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Modo: Corpus Pro

AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 150/2004-PS. · Registro digital (IUS): 18896
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, , Pág. 43.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 150/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, dictó resolución en los amparos en revisión 482/2003, 142/2004, 161/2004 y 305/2004.

a) Al resolver con fecha veintinueve de enero de dos mil cuatro, el amparo en revisión 482/2003, determinó en lo que interesa lo siguiente:

"V. Los agravios expresados son infundados, de acuerdo con las siguientes consideraciones. En efecto, de las constancias enviadas para la sustanciación de este asunto se advierte que el acto que se reclama consiste en la negativa por parte del agente tercero investigador del Ministerio Público de Veracruz, Veracruz, de entregar al quejoso copias certificadas de las constancias que obran en las averiguaciones previas 1160/997 y 327/2002. La a quo estuvo en lo correcto al negar al quejoso el amparo solicitado, pues estableció que de conformidad con el artículo 128, párrafo quinto, del Código de Procedimientos Penales para el Estado, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, el ofendido, en este caso, el hoy quejoso, podía tener acceso a las actuaciones de la averiguación previa, mas no a que se le proporcionen copias certificadas de las mismas, puesto que las averiguaciones previas deben permanecer reservadas y en sigilo. De ahí que, como bien lo señaló la resolutora federal, el inconforme puede imponerse de las actuaciones de la averiguación previa, las veces que así lo requiera; por consiguiente, el hecho de que se le hayan negado las copias certificadas que solicitó, no se conculcan sus garantías individuales, pues no existe disposición en el Código de Procedimientos Penales para el Estado, de que se deban otorgar dichas copias a los ofendidos; razón por la cual tiene exacta aplicación al caso la tesis que sobre el particular invocó la a quo de rubro: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA. SU ACCESO A ELLA POR PARTE DEL INCULPADO NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LE EXPIDAN COPIAS CERTIFICADAS DE LA MISMA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’. A lo anterior debe agregarse que en ninguna de las fracciones del artículo 20 constitucional se dispone que puedan proporcionarse copias de las actuaciones de la averiguación previa a las agraviadas o víctimas de un delito. Y se reitera que la ley procesal penal mencionada no tiene el alcance que pretende darle el quejoso, o sea, la expedición de copia certificada de la averiguación previa, sino de acuerdo con los términos del artículo 128, párrafo quinto, a las actuaciones de averiguación previa ‘sólo podrán tener acceso’ el inculpado, su defensor, la víctima u ofendido y su representante legal, esto es, para imponerse de esas actuaciones y tomar los datos que estimen necesarios en relación únicamente con los hechos que estén relacionados en los mismos, pero no para que se le expidan copias o constancias de dicha averiguación, sin que esto signifique que se le deje en estado de indefensión, habida cuenta de que no es ajeno al expediente por lo que el acto reclamado no viola sus garantías individuales; más si dicho acto se encuentra fundado y motivado."

