Corpus
Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN MATERIA DE COBRO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. SU CONCESIÓN RESPECTO DE LAS QUE DERIVAN DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 237 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE JULIO DE 1997, SE RIGE POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 212/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18996
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, TODOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, , Pág. 730.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 212/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, TODOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: AÍDA GARCÍA FRANCO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver lo conducente, es preciso tener presentes los criterios que sustentaron en sus respectivas ejecutorias los órganos colegiados que participan en la presente denuncia de contradicción de tesis.

El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en la ejecutoria que pronunció el nueve de septiembre del dos mil cuatro, al resolver el recurso de queja 50/2004, interpuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social y otra, en lo conducente, sostuvo:

"QUINTO. En lo que es materia de queja, son fundados los agravios formulados.

"...

"Al caso, es pertinente mencionar que como acto reclamado la quejosa señaló la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto de doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, que contiene la Ley del Seguro Social que entró en vigor el uno de julio de mil novecientos noventa y siete, así como el decreto que contempla sus reformas, de manera especial las contenidas en su artículo 237; en tanto que del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien señaló como autoridad ejecutora, entre otras, reclamó el pretender obligar a los productores agrícolas que contratan trabajadores del campo a su incorporación al régimen de ley, concretamente, la aplicación del artículo 237 de la Ley del Seguro Social, en los términos del artículo 12, fracción I, elevando con ello considerablemente el monto de la cuota, por pretender asimilarlos con los trabajadores urbanos ... De la misma forma, reclamó los actos de ejecución que como medida de presión pretenden ejercer las autoridades responsables, para someter a los quejosos a través de la intimidación para que consientan la ley que se impugna de inconstitucional, incluyendo en éstos la orden del secuestro, confiscación, incautación, decomiso y privación de dinero propiedad de la quejosa que tiene en sus cuentas bancarias, así como la realización de auditorías, multas y otras medidas que pretenden efectuar en perjuicio de quien impugne la ley, todo ello con el propósito de que se incorpore a los trabajadores del campo a un régimen que no está diseñado para ellos.

"Por auto de diecinueve de agosto de dos mil cuatro, el Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, a quien por turno correspondió el conocimiento del asunto, concedió a la quejosa Agrícola La Capilla, Sociedad Anónima de Capital Variable, la suspensión provisional solicitada para efecto de que siguieran realizando las aportaciones obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, en la forma y porcentaje en que lo venían realizando hasta el treinta de junio del año en curso, así como para que no se le embargaran bienes de su propiedad o se inmovilizara el dinero que aseguró tener en cuentas bancarias, como garantía de las posibles diferencias que pudieran surgir por la forma de cotización; al sostener que con el otorgamiento de la medida, no se advertía que se siguiera perjuicio al interés social, ni se contravenían disposiciones de orden público.

"Determinación que este Tribunal Colegiado no comparte, por cuanto a que contrario a las consideraciones expuestas por el juzgador federal, en la especie, debió negarse la suspensión provisional solicitada toda vez que su concesión, sí contraviene disposiciones de orden público y ocasiona perjuicios al interés social, por no haberse valorado en forma adecuada la afectación que la medida podía ocasionar a dichos aspectos, en contraposición a la causación de los daños y perjuicios que pudiera resentir la quejosa en su esfera de derechos.

"Lo anterior es así, en atención a que el artículo 107 constitucional, establece entre otras cosas, en su fracción X, que para suspender los actos reclamados en los juicios de amparo, deberá vigilarse que no se contravengan disposiciones de orden público, y por su parte, el artículo 124 de la Ley de Amparo, dispone:

"(Se transcribe).

"Por su parte, los artículos 1o., 2o. y 3o., de la Ley del Seguro Social, establecen en su orden:

"‘Artículo 1o. La presente ley es de observancia general en toda la República, en la forma y términos que la misma establece, sus disposiciones son de orden público y de interés social.’

"‘Artículo 2o. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.’

