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Modo: Corpus Pro

AUDIENCIA DE VISTA EN SEGUNDA INSTANCIA. SI SE CELEBRA SIN LA ASISTENCIA DEL DEFENSOR, NO OBSTANTE QUE EL CÓDIGO ADJETIVO LOCAL PERMITA SU AUSENCIA CUANDO ESTÉ DEBIDAMENTE NOTIFICADO, ELLO IMPLICA UNA LIMITACIÓN A LA GARANTÍA DE ADECUADA DEFENSA QUE ORIGINA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 232/2004. · Registro digital (IUS): 18815
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, , Pág. 1229.

AMPARO DIRECTO 232/2004.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Resulta innecesario transcribir la sentencia reclamada y los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, pues en suplencia de la queja deficiente prevista en la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, este tribunal advierte una violación procesal en segunda instancia que lo dejó sin defensas.

Lo anterior es así en atención a lo siguiente:

Del análisis efectuado a los autos, se advierte que el quejoso interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria de primer grado. Derivado de lo anterior, en auto de once de diciembre de dos mil tres, dictado dentro del toca número 786-C-2P01/2003 (foja 3), el Magistrado presidente de la Sala responsable proveyó sobre la admisión del medio impugnativo referido y señaló las doce horas del quince de enero de dos mil cuatro, para que tuviera verificativo la audiencia de vista contemplada en el artículo 392 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, designándose como defensor del apelante el social de su adscripción, lo cual fue notificado tanto al agente del Ministerio Público como a dicho defensor (foja 4).

Por escrito presentado ante la ad quem el doce de enero de dos mil cuatro, el quejoso nombró como su defensor particular ante esa instancia a ... (foja 13); por auto de trece siguiente, sin revocar el nombramiento del defensor público, pues el particular carecía de cédula profesional, la Sala acordó de conformidad tal petición y ordenó se notificara personalmente a aquél sobre el cargo conferido.

Con motivo de lo anterior y en virtud de que aún transcurría el plazo que se le dio a la persona antes mencionada para que aceptara el cargo de defensor otorgado por el quejoso, la Sala responsable difirió la audiencia de vista para las once horas del treinta de enero siguiente (foja 20).

Por auto de diecinueve de enero de dos mil cuatro, se le tuvo como defensor particular del quejoso a ... quien en tal data compareció a aceptar el cargo conferido (foja 21).

Ahora bien, en la audiencia de vista de mérito, se estableció lo siguiente:

"En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 11:00 (once) horas del día 30 (treinta) de enero del año 2004 (dos mil cuatro), hora y día señalados en el auto de fecha 15 (quince) de enero del año en curso para la celebración de la audiencia de vista a que se refiere el artículo 392 del Código de Procedimientos Penales, estando en audiencia el ciudadano licenciado Marcos Escobar López, Magistrado presidente de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 1 Tuxtla, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, asistido de la licenciada Amalia Monzón Velasco, secretaria general de Acuerdos, que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia con la asistencia de la agente del Ministerio Público ... quien se identifica con la credencial expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, folio número ... misma que tuve a la vista y se le regresa por ser de uso personal, mas no así del acusado ... defensor social y persona de confianza. A continuación la secretaria hace relación de las constancias procesales, da cuenta con los pedimentos números 0012/2004 y 0060/2004, suscritos por el defensor social fechados e ingresados por oficialía de partes el 7 (siete) y 20 (veinte) de enero del año en curso respectivamente, por medio del cual en el primero expresa agravios en contra de la sentencia de fecha 19 (diecinueve) de noviembre de 2003 (dos mil tres) y en el segundo solicita que se tomen en considera (sic) los agravios expresados en el pedimento 0012/2004; de igual forma da cuenta con el oficio número DCP/017/AMP02/2004, suscrito por la agente del Ministerio Público adscrita, fechado e ingresado por oficialía de partes el 15 (quince) de enero del año en curso, por medio del cual no expresa agravios en lo referente al punto resolutivo tercero de la sentencia impugnada (visibles a foja 7 [siete] a la 9 [nueve], 26 [veintiséis] y 19 [diecinueve] respectivamente). Asimismo, se tiene por recibido el escrito signado por el acusado ... fechado e ingresado el 30 (treinta) de enero del año en curso, en el cual expresa agravios en contra de la resolución impugnada, mismo que se agrega a los presente autos para que obre como corresponda. En uso de la palabra el agente del Ministerio manifiesta que ratifica el contenido del oficio número DCP/017AMP02/2004, de fecha 15 (quince) de enero del año en curso. Por lo que con fundamento en el artículo 393 del ordenamiento legal ya citado se declara visto el toca penal número 786-2P01/2003, dándose por terminada la presente audiencia a las 11:30 (once horas con treinta minutos) del día de su inicio firmando para constancia los que en ella intervinieron. Doy fe." (tres rúbricas).

