MULTAS NO TRIBUTARIAS. EN EL ACTO DE SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA.
AMPARO DIRECTO 336/2006. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GV, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Son inoperantes por una parte, infundados en otra y fundados en un solo aspecto, los conceptos de violación blandidos.
En inicio conviene precisar que la disconforme controvirtió en el juicio fiscal de origen la determinación de veintiocho de febrero de dos mil cinco, contenida en el oficio 325-SAT-21-I-III-210, emitida por la administradora local jurídica de Puebla Sur, dentro del expediente RR-115/2005, que resolvió el recurso de revocación enderezado en contra de la resolución determinante del crédito fiscal -multa- contenida en el oficio 324-SAT-21-I-A3-C-12626, de dieciséis de noviembre de dos mil cuatro (fojas 34 a 40, 49 y 50 del juicio fiscal).
El fincamiento de tal crédito fiscal obedeció a que al llevarse a cabo el acta parcial de inicio derivada de la orden de visita domiciliaria número IAD2100015/04, contenida en el oficio 324-SAT-21-I-2319, la contribuyente, hoy quejosa, no presentó al personal autorizado los libros y registros que formaban parte de su contabilidad, así como tampoco lo había hecho al momento de determinarse dicho crédito, de ahí que se le impusiera una multa en términos de los arábigos 85, fracción I y 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, por la suma de $9,661.00 (nueve mil seiscientos sesenta y un pesos, cero centavos, moneda nacional).
La Sala responsable desestimó los conceptos de anulación planteados, reconociendo la validez de la resolución en comento que resolvió el recurso de revocación, confirmando el aludido crédito.
Determinado lo anterior, se abordan los motivos de disenso constitucional planteados.
De entrada, es necesario señalar que en los conceptos de violación cuarto, quinto y sexto se plantea un tópico de constitucionalidad de leyes, al impugnarse el artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación; tema que si bien pudiera pensarse prima facie que es de orden preferente, en el caso no lo es, en atención al principio del "mayor beneficio", que obliga a este Tribunal Colegiado al momento de analizar los conceptos de violación propuestos, a preferir aquellos argumentos que representen una mejor situación para la parte quejosa, reservando para un examen posterior los planteamientos de menores logros, a fin de hacer efectiva la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal.
Ello, pues en el caso particular la disconforme vierte motivos de disenso constitucional encaminados a evidenciar la ilegalidad, en principio, de la orden de visita -que a la postre dio origen al crédito fiscal recurrido en revocación-, del citatorio practicado respecto de ésta, así como del acta parcial de inicio con los cuales pudiera obtener mayores beneficios, pues tales actuaciones que tilda de ilegales son anteriores a la resolución determinante de dicho crédito -multa- pues precisamente éste se fincó a consecuencia de la realización previa de aquéllas; de ahí que se estime necesario efectuar el análisis primigenio de tales planteamientos.
Lo anterior aun cuando, como se verá, va a resultar fundado el concepto de violación séptimo de la demanda -atinente a la indebida fundamentación en la competencia de la autoridad exactora que emitió la multa-, pues de cualquier manera, atendiendo al citado mayor beneficio que podría lograrse con el estudio primario de los restantes argumentos antes referidos -por detentar mayor entidad-, se estima necesario darles respuesta a efecto de no dejar al accionante en un estado de incertidumbre jurídica, aunado a la exhaustividad que debe imperar en todo fallo.
