios sumarios como a los ordinarios, porque en la codificación procesal civil que rige el caso no se dispone así y es principio de derecho, el de que, donde la ley no distingue no les es dado al interpretador de la norma distinguir, habida cuenta que como lo expresa la revisionista, Eduardo Pallares, en su obra ‘Diccionario de Derecho Procesal Civil’, página 464, séptima edición, Editorial Porrúa, S.A., al referirse al juicio, señala ‘... Pero salta a la vista que el fin del juicio no sólo es resolver la controversia o conflicto de intereses, sino realizar el derecho, hacer efectivo lo resuelto en la sentencia. De nada servirá ésta si únicamente tiene fuerza decisoria, pero ninguna ejecutiva. Lo que los litigantes quieren cuando acuden a los tribunales, es obtener completa justicia, que sólo logran mediante la plena realización de lo resuelto en el fallo ...’. De donde se colige que el juicio no sólo comprende la primera instancia, sino también el procedimiento ante el ad quem y aun la etapa ejecutiva, de manera que no puede aceptarse lo que afirma el Juez de Distrito de que la limitación para interponer el recurso de apelación únicamente se refiera al procedimiento de primera instancia, pero no a la fase de ejecución de sentencias. Sobre ese tenor, es obligado modificar el fallo para dejar firme el sobreseimiento dispuesto por el Juez de Distrito, ya que en su relación nada se dice en los agravios, y en cambio se impone revocar el sentido de la sentencia por cuanto negó a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, concediéndolo en su lugar para el efecto de que el Juez de Primera Instancia de Teocaltiche, Jalisco, de no existir otro inconveniente legal diverso al que fue materia de esta revisión, admita a trámite el recurso de revocación interpuesto por la apoderada legal de J. Santos Díaz de Anda y Agustina Díaz de Anda, contra el proveído dictado por aquel Juez del fuero estatal, el quince de marzo de mil novecientos ochenta y ocho. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 107, fracción VIII, inciso f), último párrafo, de la Constitución Federal; 76, 90, 184 y demás relativos de la Ley de Amparo y 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se modifica el fallo sujeto a revisión. SEGUNDO. Queda firme lo resuelto por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, a propósito del sobreseimiento decretado en relación con el auto de doce de febrero de mil novecientos ochenta y ocho. TERCERO. Se revoca la negativa de amparo pronunciada por la autoridad de control y, en su lugar, se concede a J. Santos Díaz de Anda y Agustina Díaz de Anda, por conducto de su apoderada legal Martha Leticia Delgadillo Díaz, el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos que se señalan en la parte final del último considerando de este fallo."
Las resoluciones anteriormente referidas dieron origen a la siguiente tesis de jurisprudencia, que a su letra dice:
"Novena Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, mayo de 2001
"Tesis: III.3o.C. J/23
"Página: 860
"APELACIÓN, LA LIMITACIÓN DEL RECURSO DE, EN LOS JUICIOS SUMARIOS, ABARCA TAMBIÉN LA FASE EJECUTIVA DE LA SENTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La limitación del recurso de apelación en los juicios sumarios, contenida en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, no se refiere únicamente al procedimiento de primera instancia, sino también a la fase de ejecución de sentencia, toda vez que la codificación mencionada no hace distinción alguna al respecto, y es principio de derecho el de que, donde la ley no distingue, no le es dable hacerlo al intérprete de la misma.
"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
"Amparo en revisión 173/88. J. Santos Díaz de Anda y Agustina Díaz de Anda. 31 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hidalgo Riestra. Secretario: Jorge Quezada Mendoza.
"Amparo en revisión 613/98. Banca Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfín. 9 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María de los Ángeles E. Chavira Martínez. Secretario: Salvador Murguía Munguía.
"Amparo en revisión 559/98. Banpaís, S.A., Institución de Banca Múltiple. 13 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María de los Ángeles E. Chavira Martínez. Secretaria: María Teresa Espinoza Vázquez.
"Amparo en revisión 693/98. Banco de Crédito Rural de Occidente, S.N. de C., Institución de Banca de Desarrollo. 29 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretaria: Patricia J. Chávez Alatorre.