b) Al resolver con fecha doce de agosto de dos mil cuatro, el amparo en revisión 142/2004, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"Asiste razón a la recurrente porque contrariamente al criterio sustentado por el Juez Federal para declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado, consistente en la negativa de expedir copias a la quejosa de todo lo actuado en la averiguación previa 7/2004, son fundados sus agravios, habida cuenta de que si bien es cierto que el artículo 20, apartado A, fracciones VII y IX, constitucional, dispone que en todo proceso penal el inculpado tendrá derecho a una defensa adecuada y para tal efecto le serán facilitados todos los datos que solicite, disposición que resulta aplicable al indiciado en la etapa de averiguación previa, también lo es que en el penúltimo párrafo de la fracción X del citado precepto constitucional, expresamente se dice: (se transcribe); luego entonces, si el artículo 128, fracción III, inciso d), del Código Federal de Procedimientos Penales, establece los derechos que tiene el indiciado durante el periodo de averiguación previa y, entre ellos, que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación previa, para lo cual se le permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el expediente de la averiguación previa; así como en el numeral 16, párrafo segundo, del ordenamiento legal citado, se establece que a las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere y que al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación previa, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda; de una interpretación relacionada y armónica de los citados preceptos, se advierte que dicha ley procesal no tiene el alcance que le da el Juez Federal, esto es, la expedición de copias de la averiguación previa, pues de acuerdo con las citadas disposiciones legales a las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso, el inculpado, su defensor, la víctima u ofendido y/o su representante legal, para lo cual se les permitirá consultar el expediente en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, para que tomen los datos que consideren necesarios para su defensa, en relación con los hechos que estén relacionados, pero no establece expresamente que se le expidan copias o constancias de dicha averiguación, sin que esto signifique que se le deje en estado de indefensión, habida cuenta de que no es ajeno al expediente, sino que se le permite la consulta en presencia del personal ministerial para que tome los datos que estime pertinentes para su defensa, sin que ello en modo alguno vulnere las garantías contenidas en el artículo 20, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal, porque el propio precepto dispone que tratándose de la averiguación previa las garantías de defensa se otorgarán con los límites, términos y requisitos que establezcan las leyes secundarias, en este caso, el Código Federal de Procedimientos Penales; máxime que dicho precepto constitucional no establece que los datos que soliciten el indiciado o su defensor, y que consten en la averiguación previa sean expedidos en forma escrita y proporcionados en copias simples o certificadas, como incorrectamente lo interpretó el a quo, pues el hecho de que no se le expidan copias de la averiguación previa instruida en su contra, no lo deja en estado de indefensión, porque puede consultar el expediente él o su defensor cuantas veces le sea necesario para preparar su defensa, sin que tenga que realizar una labor sobrehumana como se sustenta indebidamente en la sentencia recurrida, porque puede tomar los apuntes que estime convenientes; pues si el legislador hubiese querido que se expidieran copias de las actuaciones de averiguación previa al inculpado o su defensor, no hubiera establecido en el segundo párrafo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, sanciones penales o administrativas para el servidor público que proporcione copias de las actuaciones o de los documentos que obren en la averiguación previa; además, así lo hubiera establecido en la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, como se establecía en la anterior ley abrogada de dicha institución, vigente hasta el veintisiete de diciembre de dos mil dos, que en su artículo 63 facultaba al Ministerio Público de la Federación a expedir copias certificadas de constancias o registros que obraran en su poder, cuando lo solicitara el denunciante o el querellante, la víctima o el ofendido, el indicado o su defensor y quienes tuvieran el interés jurídico, que indebidamente cita el a quo, porque dicho precepto legal, en el presente caso, no tiene aplicación por haber sido abrogado; en consecuencia, tampoco tiene sustento la jurisprudencia que invoca el Juez Federal, de rubro: ‘MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. CASOS EN QUE PUEDE EXPEDIR COPIAS DE CONSTANCIAS O REGISTROS QUE OBREN EN SU PODER (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, VIGENTE HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2002).’, porque el criterio ahí establecido se basa en el precepto legal en comento; y, por las consideraciones sustentadas en esta ejecutoria, tampoco se comparte el criterio respetable sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en la tesis de rubro: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA. SU ACCESO POR PARTE LEGÍTIMA, IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LE EXPIDAN COPIAS CERTIFICADAS.’. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CLIX/2000, publicada en la página 427 del Tomo XII, diciembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA QUE AUTORIZA AL MINISTERIO PÚBLICO A EXPEDIR AL INDICIADO COPIAS SIMPLES DE LA DENUNCIA O QUERELLA PRESENTADA EN SU CONTRA, ASÍ COMO DE LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN AQUÉLLA, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE DEFENSA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 20, FRACCIONES VII Y IX, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe)."