Por ilustrativa, se cita la jurisprudencia 2a./J. 23/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, página doscientos dieciocho, que literalmente reza:
"TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AMPARO DIRECTO CONTRA SUS SENTENCIAS. DEBE EXAMINARSE EL CONCEPTO EN EL QUE SE COMBATE LA CAUSA DE ILEGALIDAD RELACIONADA CON EL FONDO DEL ASUNTO, AUNQUE SE ESTIME FUNDADO EL RELATIVO A LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES DE CARÁCTER FORMAL Y PROCEDIMENTAL. El requisito de exhaustividad de las sentencias de amparo exige que se examinen todos los conceptos de violación planteados siempre que no exista alguna razón legal que lo impida o que determine la inutilidad de tal examen. Por tanto, en el amparo directo en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Federación en un juicio contencioso administrativo, no resulta innecesario examinar el concepto de violación que plantea la violación al segundo párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación por haber analizado preferentemente la responsable la causa de ilegalidad relacionada con el fondo del asunto para estimarla infundada y considerar apegada a derecho la resolución impugnada en ese aspecto, aun cuando se estime fundado el diverso concepto de violación consistente en la infracción al primer párrafo del precepto legal citado por omitirse estudiar en la sentencia reclamada la totalidad de las causas de ilegalidad relacionadas con cuestiones de carácter formal y procedimental que, de resultar fundadas, podrían dar lugar a que la nulidad para efectos de la resolución impugnada tenga alcances diversos al obtenido con motivo de estimar fundada una sola de esas cuestiones. Ello en virtud de que los aspectos de la sentencia reclamada combatidos en cada uno de los conceptos de violación referidos son diversos e independientes, de suerte tal que el que se estime fundado el segundo mencionado no determina la ilegalidad de la sentencia reclamada en el aspecto atacado en el primer concepto de violación aludido y, por ende, el que se omita el examen de éste infringe el principio de exhaustividad de las sentencias de amparo y ocasiona una seria afectación a la garantía de justicia pronta y eficaz que consagra el artículo 17 constitucional al retrasar, innecesariamente, la solución definitiva de los asuntos judiciales, pues se provoca la promoción de nuevos juicios de amparo para reclamar aspectos de una sentencia que pueden quedar definidos en el primer amparo que se intente."
Una vez explicado el porqué del orden que se le imprimirá al examen de los conceptos de violación, procede darles respuesta.
Dada la íntima relación que guardan entre sí los motivos de disenso octavo (sólo en parte) noveno y décimo -al controvertir la legalidad de la orden de visita-, es conveniente abordarlos a continuación y de manera conjunta.
En parte del octavo y en el noveno sostiene la quejosa que la Sala responsable indebidamente consideró que en la orden de visita sí se indicó el domicilio en donde ésta se verificaría, cuando de su contenido se aprecia que no se precisó claramente y de forma expresa dicho dato, esto es, el lugar en donde se llevaría a cabo la visita, lo que transgrede el arábigo 16 de la Constitución Federal que prevé los requisitos que deben contener tales actos, entre ellos, el lugar de su materialización, el cual no puede inferirse.
Lo anterior es infundado.
Esto es así, pues como bien lo dijo la Sala, la orden de visita consta de dos fojas, apreciándose de la primera claramente que sí se asentó el domicilio de la contribuyente, de lo que puede concluirse que el requisito a que alude el arábigo 16 constitucional sí se encuentra satisfecho.
Ciertamente, en la orden de visita domiciliaria fechada el veintiuno de octubre de dos mil cuatro (fojas 85 y 86 del juicio fiscal) se estableció en su encabezado lo siguiente:
"Comercializadora Industrial GV, S.A. de C.V.
"Diagonal Defensores de la República No. 579
"Colonia Santa María
"Puebla, Puebla 72080."
El artículo 16, párrafos octavo y décimo primero, de la Constitución Federal, dispone:
Artículo 16. "... En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
"...
"La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos."
Normativo del que se aprecia la necesidad de expresar el lugar en donde debe verificarse una orden de cateo, requisito que también es exigible tratándose de la orden de visita domiciliaria.
Luego, contrario a lo estimado y como bien lo dijo la Sala es suficiente que se haya asentado en esa parte -primera foja- de la orden de visita los datos de identificación del domicilio de la contribuyente para considerar que es en dicho lugar en donde habría de verificarse.
