INVALIDEZ. EL DERECHO A LA PENSIÓN COMENZARÁ DESDE EL DÍA EN QUE SE PRODUZCA EL SINIESTRO, Y SI NO PUEDE FIJARSE, DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL O, EN SU CASO, A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA CUANDO SE ACUDE DIRECTAMENTE ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: JAVIER ARNAUD VIÑAS.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de abril de dos mil cinco.
VISTOS; para resolver, la contradicción de tesis 34/2005-SS, entre los criterios sustentados por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DT. 22573/2004, y el Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el amparo directo DT. 25441/2003; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio de diecisiete de febrero de dos mil cinco, dirigido al presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibido el dieciocho siguiente, el Magistrado José Manuel Hernández Saldaña, en su carácter de presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en cumplimiento al segundo resolutivo de la ejecutoria dictada por los Magistrados integrantes del citado tribunal, el veintiocho de febrero de dos mil cinco, en el juicio de amparo directo DT. 22573/2004, denunció la posible contradicción del criterio sustentado en esa sentencia, con el del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo directo DT. 25441/2003, que dio origen a la tesis aislada I.1o.T.151 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, junio de 2004, Tribunales Colegiados de Circuito, página 1455, con el rubro: "PENSIÓN POR INVALIDEZ. FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CUBRIRSE SU PAGO CUANDO EXISTE SOLICITUD PRESENTADA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Y NO PROSPERA, PREVIA A LA DEMANDA LABORAL."
SEGUNDO. Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil cinco, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente CT. 34/2005-SS; asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197-A de la Ley de Amparo; 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al 2o. de la ley de la materia, requirió a los presidentes de los Tribunales Colegiados el envío de las ejecutorias en las que se pronunciaron los criterios posiblemente discordantes.
Recibidas las copias certificadas de las ejecutorias requeridas a los Tribunales Colegiados citados y en virtud de que la denuncia de posible contradicción de criterios versa sobre la materia del trabajo, el presidente de esta Segunda Sala, mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil cinco, declaró la competencia de la propia Sala para conocer del asunto con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, fracción II y 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en el mismo proveído se dio vista al procurador general de la República por el término de treinta días, el cual transcurre del cuatro de abril al dieciséis de mayo de dos mil cinco.
El agente del Ministerio Público de la Federación designado para intervenir en el presente asunto, formuló pedimento en los términos del documento que obra glosado en los autos de la presente contradicción de tesis, lo que permite la vista del asunto no obstante que el plazo correspondiente no ha concluido.
Al encontrarse el asunto en estado de resolución, por acuerdo de doce de abril de dos mil cinco y con fundamento en el artículo 25, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se turnaron los autos al señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel, para la formulación del proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de veintinueve de junio de dos mil uno.
La denuncia de posible contradicción de tesis se presenta entre criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito especializados en la materia del trabajo, en torno a diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, para determinar la fecha a partir de la cual debe iniciar el pago de la pensión por invalidez, en los supuestos analizados por los órganos jurisdiccionales de referencia, esto es, se trata de un tema que actualiza el supuesto de competencia por materia de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
El artículo 197-A de la Ley de Amparo establece que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Magistrados que los integren podrán denunciar la contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La denuncia de que se trata fue presentada por el presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en cumplimiento al segundo resolutivo de la ejecutoria dictada por los Magistrados integrantes del citado tribunal, el veintiocho de febrero de dos mil cinco, en el juicio de amparo directo DT. 22573/2004, como se desprende de la copia certificada de la ejecutoria correspondiente glosada de la foja 2 a la 19 del expediente, por tanto, se cumple con el requisito de legitimación.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver en sesión de veintidós de enero de dos mil cuatro, el amparo directo DT. 25441/2003, promovido por Mario Terrazas Martínez en contra del acto de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo de uno de abril de dos mil tres, dictado en el juicio laboral 208/00, instruido en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, estableció lo que a continuación se transcribe:
"TERCERO. Los conceptos de violación son infundados.
"Ciertamente, contrario a lo argüido, la Junta estuvo en lo acertado al condenar al pago de la pensión por invalidez, a partir de la fecha de presentación de la demanda laboral.
"Así es, en términos del artículo 134, de la anterior Ley del Seguro Social, el derecho al otorgamiento de una pensión de invalidez, se genera a partir del día en que se produzca el siniestro, y si no puede fijarse el día, desde el día de la presentación de la solicitud para obtenerla.