c) Al resolver con fecha doce de agosto de dos mil cuatro, el amparo en revisión 161/2004, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"Como se dijo, los argumentos antes resumidos son fundados, ya que contrariamente al criterio sustentado por el Juez Federal para declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado, consistente en la negativa a expedir al quejoso copia de todo lo actuado en la averiguación previa 7/2003, asiste razón a la representante social recurrente cuando aduce que si bien es cierto el artículo 20, apartado A, dispone en sus fracciones VII y IX, constitucional, que en todo proceso penal el inculpado, entre otros, tendrá derecho a una defensa adecuada y para tal efecto, le serán facilitados todos los datos que solicite y consten en el proceso y que tales garantías también serán observadas durante la etapa de averiguación previa; también es cierto que el último párrafo de la fracción X del precepto constitucional citado, establece límites a esas garantías, al precisar que deberán ser observadas en los términos y con los requisitos que establezcan las leyes; luego entonces, si tales límites se encuentran establecidos en los artículos 128, fracción III, inciso d) y 16, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, al prevenir que durante la averiguación previa se harán saber al inculpado los derechos que le otorga la Constitución, entre ellos, que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación previa, para lo cual se le permitirá a él y su defensor, consultar el expediente en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal; y que a las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación previa, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda; resulta que la interpretación sistemático jurídica de los preceptos y fracciones constitucional y legales citados, conlleva necesariamente a la conclusión contraria a la que arribó el Juez Federal; es decir, que resulta improcedente que el agente del Ministerio Público responsable expida al inculpado, hoy quejoso, las copias de la averiguación previa que le solicitó, pues tales preceptos legales regulan las condiciones y términos a que la propia Constitución Federal sujetó a ese derecho durante la etapa indagatoria para que se le faciliten los datos necesarios para su defensa, que consisten en tener acceso, junto con su defensor, a las actuaciones que obren en el expediente de averiguación previa, que podrán hacerlo valer consultándolo en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal ministerial, para tomar los datos necesarios para la defensa, sin que esto signifique que se vulneren las garantías tuteladas por el artículo 20, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal, ni menos que se le deje en estado de indefensión, habida cuenta de que autoriza a que la ley secundaria imponga límites y condiciones para su ejercicio y excluyen la posibilidad de que se le expidan copias de lo actuado, por lo que, para que sean respetados tales derechos del inculpado, basta que le sea puesto a la vista el expediente para que pueda consultarlo y tomar sus apuntes; de modo que es inexacta la conclusión a que arribó el Juez Federal, pues dicho precepto constitucional no establece la obligación de la autoridad investigadora de expedir en forma escrita, ni de proporcionar copia simple o certificada de los datos que soliciten el indiciado o su defensor y que consten en la averiguación previa, sino que el acceso a las actuaciones de la averiguación previa sólo puede ejercerlo consultando el expediente él o su defensor, cuantas veces lo estime necesario para preparar su defensa, en presencia del personal ministerial, sin que ello implique un ‘esfuerzo intelectual sobrehumano’, sin más elemento que la memoria, toda vez que está en posibilidad de auxiliarse de los recursos idóneos para tomar los apuntes escritos que estime convenientes. A mayor abundamiento, si el legislador hubiese querido establecer el derecho del inculpado de recibir copia escrita de las actuaciones de la averiguación previa, no contendría la prevención expresa de que al servidor público que proporcione copias de las actuaciones o de los documentos que obren en la averiguación previa, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad penal o administrativa que corresponda; ni menos habría reformado el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que facultaba a la institución del Ministerio Público de la Federación para expedir copia certificada de las constancias o registros que obren en su poder a solicitud del denunciante o querellante, de la víctima o el ofendido, del indiciado o su defensor y de quienes tuvieran interés jurídico. En consecuencia, también asiste razón a la recurrente cuando aduce la inaplicabilidad de los criterios invocados por el Juez Federal, con los rubros: ‘MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. CASOS EN QUE PUEDE EXPEDIR COPIAS DE CONSTANCIAS O REGISTROS QUE OBREN EN SU PODER (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, VIGENTE HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2002).’; y, ‘AVERIGUACIÓN PREVIA. SU ACCESO POR PARTE LEGÍTIMA, IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LE EXPIDAN COPIAS CERTIFICADAS.’; porque el primero contiene la interpretación del citado precepto legal actualmente derogado; y el segundo, por no ser obligatorio al tratarse de un criterio aislado que este órgano colegiado no comparte. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CLIX/2000, publicada en la página 427 del Tomo XII, diciembre 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA QUE AUTORIZA AL MINISTERIO PÚBLICO A EXPEDIR AL INDICIADO COPIA SIMPLE DE LA DENUNCIA O QUERELLA PRESENTADA EN SU CONTRA, ASÍ COMO DE LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN AQUÉLLA, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE DEFENSA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 20, FRACCIONES VII Y IX, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe)."