Como puede apreciarse de la transcripción anterior, la audiencia de vista se verificó sin la asistencia tanto del defensor social adscrito a la ad quem, que se le nombró al quejoso para asistirlo, como de su defensor particular que designó para tales efectos, lo cual constituye una violación a la garantía prevista en el artículo 20 constitucional, fracción IX, del apartado A.

El precepto constitucional antes aludido es del tenor siguiente:

"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"A. Del inculpado:

"...

"IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y ."

De lo anterior se advierte que el activo tiene la garantía constitucional de contar con una adecuada defensa en su favor durante todo el desarrollo del proceso penal, ya sea por sí o a través de persona de su confianza, abogado particular o el de oficio que le asigne el órgano jurisdiccional, en caso de no contar con alguno de los dos anteriores, para que lo asista en sus intereses en cada una de las etapas procedimentales (preinstrucción, instrucción, audiencia de derecho en primera y de vista en segunda instancia), en las cuales deba participar.

Ello, con el fin de que en el decurso del procedimiento, el enjuiciado pueda enterarse, ya sea por sí o por conducto de su asesor, de cada una de las actuaciones en las que interviene como parte, la naturaleza, el alcance de su participación y la finalidad de la misma; lo anterior, para que con previo y pleno conocimiento de su actuación, el activo se conduzca de la manera que crea adecuada en la defensa de sus intereses y no esté ante una desigualdad procesal por carecer del asesoramiento legal necesario y le cree incertidumbre sobre su situación jurídica.

No obstante lo anterior, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, en su artículo 392, establece que la audiencia de vista en segunda instancia debe llevarse a cabo aun sin la concurrencia de las partes, dentro de las que está obviamente el activo y su defensor, si éstas fueron debidamente notificadas. Tal precepto señala lo siguiente:

"Artículo 392. El día señalado para la vista del asunto, comenzará la audiencia con la relación del proceso hecha por el secretario, teniendo enseguida la palabra la parte apelante, y a continuación las otras en el orden que indique el presidente de la Sala.

"Si fueren dos o más los apelantes, harán uso de la palabra en el orden que designe el mismo presidente, pudiendo hablar al último el acusado o su defensor. Si las partes debidamente notificadas no concurrieren, se llevará adelante la audiencia por el presidente de la Sala."

Como se observa en la parte final del numeral antes transcrito, se contempla la posibilidad de verificarse la audiencia de mérito aun sin la presencia de las partes en litigio, dentro de las que está el activo, quien puede defenderse por sí o a través de defensor o persona de su confianza; es decir, puede llevarse a cabo tal diligencia jurisdiccional sin la concurrencia de aquél o su asesor legal, no obstante que por disposición expresa del artículo 20, fracción IX, de la Carta Magna, constituye una garantía constitucional que el sujeto causante del ilícito cuente con una defensa adecuada, para cuyo efecto tiene el innegable derecho de estar asistido por su patrocinador legal en todos los actos del proceso, quien deberá comparecer a éstos.

Es decir, en atención a su espíritu tutelador a los derechos elementales de los gobernados, entre los cuales está el de la libertad personal, seguridad jurídica y de audiencia, entre otros, la Carta Magna dispone taxativamente que el procesado cuente con una defensa durante la tramitación del proceso penal, es decir, prevé la necesaria participación del defensor del activo en cada una de las actuaciones procedimentales, incluyéndose, desde luego, la audiencia de vista en la apelación, ello con el fin de que pueda respetársele su garantía de ser debidamente escuchado en juicio.

Con lo anterior, se asegura la adecuada intervención del activo, por sí o a través de su defensor, en todas las actuaciones procesales en las cuales pueden derivarse cuestiones de hecho o de derecho que a la postre le sirvan de fundamento para plantear sus argumentos exculpatorios.

Debe estimarse que la intención del Constituyente Permanente al establecer como obligatoria la asistencia del defensor del activo en todas las actuaciones del proceso, fue asegurar que, por conducto de aquél, el inculpado ejerciera y le fuera respetada su garantía de audiencia y seguridad jurídica, pues de esa manera está en posibilidad de enterarse de lo alegado en las mismas por las demás partes involucradas y ser escuchado en defensa de sus intereses, ello en aras de la observancia a los principios tuteladores que en favor de los gobernados prevé la Carta Magna en todos los ámbitos jurídicos, incluido, desde luego, el del enjuiciamiento penal.