De otro modo no se explica el haber asentado la razón social de la contribuyente y, seguidamente los datos de identificación de su domicilio, los cuales ciertamente se expresaron precisamente porque en ese lugar y respecto de tal empresa versaría la visita domiciliaria, pues incluso antes del citado encabezado -antes transcrito-, se asentó también la frase "se ordena la práctica de una visita domiciliaria", lo que revela todavía más que tal visita se practicaría en el domicilio ahí descrito.
Sin que ello implique inferir en modo alguno la mención expresa de tal dato, pues el mismo sí se encuentra asentado de forma expresa en el documento relativo a dicha orden.
Además, no es posible analizar la orden de visita de manera fragmentada, esto es, sólo en cierta parte, sino que es menester examinarla de forma integral, de ahí que resulta innecesario como lo pretende la quejosa, el que se repita en el texto, de manera expresa, la mención del domicilio en donde habrá de practicarse si tal dato ya fue asentado en el propio documento el cual debe apreciarse, se reitera, como un todo en su integridad, resultando por ende infundado el argumento en análisis.
Sirve de apoyo, por su contenido jurídico, la jurisprudencia VI.3o.A. J/23 de este Tribunal Colegiado, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, noviembre de dos mil dos, publicada en la página mil cincuenta, que dice:
"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA QUE SEÑALA EN FORMA PRECISA EL DOMICILIO A VISITAR. NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CARTA MAGNA. Si de la referida orden se advierte que señala en forma precisa el domicilio a visitar, aun cuando la misma mencione que se les debe permitir a los visitadores el acceso al establecimiento, oficinas, locales, instalaciones, talleres, fábricas, bodegas y cajas de valores, ello debe entenderse en el sentido de que se trata de tales instalaciones pero dentro del mismo domicilio fiscal señalado en la orden de visita; por tanto, no puede considerarse que se deje al arbitrio de los visitadores el designar el domicilio o domicilios para llevar a cabo la diligencia, ya que no se observa esa atribución; por lo que la orden no tiene el carácter de genérica y por ello no es violatoria del citado precepto constitucional."
En el décimo motivo de disenso se aduce ahora que la orden de visita domiciliaria es ilegal al contener un apercibimiento genérico, lo que pasó inadvertido a la Sala del conocimiento, transgrediéndose las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los preceptos 14 y 16 de la Constitución Federal.
Es inoperante por novedoso.
Basta destacar que ni en el escrito de demanda, ni en el diverso relativo a la ampliación de los conceptos de anulación (fojas 1 a 31 y 99 a 141 del juicio de nulidad), se advierte que la ahora quejosa se hubiese ocupado de verter tales planteamientos ante la Sala responsable.
Ciertamente, en el ocurso de demanda la aquí peticionaria de garantías se limitó a discutir aspectos relativos a la ilegalidad de la resolución que resolvió el recurso de revocación enderezado en contra del crédito fiscal -multa-; que no se le otorgó audiencia previa en la imposición de la citada multa; que ésta no se motivó y calculó debidamente; que era inconstitucional al transgredir los numerales 14 y 22 de la Constitución Federal; así como que la autoridad exactora que determinó el crédito era incompetente, o bien, no fundamentó debidamente su competencia.
Lo mismo ocurrió en los conceptos de anulación primero, segundo, quinto, sexto y séptimo, de la ampliación en donde se atacaron también cuestiones ajenas tales como la ilegalidad del citatorio que precedió a la notificación de la orden de visita, así como del acta parcial de inicio -al sostener que ésta se entendió con una persona diversa al representante legal o que los visitadores no justificaron su personalidad y cargo-.
No se desatiende que en los diversos motivos de inconformidad tercero y cuarto de la citada ampliación sí se controvirtió la orden de visita; empero, se alegaron cuestiones ajenas al referido argumento que ahora plantea -atinente al apercibimiento genérico-, esto es, sólo se limitó a discurrir la falta de fundamentación de la orden de visita, o bien, la imprecisión en la indicación del domicilio en donde habría de practicarse tal actuación, siendo precisamente tales aspectos los que únicamente desestimó la Sala del conocimiento al emitir la sentencia reclamada, en torno a la ilegalidad de la orden de visita, pues sólo esos se le plantearon.