d) Al resolver con fecha veintiuno de octubre de dos mil cuatro, el amparo en revisión 305/2004, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"Los anteriores alegatos son infundados, en la medida en que el principio lógico al que alude no tiene el alcance que pretende el recurrente, sino que opera precisamente en su contra, pues el hecho de que como particular le esté permitido todo lo que la ley no le prohíbe, no significa que la autoridad responsable deba atender favorablemente su solicitud, puesto que no está facultada por la ley para hacerlo. Además, porque si bien es cierto que en los preceptos que invoca del código procesal para el Estado, se faculta en forma genérica a los secretarios de los tribunales y del Ministerio Público para cotejar, firmar y autorizar con el sello correspondiente las copias o testimonios de las constancias que expidieren, previo acuerdo de su superior, también lo es que no se advierte que autoricen a los agentes del Ministerio Público a entregar a los indiciados que lo soliciten, las actuaciones existentes en la investigación ministerial; de modo que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, pues como válidamente lo estimó el Juez de Distrito, en el caso no existe disposición legal que autorice a los agentes del Ministerio Público a expedir a las partes en el procedimiento penal, copia simple o certificada de lo actuado en la investigación ministerial, sino que, contrariamente a lo que se afirma, el artículo 348, segundo párrafo, del actual Código Penal lo prohíbe, al señalar las sanciones aplicables al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la investigación ministerial, lo que ocurriría en el presente caso, si expidiera al quejoso las copias que solicitó, sin que exista disposición legal que lo autorice expresamente para hacerlo. En efecto, el artículo 20, apartado A, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal establece que en todo proceso penal el inculpado tendrá derecho, entre otros, a una defensa adecuada y, para tal efecto le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa que consten en el proceso; y, en el último párrafo de la fracción X dispone que las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX, también serán observadas durante la etapa de averiguación previa en los términos y con los requisitos que establezcan las leyes; luego entonces, si tales requisitos se encuentran establecidos en los artículos 146 y 38 del actual Código de Procedimientos Penales del Estado y 348, segundo párrafo, del actual Código Penal, que dicen, respectivamente, que: (se transcribe). Así es, pues la interpretación sistemático jurídica de los preceptos constitucional y legales citados, conlleva a la conclusión a la que arribó el Juez Federal; es decir, que es improcedente que el agente del Ministerio Público responsable expidiera al indiciado, hoy quejoso, las copias de la averiguación previa que solicitó, pues tales preceptos legales son los que regulan y establecen los requisitos y términos a que la propia Constitución Federal sujetó ese derecho para que se faciliten a los indiciados los datos necesarios para su defensa en la etapa indagatoria y previenen que a las actuaciones de investigación ministerial sólo podrán tener acceso el inculpado y su defensor, entre otros, y que el Ministerio Público vigilará que ese derecho no se coarte; para lo cual las partes podrán imponerse de las actuaciones consultando el expediente cuantas veces lo estimen necesario para preparar su defensa, en presencia del personal ministerial, debiendo tomarse las medidas necesarias para que no los alteren, destruyan o sustraigan; sin que esto signifique que se vulneren las garantías tuteladas por el artículo 20, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal, ni menos que se le deje en estado de indefensión, habida cuenta de que autoriza a que en la ley secundaria se impongan requisitos y condiciones para su ejercicio y en ella se excluye la posibilidad de que expidan copias de lo actuado, sino que el acceso a esas actuaciones sólo debe ejercerse consultando el expediente él o su defensor, cuantas veces lo estime necesario para preparar su defensa, en presencia del personal ministerial, pues el segundo de los preceptos citados expresamente prohíbe al agente del Ministerio Público expedir copias de las actuaciones que obren en la investigación ministerial y, en caso de que lo hiciera, incurriría en el delito de revelación de información reservada, por tanto, fue correcto que el Juez Federal negara el amparo solicitado en contra de