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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 141/2004-PS. · Registro digital (IUS): 18860
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, , Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 141/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión del treinta de septiembre de dos mil cuatro, resolvió el amparo en revisión ... promovido por ... comisionado del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, contra la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil cuatro, pronunciada por el Juez Tercero de Distrito "A" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el juicio de amparo ... por la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la negativa a la adecuación de la pena que fue impuesta al peticionario de amparo ... que tuvo por consecuencia la improcedencia de la reducción de dicha pena conforme a lo señalado por el artículo 56 del Código Penal Federal.

En dicha sentencia, en relación con el tema materia de la contradicción, esencialmente se sostuvo:

"CUARTO. Para un mejor entendimiento del asunto, resulta necesario precisar que de la lectura de la demanda de garantías se desprende que el ahora quejoso se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social de la ciudad de Puebla, ello con motivo de la sentencia de primera instancia dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla. Este órgano colegiado advierte que el Juez Tercero de Distrito ‘A’ de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, no es el legalmente competente para dictar la sentencia correspondiente en el juicio de amparo ... como a continuación de expondrá. Primeramente, debe señalarse que el numeral 107, fracción VII, constitucional, señala lo siguiente: (se transcribe). El precepto transcrito es claro al establecer que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. En apoyo a lo anterior se cita, por identidad jurídica sustancial, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil novecientos setenta y cinco, Tomo XXV del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: ‘COMPETENCIA EN AMPARO.’ (se transcribe). Así como la tesis sustentada por la anterior Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, consultable a foja ciento diecinueve, Tomo CXXX del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que se lee: ‘COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe). Por otra parte, el ordinal 36 de la Ley de Amparo previene: ‘Artículo 36.’ (se transcribe). Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación en el orden siguiente: a) En el párrafo último del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. Como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de garantías. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el aquí comentado artículo 36 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la segunda regla, ya que en relación con el criterio para la determinación de la competencia del Juez de Distrito a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el caso concreto, se advierte que el quejoso manifestó en su demanda de amparo como domicilio el ubicado en el Centro de Readaptación Social de la ciudad de Puebla, y solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del comisionado del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que hizo consistir en: ‘la respuesta a mi escrito de fecha cinco de diciembre de dos mil tres, misma que se me dio a conocer mediante oficio número CGPRS/2669/2004, recibido el veintiséis de marzo de dos mil cuatro, mediante el cual se informa que no soy susceptible de adecuación de la pena que me fue impuesta y, por ende, que es improcedente concederme la reducción de la misma conforme a lo señalado en el artículo 56 del Código Penal Federal.’. A su vez, del examen de la jurisprudencia 56/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página siete, Tomo XIV, noviembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: ‘AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA A TRAMITAR O A OTORGAR LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL.’, se infiere el criterio sustentado por la nombrada Primera Sala, relativo a que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material, privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Ello es así, porque el derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce, y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva, por lo que la resolución que reconozca a los sentenciados alguno de los beneficios mencionados, aun cuando distinta de la sentencia condenatoria, por no ser una exteriorización de la función jurisdiccional, puede considerarse como un agregado de la misma al constituir una especialización de la pena que favorece al reo. En estas condiciones, cuando el reo solicita alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta por la autoridad judicial, y la autoridad correspondiente niega su tramitación o el beneficio mismo, resulta claro que a partir de ese momento su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la negativa de que se trata. Por tanto, es indudable que la resolución en que se niega el trámite, o bien, alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación de libertad del reo es consecuencia de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de esa negativa. En esa tesitura, es dable aseverar que el acto reclamado por el peticionario de garantías tendrá ejecución en la ciudad de Puebla, Puebla, que es la ciudad donde se ubica el centro de readaptación social en el que éste se encuentra recluido, ya que así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, y porque para efectos de la competencia, se debe fincar al Juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción se pretenda ejecutar el acto reclamado, aunque la autoridad de quien emane el mismo resida fuera de la jurisdicción de ese Juez. En apoyo a lo anterior, es aplicable la tesis sustentada por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y tres, Tercera Parte, Volúmenes 217-228, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: ‘COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ.’ (se transcribe). De ahí que como la ejecución del acto que reclama el quejoso tendrá consecuencias jurídicas y de hecho en una jurisdicción diferente a la del Juez Tercero de Distrito ‘A’ de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, esto es, en el lugar donde actualmente se encuentra recluido el impetrante, este tribunal estima que es competente el Juez de Distrito en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, para conocer de la demanda de amparo promovida por ... contra actos del comisionado del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 132 sustentada por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja ochenta y cuatro, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Quinta Época, que reza: ‘COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO.’ (se transcribe). Así como la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, consultable en la página trescientos nueve, Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que se lee: ‘COMPETENCIA.’ (se transcribe). En mérito de lo anterior, procede revocar la sentencia que se revisa; consecuentemente, en términos de lo dispuesto por los dispositivos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo, remitir los autos al Juez de Distrito en turno en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, a fin de que éste se aboque al dictado de la sentencia correspondiente; en el entendido de que la nulidad de actuaciones únicamente se produce respecto al fallo dictado por el Juez Tercero de Distrito ‘A’ de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal y no así por lo que hace a la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por lo que respecta a la nulidad de actuaciones, la tesis jurisprudencial por contradicción P./J. 8/2001, visible en la página 5, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XIII, enero de dos mil uno, Novena Época, bajo el rubro y texto siguiente: ‘COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.’ (se transcribe)."