"En efecto, el precepto de mérito dispone:
"‘Artículo 134. El derecho a la pensión de invalidez comenzará desde el día en que se produzca el siniestro, y si no puede fijarse el día desde la fecha de la presentación de la solicitud para obtenerla.’
"Ahora bien, en el propio numeral, no se exige que la indicada solicitud deba necesariamente presentarse ante un órgano jurisdiccional; razón por la cual, debe entenderse que es factible que esa solicitud se realice precisamente ante el organismo obligado a cubrir ese beneficio.
"Por su parte, la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis que enseguida se transcribirá, al interpretar el contenido del artículo 134 de la Ley del Seguro Social vigente al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete (ley conforme a la cual se decretó la condena), determinó que el derecho a la pensión por invalidez comenzará desde el día en que se produzca el siniestro, y si no puede fijarse el día, desde la fecha de la presentación de la solicitud, la que es susceptible de darse por aplicación analógica del artículo 275 de la indicada legislación, cuando el actor presenta su demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente.
"La tesis de mérito, es la que se encuentra publicada en la página seiscientos noventa y uno, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres, que es del tenor literal siguiente: ‘PENSIÓN POR INVALIDEZ DERIVADA DE UNA ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO PROFESIONALES, FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CUBRIRSE SU PAGO. Del artículo 134 de la Ley del Seguro Social se sigue que el derecho a la pensión de invalidez comenzará desde el día en que se produzca el siniestro y si no puede fijarse el día, desde la fecha de la presentación de la solicitud, la que es susceptible de darse por aplicación analógica del artículo 275 de la citada ley, cuando el actor presenta su demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, con independencia de la fecha en que se notifique al Instituto Mexicano del Seguro Social la petición del accionante, pues tal hecho es ajeno a éste, y sólo es propio de dicha Junta, sin que el actuar o no actuar de la misma deba perjudicar los intereses del solicitante.’
"Además, en la ejecutoria que dio origen a la contradicción de tesis transcrita, en lo conducente se consideró textualmente lo que sigue: ‘... Sentado lo anterior, se estima que debe prevalecer el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en virtud de que una correcta interpretación del artículo 134 antes transcrito, conlleva a determinar que el derecho en cuestión se obtiene a partir de la fecha en que el actor presenta su solicitud para obtener la pensión, si no se conoce la fecha del siniestro, y esa solicitud, en el caso, lo es precisamente la demanda que presenta por conducto de la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente pues si el artículo 275 de la mencionada Ley del Seguro Social permite acudir a la Junta sin necesidad de agotar previamente el recurso de inconformidad, tratándose de controversias entre el instituto y sus asegurados o beneficiarios, por analogía e igualdad de razón debe decirse que existe tal posibilidad tratándose de la solicitud a que alude el citado artículo 134 ...’ (lo subrayado es propio).
"Lo que viene a corroborar que, por solicitud conforme al precepto en comentario, no únicamente se entiende la presentación de la demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, sino también la petición formulada ante el organismo demandado.
"En esas condiciones, si bien es verdad que el accionante antes de promover su demanda laboral, con fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, presentó ante el propio instituto una solicitud para el otorgamiento de la pensión por invalidez, y que el ordinal 134, de mérito, establece que si no fue posible fijar la fecha en que se produjo el siniestro, como aquí ocurrió, debe estarse a la de la solicitud correspondiente, también lo es que la solicitud presentada por el trabajador antes detallada no prosperó, y por ello, no puede tomarse en cuenta como punto de partida para el pago de la pensión respectiva, pues en ese caso, quedaría al arbitrio del asegurado ante dicha negativa, promover en un lapso inmediato o indeterminado la demanda ante la Junta respectiva; lo que evidentemente implicaría un notorio desequilibrio procesal entre las partes, y lo cual no es jurídicamente admisible.
"Luego, se repite, si en el particular no fue posible determinar la fecha en que se produjo el siniestro que originó la invalidez del ahora promovente del amparo, y la solicitud de la pensión que presentó previa a la demanda laboral no le fue favorable, es inconcuso que se debe estar a la fecha de la incoación de la demanda, en la que se adujo el derecho a dicha pensión; de ahí que no exista garantía qué reparar a ese respecto." (fojas 60 a 85).