"‘Artículo 3o. La realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados, conforme a lo dispuesto por esta ley y demás ordenamientos legales sobre la materia.’

"De lo anterior se colige, que la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, exige entre otros requisitos para suspender el acto reclamado, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; aspectos que los citados artículos 1o., 2o. y 3o. de la Ley del Seguro Social, no solamente contemplan, al declarar que las normas del ordenamiento al que pertenecen, son de carácter general en toda la República, sino que puntualizan que la seguridad social incluye el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, y definen además, que el instrumento básico para lograrlo lo constituye precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Es claro entonces, que la determinación de conceder la suspensión provisional solicitada contra las consecuencias de los actos de aplicación de los numerales tildados de inconstitucionales, para el efecto de que no se aplicaran en perjuicio de la quejosa dichas disposiciones, es incorrecta, al ser manifiesto que con ello se trastoca el orden público y se ocasionan perjuicios al interés social, aspectos contemplados en la citada fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, al permitir por exclusión, que la quejosa siga realizando las aportaciones obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, en la forma y porcentaje en que lo venía realizando hasta el treinta de junio del año en curso y no se le asegure el dinero que menciona tener en cuentas bancarias, ni se le practiquen auditorías y multas por parte del instituto; en perjuicio sin duda, de las facultades legales de revisión y fiscalización con que cuenta en la especie, para la obtención de los fondos necesarios a través de las aportaciones obrero patronales y que al privársele de ello, sin duda afectaría de manera directa sus funciones asistenciales, y por tanto el orden público y el interés social.

"Sin que importe en contrario, que el orden público y el interés social resulten un concepto jurídico indeterminado de difícil definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar, prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, porque en todo caso, para darle significado, el juzgador debe tener presente las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, al tenor de la jurisprudencia 1.3o.A. J/16, publicada en la página 383, del Tomo V, relativo a enero de 1997, instancia TCC, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente informa: ‘SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA.’ (se transcribe).

"En esas condiciones, al resultar fundados los agravios formulados en la queja, lo procedente es revocar el auto recurrido y negar a la peticionaria de garantías la suspensión provisional solicitada."

Del criterio sustentado en la ejecutoria anterior y del similar emitido en otros cuatro asuntos que no participan en la presente contradicción de tesis, se originó la tesis de jurisprudencia que a continuación se identifica:

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NEGARSE CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 237, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 12, FRACCIÓN I, AMBOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN VIGOR A PARTIR DEL UNO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, POR NO CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo exige como uno de los requisitos necesarios para la concesión de la suspensión del acto reclamado, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, aspectos que los artículos 1o., 2o. y 3o. de la Ley del Seguro Social contemplan, pues establecen que las normas del citado ordenamiento son de carácter general en toda la República, además de puntualizar que la seguridad social incluye el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, y definen como el instrumento básico para lograrlo, precisamente, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego, si el objetivo de las reformas a la Ley del Seguro Social, vigentes a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y siete, es el de brindar protección a toda la población como uno de los mayores retos para la seguridad social en México; mejorar la calidad de los servicios y garantizar los recursos financieros y materiales para hacer frente a las necesidades cambiantes de la atención médica y particularmente respecto a los trabajadores eventuales del campo se pretende que accedan a la seguridad social en los términos que la propia ley señale y no se restrinjan o se limiten sus derechos, es claro que la determinación de conceder la suspensión provisional para efecto de que no se aplique en perjuicio de la quejosa el citado artículo 237, en los términos del artículo 12, fracción I, trastoca el orden público y el interés social, al permitirle por exclusión, por un lado, que siga realizando las aportaciones obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, en la forma y porcentaje en que lo venía realizando hasta el treinta de junio de dos mil cuatro y, por otro, al impedir que se le aseguren cuentas bancarias; se le practiquen auditorías y se le impongan multas por parte del instituto; toda vez que ello es, sin duda, en perjuicio de las facultades legales de revisión y fiscalización con que cuenta la mencionada institución para la obtención de fondos derivados de las aportaciones obrero-patronales, necesarios para lograr sus funciones asistenciales, por lo cual no podría realizar plenamente sus objetivos; además, se impediría que los trabajadores eventuales del campo gozaran de los beneficios que la norma señala, todo ello en merma del fin de las reformas, encaminado a emprender acciones para sanear y fortalecer las finanzas de la mencionada institución y, por ende, la sociedad resentiría mayor perjuicio que el interés particular de la agraviada."

