HORAS EXTRAS. CUANDO LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO RECLAMAN SU PAGO Y EL TITULAR CONTROVIERTE LA DURACIÓN DE LA JORNADA, A ÉSTE LE CORRESPONDE LA CARGA DE ACREDITAR QUE ÚNICAMENTE LABORABAN LA LEGAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 173/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, HOY PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: MARA GÓMEZ PÉREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones expuestas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en relación con el tema de la presente contradicción, están más claramente expuestas en la ejecutoria relativa al amparo directo DT. 6666/2004, asunto que, si bien no fue uno de los cinco que dieron lugar a la tesis de jurisprudencia en contradicción, es el que se resolvió más recientemente y el que, en realidad, motivó la presente denuncia de contradicción de tesis, razón por la cual dicha sentencia se transcribe a continuación, en la parte que aquí interesa:
"En cambio, es fundado el cuarto concepto de violación en el que la quejosa aduce, en esencia, que la Sala indebidamente condenó a la parte demandada el pago del tiempo extraordinario, argumentando que a ésta le correspondía la carga probatoria para acreditar el horario, sin tomar en cuenta que el actor con ninguna de sus pruebas acreditó la procedencia de su reclamación.
"Del análisis de las constancias que integran el expediente laboral, se desprende que el actor demandó, entre otras prestaciones: ‘D) El pago de tres horas extras diarias de las diecisiete horas a las veinte horas, laboradas por mi poderdante de lunes a viernes de cada semana por todo el tiempo que duró la relación laboral’; precisando en el capítulo de hechos: 1. Con fecha primero de abril de mil novecientos noventa y ocho, mi poderdante originalmente prestó sus servicios a favor del Gobierno del Distrito Federal en la Dirección General de Servicios Urbanos, en el puesto de Proyectista de Obras Urbanas, con número de plaza 3104062, con puesto CF 62820, asignándole con posterioridad, debido al buen desempeño de sus labores, el puesto de enlace ‘B’, mismo que ha desempeñado de forma esmerada eficiente, asignándole como jornada laboral de las nueve horas a las veinte horas de lunes a viernes de cada semana, por lo cual mi poderdante laboró para los demandados tres horas extras diariamente de lunes a viernes de cada semana de las diecisiete a las veinte horas, por todo el tiempo que duró la relación laboral (folio 2).
"Por su parte, el Gobierno del Distrito Federal dio contestación a la demanda, manifestando: ‘D) Carece de acción y de derecho alguno para reclamar el pago de 3 horas extras diarias de las 17:00 a las 20:00 horas de lunes a viernes de cada semana por todo el tiempo que duró la relación laboral, en virtud de que no devengó tiempo extraordinario alguno, además de que el reclamo de la prestación que nos ocupa se encuentra formulada en forma genérica, es decir, omite señalar la parte contraria los meses y los días que supuestamente laboró el tiempo extraordinario, y mucho menos prueba ni acredita que el mismo le haya sido autorizado por funcionario facultado para ello, motivo por el cual es improcedente su reclamación ...’ (folio 70).
"A la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo (folio 67).
"Al dictar el laudo combatido, la Sala responsable estimó al respecto: ‘Continuando con el estudio de las restantes prestaciones reclamadas por el hoy actor, corresponde el turno a las horas extras reclamadas que asegura laboró de las diecisiete a las veinte horas, de lunes a viernes, por todo el tiempo que duró la relación laboral; al respecto, la demandada señaló que era falso que el actor hubiera laborado tres horas diarias, pues su horario de labores era de las ocho a las quince horas y que se trataba de una reclamación genérica, pues no precisaba de manera específica los meses y los días que supuestamente laboró, por lo que se encontraba en imposibilidad de controvertirlo y que, no obstante ello, suponiendo sin conceder que a juicio de este órgano jurisdiccional se actualizara el reclamo antes señalado, oponía la excepción de prescripción en términos del artículo 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que contaba con un año para exigir el reclamo correspondiente. Al respecto de la prestación señalada en el párrafo que antecede, esta Sala determina que es procedente la excepción de prescripción, pues efectivamente el hoy actor contaba las horas extras para ejercitar su reclamo (sic), por lo que en todo caso sólo se estudiará la procedencia o improcedencia de las referentes al periodo comprendido del tres de mayo de dos mil uno al dos de mayo de dos mil dos, declarándose prescritas las reclamadas por el periodo del primero de abril de mil novecientos noventa y ocho al dos de mayo de dos mil uno. Ahora bien, esta Sala considera que toda vez que la carga probatoria del horario del trabajador corresponde a la demandada, toda vez que enfáticamente señaló que el horario del servidor era de las ocho a las quince horas, pues el referido titular es quien cuenta con los documentos idóneos para ello, como lo pueden ser los controles de asistencia implementados para verificar la asistencia y puntualidad de sus servidores, y en el caso concreto no exhibió prueba alguna que acreditara fehacientemente que el horario del actor, en razón de lo anterior, existe la presunción no desvirtuada de que efectivamente el C. Hernández Campos Octavio Gabriel, laboró tres horas extras de lunes a viernes, por lo que en su oportunidad se debe condenar al titular demandado al pago de tres horas diarias de lunes a viernes por el periodo del tres de mayo de