El criterio contenido en la ejecutoria transcrita dio origen a la tesis I.1o.T.151 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, junio de 2004, página 1455, con el rubro y texto que enseguida se trasuntan:
"PENSIÓN POR INVALIDEZ. FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CUBRIRSE SU PAGO CUANDO EXISTE SOLICITUD PRESENTADA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Y NO PROSPERA, PREVIA A LA DEMANDA LABORAL. De lo establecido en el artículo 134 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de mil novecientos noventa y siete, equivalente al 125 en vigor, se aprecia que el derecho al otorgamiento de una pensión de invalidez se genera a partir del día en que se produzca el siniestro, y si no puede fijarse este último, desde la fecha de la presentación de la solicitud para obtenerla, sin que de su texto se desprenda que la indicada solicitud deba hacerse necesariamente ante un órgano jurisdiccional; por lo cual, debe entenderse que esa solicitud puede realizarse directamente ante el organismo obligado a cubrir ese beneficio. Por otra parte, la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 357 derivada de la contradicción de tesis 23/93, publicada en la página 294 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, con el rubro: ‘PENSIÓN POR INVALIDEZ DERIVADA DE UNA ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO PROFESIONALES, FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CUBRIRSE SU PAGO.’, al interpretar el contenido del citado artículo 134 determinó que el derecho en cuestión se obtiene a partir de la fecha en que el actor presenta su solicitud para obtener la pensión, si no se conoce la fecha del siniestro, y que tal solicitud puede darse mediante la demanda presentada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente. En esas condiciones, cuando un trabajador, antes de promover su demanda laboral, presenta ante el propio instituto una solicitud para el otorgamiento de la pensión por invalidez, y ésta no prospera, pese a lo que establece el ordinal 134 de mérito, no puede tomarse como punto de partida para el pago de la pensión respectiva aquella data en que tuvo verificativo la petición, porque en ese caso quedaría al arbitrio del asegurado promover en un lapso inmediato o indeterminado la demanda ante la Junta respectiva, lo que evidentemente implicaría un exceso económico al obtenerse el multicitado beneficio."
CUARTO. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver en sesión de veintiocho de enero de dos mil cinco, el amparo directo DT. 22573/2004, promovido por Magdalena Ortega Acosta en contra del acto de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo pronunciado el uno de abril de dos mil tres, en el juicio laboral 329/00, seguido en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, sostuvo en lo conducente:
"CUARTO. El estudio de los conceptos de violación conduce a este Tribunal Colegiado a determinar lo siguiente.
"La quejosa en esencia aduce que la Junta responsable omitió considerar lo expuesto en el hecho 8 del escrito inicial de demanda, en el que se indicó que la reclamante presentó solicitud de pago de pensión ante el instituto demandado desde el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, así como que acreditó este hecho con la documental aportada bajo el numeral 5 del escrito de ofrecimiento de pruebas, razón por la que concluye que al haberse acreditado la procedencia del otorgamiento y pago de la pensión por invalidez, ésta debía cuantificarse desde la fecha en que la actora presentó solicitud ante el demandado, es decir, desde el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve y no como lo consideró la autoridad desde la fecha en que se presentó la demanda laboral (veinticinco de abril de dos mil), pues insiste que en términos de lo dispuesto por el artículo 134 de la Ley del Seguro Social, debe pagarse a partir de aquella fecha, así como los incrementos correspondientes.
"Resulta fundado el argumento que se hace valer, en atención a las siguientes consideraciones:
"El artículo 134 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, que en términos similares se contempla en el artículo 125 de la actual legislación, establecía:
"‘Artículo 134. El derecho a la pensión de invalidez comenzará desde el día en que se produzca el siniestro y si no puede fijarse el día, desde la fecha de la presentación de la solicitud para obtenerla.’
"La interpretación del precepto transcrito debe ser en el sentido de que el derecho en cuestión empieza a partir de la fecha en que el asegurado presenta su solicitud para obtener la pensión, si no se conoce con exactitud la fecha del siniestro que lo invalida.
"En este sentido se debe dejar sentado que la invalidez se describía en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social vigente al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, como aquella que se actualiza cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales; criterio que en esencia se recoge en la legislación actual, como se advierte de la lectura del artículo 119, con la diferencia de que en este último se precisa que se trate de un trabajo igual, así como que la declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
"En el caso a estudio, el tópico a dilucidar consiste en precisar si acreditada la procedencia del otorgamiento y pago de la pensión por invalidez, ésta procede desde la fecha en que la asegurada presentó su solicitud directamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve); o bien, desde la fecha en que presentó su demanda laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (veinticinco de abril de dos mil).