"Novena Época. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, enero de 2005. Tesis XII.3o. J/3. Página 1633."

CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito al resolver, en sesión de veintiuno de septiembre de dos mil cuatro, el recurso de queja 52/2004, interpuesto por el director de Incorporación y Recaudación del Seguro Social, por sí y por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su ausencia, determinó lo siguiente:

"QUINTO. ...

"...

"Ahora bien, la a quo para conceder la medida suspensional impugnada, expuso los siguientes razonamientos:

"‘... Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama en esencia, el proceso legislativo de creación de la Ley del Seguro Social, sus reformas, su artículo 237 mediante el cual se pretende incorporar a los trabajadores del campo al régimen obligatorio que establece el artículo 12, fracción I, de la ley impugnada y la ejecución de dichos actos, mediante orden de secuestro, confiscación, incautación, decomiso y privación de dinero propiedad de su mandante, que tiene en cuentas bancarias, así como la realización de auditorías y multas ... En efecto, con fundamento en el artículo 124 y 130 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, en virtud de que se hizo petición expresa de la parte agraviada, no se advierte que se siga perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que, de no concederse, los daños que se causaren serían de difícil reparación. Medida cautelar que se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que el quejoso siga realizando las aportaciones obrero patronal (sic) al Instituto Mexicano del Seguro Social, en la forma y porcentaje en que lo venía realizando hasta el treinta y uno (sic) de junio del año en curso, así como para que no se le secuestre, confisque, incaute, decomise o prive de dinero que dice tener en cuentas bancarias, ni se realicen auditorías ni multas ...’

"Ahora bien, contra esa determinación la autoridad recurrente se duele en el primer agravio ... de que se contravienen disposiciones de orden público, al permitir excluir a la quejosa de la aplicación de una norma de carácter general, lo cual ... es improcedente porque se está resolviendo el fondo del asunto ...

"Ese alegato es infundado, ya que del auto impugnado no se advierte tal cosa, pues la a quo únicamente se pronunció en forma preliminar sobre la medida suspensional, pero en modo alguno significa que esté resolviendo sobre las cuestiones de fondo, como lo sería que se hubiese pronunciado en relación al acto que se le reclamó y evidenciar la inconstitucionalidad del numeral 237 de la Ley del Seguro Social, o aspectos de esa índole, ya que lo cierto es que la suspensión la concedió para el efecto de que las cosas se quedaran en el estado que guardaban, esto es, que el quejoso continuara realizando sus aportaciones obrero patronales en la forma en que lo venía realizando, y de ese modo no se puede concluir que se estén dando efectos restitutorios ni resolviendo el tema de fondo.

"Del mismo modo, el segundo de los agravios es inoperante, ya que la autoridad recurrente refiere que con la concesión de la medida suspensional se le causa perjuicio al interés general, incumpliendo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, ya que se le impide al Instituto Mexicano del Seguro Social la obtención inmediata de cuotas, y que se corre el riesgo de no poder realizar la misión de seguridad social; sin embargo, ese alegato es inoperante, partiendo de la premisa de que la medida suspensional fue otorgada por la a quo para el siguiente efecto: ‘... Medida cautelar que se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que el quejoso siga realizando las aportaciones obrero patronal al Instituto Mexicano del Seguro Social, en la forma y porcentaje en que venía realizando hasta el treinta y uno de junio del año en curso, así como para que no se le secuestre, confisque, incaute, decomise o prive de dinero que dice tener en cuentas bancarias, ni se realicen auditorías ni multas ...’ (foja 37 reverso). Transcripción que pone en evidencia, la inoperancia de la aseveración de la recurrente, ya que -asegura- se le está ‘impidiendo’ la obtención de cuotas, lo que no es así, pues el decreto de la medida suspensional no fue para que el quejoso dejara de aportar al Seguro Social sus cuotas, sino para que lo siguiera haciendo de la misma forma en que lo venía realizando hasta el treinta y uno (sic) de junio del año en curso.