la negativa de la autoridad responsable de expedir las copias solicitadas, a pesar de que el solicitante hubiere comparecido en su calidad de indiciado en la etapa de averiguación previa o se le hubiera reconocido esa personalidad, pues si hubiere sido otra la intención del legislador, la habría establecido en forma expresa, en lugar de señalar la forma en que el inculpado o su defensor pueden acceder a las actuaciones de la investigación ministerial, ni establecido sanción penal alguna para quien expida copia de esas constancias. Es aplicable en este aspecto, por identidad jurídica, el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado en la tesis VII.1o.P.113 P, publicada en la página 960 del Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA. SU ACCESO A ELLA POR PARTE DEL INCULPADO NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LE EXPIDAN COPIAS CERTIFICADAS DE LA MISMA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’ (se transcribe). En otro aspecto, el inconforme alega que el a quo interpretó incorrectamente el artículo 348, segundo párrafo, del actual Código Penal del Estado, pues es incierto que prevea sanción alguna para la autoridad investigadora que expida copias al inculpado, sino que dicha figura penal está encaminada a evitar que realice actos indebidos, lo que no es aplicable en el caso en que existe petición escrita de una persona a la que le resulta citación en calidad de probable responsable, por lo que no existe impedimento para que la autoridad investigadora le expida las copias, pues el inculpado es quien tiene acceso a las actuaciones ministeriales de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 20, fracción VI, constitucional y 146 del citado Código Procesal, ya que este último refiere que el inculpado, entre otros, tiene acceso a las actuaciones de la averiguación ministerial, acepción que el legislador plasmó en sentido de permisión total y amplia y no sólo de consulta, como incorrectamente lo estimó el a quo, pues cuando dijo: ‘... a las actuaciones de investigación ministerial sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor ...’ se refirió a las partes que podrían allegarse a la investigación ministerial y sólo a quienes tengan ese carácter y no que el acceso tuviera un sentido restrictivo y de consulta, máxime que con la expedición de esas copias no se afecta a nadie, sino sólo se permite al inculpado una mayor defensa, estudio y análisis del asunto. Los anteriores alegatos son infundados, pues en oposición a lo que aduce el recurrente, el artículo 348 del actual Código Penal para el Estado, sí establece sanciones privativa de libertad y pecuniaria, así como destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la prisión impuesta, aplicables a cualquier servidor público, incluidos los encargados de la investigación ministerial, que indebidamente quebranten la reserva de las actuaciones o proporcionen copia de ellas o de los documentos que obren en la investigación ministerial; sin que se advierta que dicho precepto legal señale como excepción los casos en que exista petición escrita de las personas a las que les resulte citación en calidad de probable responsable, como sin razón se alega, puesto que de la sola lectura del citado precepto legal no se advierte tal hipótesis, sino se concluye que sí existe impedimento legal para que dichos servidores públicos expidan copias de las actuaciones ministeriales a las partes que las soliciten, con el fin de evitar que se realicen actos indebidos, máxime que el inculpado tiene acceso a las actuaciones ministeriales. Por otra parte, tampoco asiste razón al recurrente cuando aduce que el legislador plasmó en el artículo 146 del actual Código de Procedimientos Penales para el Estado, una acepción amplia del término acceso a la investigación ministerial, al establecer que sólo las partes en el procedimiento penal tienen ese acceso, pues como se dijo, si esa hubiere sido la intención del legislador, la habría plasmado expresamente, de manera que dicho acceso tiene un sentido restrictivo y debe interpretarse como el derecho que tienen las partes en el proceso penal a que se les permita consultar el expediente ante la presencia del personal ministerial y, en su caso, a tomar los apuntes que estimen necesarios para preparar su defensa; máxime que en contra de lo que se aduce, no se coarta el derecho a la debida defensa de los indiciados y sí evita que se quebrante la reserva de las actuaciones ministeriales. El inconforme alega que no es obstáculo para que se le expidan las copias de la