Mismo criterio fue sostenido por dicho órgano jurisdiccional al resolver el amparo en revisión 2009/2004, en sesión de quince de noviembre de dos mil cuatro, según se desprende del oficio 53/ST/04, de fecha veintiséis del mismo mes y año, y copias certificadas de esa ejecutoria que obran a fojas 159 y 161 a 178, respectivamente.

QUINTO. El Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en relación con el tema materia de la presente contradicción, resolvió el amparo en revisión ... interpuesto por el director general de Prevención y Readaptación Social en el Estado de Guerrero, en contra de la sentencia de veintiocho de enero de dos mil tres, por la cual el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, sobreseyó en el juicio y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, en contra de los actos reclamados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado con residencia en Chilpancingo, Guerrero, consistentes en: "la respuesta negativa sin motivación jurídica y legal del director general de Readaptación Social, ante la petición para otorgar el beneficio de tratamiento preliberacional, de acuerdo a la Ley de Ejecución de Penas Preventivas y Restrictivas de la Libertad del Estado de Guerrero."

Dicho órgano colegiado dictó sentencia el tres de abril del dos mil tres, en la que en relación con el tema materia de contradicción esencialmente sostuvo:

"QUINTO. En la especie no se estudiará la sentencia recurrida ni los agravios vertidos en su contra, por las consideraciones y fundamentos siguientes: Consta en autos que ... promovió el juicio de amparo indirecto número ... solicitando a la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución. Ahora bien, el director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, al rendir su informe con justificación (foja 25 de autos), negó el acto que se le reclamó, consistente en la respuesta negativa para otorgar el beneficio de tratamiento preliberacional, sin embargo, de las constancias que anexó como justificación a su informe, se advierte su certeza, que dio contestación a través del oficio número 1926/2002 de cinco de noviembre de dos mil dos. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, y el director del Centro Regional de Readaptación Social de esta ciudad, rindieron informe justificado negando la existencia de los actos que se les atribuyen. En atención a lo anterior, en el considerando tercero de la sentencia recurrida se decretó el sobreseimiento del juicio de garantías con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de las autoridades responsables que negaron la existencia de los actos reclamados, en vista de que la parte quejosa no ofreció prueba alguna que desvirtuara tal negativa. Ante tal situación, este Tribunal Colegiado considera que la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, carece de competencia por razón de territorio para resolver la litis del juicio de amparo indirecto número ... promovido por el quejoso ... . En efecto, el artículo 36 de la Ley de Amparo establece: (se transcribe). De acuerdo con el contenido del oficio número 1926/2002 de cinco de noviembre de dos mil dos, signado por el director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, se establece que le dio respuesta al quejoso ... a su petición formulada el diecisiete de enero de dos mil dos, informándole esencialmente que ‘... tomando en consideración la fecha de su ingreso y el tiempo que lleva recluido (un año, nueve meses, veintiún días), le hago saber que a la fecha no reúne el tiempo mínimo necesario que establece la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad en el Estado, en sus artículos 102 y 116 para que le sea concedido algún beneficio de libertad anticipada ...’; por lo que es claro que dicho oficio no lleva consigo una ejecución material. En consecuencia, es indudable que atento al lugar de residencia de la autoridad