Se aduce lo anterior, pues así se desprende del análisis efectuado al proceso legislativo en torno a las reformas del artículo 20 constitucional y otros preceptos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres.

En la exposición de motivos de la iniciativa de tales reformas, presentada el dos de julio de mil novecientos noventa y tres, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien fungió como órgano de origen, en lo conducente, se estableció lo siguiente:

"... La LV Legislatura, ha venido asumiendo una serie de debates fundamentales para la nación, sobre la reforma del Estado mexicano. ... Al tratar la reforma del Estado mexicano, se han abarcado temas torales como la democracia, el respeto de los derechos humanos, las relaciones iglesia-Estado, el campo, la educación, entre otras. En este orden de ideas, los suscritos sostenemos que un ámbito como el de la justicia penal, no debe quedar exento de este debate, ya que en este campo del derecho en el que se busca el justo equilibrio entre los principios de seguridad y libertad, entre la observancia de la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales del ser humano se plasma la aspiración de un pueblo para asegurar la paz y la tranquilidad por el camino de la libertad. Es por ello que resulta necesario, en beneficio de la propia sociedad, adecuar las normas constitucionales, siempre con vistas a la protección de los derechos humanos, garantías individuales, administración rápida y expedita de la justicia, tanto en las etapas de investigación como durante el procedimiento judicial. La iniciativa que se propone para reformar los artículos 16, 20 y 119 de nuestra Carta Magna tiene estos objetivos. Nuestro sistema penal, se desarrolla con base a las garantías que consagra la Constitución. El Ministerio Público y el Juez no pueden ni deben ir más allá de lo que el marco jurídico les permite ... Por lo que hace a la reforma que se propone para el artículo 20 nuestro Máximo Ordenamiento, se considera conveniente sustituir en el primer párrafo la expresión ‘juicio de orden criminal’ por ‘proceso del orden penal’, que sitúa de manera plena el momento procedimental en que las garantías que dicho artículo consagra y que deben observarse. De igual manera se sustituye el término ‘acusado’ por el de ‘inculpado’. ... En lo referente a la fracción IX, la reforma que se plantea otorga al procesado la garantía jurídica a gozar de una defensa para la guarda de sus derechos, contemplándose que la misma puede realizarse por el propio procesado o por abogado de su confianza, salvo en los casos en que en el lugar no hubiere abogado titulado, podrá ser defendido por persona de su confianza. En todos los actos del proceso el defensor tendrá derecho a estar presente y será su obligación comparecer cuantas veces se le requiera. En esta misma fracción se adiciona un párrafo, en el que se establece que lo dispuesto por las fracciones V, VII y IX, se observarán en la averiguación previa ‘en los términos y con los requisitos que las leyes establezcan’, enfatizándose que las previstas en las fracciones I y II ‘no estarán sujetas a condición alguna’ ..."

En el estudio y discusión de la iniciativa de reformas antes señalada, llevada a cabo en la Cámara de Diputados el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, en lo que interesa, se estableció lo siguiente:

