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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE TRATA DE UN AMPARO DIRECTO EN EL QUE SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY Y EL ACTO RECLAMADO ES UNA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA REVISIÓN FISCAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 32/2004. · Registro digital (IUS): 18910
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INDUSTRIAS POLI-TEX, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, , Pág. 1082.

AMPARO DIRECTO 32/2004. INDUSTRIAS POLI-TEX, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Previo el estudio de los conceptos de violación, se analizará la causa de improcedencia que invoca la autoridad tercero perjudicada al formular sus respectivos alegatos, mediante escrito fechado el trece y presentado el día veintiséis de febrero de dos mil cuatro, en la oficialía de partes de este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, y que obra agregado a fojas sesenta y seis a setenta y seis del presente toca, la cual se encuentra prevista en el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo.

Así las cosas, es pertinente señalar el contenido del precepto legal mencionado con antelación:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas."

En tal virtud, se procede al estudio de la mencionada causal de improcedencia, ya que al ser una cuestión de orden público, es de estudio preferente a los aspectos de fondo planteados en el presente asunto.

Tiene aplicación a lo anterior, el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 1311, Tomo XVII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido son del tenor literal siguiente:

"IMPROCEDENCIA. Las causas de improcedencia del amparo deben estudiarse previamente, y si se encuentran fundadas, debe sobreseerse en el amparo, absteniéndose de entrar al fondo del negocio."

Además, no debe perderse de vista que el último párrafo del citado artículo 73 de la ley de la materia, establece que las causales de improcedencia, deberán ser examinadas de oficio.

Para mejor comprensión del presente estudio, cabe hacer mención a los siguientes antecedentes:

1. Por escrito presentado el ocho de abril de dos mil dos, ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Industrias Poli-Tex, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante legal José Chedraui Budib, promovió juicio de nulidad en el que señaló como acto impugnado el siguiente:

"La resolución negativa ficta que se ha configurado en virtud de que la Administración Local de Grandes Contribuyentes de Puebla, no resolvió en el plazo de tres meses señalado en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, la consulta formulada por mi mandante mediante escrito presentado ante esa autoridad el 3 de diciembre de 2001, mismo que se le asignó el número de folio 0793, y a través del cual solicitó la confirmación de criterio en el sentido de que para efectos de calcular la base del impuesto al activo, puede deducir las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación."

2. Dicho escrito de demanda de nulidad fue admitido por auto de fecha nueve de abril de dos mil dos, emitido por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a quien correspondió conocer de dicho asunto, y lo registró con el número de expediente 776/02-12-02-2 de su índice.

3. Seguido el procedimiento de ley, con fecha seis de mayo de dos mil tres, se emitió la resolución correspondiente, en la que declaró, entre otras cosas, que se configuró la negativa ficta, así como su nulidad.

4. Inconforme con tal determinación, el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, en términos del artículo 248 del Código Fiscal Federal interpuso el recurso de revisión fiscal en su contra, del que conoció este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el número 150/2003, que mediante sesión de fecha dieciséis de octubre de dos mil tres, por unanimidad de votos, siendo ponente el Magistrado Manuel Rojas Fonseca, se determinó modificar la resolución recurrida para el efecto de que la Sala Fiscal dictara otra en la que, con base en los lineamientos de esa ejecutoria, declara infundados los conceptos de impugnación vertidos en la ampliación de la demanda de nulidad.

Cabe señalar, que en la parte conducente del considerando séptimo de la ejecutoria citada, se precisó:

"Empero, lo que es motivo de pugna y así debe entenderse -y no propiamente como procedencia del juicio de nulidad- es que si el particular tuvo la oportunidad legal de plantear la inconstitucionalidad del artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, desde que se materializó en su perjuicio por primer vez, como es por ejemplo, su autoaplicación en las declaraciones presentadas ante el fisco, en tal hipótesis debe considerarse que en el juicio contencioso el concepto de impugnación que solicita la aplicación de jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de ley debe declararse inoperante, ya que el precepto fue consentido."