dos mil uno al dos de mayo de dos mil dos, debiéndose cuantificar las mismas en los términos precisados por el artículo 39 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, esto es, con un ciento por ciento más el salario asignado a las horas de jornada ordinaria, por lo que si el actor laboró tres horas extras de lunes a viernes por el periodo del tres de mayo de dos mil uno al tres de mayo de dos mil dos, tomando en cuenta que gozó de veinte días de vacaciones y, en consecuencia, dichos días no laboró, el total de horas extras asciende a 720 horas, por lo que si dicho salario mensual que percibía era de $12,286.00 (doce mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), dividido entre treinta, da como resultado un salario diario de $409.53 (cuatrocientos nueve pesos 53/100 M.N.), el que dividido por ocho horas de labores, arroja por cada hora la cantidad de $51.19 (cincuenta y un pesos 19/100 M.N.), que multiplicado por las 720 horas antes señaladas, arroja la cantidad de $73,715.00 (setenta y tres mil setecientos quince pesos 99/100 M.N.), a la cual la demandada deberá restarle el impuesto sobre la renta correspondiente y entregarle al hoy actor la cantidad líquida que le corresponda.’ (folio 212 vuelta a 214).
"Ahora bien, de lo transcrito se desprende lo fundado del argumento que se hace valer, ya que la Sala responsable incorrectamente impuso la carga de la prueba a la parte demandada para acreditar el horario de trabajo del actor, sin tomar en cuenta que a quien correspondía demostrar que laboró tiempo extraordinario era al trabajador.
"Lo anterior es así, ya que no es aplicable supletoriamente en su beneficio la presunción que dispone el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia que aparece publicada con el número 242, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia de Trabajo, que dice: ‘HORAS EXTRAORDINARIAS, CARGA DE LA PRUEBA DE LAS. La tesis jurisprudencial número 116, publicada en la página 121 del Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1975, que, en esencia, sostiene que corresponde al trabajador acreditar de momento a momento el haber laborado las horas extraordinarias, seguirá teniendo aplicación para los juicios que se hayan iniciado bajo el régimen de la Ley Federal del Trabajo de 1970, antes de las reformas procesales de 1980, pues dicha jurisprudencia se formó precisamente para interpretarla en lo referente a la jornada extraordinaria; pero no surte efecto alguno tratándose de juicios ventilados a la luz de dichas reformas procesales, cuya vigencia data del 1o. de mayo del citado año, pues su artículo 784, establece que «La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos, que de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlas, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador», y que en todo caso corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre ... «Fracción VIII. La duración de la jornada de trabajo» y, por ende, si el patrón no demuestra que sólo se trabajó la jornada legal, deberá cubrir el tiempo extraordinario que se le reclame.’. Lo anterior es así, por las siguientes razones:
"La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado vigente, fue promulgada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 28 de diciembre de mil novecientos setenta y tres. En ella se dispuso la supletoriedad que ordena su artículo 11, en el sentido de que en lo no previsto expresamente por la misma o en disposiciones especiales, se aplicarían en su orden la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.
"Dicho artículo 11, el cual no ha sido reformado, expresó la voluntad del legislador de suplir lo no previsto en su ley, con las normas entonces en vigor de la Ley Federal del Trabajo, la de dieciocho de agosto de mil novecientos treinta y uno, las que, por efecto de la supletoriedad así ordenada, quedaron incorporadas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de mil novecientos sesenta y tres, pero esa indicación de supletoriedad no significa el propósito legislativo de ligar permanentemente la Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a modificaciones ulteriores que surgieren del desarrollo evolutivo de las normas reglamentarias del apartado A del mismo artículo constitucional, porque ello implicaría desconocer las diferencias específicas existentes entre las fuentes reales, los diversos hechos sociales que causaron el surgimiento de dos ordenamientos jurídicos separados en diversos apartados el artículo 123 constitucional y en distintos conjuntos normativos reglamentarios; uno, para regular las prestaciones de servicios subordinados a patrones sujetos jurídicos privados para beneficio de sus particulares intereses; otro para regular las prestaciones de servicios subordinados al patrón, ente público, para beneficio de los intereses sociales generales encomendados a éste; por lo cual cada uno de ambos conjuntos de normas tienen sus fuentes propias en los hechos sociales que lo motivan, determinan su finalidad específica y su desarrollo diferente, fuentes que por su propia esencia no se confunden, pues en el caso del apartado A y la Ley Federal del Trabajo, su finalidad es seguir en su desarrollo espontáneo y vigilar la armónica relación entre los opuestos intereses de las fuerzas del capital y trabajo existentes espontáneamente en el seno de la colectividad, en tanto que en el apartado B y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, su finalidad es seguir el desarrollo colectivamente programado de las actividades de interés social a cargo del Estado y la adecuada y conveniente compensación colectiva a quienes colaboran en la realización material de esas actividades.