"... La exposición de motivos que acompañan ambas iniciativas en estudio, plantean, como parte de la reforma del Estado, el ámbito de las garantías individuales en materia penal. Señalan, que es establecer disposiciones con cuya virtud, los particulares encuentren en la norma jurídica, tutela y protección, con respecto a los actos de las autoridades, que tienen a su cargo, la búsqueda e impartición de justicia. Por ello, su finalidad consiste en llevar al texto constitucional enmiendas que más allá de requisitos de forma, expresen avances efectivos, a fin de que las autoridades y los gobernados, cuenten con el marco jurídico que exprese, en equilibrio, el goce de las libertades fundamentales del ser humano, con el deber estatal de procurar y administrar justicia. Las iniciativas, materia del presente dictamen tienen como objetivos, buscar el perfeccionamiento de nuestras garantías individuales, la consecuente salvaguarda de los derechos humanos en materia de procedimientos penales, considerando los ámbitos legítimos de actuación de la autoridad, tanto en la etapa indagatoria y persecutoria de los delitos, como en la etapa propiamente jurisdiccional de todo procedimiento de este orden. ... El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla todas las garantías que el Estado debe respetar a los inculpados en el procedimiento penal. Es de tal tenor que la reforma que se plantea contiene los siguientes cambios que se expresan en el encabezado del citado artículo. La reforma propone sustituir el término ‘juicio de orden criminal’ por el de ‘proceso de orden penal’, al considerarse que la expresión clarifica la fase del procedimiento penal que es competencia del Juez. Algunos legisladores cuestionaron el empleo de este término porque se contrapone con el de ‘juicio’ a que se refieren los artículos 14 y 23 de la Constitución. Tal observación fue desechada ya que en su redacción integral el artículo 20 constitucional plantea que el concepto de juicio comprende las fases jurisdiccional y previa, por lo cual se superó la aparente contradicción. ... Fracción IX. En todo Estado de derecho debe garantizarse el derecho a una defensa adecuada; éste es el objetivo que persigue la fracción IX del artículo 20 constitucional. La defensa del inculpado podrá realizarse desde el inicio del proceso por sí, por abogado o por una persona de la confianza de aquél. La defensa adecuada consiste básicamente en las siguientes actuaciones de la defensa: la aportación oportuna de pruebas idóneas; la promoción de los medios de impugnación frente a los actos de autoridad que afecten los intereses legítimos de la defensa, la argumentación sistemática del derecho aplicable al caso concreto y utilización de todos los beneficios que la legislación procesal establece para la defensa a fin de evitar los riesgos de error judicial, es decir los de la injusta condena. Para alcanzar el objetivo de la defensa adecuada, es necesario buscar en la ley, métodos y procedimientos que permitan fortalecer la defensa, así como procurar la debida información al inculpado y a su defensor sobre las garantías que la Constitución consigna en su favor. La iniciativa emplea el término de abogado, para incorporar en este concepto a las personas que en los términos de la ley estén autorizados para abogar, es decir, para actuar por otros en la causa penal. El derecho al ejercicio de la defensa se reafirma con la facultad del defensor para comparecer a todos los actos del proceso, no sólo bajo un papel testimonial, sino con la obligación de intervenir en el cumplimiento de su deber ..."

El veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y tres, al revisar la propuesta de reformas al artículo 20 constitucional y otros preceptos, las Comisiones Unidas Primera de Gobernación, de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Senadores emitieron dictamen, en cuya parte considerativa se estableció lo siguiente:

"... La iniciativa presentada por algunos diputados federales de esta LV Legislatura para la reforma de los artículos 16, 20 y 119 de la Ley Fundamental propuso diversas modificaciones con el fin de mejorar la técnica legislativa; otorgar mayor claridad al texto constitucional en materia penal; lograr una mayor agilidad en los procedimientos; respetar los derechos humanos de aquellas personas sujetas a procedimiento; otorgar al procesado la garantía jurídica de gozar de una defensa para la guarda de sus derechos así como a las víctimas u ofendidos por el delito, establecer mecanismos más ágiles de colaboración y coordinación interestatales para la detención y entrega de los inculpados y sentenciados; así como el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito; además, precisar las bases para llevar a cabo las extradiciones internacionales. ... Por lo que hace a la reforma propuesta para el artículo 20, se consideró conveniente sustituir la expresión ‘juicio de orden criminal’ por ‘proceso de orden penal’ y, de igual manera, se propuso sustituir el término ‘acusado’ por el de ‘inculpado’. ... En lo referente a la fracción IX del mismo precepto, se establecen las reglas para hacer efectiva la garantía jurídica de defensa, contemplándose que ésta puede realizarse por el propio procesado o por abogado de su confianza, y que en todos los actos del proceso el defensor tendrá derecho a estar presente y será su obligación comparecer e intervenir cuantas veces se le requiera. En esta misma fracción, la iniciativa adiciona un párrafo para ampliar lo dispuesto en las fracciones V, VII y IX en el caso de la averiguación previa. ... En el caso del artículo 20 constitucional, el dictamen de la Colegisladora adoptó las reformas propuestas tanto al párrafo inicial como a las fracciones I, II, IV, VIII, IX, así como la adición de dos párrafos finales. En el párrafo inicial se sustituyó la expresión ‘juicio de orden criminal’ por ‘proceso de orden penal’, así como el término ‘acusado’ por el de ‘inculpado’. ... Por su parte, la fracción IX precisa en su texto la garantía constitucional del derecho a una defensa adecuada, la cual deberá asegurarse desde el inicio del proceso, además de establecerse obligaciones para el defensor. ... V. Consideraciones finales. Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben reconocemos en la presente reforma constitucional un notable fortalecimiento de las garantías individuales de libertad, legalidad y seguridad jurídica para todos los individuos que habitan en el territorio nacional. ... La defensa de la vida, de la libertad y del patrimonio de las personas es uno de los más elevados valores que el legislador debe salvaguardar. Ha sido a partir de este principio que los legisladores federales que hemos intervenido durante este proceso legislativo, reflexionamos y analizamos las iniciativas de reforma a que hemos aludido en este dictamen. En caso de merecer la aprobación de este cuerpo colegiado, las modificaciones introducidas a los diferentes artículos constitucionales materia del presente dictamen y que deberán continuar siendo sometidas a la consideración de las Legislaturas Locales, precisan, clarifican y amplían el ámbito de libertad, legalidad y seguridad jurídica de los gobernados. Asimismo, buscan asegurar la deseable articulación entre el derecho sustantivo penal y el derecho adjetivo penal, al dar un tratamiento jurídico homogéneo a ambas perspectivas frente a las conductas ilícitas. ... Las aportaciones surgidas durante el curso de nuestros trabajos ponen de manifiesto la variedad de enfoques existentes, tanto para la defensa de las víctimas o afectados como para la defensa legal de los inculpados o procesados. En un régimen de derecho es igualmente importante aportar todos los elementos jurídicos para salvaguardar los derechos de unos y de otros. En caso contrario, se incurriría en un desequilibrio que podría ocasionar una falta de protección a quienes han sufrido una lesión en sus bienes jurídicos tutelados o permitir una especie de venganza pública. Una y otra hipótesis son inconcebibles en un Estado de derecho. Es por ello que los miembros de estas Comisiones Unidas hemos comprometido nuestro mayor empeño en el estudio de las nuevas normas constitucionales propuestas en materia penal ..."