5. En cumplimiento a la aludida ejecutoria pronunciada en la revisión fiscal 150/2003, la autoridad demandada emitió la sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil tres, en la que entre otras cosas, se reconoció la validez de la resolución negativa ficta impugnada.

6. En contra de la referida sentencia, la parte actora promovió el juicio de garantías que nos ocupa, en cuyo escrito de demanda hace valer la inconstitucionalidad del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, por violentar el diverso 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

De los antecedentes referidos, se desprende que este órgano jurisdiccional en relación con el asunto planteado, consistente en la resolución negativa ficta respecto de la consulta formulada en el sentido de que para efectos de calcular la base del impuesto al activo pueden deducirse las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, hizo un pronunciamiento anterior al resolver el recurso de revisión fiscal con número 150/2003, y en contra de la resolución que emitió la autoridad responsable, se promovió la vía constitucional que nos ocupa.

En relación con dicha situación, la autoridad demandada mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil cuatro, en la oficialía de partes de este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que obra agregado a fojas sesenta y seis a setenta y seis del presente toca, en vía de alegatos aduce, que en términos del artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, es improcedente el juicio de garantías, sin que sea óbice el hecho de que la citada fracción se refiera a resoluciones dictadas en cumplimiento de ejecutorias de amparo, pues es evidente que el pronunciamiento por parte de un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver una revisión fiscal, relativas al fondo y dando lineamientos sobre la sentencia que debe emitirse en cumplimiento, se actualiza la causal de improcedencia mencionada.

De todo lo anterior se colige, que no se actualiza en la especie la causa de improcedencia invocada por la autoridad ahora tercero perjudicada, en base a las siguientes consideraciones.

Es necesario resaltar, que el juicio de amparo constituye un medio de control de constitucionalidad de las leyes y actos de autoridades, tal como lo establece el artículo 103, fracción I, de la Ley Fundamental, que dice:

"Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales."

En tales condiciones, al ser el juicio de garantías, un medio de control de constitucionalidad de las leyes y actos de autoridad, con el que cuentan los gobernados, con la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción II, de la ley de la materia, lo que se quiere evitar es una cadena interminable de amparos, por lo que no es jurídico pensar que el amparo procede en contra de una sentencia emitida en un diverso amparo, o en ejecución del mismo.

Supuesto que no se colma, al tratarse de un juicio de garantías promovido en contra de una sentencia administrativa emitida en cumplimiento a lo resuelto en un recurso de revisión fiscal, y en el que se plantea la inconstitucionalidad del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, porque como se ha precisado con antelación, el primero constituye un medio de control de constitucionalidad que tiene su sustento en los artículos 103 y 107 constitucionales, y el segundo es un medio de control de legalidad que tiene su origen en el artículo 104, fracción I-B, de la Carta Magna, motivo por el que no se actualiza la causa de improcedencia de mérito.

A fin de dar certeza al aserto relativo a que el recurso de revisión fiscal es un medio de control de legalidad, es necesario referir que en la exposición de motivos de las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, que en la parte conducente señala:

"Se propone la adición de la fracción I-B al artículo 104, con similar contenido de los párrafos tercero y cuarto de la fracción I, del artículo 104 vigente, para que los Tribunales de la Federación conozcan de los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo a que se refiere la fracción XXIX-G del artículo 73. Por ello, se propone la derogación de los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I, del citado artículo 104.

"Los recursos de revisión en contra de resoluciones definitivas de los mencionados tribunales de lo contencioso administrativo, se ha otorgado para que los órganos del Estado puedan proponer a la Justicia Federal las cuestiones que presentan problemas de control de la legalidad de los actos de dichos tribunales, dado que los órganos del Estado no disponen de la posibilidad de iniciar el juicio de amparo.