investigación ministerial que solicitó, el hecho de que no se haya sometido o comparecido ante la autoridad investigadora, pues en su opinión basta con que se le remitiera un citatorio que le requiere como probable responsable, para otorgarle el carácter de indiciado y por ello puede declarar en forma escrita con conocimiento absoluto de lo actuado en la investigación ministerial. El argumento antes sintetizado también es infundado, pues si bien es cierto que para tener acceso a la indagatoria ministerial basta con que se tenga el carácter de indiciado y que no es necesario comparecer ante el agente del Ministerio Público, también es cierto que tal calidad es insuficiente para que se le expida copia de lo actuado en la investigación ministerial, pues como se dijo, a las actuaciones de investigación ministerial sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor, el ofendido o víctima del delito y su representante legal y que el Ministerio Público vigilará que ese derecho no se coarte; y, ese acceso sólo significa que podrán imponerse de los autos cuantas veces lo consideren necesario, para tomar apuntes y analizar las constancias para preparar su defensa. El inconforme alega que las tesis que invocó el a quo son aisladas e inaplicables, porque no citó el número que corresponde a la jurisprudencia; otra, porque se refiere a legislación ajena al Estado de Veracruz y la que sí se refiere a dicha legislación, es obsoleta, por estar referida a la ley procesal abrogada. No asiste razón al recurrente, porque a pesar de que las tesis que invocó el Juez de Distrito con los rubros: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA. SU ACCESO A ELLA POR PARTE DEL INCULPADO NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LE EXPIDAN COPIAS CERTIFICADAS DE LA MISMA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’; ‘AVERIGUACIÓN PREVIA, COPIAS DE LA. LOS ARTÍCULOS 20 BIS Y 129 BIS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL ESTADO DE SONORA NO VULNERAN LA GARANTÍA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’; y, ‘MINISTERIO PÚBLICO. ESTÁ IMPEDIDO PARA EXPEDIR COPIAS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).’, sean aisladas, una de ellas se refiera a legislación de otro Estado y otra se refiera a la ley procesal abrogada, también es cierto que la interpretación jurídica que contienen es acorde a lo dispuesto por el artículo 146 del actual Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, que establece que a las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso, entre otros, el inculpado y su defensor y que el Ministerio Público vigilará que ese derecho no se coarte; pues el artículo 128, quinto párrafo, del Código Procesal abrogado, establecía que a las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor, la víctima u ofendido y su representante legal, sólo en relación con los hechos imputados en su contra, pero no autorizaba la expedición de copias de la averiguación, como tampoco lo autorizan los preceptos legales del Estado de Sonora; lo que permite concluir que por contener idénticas disposiciones, sí son aplicables al caso concreto. Por último, el recurrente aduce que el Juez Federal violó los artículos 79, 80, 193 y 196 de la Ley de Amparo, ya que no tomó en cuenta las jurisprudencias que citó en la demanda de garantías, pues debió pronunciarse al respecto por ser de carácter obligatorio. Dichos argumentos son infundados, pues si bien es cierto que la jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados es obligatoria para el Juez de Distrito y que al invocar en la demanda de amparo la de rubro: ‘MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. CASOS EN QUE PUEDE EXPEDIR COPIAS DE CONSTANCIAS O REGISTROS QUE OBREN EN SU PODER (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, VIGENTE HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOS).’, el quejoso hubiere cumplido la obligación de expresar los datos de su publicación e identificación, también lo es que no existe disposición legal que lo constriña a tomarlas en cuenta o a desestimarlas expresamente al dictar la sentencia, máxime que tal omisión no dejó al quejoso en estado de indefensión, puesto que la primera tesis citada contiene la interpretación del artículo 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que autorizaba al Ministerio Público

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18896-c20c6179/averiguacion-previa-el-acceso-a-sus-actuaciones-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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