Luego, resulta palmario que la aquí impetrante no introdujo el tema atinente a la ilegalidad de la orden de visita por contener el apercibimiento genérico que ahora menciona en esta instancia constitucional.
Por ello, el referido motivo de disenso constitucional en estudio tiene el carácter de novedoso y, por lo mismo, deviene inoperante al no encontrar sustento el examinar lo planteado bajo argumentos que no conoció la Sala Fiscal responsable, al no habérselos propuesto, en la especie, en el escrito de demanda o en el diverso de ampliación.
Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página trescientos seis, que a la letra reza:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INEFICACIA DE LOS ARGUMENTOS NO PROPUESTOS A LA SALA FISCAL RESPONSABLE. Los argumentos que se aducen en los conceptos de violación y que no se hicieron valer ante la Sala del Tribunal Fiscal que emitió la sentencia que constituye el acto reclamado, no pueden ser tomados en consideración, pues resultaría injustificado examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz del razonamiento o hechos que no conoció la Sala Fiscal responsable, al no haberse propuesto a la misma."
Por compartirse, se cita también la jurisprudencia VI.2o.A. J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de dos mil cinco, página mil ciento treinta y siete, que a la letra reza:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas."
Tocado lo alegado en torno a la ilegalidad de la orden de visita domiciliaria, se estima necesario abordar ahora el motivo de inconformidad segundo en donde se discurre la ilegalidad de la notificación de tal orden, específicamente el citatorio que le precedió de veintiuno de octubre de dos mil cuatro.
En tal concepto de violación se aducen dos argumentos torales, siendo éstos los siguientes:
-Que la Sala responsable pasó por alto que el citatorio que precedió a la notificación de la orden de visita se encuentra en un formato preimpreso, lo que no permite la debida circunstanciación de los hechos u omisiones que se presentan en una diligencia, al encontrarse preestablecido el texto, generando un estado de inseguridad jurídica para el particular, y;
-Que en dicho citatorio no se asentó debidamente el cercioramiento por parte de los visitadores de que efectivamente se encontraran en su domicilio al momento de practicar dicha actuación.
Lo primero es inoperante.
Como se ve, la quejosa hace descansar el primero de sus argumentos, en el hecho de que la notificación practicada respecto de la orden de visita, específicamente la actuación atinente al citatorio, transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídicas al obrar en formato preimpreso.
En cuanto a tal tópico, ya existe jurisprudencia definida del Máximo Tribunal del país en el sentido de que es válido que las notificaciones personales se hagan con base en formatos preimpresos.
Tal jurisprudencia es la número 2a./J. 140/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página trescientos sesenta y siete, que tiene por contenido:
"NOTIFICACIONES PERSONALES DE CRÉDITOS FISCALES PRACTICADAS CON FORMATOS PREIMPRESOS. SON VÁLIDAS AUN CUANDO LO QUE SE HAGA CONSTAR EN ELLOS SEA LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO DE LA PRESENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE. Aun cuando el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación establece el procedimiento para la práctica de notificaciones personales y no prohíbe la utilización de formatos preimpresos, subsiste la obligación del notificador de asentar el lugar en que se esté llevando a cabo la diligencia y los datos que justifiquen el porqué se realiza con persona distinta del interesado; de ahí que no es factible alegar que sólo tiene validez una notificación donde se asienten todos los datos manuscritos, y que la ilegalidad del acto se genera por la mera circunstancia de que el acta sea un formato preimpreso donde conste que se requirió la presencia del interesado o de su representante y no se encontró, porque la única finalidad de esos formatos es agilizar la diligencia, sin que por ello se provoque inseguridad jurídica al gobernado, pues si se emplean formatos o ‘machotes’ en el levantamiento de la diligencia, y consta preimpreso que se requirió la presencia del interesado, esto no implica que el acta no esté debidamente circunstanciada, en virtud de que lo que importa es lograr que el destinatario tenga conocimiento del acto."