"Por lo que la supletoriedad de que se trata sólo puede significar que el legislador, al establecerla, refirió un conjunto de normas ya existentes como instrumento adecuado para completar y explicar la significación del que estaba emitiendo en ese momento, pero no que el conjunto normativo que estructuraba debiese quedar sujeto permanentemente a las modificaciones que, en su propia evolución, sufran las normas de la misma jerarquía legal, cuya existencia y desarrollos ulteriores tienen motivos y fines propios, diversos e independientes a los de la normatividad específica que formula en un momento dado. Así es como se explica el que, con apoyo en el mismo artículo 11 en comento, el Código Federal de Procedimientos Civiles y el derecho común sigan siendo cuerpos normativos supletorios, en orden sucesivo, a la Ley Federal del Trabajo de dieciocho de agosto de mil novecientos treinta y uno, y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a pesar de que han dejado de tener tal carácter respecto de la Ley Federal del Trabajo vigente.
"Por lo que es evidente que si la Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional envía al juzgador a la Ley Federal del Trabajo, es para el efecto de que se supla lo no previsto en la primera en la época de su creación, con el régimen entonces vigente en la segunda y que si el régimen jurídico sobre atribución de la carga de la prueba del trabajo en horas extraordinarias fue modificado posteriormente para los conflictos derivados de las relaciones laborales que regula el apartado A del artículo 123 constitucional, tal modificación no atañe a la precitada Ley Reglamentaria del Apartado B del mismo artículo, puesto que si el legislador así lo hubiese pretendido, siendo el mismo desde el punto de vista de su función, al hacer tal modificación hubiera actualizado también en ese momento la disposición que ordenó la supletoriedad en diverso ordenamiento, y al no haber procedido de tal manera, demostró que su intención era la de que para la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de mil novecientos sesenta y tres quedaran en vigor las normas de la Ley Federal del Trabajo antes de su reforma, mismas que fueron las señaladas como supletorias y quedaron incorporadas a la Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, al ser creada ésta.
"Ahora bien, como la debida interpretación jurídica de las normas supletorias mencionadas quedó establecida en la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, tomo XII, página 302, de rubro: ‘HORAS EXTRAORDINARIAS.’, en el sentido de que el reclamante de pago de trabajo en horas extraordinarias está obligado a probar que trabajó precisamente el número diario de ellas del momento en que comenzaba la labor extraordinaria al en que concluía, a fin de que el juzgador pueda computar su monto y que, cuando esto no ocurre, se ha de absolver por falta de base para precisarlas, es ese el criterio que debe considerarse como el que puede suplir y explicar lo no previsto al respecto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues, si en razón de lo anterior, el artículo 784 de la actual Ley Federal del Trabajo, no es supletoriamente aplicable a la resolución de los conflictos de competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la jurisprudencia número 126, publicada en el Apéndice 1917-1985, Quinta Parte, Cuarta Sala, página 111, bajo el rubro: ‘HORAS EXTRAORDINARIAS, CARGA DE LA PRUEBA DE LAS.’, tampoco es aplicable en estos conflictos por ser interpretación del mencionado artículo 784.
"Asimismo, este tribunal estima que el artículo 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al facultar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para apreciar las pruebas en conciencia, excluye la aplicación supletoria de las reglas sobre apreciación y valoración de pruebas establecidas como guías para casos específicos de estimación de elementos de convicción por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en la Ley Federal del Trabajo.
"Por otra parte, la relación laboral burocrática se fundamenta casi siempre en el nombramiento respectivo y todo movimiento da origen a documentos públicos de tipo administrativo, sin los cuales resulta imposible el desarrollo de la propia actividad estatal, motivo por el que en el caso de las relaciones de trabajo reguladas por el apartado B del artículo 123 constitucional, existe una formación específica y por el cual no existe la razón que motivó el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, ni les es aplicable a este específico tipo de relaciones laborales la reversión probatoria que tal disposición establece como excepción al principio general de derecho procesal de que quien afirma está obligado a probar."