"Se propone que estos recursos sean de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por plantear siempre problemas de legalidad, modificando la competencia que para conocer de los mismos tiene actualmente la Suprema Corte de Justicia, propuestas que son congruentes con los propósitos centrales de esta iniciativa."

Por tanto, el hecho de que este Tribunal Colegiado, en relación con el asunto de que se trata, haya resuelto el recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada, ello de ninguna forma implica que resulte improcedente la vía de amparo que el particular promueva en contra de la sentencia que se emita en cumplimiento de la citada revisión fiscal, en el que además se plantea la inconstitucionalidad de un precepto jurídico, lo que sí sucedería si la resolución reclamada se dictó en cumplimiento de un diverso juicio de garantías, como textualmente lo indica el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, y únicamente en la vía de amparo se plantean aspectos de legalidad.

Tiene aplicación, la tesis 2a. I/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 319, que el rubro y contenido son del tenor literal siguiente:

"AMPARO CONTRA UNA LEY APLICADA EN UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UNA SALA FISCAL, EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA PRONUNCIADA EN REVISIÓN FISCAL. NO ES APLICABLE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien es cierto que en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento de una ejecutoria de amparo opera, en un nuevo juicio de garantías, la causal de improcedencia que establece el artículo 73, fracción II, de la ley de la materia, no sucede lo mismo cuando se promueve amparo en contra de la ley y la resolución dictada por una Sala Fiscal en ejecución de una sentencia pronunciada por un Tribunal Colegiado en un recurso de revisión fiscal. La razón fundamental de esta conclusión estriba en que, mientras el amparo es un medio de control de la constitucionalidad, la revisión fiscal es un recurso de mera legalidad, cuyo pronunciamiento no puede válidamente impedir el examen de la constitucionalidad de la ley aplicada, en virtud de que sobre ésta, no es dable decidir en el ya citado recurso, sino sólo en el amparo."

De igual forma, es aplicable el criterio contenido en la tesis P. I/2002 establecida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 7, que reza:

"AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. ES PROCEDENTE CUANDO SE CONTROVIERTE UNA SENTENCIA EMITIDA POR UNA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN CUMPLIMIENTO DE LO RESUELTO EN UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL, SI SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS APLICADAS EN AQUÉLLA O EN EL ACTO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN. De la interpretación causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el recurso de revisión fiscal se estableció como un medio de defensa de la legalidad, mediante el cual la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo puede controvertir la sentencia que declare la nulidad del acto emitido por ella, por lo que al resolver tal recurso el respectivo Tribunal Colegiado de Circuito ejerce una función de control de la legalidad, no de la constitucionalidad, ya que el sentido de este fallo dependerá de que la sentencia recurrida se haya emitido conforme al marco jurídico previsto en las leyes ordinarias aplicables, sin confrontar dicha sentencia o las normas aplicadas en ella con lo dispuesto en la Constitución Federal. En ese tenor, si bien las consideraciones adoptadas al resolver un recurso de revisión fiscal constituyen cosa juzgada, ello acontece únicamente en el aspecto de legalidad, por lo que no existe obstáculo procesal para que el actor en el respectivo juicio contencioso administrativo controvierta en amparo directo la constitucionalidad de las normas que le fueron aplicadas desde el acto administrativo de origen cuya validez se cuestionó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando la sentencia dictada por éste se emita en cumplimiento de lo resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito al conocer de un recurso de revisión fiscal. Lo antes expuesto, además de reconocer la naturaleza de este medio ordinario de defensa, permite a los gobernados ejercer la prerrogativa que el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, les brinda para impugnar la constitucionalidad de una ley que fue aplicada en su perjuicio una vez agotados los medios ordinarios de defensa y cumplidos los respectivos requisitos procesales; máxime que, conforme al sistema actual, contra la sentencia recurrida en revisión fiscal que no afecta el interés jurídico del actor del juicio contencioso administrativo, no procede el juicio de garantías."