Por tanto, como la aplicación de la jurisprudencia que antecede es suficiente para contestar el argumento atinente a la indebida utilización de formatos preimpresos, esto redunda en la inoperancia del mismo.
Aquí cobra vigencia, por identidad jurídica, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página veintiocho, cuyo rubro dispone:
"AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA."
De igual modo, se invoca, por compartirse, la tesis XVII.1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, septiembre de dos mil, publicada en la página setecientos veinticuatro, de rubro:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. RESULTA INNECESARIO SU ANÁLISIS, CUANDO SOBRE EL TEMA DE FONDO PLANTEADO EN LOS MISMOS YA EXISTE JURISPRUDENCIA."
Al margen de lo discurrido, tampoco asiste razón a la quejosa cuando sostiene que el uso de formatos preimpresos contraviene el principio de legalidad, porque la autoridad sólo puede hacer aquello que la ley le permite y la ley no la faculta para emplear dichos formatos.
El invocado principio ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 69, que es del tenor siguiente:
"AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite."
Esa máxima fue acuñada con el propósito de que dentro del sistema constitucional nacional ninguna autoridad pueda dictar acto alguno que no encuentre apoyo en un precepto de la ley; esto es, el requisito de la fundamentación y motivación exigido por el artículo 16 constitucional implica una obligación para las autoridades de actuar siempre dentro del marco legal; por ende, las autoridades no tienen más facultades que las expresamente atribuidas por la ley, de ahí, que los actos que no estén autorizados por ley alguna, significarán violación de garantías.
Por lo que hace a la realización de la notificación, ésta se erige como un deber a cargo de las autoridades a fin de perfeccionar la eficacia de sus actos, ya que la fuerza obligatoria de éstos pende de que se hagan del conocimiento de sus destinatarios; entonces, ese deber se traduce concomitantemente en un beneficio al gobernado, a grado tal, que la notificación se perfila como una formalidad esencial del procedimiento.
En esa perspectiva, cuando la autoridad notifica más allá de ejercer una facultad, cumple o agota una obligación en pro del particular a quien se dirige la actuación, puesto que mediante la notificación no sólo nace el acto a la vida jurídica, sino que le permite al gobernado conocer el contenido del acto.
Ahora bien, en materia fiscal la autoridad requiere de facultades implícitas para poder notificar, en tanto que la notificación pasada bajo el tamiz del Código Fiscal de la Federación, como facultad explícita, difícilmente es exhaustiva, total y ejercitable por sí misma; lo cual no conlleva que la actuación implícita (el uso del formato preimpreso) sea en detrimento de las garantías individuales del particular, en virtud de que el formato se instituye como el medio necesario para agotar la obligación de notificar.
En consecuencia, el uso del formato preimpreso se justifica en la medida que hace posible el ejercicio del acto de notificar, que por sí mismo no puede desarrollarse, partiendo de la premisa que al tenor del artículo 16 constitucional, los actos de autoridad deben constar por escrito; así, el formato se habilita al ser un medio para alcanzar un fin autorizado -notificar-; en otras palabras, el empleo del formato preimpreso es una facultad implícita a la que se recurrirá para hacer viable la notificación, de ahí la ineficacia del planteamiento que se contesta en torno al principio de legalidad.
Por lo demás, de las constancias de notificación atinentes a la orden de visita se tiene que, contrario a lo argüido, sí se aprecia el debido cercioramiento de los visitadores y, por ende, es también infundado el segundo argumento contenido en el motivo de disenso constitucional que se analiza.
De entrada, es necesario hacer algunas consideraciones en torno a la circunstanciación en cuanto a la notificación y entrega de las órdenes de visita domiciliaria.