Los anteriores razonamientos, en su momento, dieron lugar a la jurisprudencia I.6o.T. J/17, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de 1997, página 706, que dice:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. TIEMPO EXTRAORDINARIO. NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NI LA JURISPRUDENCIA QUE DE ELLA SE DERIVA. No es aplicable en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado la presunción legal establecida en el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo ni la jurisprudencia número 126, que bajo el título: ‘HORAS EXTRAORDINARIAS, CARGA DE LA PRUEBA.’, se halla publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, porque tomando en consideración que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado fue promulgada por decreto publicado el 28 de diciembre de 1963, la que en su artículo 11 dispuso que en lo no previsto expresamente por la misma o disposiciones especiales, se aplicaría en su orden la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad, y que el artículo de la comentada ley no ha sido reformado, es de concluirse que en él se expresó la voluntad del legislador de suplir lo no previsto en su ley con las normas de la entonces en vigor Ley Federal del Trabajo, de 18 de agosto de 1931, las que por efecto de la supletoriedad así ordenada quedaron incorporadas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de 1963; pero esa indicación de supletoriedad no significa propósito legislativo de ligar permanentemente la Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional a modificaciones ulteriores que surgieran del desarrollo evolutivo de las normas reglamentarias del apartado A del mismo artículo constitucional, porque ello implicaría desconocer las diferencias específicas entre las fuentes reales de dos ordenamientos jurídicos; uno, para regular las prestaciones de los servicios subordinados a patrones sujetos jurídicos privados para beneficio de sus particulares intereses; otro, para regular las prestaciones de servicios subordinados al patrón, ente público, para beneficio de los intereses sociales generales encomendados a éste. Por lo que la supletoriedad de que se trata sólo puede significar que el legislador, al establecerla, refirió un conjunto de normas ya existentes, como instrumento para completar y explicar la significación del que estaba emitiendo en ese momento, pero no que el conjunto normativo que estructuraba debiese quedar sujeto permanentemente a las modificaciones que, en su propia evolución, sufran las normas de la misma jerarquía legal, cuya existencia y desarrollo ulteriores tienen motivos y fines propios, diversos e independientes de la normatividad específica que formula en un momento dado.
"SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
"Amparo directo 11326/88. Apolinar Suriano López. 16 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Óscar Castañeda Batres.
"Amparo directo 7296/92. Rafael López Sánchez. 13 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.
"Amparo directo 4556/93. Federico Díaz Márquez. 18 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. Secretario: Víctor Ruiz Contreras.
"Amparo directo 8496/93. Martha Muñiz Martínez. 16 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Óscar Castañeda Batres.
"Amparo directo 12376/96. César Ibarra Sánchez. 13 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Patiño Pérez. Secretario: José Luis Martínez Luis."
CUARTO. Por su parte, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 83/94, en lo que aquí interesa, sostuvo lo siguiente:
"Por último, debe decirse que la carga de la prueba de que no se laboró horas extras le correspondía a la parte demandada y no al actor, en tanto que la patronal al contestar la demanda, controvirtió la duración de la jornada de trabajo al decir que: ‘... no es cierto también que el horario de trabajo sea el que éste señala puesto que su horario era de 22:00 a 05:00 horas ...’, de suerte que si no hay pruebas que acrediten que laboraba la jornada legal, es evidente que la responsable igualmente debió condenar a la parte demandada al pago de las horas extras reclamadas, pero como no lo hizo, tal proceder resulta violatorio de las garantías del quejoso; lo que lleva a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo impugnado y, en su lugar, dicte otro, en el que dejando intocadas las demás condenas y absoluciones a que se refieren los demás resolutivos, determine que la carga de la prueba del pago de los séptimos días y horas extras le correspondía a la parte demandada, y resuelva lo procedente, ajustándose a los lineamientos establecidos en esta ejecutoria."
Los anteriores razonamientos, originaron la tesis aislada que aparece publicada en la página 458 del Tomo XIII, mayo de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"HORAS EXTRAORDINARIAS. TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, LA CARGA DE LA PRUEBA LE CORRESPONDE AL PATRÓN. Si el patrón al contestar la demanda, controvierte la duración de la jornada de trabajo, sin que acredite que el trabajador laboraba la jornada legal, debe condenarse al pago de horas extras reclamadas, en razón de que es a la patronal a quien corresponde la carga de la prueba.
"TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
"Amparo directo 83/94. Clemente Escobar Ramírez. 24 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. Secretario: Ronay de Jesús Estrada Solís."
QUINTO. Precisado lo anterior, debe ahora determinarse si existe o no la contradicción de tesis denunciada.
De conformidad con lo señalado en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito, este Alto Tribunal ha señalado que para que se configure ésta, es menester que se actualicen los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Lo anterior ha sido sustentado en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, número P./J. 26/2001, publicada en la página 76, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
En la especie, se actualizan los supuestos referidos en la tesis antes transcrita, tal como se procede a explicar a continuación.
En primer término, debe quedar de manifiesto que los Tribunales Colegiados contendientes partieron de las mismas circunstancias fácticas y analizaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, y que lo hicieron, precisamente, al expresar los razonamientos y consideraciones de las sentencias que quedaron transcritas.
En efecto, los Tribunales Colegiados Primero del Vigésimo Circuito y Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito emitieron los criterios materia de esta contradicción al resolver juicios de amparo directo.
En ambos juicios, se analizaron demandas provenientes de trabajadores burocráticos a los que les era aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
En relación con este aspecto debe precisarse que en el juicio del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, se impugnó el laudo emitido el dos de diciembre de mil novecientos noventa y tres por el Tribunal del Servicio Civil del Estado de Chiapas, en el expediente 15/B/93, por lo que, en principio, el ordenamiento que resultaba aplicable era la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas.
No obstante lo anterior, ese ordenamiento, si bien contempla la institución de las horas extraordinarias laboradas, no establece a quién corresponde la carga de la prueba de esta circunstancia, sino que en su artículo noveno transitorio, dispone:
"Artículo noveno. En lo no previsto y que no se oponga a esta ley es supletoria la Ley Federal de los Trabajadores del Estado."
De lo anterior, se colige que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, igualmente analizó una demanda proveniente de un trabajador burocrático al que le era aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Aunado a lo anterior, en ambos juicios, entre otras cuestiones, se encontraba a discusión si debería pagárseles a dichos trabajadores el tiempo extra que decían haber laborado o, por el contrario, no procedía el pago de tal contraprestación.
Y por último, según se desprende de las ejecutorias de mérito, en ambos casos la acreditación de tal derecho sólo se podía fundar en el dicho del trabajador, pues si bien el patrón había controvertido lo afirmado por la parte trabajadora, no aportó al juicio medio de prueba alguno que acreditara su negativa a pagar dicha contraprestación.
Ahora bien, al tenor de ese contexto fáctico, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a conclusiones disímiles.
Efectivamente, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito implícitamente estimó que como a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado le es aplicable de manera supletoria la Ley Federal del Trabajo, era al patrón a quien correspondía acreditar la jornada de trabajo, razón por la cual al no haberla probado, debía tenerse por cierta la afirmación del trabajador de que había trabajado horas extras, por lo que procedía condenar a la parte patronal al pago de dicha contraprestación.
Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, contrario a lo anterior, estimó que independientemente de tal supletoriedad, la carga de la prueba en tratándose de la jornada laboral le correspondía al trabajador, quien al no haber demostrado que había trabajado el tiempo extraordinario que afirmó en su demanda, no tenía derecho a la correlativa contraprestación.
Como puede advertirse de lo anterior, en los asuntos abordados en cada uno de los amparos directos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en la presente contradicción de tesis, se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adoptaron posiciones jurídicas discrepantes; en ambos casos, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones de las sentencias respectivas, y por último, es claro también que los criterios discrepantes provienen del examen de los mismos elementos. Todo esto permite concluir que, en la especie, sí existe la oposición de criterios denunciada.
Así, el punto concreto de la contradicción que corresponde dilucidar a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si en tratándose de trabajadores sujetos al régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la carga probatoria del tiempo extraordinario laborado le corresponde al patrón, o bien, le corresponde al trabajador.
Cabe decir, por último, que aunque existe una buena cantidad de tesis jurisprudenciales de este Alto Tribunal relativas al tiempo extraordinario laborado, y que en algunas de ellas se hacen pronunciamientos específicos sobre la carga de la prueba en tratándose de esta prestación, dado que la Ley Federal del Trabajo fue reformada en el año de mil novecientos ochenta (Diario Oficial de la Federación del cuatro de enero de mil novecientos ochenta) para el efecto de establecer, entre otras cosas, precisamente que la carga de la prueba en lo relativo a la duración de la jornada de trabajo le corresponde al patrón, es claro que tales criterios, o son sólo aplicables a los tra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18799-bc16d1d3/horas-extras-cuando-los-trabajadores-al-servicio-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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