Así las cosas, se desestima la causa de improcedencia invocada por la autoridad tercero perjudicada, sin que este órgano jurisdiccional advierta que se actualice algún supuesto diverso de improcedencia, por lo que se procede al análisis de los conceptos de violación que hace valer la impetrante de garantías.

OCTAVO. Resultan inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa.

En virtud de que la disconforme, alega cuestiones de inconstitucionalidad de norma, por razón de orden y técnica jurídica, se analizará primeramente el tercer concepto de violación que plantea.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de 2002, página 395, de rubro y texto siguiente:

"AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que cuando en amparo indirecto se reclaman leyes con motivo de su primer acto de aplicación, el Juez de Distrito, al pronunciarse respecto al fondo, debe analizar primero la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, si es necesario, la legalidad del acto de aplicación, bajo la premisa de preferir los argumentos que conduzcan a mayores beneficios y reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros, en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el criterio aludido no es de aplicación exclusiva al juicio de amparo indirecto, sino que, por identidad de razón, debe hacerse extensivo al juicio de garantías en la vía directa, a fin de que los Tribunales Colegiados de Circuito ajusten sus sentencias a este orden de análisis de los conceptos de violación propuestos, en términos del artículo 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal."

Asimismo, la posibilidad en el amparo directo de verter argumentos relacionados con la constitucionalidad de leyes no únicamente se limita a su aplicación en perjuicio de la quejosa en la secuela procesal del juicio natural o en la sentencia, laudo o resolución que le puso fin, sino que también se permite, en esa vía, la impugnación de las normas aplicadas en el acto o resolución de origen, pues así lo determina la jurisprudencia que sostiene la misma Sala del Alto Tribunal, publicada en la compilación antes citada, Tomo XVII, enero de 2003, página 220, que tiene por contenido el siguiente:

"AMPARO DIRECTO. EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PUEDE PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS GENERALES APLICADAS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN. De la interpretación armónica de los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que cuando se promueva juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se podrá plantear, en los conceptos de violación, la inconstitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos que se hubieran aplicado en perjuicio del quejoso en la secuela del procedimiento del juicio natural o en la sentencia, laudo o resolución reclamados; sin embargo, ello no quiere decir que la posibilidad de controvertir tales normas de carácter general en el amparo directo se agote con los supuestos a que se refieren dichos numerales, pues el artículo 73, fracción XII, último párrafo, del citado ordenamiento permite también la impugnación, en ese juicio, de las normas aplicadas en el acto o resolución de origen, cuando se promueva contra la resolución recaída a los recursos o medios de defensa legal que se hubieran hecho valer en contra del primer acto de aplicación de aquéllas, máxime que en la vía ordinaria no puede examinarse la constitucionalidad de una norma de observancia general, pues su conocimiento está reservado a los tribunales del Poder Judicial de la Federación."

La parte quejosa tilda de inconstitucional el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, el que le fue aplicado al configurarse la negativa ficta debido a que la Administración Local de Grandes Contribuyentes de Puebla, omitió resolver en el plazo de tres meses la consulta formulada por escrito presentado con fecha tres de diciembre de dos mil uno, y a través del cual solicitó la confirmación de criterio en el sentido de que para calcular la base del impuesto al activo, puede deducir las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, circunstancia que legitiman a la quejosa para poder impugnar los mencionados preceptos legales a través del juicio de garantías.

La anterior situación se corrobora con el contenido de la contestación de la demanda de nulidad, en el que la autoridad hacendaria manifestó que el artículo 5o. de la Ley de Impuesto al Activo, señala en su segundo párrafo, que no serán deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación (foja cincuenta del juicio de nulidad).

Ahora bien, la parte quejosa señala que el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo transgrede la garantía de justicia tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues alega que contraviene por una parte, el principio de equidad tributaria y por la otra, el principio de proporcionalidad tributaria.