responsable de referencia, de acuerdo con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer del asunto el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, pues está dentro de su jurisdicción territorial, conforme lo establece el artículo cuarto, fracción XXI, párrafo primero, del Acuerdo General 23/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de abril de dos mil uno. La decisión apuntada encuentra sustento en el contenido de la tesis jurisprudencial número P./J. 8/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1/95, entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, enero de 2001, Novena Época, Materia Común, página 5, del tenor literal siguiente: ‘COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.’ (se transcribe). También orienta el criterio la tesis jurisprudencial número P./J. 9/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, enero de 2001, Novena Época, Materia Común, página 5, del epígrafe y texto siguientes: ‘COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE.’ (se transcribe). Asimismo, la diversa tesis número 2a. XXXIV/95 de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal Federal del país, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, junio de 1995, Novena Época, Materia Común, página 227, que dice: ‘COMPETENCIA. PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN CONTRA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE CAREZCA DE EJECUCIÓN MATERIAL, ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD QUE LO TRAMITÓ.’ (se transcribe). Así las cosas, procede revocar la sentencia recurrida y remitir los autos del juicio de amparo ... al Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, el cual se estima competente para conocer del asunto, para que dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por la Juez Cuarto de Distrito en esta entidad federativa, residente en esta ciudad, y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo."

Similares consideraciones a las anteriores sostuvo el Tribunal Colegiado en cita, al resolver los asuntos siguientes:

a) El veinticuatro de abril de dos mil tres, el amparo en revisión administrativa 142/2003.

b) El diez de abril de dos mil tres, el amparo en revisión administrativa 131/2003.

c) El nueve de mayo de dos mil tres, el amparo en revisión administrativa 183/2003.

d) El doce de junio de dos mil tres, el amparo en revisión penal 249/2003.

e) El tres de julio de dos mil tres, el amparo en revisión penal 261/2003.

Las ejecutorias dictadas en los amparos en revisión 119/2003 y 131/2003 originaron la tesis TC214015.9KO2, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual a la letra dice:

"COMPETENCIA. LA NEGATIVA A OBTENER ALGÚN BENEFICIO PRELIBERACIONAL, NO ES UN ACTO QUE REQUIERA EJECUCIÓN MATERIAL, POR TANTO, RESULTA COMPETENTE PARA CONOCER EL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD EMISORA. La negativa a obtener algún beneficio preliberacional de los contemplados en la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Estado de Guerrero, no es un acto que requiera ejecución material, puesto que por medio de él únicamente se da respuesta a los quejosos de la improcedencia de su petición, ya que su libertad se encuentra restringida por la sentencia condenatoria, cuya ejecución es precisamente mantenerlos en prisión hasta compurgar la condena impuesta, con independencia de que se otorgue el beneficio solicitado; de tal suerte, que la negativa al tratamiento preliberacional no es un acto que tenga como fin privarlos de su libertad, al no derivar propiamente de la sentencia condenatoria. De ahí que sea indudable que sí la negativa reclamada carece de ejecución material, resulta competente para conocer del asunto el Juez de Distrito del lugar donde reside la autoridad emisora del acto reclamado, de acuerdo con lo señalado por el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo."