De los anteriores datos informativos, puede apreciarse que las razones consideradas por el Constituyente Permanente para instituir como prerrogativa constitucional el asegurar una adecuada defensa del activo en todos los actos del proceso penal, en síntesis fueron las siguientes:

1. Que el sistema penal mexicano se desarrolla con base en las garantías individuales.

2. Resultaba necesario adecuar las normas constitucionales, en aras a la protección de los derechos humanos, garantías individuales y de una administración rápida y expedita de justicia.

3. Respecto a la reforma del Estado, en el ámbito de las garantías individuales en materia penal, ello comprende establecer disposiciones en virtud de las cuales los particulares encuentren en la norma jurídica tutela y protección ante los actos de las autoridades que tienen a su cargo la búsqueda e impartición de justicia.

4. Con la reforma constitucional en comento, se advierte un fortalecimiento de las garantías individuales de libertad, legalidad y seguridad jurídica, respetándose los derechos humanos de aquellas personas sujetas a procedimiento, otorgándoles la garantía jurídica de gozar de una adecuada defensa para la guarda de sus derechos.

En resumen, en aras de otorgar mayor eficacia al ejercicio de las garantías de libertad, legalidad y seguridad jurídica, el Congreso Federal instituyó como prerrogativa constitucional el asegurar la adecuada defensa del inculpado en todos los actos del proceso penal, estableciendo que el defensor que al efecto lo asesore, debe estar presente en las diversas actuaciones procedimentales.

No obstante lo anterior, como ya se mencionó con antelación, el artículo 392 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, prevé que la audiencia de vista en segunda instancia, debe llevarse a cabo aun sin la concurrencia de las partes si éstas fueron debidamente notificadas.

Ello pone de manifiesto que tal dispositivo legal no está acorde con lo previsto en la fracción IX del artículo 20 de la Carta Magna, respecto de que debe asegurarse la participación del defensor del activo en todos los actos del proceso.

Tal disposición procesal data desde la promulgación del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, efectuada en el Periódico Oficial de esta entidad federativa, el dos de marzo de mil novecientos treinta ocho.

En ese entonces, el artículo 392 del Código en comento era del tenor siguiente:

"Artículo 392. El día señalado para la vista del negocio, comenzará la audiencia con la relación del proceso hecha por el secretario, teniendo enseguida la palabra la parte apelante, y a continuación las otras en el orden que indique el presidente del tribunal.

"Si fueren dos o más los apelantes, usarán de la palabra en el orden que designe el mismo presidente del tribunal, pudiendo hablar al último el acusado o su defensor. Si las partes debidamente notificadas no concurrieren, se llevará adelante la audiencia, la cual podrá celebrarse en todo caso con la presencia de dos Magistrados; pero la sentencia respectiva deberá pronunciarse por los tres que integran el tribunal."