En relación con el principio de equidad tributaria, en esencia aduce la quejosa:

1) Que la equidad consiste en la igualdad en que se sitúan los contribuyentes ante la ley, respecto al sujeto, objeto y a la base gravable, y no así respecto a la carga tributaria que depende de la capacidad contributiva del sujeto, e invocó los criterios de rubros: "EQUIDAD TRIBUTARIA IMPLICA QUE LAS NORMAS DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES."; y "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS."

2) Que el párrafo primero del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, señala que sólo pueden ser deducibles las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, siempre que se trate de deudas no negociables, y el párrafo segundo prohíbe la deducción de deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación.

3) Que el numeral que impugna al determinar la base gravable del impuesto al activo es totalmente inequitativo, ya que da un trato desigual a contribuyentes que se encuentran en igualdad de situaciones, porque no justifica que en caso de existir dos deudores cada uno con una deuda, con las mismas características, pero con diferente acreedor, una sí se pueda deducir del valor del activo para efectos del cálculo del impuesto al activo, y la otra no, por el solo hecho de haberla contratado con el sistema financiero o su intermediación, es decir, establece un trato diferenciado para las deudas contratadas con el sistema financiero o sus intermediarios, por lo que incentiva de manera directa el que los contribuyentes busquen medios alternos para su financiamiento.

4) Que la deducibilidad o no deducibilidad se determina con base en situaciones ajenas a la persona causante del crédito, lo que genera una situación de inequidad en relación con dicho tributo, por lo que es aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."

Por otra parte, en relación a la contravención del principio de proporcionalidad tributaria, expresa:

a) La proporcionalidad es un concepto complejo pero consiste en gravar al sujeto de la contribución de acuerdo a su capacidad contributiva real para colaborar al gasto público, e invoca el criterio de rubro: "IMPUESTOS. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS."

b) Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 11/96 determinó que el objeto del impuesto al activo es el activo de las empresas, atendiendo a que sea susceptible de concurrir a la obtención de utilidades, intitulada: "ACTIVO, IMPUESTO AL. EL ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY QUE LO REGULA EXIGE CONSIDERAR QUE SU OBJETO RADICA EN LOS ACTIVOS, CONCURRENTES A LA OBTENCIÓN DE UTILIDADES, COMO SIGNO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, ASÍ COMO QUE ELLO SE ENCUENTRA VINCULADO A SUS FINES FISCALES (CONTRIBUTIVO Y DE CONTROL) Y A LOS EXTRAFISCALES DE EFICIENCIA EMPRESARIAL.", reitera, que el objeto que persigue el impuesto al activo, además del recaudatorio, es que los contribuyentes que no obtengan utilidades para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, paguen un impuesto mínimo.

c) Que el impuesto al activo grava los bienes utilizados en la realización de las actividades empresariales de los contribuyentes, por lo que se trata de un impuesto patrimonial, porque obliga a los contribuyentes a determinar la base en función de su patrimonio neto, sin embargo, crea un concepto de patrimonio que desconoce intencionalmente la noción tradicional que en el derecho positivo mexicano establece el artículo 2166 del Código Civil para el Distrito Federal, en el sentido de que los derechos o activos deben valuarse correlativamente con los pasivos u obligaciones del mismo individuo, y de esta manera estar en aptitud de calcular el valor de su patrimonio, y en consecuencia de su estado de solvencia o insolvencia.

d) El artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, violenta el principio de proporcionalidad tributaria, dado que no toma en consideración la verdadera capacidad contributiva de los contribuyentes, porque sin razón alguna, no permite deducir deudas contratadas con el sistema financiero o sus intermediarios, no obstante que la contratación de dichas deudas inciden directamente sobre la capacidad contributiva del sujeto pasivo.

e) Que el numeral impugnado resulta inconstitucional, al no permitir la deducción de deudas contratadas con empresas residentes en el extranjero las que inciden sobre la capacidad contributiva de la ahora quejosa, sino que únicamente se pueden deducir las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes en México de residentes en el extranjero, siempre que se trate de deudas no negociables.

f) La limitante prevista en el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, por cuanto no permite la deducción de deudas contratadas con residentes en el extranjero, afecta el valor del activo que sirve de base para el cálculo del impuesto a cargo e invoca el criterio: "ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.", agrega, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia declaró la inconstitucionalidad del citado numeral, de rubro: "ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."