"Previamente a dirimir la cuestión planteada, es necesario destacar que en el escrito inicial de demanda que dio origen al expediente laboral 329/00, consta que la parte actora en el hecho 8 manifestó que el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, había presentado su solicitud ante el instituto demandado para la obtención de la pensión por invalidez, además de agregar que mediante resolución de diez de enero de dos mil, emitida por la Secretaría Técnica del Instituto Mexicano del Seguro Social, se había desechado la petición anotada, extremos que la reclamante acreditó con las documentales aportadas en sus apartados 5 y 7, que fueron reconocidas por el demandado en audiencia de quince de enero de dos mil uno (folio 63 del expediente laboral), con la salvedad que hizo el demandado en el sentido de que no se otorgó la pensión porque dijo que la actora no reunía los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social.
"En este contexto es evidente que la asegurada cumplió con la formulación de la solicitud para el otorgamiento de la pensión por invalidez, la cual presentó ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, así como que fue a raíz de que el instituto desechó tal petición que la actora acudió en la vía jurisdiccional a reclamar dicha pensión.
"Con las precisiones anotadas se concluye que asiste razón a la quejosa, al argumentar que la autoridad responsable, en forma ilegal determinó que la procedencia de la pensión por invalidez debía ser a partir de la fecha de presentación de la demanda laboral ante la Junta, ya que en el caso es evidente que la actora sí demostró que solicitó tal prestación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ende, se cumplió con la disposición contenida por el artículo 134 de la ley de la materia, es decir, que ante el desconocimiento de la fecha en que la actora sufrió los padecimientos que la invalidaban, lo procedente era establecer la condena con base en la fecha en que ésta presentó su solicitud ante el instituto demandado, ya que fue cuando la actora presentó su solicitud ante el demandado, cuando ésta exteriorizó su voluntad de que se le otorgara la pensión a que tenía derecho por haber reunido las condiciones y requisitos que para su disfrute exige la Ley del Seguro Social, pues, en el juicio laboral presentado tres meses y medio después de que el instituto desechó la petición de la asegurada, sin demostrar en la especie el porqué según su acuerdo de desechamiento, la actora no cumplía con los requisitos legales, por tanto, si en el juicio laboral demostró la procedencia de la pensión por invalidez reclamada, sólo vino a confirmar que presentaba el estado de invalidez que dijo, y de concluir lo contrario a más de contravenir la disposición legal invocada, redundaría en perjuicio económico de la trabajadora, en beneficio del instituto, el cual dejaría de cumplir en todo un lapso, que él mismo propició con la obligación que le impone la norma, amén de que obligaría a los asegurados a promover juicios laborales derivados de su negativa de otorgar prestaciones a las que legalmente está obligado, puesto que no se debe perder de vista que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de las pensiones que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, debe cubrir el Estado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, según disposición expresa contenida en el artículo 2o. de la Ley del Seguro Social.
"No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado que sobre el tema relativo a la fecha en que debe cubrirse el pago de la pensión por invalidez, la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 49/93, que es del siguiente tenor literal:
"‘PENSIÓN POR INVALIDEZ DERIVADA DE UNA ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO PROFESIONALES, FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CUBRIRSE SU PAGO. Del artículo 134 de la Ley del Seguro Social se sigue que el derecho a la pensión de invalidez comenzará desde el día en que se produzca el siniestro y si no puede fijarse el día, desde la fecha de la presentación de la solicitud, la que es susceptible de darse por aplicación analógica del artículo 275 de la citada ley, cuando el actor presenta su demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, con independencia de la fecha en que se notifique al Instituto Mexicano del Seguro Social la petición del accionante, pues tal hecho es ajeno a éste, y sólo es propio de dicha Junta, sin que el actuar o no actuar de la misma deba perjudicar los intereses del solicitante.’ (No. registro: 207,742; Jurisprudencia Materia Laboral, Octava Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 72, diciembre de 1993, tesis 4a./J. 49/93, página 56).