Asimismo, dicho Tribunal Colegiado informó a esta Primera Sala que las ejecutorias dictadas en los amparos en revisión 142/2003 y 249/2003, originaron la tesis TC214016.9KO2, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual a la letra dice:

"COMPETENCIA. LA NEGATIVA A OBTENER EL TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL Y/O LA REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA, ES UN ACTO QUE NO LLEVA CONSIGO UNA EJECUCIÓN MATERIAL, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO, RESULTA COMPETENTE PARA CONOCER TAL RESOLUCIÓN EL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN QUE RESIDE LA AUTORIDAD QUE NIEGA ESE BENEFICIO. La respuesta negativa de la autoridad denominada directora de Ejecución de Sanciones del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en México, Distrito Federal, al tratamiento preliberacional y/o la remisión parcial de la pena contemplada en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, es un acto que no lleva consigo una ejecución material, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo resulta competente para conocer la demanda de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada, pues cuando ésta no requiera ejecución material, es indudable que es competente para conocer de tal resolución el Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad responsable."

SEXTO. Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario determinar si en el presente caso existe o no contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.

Para ello, debe tenerse presente el contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Según se desprende del criterio antes transcrito, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:

a) Que al resolver los planteamientos jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Establecido lo anterior, es necesario analizar las ejecutorias destacadas en los considerandos cuarto y quinto, que fueron remitidas en copia certificada por los correspondientes Tribunales Colegiados, con valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, ello con el objeto de determinar si existe la contradicción planteada.

En principio, se debe tomar en cuenta que los Tribunales Colegiados conocieron de recursos de revisión interpuestos en contra de sentencias dictadas por Jueces de Distrito, en cuyos juicios se reclamaron resoluciones dictadas por autoridades administrativas encargadas de la ejecución de penas de prisión impuestas por la autoridad judicial.

Así, en el amparo en revisión 1759/2004, del conocimiento del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se conoció de un amparo en el que se reclamó del comisionado del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la negativa a concederle al quejoso la reducción de la pena, en términos del artículo 56 del Código Penal Federal.

Dicho órgano colegiado al conocer del recurso de revisión, determinó que el Juez Tercero de Distrito "A" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, quien previno en el conocimiento del asunto y emitió la sentencia recurrida, no era legalmente competente para conocer del juicio de garantías, toda vez que la competencia recaía en un Juzgado de Distrito en el Estado de Puebla, en donde el quejoso se encontraba recluido, toda vez que, precisó, el acto reclamado afecta la libertad del quejoso, de ahí que en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, correspondía conocer de la demanda de garantías al Juez que tiene residencia en el lugar en donde tendrá ejecución el acto reclamado (domicilio del centro de readaptación social).

A su vez, en el diverso amparo en revisión ... del conocimiento del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, se impugnó el oficio signado por el director general de Prevención y Readaptación del Estado de Guerrero, por medio del cual se negó al quejoso el beneficio de la libertad anticipada que contemplan los artículos 102 y 116 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad en el Estado de Guerrero.

En dicho asunto -que presentó similares características al resuelto por el referido Noveno Tribunal Colegiado, como se precisó con anterioridad- determinó que el Juez competente para conocer de la demanda de amparo en la que se impugna la negativa a conceder el beneficio de la reducción de la pena, lo es aquel que tiene jurisdicción en el domicilio de la autoridad que emitió el acto administrativo impugnado, toda vez que éste no tiene ejecución material.

En ese orden de ideas, es indudable que ante supuestos iguales: impugnación por la vía de amparo indirecto de la negativa de las autoridades de readaptación social de conceder beneficios en relación con penas impuestas por la autoridad judicial; los tribunales contendientes arribaron a conclusiones distintas, toda vez que en tanto que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró que el Juez competente para conocer de la demanda, lo era el que tenía residencia en el lugar en donde el quejoso se encontraba compurgando la pena referida, dado que la resolución administrativa impugnada implicaba una afectación a la libertad personal del quejoso; por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito concluyó que la competencia recaía en el Juez de Distrito que tuviera competencia en el domicilio de la autoridad que emitió el acto impugnado, en tanto que éste no tenía ejecución material.

Así, se advierte que en el caso sí se surte la contradicción de criterios, entre el sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el sostenido por el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18860-e1d7410a/competencia-en-amparo-se-surte-a-favor-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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