"En mérito de lo expuesto, al ser los agravios ineficaces, es improcedente la suplencia de la queja al tratarse de la autoridad responsable recurrente.".

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en la sentencia que pronunció el siete de octubre del dos mil cuatro, al resolver el recurso de queja 67/2004, interpuesto por el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Sinaloa y otras autoridades responsables, en lo conducente, sostuvo:

"QUINTO. Son infundados los agravios que expresan las autoridades recurrentes.

"...

"Ahora bien, por auto de veintinueve de septiembre de dos mil cuatro, en su parte recurrida, el Juez de Distrito concedió a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y el impetrante continuara aportando al Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas obrero-patronales, en la forma y porcentaje que las venía realizando hasta el treinta de junio del año en curso, así como para que no se le secuestrara, confiscara, incautara, decomisara o privara de dinero que decía tener en cuentas bancarias, no se le aplicaran multas ni se le realizaran auditorías.

"En este orden de ideas, es inexacto lo que aducen las autoridades recurrentes en el sentido de que al conceder la suspensión provisional en esos términos, se esté resolviendo sobre el fondo del asunto, pues el Juez de Distrito no hizo ningún pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos reclamados, ya que únicamente concedió la suspensión por lo que se refiere a los actos de aplicación de la ley impugnada, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban antes de la violación reclamada; y el hecho de que la persona moral quejosa pueda continuar aportando las cuotas obrero-patronales en la forma que lo venía haciendo hasta el treinta de junio del año en curso, de ninguna manera implica que el a quo le esté dando efectos restitutorios a la medida cautelar decretada, ya que ésta produce efectos en forma provisional sólo en cuanto a la materialización de los preceptos impugnados, a fin de evitar que se ocasionen a la parte quejosa perjuicios de difícil reparación.

"Además, contrario a lo que aducen las autoridades recurrentes, para que se considere que la concesión de la suspensión contraviene disposiciones de orden público, no basta que la obligación de aportar las cuotas obrero-patronales derive de una ley de interés general y de orden público, pues no debe perderse de vista que todas las leyes participan en mayor o menor medida de esas características, y que bajo esa perspectiva se llegaría a la conclusión equívoca de que cualquier medida cautelar tendente a paralizar la ejecución de un acto que se base en aquéllas ha de negarse. Así, el concepto de orden público, más que gravitar en el hecho de que las leyes revistan tal carácter, ha de partir de la no afectación de los bienes de la colectividad tutelados por las leyes, dado que lo que debe valorarse es el eventual perjuicio que pudieran sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de aplicación de la norma. De ahí que para colegir válidamente el contenido de la noción de orden público, es menester ponderar las situaciones que se llegaran a producir con la suspensión del acto reclamado, es decir, si con la medida se privará a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le inferirá un daño que de otra manera no resentiría.

"Al respecto, es aplicable la tesis aislada número I.7o.A.198 A, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Novena Época, cuyo criterio comparte este Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 2002, página 1193, que a continuación se reproduce:

"‘SUSPENSIÓN. DEBE SER CONCEDIDA, POR REGLA GENERAL, CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES.’ (se transcribe).

