LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 2605/2003. INTEGRACIÓN MEXICANA DE COMERCIO, S.A DE C.V.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-La parte quejosa, en sus conceptos de violación, tilda de inconstitucional la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, específicamente por lo que se refiere a las fracciones arancelarias 0713.33.03 y 0713.33.99, ya que en su concepto violan las garantías de debida fundamentación y motivación, seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad en materia tributaria, por lo siguiente:
La quejosa aduce que se violan las garantías de legalidad y debida fundamentación y motivación que consagra el artículo 14 constitucional, sustentando dicha afirmación en que no se acata lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la propia Constitución.
Asimismo, señala que se viola el artículo 16 constitucional, porque no se funda la causa legal del procedimiento, para llevar a cabo la aprobación de un impuesto ad valorem del 128% sobre el valor de las mercancías en aduana, aludiendo a los artículos 32, fracción IV y 133 constitucionales, y al diverso 302 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En otra parte de sus argumentos, la quejosa explica en qué consisten los principios de equidad y proporcionalidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, aduciendo genéricamente que dichos principios se violan, lo cual se puede acreditar con la variación que tiene el ad valorem de las fracciones arancelarias reclamadas, señalando que no existe igualdad en la aplicación de la ley, ya que para las mismas fracciones arancelarias existen un sinnúmero de impuestos ad valorem, que van del 128% al 0%, siendo como consecuencia una carga imprevisible para la quejosa, aludiendo a que el legislador no sólo tiene la facultad, sino la obligación de no imponer aranceles de manera caprichosa, arbitraria o creada para hostilizar a determinadas clases.
Asimismo, manifiesta la quejosa que para la validez constitucional de un impuesto no basta que éste se encuentre establecido en una ley, sino que además es forzoso que sea ésta la que consigne de manera clara y precisa los caracteres esenciales del mismo, y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, agregando más adelante, que en el presente caso el ad valorem que se le cobró no puede ser claro, trayendo como resultado incertidumbre jurídica e ilegalidad, al aplicar un ad valorem del 128% y 0% sobre las importaciones, lo que lo convierte en un impuesto imprevisible.
Señala la quejosa que de lo anterior se advierte que el impuesto ad valorem aplicado en las fracciones arancelarias reclamadas, a las cuales les es asignado el 128% sobre el valor de las mercancías en aduana, denota que es aberrante, desproporcional e inequitativo, ya que si bien es cierto cada país se rige por sus propias reglas económicas, también lo es que se encuentra en una situación de desventaja en el mercado nacional; que además son desproporcionadas por lo contrastante de los impuestos que porcentualmente se aplican al frijol, dependiendo del país de origen, ya que fluctúan entre el 0% y hasta el 128%, contraviniendo la hipótesis establecida por el legislador plasmada en el artículo 31, fracción IV, constitucional; que no obstante que el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en materia de comercio exterior, también lo es que la ley impugnada no puede estar en contra de lo que establece dicho precepto constitucional.
Manifiesta la quejosa que se viola en su perjuicio el artículo 126 constitucional, ya que el cobro de las contribuciones al comercio exterior, establecidas en las fracciones arancelarias reclamadas, resultan ilegales e inconstitucionales, sin que las autoridades estén facultadas para realizarle el cobro del impuesto cuestionado, ya que la Ley Federal de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil dos señala en su artículo 1o., fracción I, numeral 9: "Impuestos al comercio exterior: A. A la importación. 28, 899.8 millones de pesos", sin que se encuentre debidamente fundada y motivada la forma en que debe contribuir para los gastos del Estado, por lo que se transgreden las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
Asimismo, la quejosa alude a los efectos de la sentencia, en caso de que se le conceda el amparo solicitado y a otras cuestiones que tienen que ver con la suspensión del acto reclamado en el presente juicio de garantías.
Los conceptos de violación que expone la quejosa son inoperantes.
En efecto, no obstante que la quejosa expone en forma amplia diversos argumentos a manera de conceptos de violación, no demuestra los vicios de constitucionalidad de que adolecen las fracciones arancelarias que reclama.
Esto es, no expone los motivos por los cuales considera que las referidas fracciones arancelarias son contrarias a las diversas garantías a que se alude en sus conceptos de violación, motivos que pongan de manifiesto los vicios de constitucionalidad que le atribuye a las mismas.
Debe destacarse que toda ley tiene la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, por lo que no basta el simple dicho de la quejosa en el sentido de que las fracciones arancelarias reclamadas son contrarias a las garantías de debida fundamentación y motivación, seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad en materia tributaria, sino que dicha circunstancia debe probarla fehacientemente, correspondiéndole a ella la carga de la prueba; sólo de esa manera se estaría en condiciones de analizar si la ley infringe o no las garantías referidas.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que es del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVI, diciembre de 2002
"Tesis: 1a./J. 81/2002
"Página: 61
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.-El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."
No debe pasar inadvertido que la quejosa también hace depender la inconstitucionalidad de las fracciones arancelarias reclamadas, por considerar que violan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, circunstancia que tampoco acredita; al respecto, debe decirse que la inconstitucionalidad de una ley surge de su contradicción con un precepto de la Constitución General de la República y no de su oposición con un Tratado Internacional.
Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia que a la letra dice:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, marzo de 2000
"Tesis: P./J. 25/2000
"Página: 38
"LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS.-La inconstitucionalidad de una ley surge de su contradicción con un precepto de la Constitución y no de oposición entre leyes secundarias."
En las relacionadas consideraciones, al ser inoperantes los conceptos de violación expuestos por la quejosa, lo que procede es, en la materia de la revisión competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negar el amparo y protección de la Justicia Federal.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-En la materia de la revisión, competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Integración Mexicana de Comercio, Sociedad Anónima de Capital Variable, en términos del último considerando de esta ejecutoria.
Notifíquese; con copia de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza (ponente), José Ramón Cossío Díaz, y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el señor Ministro Humberto Román Palacios.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19034-e329a26b/leyes-la-expresion-de-la-causa-de-pedir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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