"En la tesis jurisprudencial transcrita, la Sala dirimió la contradicción de tesis 23/93, sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Primero del Cuarto Circuito, en la que, la contradicción era la relativa a la discrepancia entre los Tribunales Colegiados mencionados, pues mientras el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consideraba que el derecho al otorgamiento de la pensión de invalidez se surtía a partir del día en que se produzca el siniestro, y si no podía fijarse ese día, a partir de la fecha de la notificación de la demanda laboral, porque en esencia, la solicitud a que alude el numeral de referencia lo constituye el escrito de reclamación. En tanto que el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, estimó que de no conocerse el día del siniestro, el derecho aludido se genera a partir de la fecha de presentación de la demanda laboral (no en la que se notifique la petición a la demandada), bajo ese parámetro, la Sala emitió la jurisprudencia transcrita de la que se colige que en principio se determinó y precisó el alcance del artículo 134 de la Ley del Seguro Social, al establecer en la misma que de tal precepto se seguía que el derecho a la pensión de invalidez comenzará desde el día en que se produzca el siniestro y si no puede fijarse el día, desde la fecha de la presentación de la solicitud; posteriormente, la Sala por aplicación analógica del artículo 275 de la citada ley, consideró que la fecha de la solicitud a que se refería el artículo 134 del ordenamiento en cita, podía equipararse a aquella en que el actor presenta su demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente y que ésta debía ser la que se considerara como fecha a partir de la cual debía pagarse la pensión por invalidez y no la fecha en que se notificara la petición al instituto demandado, que era uno de los criterios contendientes.
"Como corolario a lo expuesto, se estima que en el caso a estudio, al no conocerse la fecha en la que el siniestro produjo la invalidez a la asegurada, lo cierto es que si se conoce la data en la que ésta presentó su solicitud directamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve), en consecuencia es evidente que se encuentra en términos de lo expresamente previsto por el artículo 134 de la Ley del Seguro Social referida, de ahí que en estricta observancia del precepto aludido, al obrar constancia de presentación de solicitud ante el demandado, previamente a la presentación de la demanda laboral, es inobjetable que el pago de la pensión por invalidez debe efectuarse desde la presentación de tal solicitud y no de aquella en que presentó su demanda laboral, pues esta fecha sólo opera cuando no existen probados los trámites administrativos de otorgamiento de pensión de invalidez. Similar criterio sustentó este Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo directo DT. 5993/2004, promovido por Patricia Vargas Rosas, en sesión de quince de abril de dos mil cuatro.
"Consecuentemente, es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y cuantifique el pago de la pensión de invalidez desde la fecha en que presentó su solicitud ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve; sin perjuicio de lo resuelto en amparo conexo DT. 22553/2004, fallado en sesión de esta misma fecha." (fojas 27 a 43).
No se trasunta la parte conducente de ejecutoria pronunciada en el diverso amparo directo DT. 5993/2004, en razón de que las consideraciones que la sustentan (fojas 46 a 58), son similares a las desarrolladas en la ejecutoria transcrita.
QUINTO. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer, teniendo en cuenta que la existencia de la contradicción de tesis precisa de la reunión de los siguientes supuestos:
a) Dos o más ejecutorias dictadas, respectivamente, por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, al resolver los negocios jurídicos sometidos a su consideración, en las que examinen, sobre los mismos elementos, cuestiones jurídicas esencialmente iguales, cuyas hipótesis, con características de generalidad y abstracción, pueden actualizarse en otros asuntos.
b) Que de tal examen, arriben a posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
c) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas.
Así lo establece la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."
En relación con la divergencia de criterios, no se requiere que derive indefectiblemente de jurisprudencias o de tesis publicadas, pues basta que provenga de las consideraciones expuestas en los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano jurisdiccional de que se trata, como se desprende de la tesis P. L/94, del Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 83, noviembre de 1994, página 35, con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", y de la tesis 2a./J. 94/2000 de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, página 319, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO EN LA FORMA ESTABLECIDA NI PUBLICADO."
SEXTO. A fin de determinar si se cumple con los requisitos enunciados en el considerando precedente, para la existencia de la contradicción de tesis, es necesario realizar las siguientes precisiones:
A. De la copia certificada de la ejecutoria pronunciada el veintidós de enero de dos mil cuatro, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo DT. 25441/2003, se obtiene que Mario Terrazas Martínez, mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil, ante el Departamento de Archivo y Correspondencia de la Junt
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18888-f589d299/invalidez-el-derecho-a-la-pension-comenzara-desde · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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