"En esta tesitura, si las autoridades responsables, ahora recurrentes, no aportaron elementos de prueba que demuestren que con el otorgamiento de la medida cautelar se le impide la realización de la misión de seguridad social que le está encomendada, no hay razón para que se niegue al quejoso la suspensión provisional que solicitó, ya que ésta no impide al Instituto Mexicano del Seguro Social obtener de manera oportuna los recursos que integran su patrimonio, en primer término, porque la medida cautelar no lo obliga a abstenerse de cobrar las cuotas obrero-patronales a los causantes en general, y sobre todo porque con la suspensión no se exime al impetrante de realizar el pago de tales aportaciones, sino que sólo le autoriza a continuar pagando en la forma que lo había venido haciendo hasta el treinta de junio del año en curso.

"...

"En consecuencia, ante lo infundado de los agravios que expresan las autoridades recurrentes ... lo procedente es declarar infundada la presente queja."

Del criterio sustentado en la anterior ejecutoria y del similar emitido en los recursos de queja 64/2004, 80/2004, 70/2004 y 69/2004, se originó la tesis de jurisprudencia, pendiente de publicar, que lleva por rubro y texto, los que a continuación se precisan:

"SUSPENSIÓN EN AMPARO. DEBE CONCEDERSE TRATÁNDOSE DEL COBRO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CUANDO NO SE ACREDITA EL PERJUICIO EVENTUAL AL INTERÉS GENERAL PERSEGUIDO CON EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA. No basta que la obligación de aportar las cuotas obrero-patronales deriven de una ley de orden público, para que se considere que la concesión de la suspensión contraviene lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, pues el concepto de orden público, más que gravitar en el hecho de que las leyes revistan tal carácter, ha de partir de la no afectación de los bienes de la colectividad tutelados por las leyes, y lo que debe valorarse es el eventual perjuicio que pudieran sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de aplicación de la norma; de ahí que si no se aportaron elementos de prueba que demuestren que con el otorgamiento de la suspensión se impide al Instituto Mexicano del Seguro Social la realización de la misión de seguridad social que le está encomendada, no hay razón para que se niegue a la parte quejosa la medida cautelar solicitada."

El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en la sentencia que pronunció el quince de octubre de dos mil cuatro, al resolver el recurso de queja 74/2004, interpuesto por el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Sinaloa y otras autoridades responsables, en lo conducente, sostuvo:

"SEXTO. Los agravios transcritos son inoperantes en una parte e infundados en otra ...

"...

"En la resolución materia del presente recurso, se advierte que la Juez Federal precisó: ‘Sin embargo, atendiendo a las particularidades del caso, con el fin de que no se paralicen las aportaciones del sector de trabajadores que se beneficia, la suspensión se concede de tal forma que la quejosa siga haciendo las aportaciones como las ha venido realizando ...’ continuó diciendo ‘... Además, la quejosa tiene la obligación de seguir cumpliendo con las aportaciones como lo ha venido realizando con el fin de no paralizar el beneficio a favor del sector correspondiente, lo cual deberá acreditar.’

"...

"De igual forma, las recurrentes aseveran, que en la especie no se cumple con el requisito establecido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo ...

"...

"Pues bien, se afirma que con la concesión de la medida cautelar provisional a la impetrante de garantías, no se transgrede lo dispuesto en la fracción II del precepto legal transcrito, y que no se sigue perjuicio al interés social, que en la especie consiste en que el Instituto Mexicano del Seguro Social cumpla con los fines para los que fue creado, es decir, la prestación del servicio de seguridad social, puesto que de modo alguno se le priva de la obtención de las cuotas obrero patronales necesarias para su funcionamiento.

"Ello es así, ya que la suspensión provisional concedida a la solicitante de amparo no fue para el efecto de que omitiera cumplir con su obligación de llevar a cabo dichas aportaciones, sino que el a quo estableció claramente ‘... que la quejosa tiene la obligación de seguir cumpliendo con las aportaciones como lo ha venido realizando con el fin de no paralizar el beneficio a favor del sector correspondiente ...’; de lo que se infiere, que el referido instituto no dejará de recibir las cuotas respectivas, sino que no las percibirá en las cantidades pretendidas por éste, lo cual no le impide continuar con la prestación del servicio de seguridad social, máxime que la medida suspensional provisional de mérito no le obliga en general a abstenerse de realizar el cobro de las cuotas en cuestión, sino únicamente en el caso concreto y en la medida establecida por la Juez de Distrito en el auto recurrido, lo cual asegura que éste cuente con los recursos necesarios para su funcionamiento.