"Amparo en revisión 2244/2000. Citibank México, S.A., Grupo Financiero Citibank. 29 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretaria: María Elena Ruiz Martínez."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil el amparo en revisión número 1993/99, promovido por Banca Promex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, integrante del Grupo Financiero Promex Finamex, se apoyó en las consideraciones que a continuación se transcriben:
"CUARTO. Los agravios expresados por Carlos Márquez Lechuga, con el carácter de apoderado de la quejosa-recurrente, Banca Promex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, integrante del Grupo Financiero Promex Finamex, son sustancialmente fundados, pues tiene razón al manifestar que la interlocutoria emitida en el procedimiento natural admite el recurso de apelación. En efecto, del examen de las constancias que se remitieron a este tribunal para la sustanciación del recurso, las cuales tienen eficacia probatoria plena por tratarse de documentales públicas, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles -aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se advierten las siguientes actuaciones: Por auto del once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (foja 107 del principal), el Juez Séptimo de lo Civil local declaró la caducidad de la instancia en el juicio de origen, con lo cual puso fin al mismo, ya que incluso en acuerdo posterior ordenó la devolución de los documentos fundatorios de la acción (foja 111). A consecuencia de lo expuesto, el abogado patrono de la parte demandada solicitó la condena en costas y formuló su planilla de regulación, por lo que, una vez sustanciado el incidente respectivo, con fecha veintiséis de abril de mil novecientos noventa y nueve se dictó interlocutoria aprobando dicha planilla hasta por la cantidad de $102,300.50 (ciento dos mil trescientos pesos cincuenta centavos), a cuyo pago fue condenada la actora (fojas 112 a 116). Inconforme con esa interlocutoria, el apoderado de la actora interpuso recurso de apelación que el Juez natural admitió por auto de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, remitiendo a la Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal las constancias necesarias para la sustanciación de la alzada (foja 127). Mediante acuerdo del ocho de septiembre del año próximo pasado, la Séptima Sala del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco declaró la inadmisibilidad del recurso con base en lo dispuesto por el artículo 639 del adjetivo civil local (foja 69); proveído este que constituye el acto reclamado en el juicio de garantías. Lo anterior pone de manifiesto, de manera indudable, que la interlocutoria apelada no se dictó durante la sustanciación del juicio natural, sino después de concluido el mismo. Ahora bien, el artículo 639 del enjuiciamiento civil para el Estado de Jalisco, determina en cuanto a los juicios sumarios: ‘En estos juicios sólo será admisible la apelación cuando se interponga contra la sentencia definitiva o contra la interlocutoria que declare procedente las excepciones de falta de personalidad o capacidad. En ambos casos, la apelación se admitirá en efecto devolutivo.’. Como se puede observar de la transcripción que antecede, el artículo habla de las interlocutorias que deciden las excepciones dilatorias de falta de personalidad o capacidad, así como de la sentencia definitiva; por lo que una interpretación armónica y racional del propio precepto conduce a establecer que sólo es aplicable respecto de las resoluciones que se dictan durante la tramitación de los juicios sumarios hasta su conclusión natural por sentencia de fondo, o por cualquier otra causa; lo que obviamente no incluye a las resoluciones que se dictan después de concluido el mismo. De no ser así, se llegaría al extremo de que cualquier interlocutoria pronunciada después de fenecido el juicio sumario, incluso las pronunciadas durante el periodo de ejecución de sentencia, serían inimpugnables, pues a virtud de las reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, que entraron en vigor el primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco, el recurso de queja ya no procede contra las interlocutorias dictadas en la etapa de ejecución. Así pues, la impugnabilidad de la interlocutoria emitida en el incidente de regulación de gastos y costas del juicio promovido después de concluido el mismo, no se rige por lo dispuesto en el artículo 639 del código adjetivo civil, sino por el artículo 145, que en el caso resulta ser la norma especial y establece la procedencia del recurso de apelación en el efecto devolutivo contra las interlocutorias que se pronuncian en esa clase de incidencias; de ahí que, opuestamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, la Sala responsable, al resolver en contravención a lo antes expuesto, infringió en perjuicio de la quejosa la garantía de legalidad tutelada por el artículo 14 de la Carta Magna. Por ello, debe revocarse la sentencia recurrida que negó la protección constitucional y, en su lugar, conceder el amparo impetrado para el efecto de que la ad quem deje insubsistente el auto reclamado y en reparación a la garantía violada dicte un nuevo acuerdo en el que, atendiendo a los lineamientos vertidos en el cuerpo de esta ejecutoria, resuelva como en derecho corresponda respecto de la admisión del recurso de apelación a que se ha hecho referencia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el considerando cuarto que antecede, la Justicia de la Unión ampara y protege a Banca Promex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, integrante del Grupo Financiero Promex Finamex, contra el acto de la autoridad que se especifica en el resultando primero de esta ejecutoria."
De las consideraciones preinsertas surgió la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, mayo de 2000
"Tesis: III.2o.C.37 C
"Página: 937
"GASTOS Y COSTAS, INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE, EN JUICIOS SUMARIOS. PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN, EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 639 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO). Tratándose de juicios civiles sumarios, el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, limita la procedencia del recurso de apelación a dos supuestos: a) Contra la sentencia definitiva; y b) Contra la interlocutoria que declare procedentes las excepciones de falta de personalidad o capacidad. Una interpretación armónica y racional de dicho numeral, conduce a establecer que sólo es aplicable respecto de las resoluciones que se dictan durante la tramitación de los juicios sumarios hasta su conclusión natural por sentencia de fondo, o por cualquier otra causa, lo que obviamente no incluye a las resoluciones que se dictan después de concluido el mismo; por lo que, considerar lo contrario, llevaría al extremo de que cualquier interlocutoria pronunciada después de fenecido el juicio sumario, incluso las pronunciadas durante el periodo de ejecución de sentencia, serían inimpugnables, pues merced a las reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, que entraron en vigor el primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco, el recurso de queja ya no procede contra las interlocutorias dictadas en la etapa de ejecución. Así, la interlocutoria emitida en el incidente de regulación de gastos y costas del juicio, promovido después de concluido el mismo, no se rige por el artículo 639 del citado código adjetivo civil local, sino por el diverso numeral 145 del propio ordenamiento legal, que en el caso resulta ser la norma especial y establece la procedencia del recurso de apelación en el efecto devolutivo, contra las interlocutorias que se pronuncian en esa clase de incidencias.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
"Amparo en revisión 1993/99. Banca Promex, S.A., Institución de Banca Múltiple, integrante del Grupo Financiero Promex Finamex. 31 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Ricardo Lepe Lechuga."
QUINTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en tratándose de la figura de contradicción de tesis, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, se requiere de la existencia de oposición de criterios jurídicos que controviertan la misma cuestión y se adopten criterios diferentes; así como también que esa discrepancia recaiga en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas; y finalmente, que los distintos criterios provengan del examen de similares elementos.
En otras palabras, para que exista contradicción de criterios es necesario se actualicen los siguientes supuestos:
* Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
* Que esa diferencia de criterios radique precisamente en las consideraciones, ra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16981-37018d4b/apelacion-es-improcedente-ese-recurso-contra-actos-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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