Tal precepto fue reformado mediante decreto número doscientos cincuenta y uno, publicado el ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, en el Periódico Oficial de esta entidad federativa, sin embargo, la modificación no comprendió lo relativo a que la audiencia de vista deba llevarse a cabo aun sin la asistencia de las partes debidamente notificadas, pues esto quedó intocado.

El texto del numeral en cuestión quedó en los siguientes términos:

"Artículo 392. El día señalado para la vista del asunto, comenzará la audiencia con la relación del proceso hecha por el secretario, teniendo enseguida la palabra la parte apelante, y a continuación las otras en el orden que indique el presidente de la Sala.

"Si fueren dos o más los apelantes, harán uso de la palabra en el orden que designe el mismo presidente, pudiendo hablar al último el acusado o su defensor. Si las partes debidamente notificadas no concurrieren, se llevará adelante la audiencia por el presidente de la Sala."

Ahora bien, no obstante que desde el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las reformas efectuadas al artículo 20 de la Carta Magna y otros preceptos, mediante las cuales se instituyó al rango de garantía constitucional el asegurar una adecuada defensa al inculpado del delito en todos los actos del proceso penal, la que podrá ejercer por sí o a través de su defensor, teniendo derecho el procesado que su asesor comparezca en todas las actuaciones procedimentales y éste posee a su vez la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; empero, la legislación procesal penal local, específicamente el artículo 392 que regula la audiencia de vista en la apelación, no se adecuó a la nueva normatividad suprema, a pesar de que esta última procura el adecuado ejercicio y respeto de las garantías de audiencia y seguridad jurídica del activo, lo cual implica que dicha disposición secundaria quedó desfasada en relación con el ordenamiento superior.

Lo anterior, de cierto modo implica una restricción al ejercicio de la garantía de defensa consagrada en la Carta Magna, lo cual genera perjuicios al procesado.

Ello es así, pues la Constitución Federal por ser la fuente de todo el sistema jurídico nacional, de la cual se derivan los ordenamientos legales tanto federales como locales, es un hecho que éstos deben estar acordes con los principios generales contemplados en la Carta Magna, pues son los que los rigen, para que a partir de ellos, regulen de manera particular las distintas materias y ámbitos de aplicabilidad a la cual se dirigen.

Es decir, toda norma secundaria al tener como fuente de origen la Carta Magna, su regulación no puede ir más allá de lo permitido por ésta, tampoco debe restringir los derechos que la misma consagra en favor de los gobernados, en otras palabras, todo ordenamiento debe estar acorde con los principios rectores y tuteladores de la Constitución Federal, pues deriva de ésta.

Y si en el caso particular, como ya se dijo, el artículo 392 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, prevé que la audiencia de vista en la apelación deberá verificarse incluso sin la concurrencia de las partes debidamente notificadas, es inconcuso que ello implica una limitación a la garantía prevista en la fracción IX del artículo 20 constitucional, donde se establece que desde el inicio del proceso el inculpado tendrá derecho a una adecuada defensa, por sí, por abogado o persona de su confianza, asimismo, que goza de la prerrogativa de que éste acuda a todos los actos procedimentales.

Ello es así, porque con la participación directa del defensor y por su conducto, el inculpado puede alegar lo que a sus intereses convenga y con ello mejorar su situación jurídica, y al no acontecer lo anterior, es evidente que eso le afecta al activo.

A mayor abundamiento y para robustecer lo anterior, debe decirse que, según la doctrina, ante la aparente discrepancia entre dos ordenamientos jurídicos, para determinar cuál de ellos debe aplicarse, deben atenderse determinados principios.

En efecto, a página setecientos treinta y siete y siguiente, Tomo A-C, del Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, México 1998, Rolando Tamayo y Salmorán refiere que para la solución de un conflicto de normas, puede recurrirse a diversos criterios tales como: 1) El jerárquico; 2) El cronológico; 3) El de la ley más favorable; y, 4) El de especialidad.

Ahora bien, para el caso en estudio, basta señalar que con el primero de los criterios antes señalados, se concluye que la norma a aplicar es la constitucional, ello por la supremacía de ésta ante el ordenamiento punitivo procesal local; además, como también se ha establecido, la Carta Magna se reformó para garantizar el derecho de defensa del inculpado en el proceso penal, sin que la legislación ordinaria de la materia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18815-3bcb44eb/audiencia-de-vista-en-segunda-instancia-si-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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