"...

"Aunado a lo anterior, no sobra precisar que las tesis aisladas que invoca el recurrente en su escrito de agravios con los rubros: ‘SEGURO SOCIAL, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA LA LEY DEL.’ y ‘SEGURO SOCIAL, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EL COBRO DE CUOTAS PARA EL.’, no son aplicables en el presente asunto, pues éstas se refieren al caso en que la suspensión se otorgue para el efecto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social se abstenga de realizar el cobro de la totalidad de las cuotas obrero-patronales a cargo de la parte quejosa; en cambio, en la especie la suspensión se concedió, como ya se señaló, para el efecto de que la impetrante enterara las aportaciones aludidas en la forma en que lo realizaba.

"En las relatadas condiciones, al resultar inoperantes e infundados los agravios vertidos por las autoridades recurrentes, lo procedente es confirmar el acuerdo recurrido, en la materia del recurso."

CUARTO. El análisis de las resoluciones transcritas revela la existencia de la contradicción de tesis denunciada.

Con el fin de corroborar tal aserto, es pertinente precisar los supuestos esenciales que conforman el marco fáctico dentro del cual se emitieron las referidas determinaciones opositoras, de los cuales destaca, que:

• Los Tribunales Colegiados de Circuito sustentaron sus criterios al resolver recursos de queja interpuestos por las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra de los acuerdos dictados por el Juez de Distrito en los incidentes de suspensión derivados de los respectivos juicios de amparo indirecto, en los que la parte quejosa reclamó, en esencia, el decreto de reformas de la Ley del Seguro Social que entró en vigor el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, específicamente su artículo 237, en cuanto establece la incorporación de los trabajadores dedicados a actividades del campo al régimen obligatorio de la seguridad social, en términos de la fracción I del artículo 12 de la ley en cita, solicitando la suspensión provisional en cuanto a sus efectos, consistentes en el pago de las cuotas de seguridad social de conformidad con las disposiciones en cita y, en que para lograrlo, las autoridades ejecutoras del Instituto Mexicano del Seguro Social, pretenden ejercer medidas de presión como son el secuestro de bienes -u órdenes de embargo-, privación de dinero que tiene en cuentas bancarias, la realización de auditorías, multas y otras medidas.

• Mediante los acuerdos recurridos en queja, se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la parte quejosa siga realizando las aportaciones o cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, en la forma y porcentaje en que lo venía haciendo "hasta el treinta de junio del año en curso" (dos mil cuatro), así como para que las autoridades ejecutoras no embarguen bienes de la referida quejosa o inmovilicen el dinero que tenga en cuentas bancarias, para garantizar las posibles diferencias que pudieran surgir entre la forma de cotizar y las reformas a la ley impugnada.

• Los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción, para resolver sobre la legalidad del acuerdo impugnado, analizaron si en los términos en que se concedió la suspensión provisional solicitada, se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público y, por ende, si se cumple o no con los requisitos previstos en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo.

Aun cuando los referidos órganos jurisdiccionales se basaron en supuestos análogos arribaron a conclusiones disímiles.

En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 50/2004, consideró que con la concesión de la suspensión provisional solicitada, sí se contravienen disposiciones de orden público y se ocasionan perjuicios al interés social, toda vez que dicha medida se concedió "contra las consecuencias de los actos de aplicación de los numerales tildados de inconstitucionales, para el efecto de que no se aplicaran en perjuicio de la quejosa dichas disposiciones", por lo que tomando en cuenta que "la fracción II, del artículo 124 de la Ley de Amparo, exige entre otros requisitos para suspender el acto reclamado, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden públi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18996-44af0968/suspension-en-materia-de-cobro-de-cuotas-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.