Es conveniente transcribir la parte conducente de los artículos 44 y 46 del Código Fiscal de la Federación vigentes en dos mil cuatro -año en el que se inició la práctica de la visita domiciliaria que dio origen a la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo-, los cuales disponen:
"Artículo 44. En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente:
"I. La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita.
"II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado.
"...
"III. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita. ..."
"Artículo 46. La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas:
"I. De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado.
"...
"IV. Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita. Una vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita."
Al tenor de los dispositivos copiados, se tiene que la visita domiciliaria comienza con la asistencia de los visitadores designados en la orden, al lugar o lugares señalados en ésta, para lo cual deben levantar acta circunstanciada ante la presencia del visitado, del representante de éste o, en su caso, de la persona con la que se entendió la diligencia, así como ante dos testigos propuestos por el ocupante del lugar o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia.
De esta suerte, la circunstanciación del acta de inicio consiste en detallar pormenorizadamente, entre otros, los datos relativos a las cuestiones de modo, tiempo y lugar de los hechos u omisiones conocidos por los visitadores durante el desarrollo de la visita; circunstanciación que necesariamente ha de obrar en el propio documento que contiene el acta y no así en uno diverso.
Luego, tratándose de la notificación de la orden de visita domiciliaria, la actuación de los visitadores queda sujeta al levantamiento del acta de inicio -que deberá ser firmada por dos testigos-, en la que se hará constar, si así fuere, que como el representante legal de la visitada no hizo acto de presencia, a pesar del citatorio que previamente se le había dejado, la notificación y entrega de la orden se entendió con quien se encontró en el lugar de la diligencia.
Conclusión que es factible representar en el siguiente silogismo, en el que las premisas son:
1. La circunstanciación de un acta de visita domiciliaria consiste en detallar pormenorizadamente los datos relativos a las cuestiones de modo, tiempo y lugar de los hechos u omisiones conocidos por los visitadores durante el desarrollo de la visita; circunstanciación que ineludiblemente ha de obrar en el propio documento que contiene el acta y no en uno diverso.
2. La notificación de la orden de visita se hace al principio de la visita domiciliaria.
Mientras que la conclusión es:
La notificación de la orden debe constar en el acta parcial de inicio -la que habrá de estar firmada por dos testigos-, pues sólo de esa manera hará prueba de la existencia de la entrega de la orden, para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo que se revisa.
Parafraseando lo explicado, el acta circunstanciada donde se haga constar la notificación de la orden de visita se identifica con el acta parcial de inicio, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -en la jurisprudencia 2a./J. 99/2000, que más adelante se reproducirá-, ha establecido como criterio obligatorio que la circunstanciación de las actas de visita domiciliaria debe constar en el propio documento que las contiene y no en uno diverso.
En esta óptica, si la notificación y entrega de la orden de visita se hacen el día que los visitadores se constituyen en el lugar o lugares designados en la orden; por consiguiente, es en el acta parcial de inicio en la que precisamente debe asentarse ese hecho, porque si no aparece en ella deberá entenderse que ese acontecimiento no se produjo.
De admitirse que la notificación de la orden obre en acta disímil a la parcial de inicio y que aquel hecho sólo quede sujeto a las formalidades del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, significaría privar de eficacia probatoria al acta inicial y contravenir la seguridad jurídica al visitado, puesto que la firma de los testigos es una formalidad de las actas atinentes a la visita domiciliaria -las que se encuentran investidas de cierta autonomía respecto de las demás actas de notificación-, formalidad que ante todo se erige como la garantía de que el documento -acta parcial de inicio- refleja el desarrollo de la visita al día de su levantamiento.
En ese sentido, si cada acta de la visita se entiende referida a los hechos u omisiones acaecidos el día de su fecha y se tiene de manera destacada que en la parcial de inicio lo primordial es la notificación y e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19967-faffd085/multas-no-tributarias-en-el-acto-de-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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