Los anteriores argumentos devienen inoperantes, en virtud de que del contenido del juicio de nulidad 776/02-12-02-2 del índice de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se desprende que la entonces parte actora, ahora quejosa, ha consentido el contenido del precepto legal que tilda de inconstitucional, tal como lo determinó este Tribunal Colegiado al resolver el recurso de revisión fiscal 150/2003, específicamente en el considerando séptimo, que en la parte conducente dice:

"Empero, lo que es motivo de pugna y así debe entenderse -y no propiamente como procedencia del juicio de nulidad- es que si el particular tuvo la oportunidad legal de plantear la inconstitucionalidad del artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, desde que se materializó en su perjuicio por primer vez, como es por ejemplo, su autoaplicación en la declaraciones presentadas ante el fisco, en tal hipótesis debe considerarse que en el juicio contencioso el concepto de impugnación que solicita la aplicación de jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de ley debe declararse inoperante, ya que el precepto fue consentido."

Aseveración que se corrobora con el contenido de los peritajes rendidos por el perito de la parte actora Pedro Luis Gual Landera y por la perito de la autoridad demandada Alma Delia Castañeda Marín, que obran a fojas ciento noventa y seis y ciento noventa y nueve del expediente de nulidad, que al responder a la pregunta número uno consistente en:

"1. Si la contribuyente tenía deudas contratadas con empresas pertenecientes al sistema financiero o con su intermediación, en los ejercicios de 1998, 1999 y 2000."

Contestó el perito de la parte actora:

"Después de revisar la contabilidad de Industrias Politex (sic), S.A. de C.V. pude constatar que la empresa tiene registradas deudas contratadas con el sistema financiero en dichos ejercicios."

La perito de la demandada, dijo:

"Industrias Poli-Tex, S.A. de C.V., mantuvo durante los ejercicios de 1998, 1999 y 2000, deudas contratadas con el sistema financiero derivadas de un crédito refaccionario contratado en forma mancomunada con Nacional Financiera, S.N.C. y Banco de Oriente, S.N.C., durante el ejercicio de 1999 llevó a cabo una reestructuración de esta deuda con Nacional Financiera, S.N.C., existe el reconocimiento de la deuda contratada en registros y balanzas de comprobación correspondientes a cada uno de los ejercicios en cuestión."

La segunda interrogante que se formuló en los siguientes términos:

"2. Si la contribuyente en las declaraciones anuales normales, dedujo de base del impuesto al activo, correspondiente a dichos ejercicios las deudas contratadas con empresas pertenecientes al sistema financiero o su intermediación."

A la que el perito de la parte actora, respondió:

"Después de revisar la contabilidad de Industrias Politex (sic), S.A. de C.V., pude constatar que la empresa no dedujo de la base del impuesto al activo las deudas que tiene contratadas con el sistema financiero por los ejercicios de 1998 a 2000, ya que la empresa optó por descontar del impuesto al activo, el remanente de las reducciones a que el artículo 23 del Reglamento del Impuesto al Activo se refiere. En virtud de agotarse el remanente de la reducción que refiere el artículo 23 del Reglamento del Impuesto al Activo."

La perito de la parte demandada, señaló:

"Ejercicio 1998.

"Industrias Poli-Tex, S.A. de C.V., por este ejercicio presentó las siguientes declaraciones anuales, normal del 31 de marzo de 1999, por dictamen 01; del 28 de junio de 2000 y complementaria 01; del 07 de diciembre de 2

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18910-2cc09816/improcedencia-no-se-actualiza-la-causa-contenida-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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