SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBE NEGARSE RESPECTO DE LA CONDENA A LAS PRESTACIONES EN ESPECIE QUE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ESTABLECE A FAVOR DEL TRABAJADOR QUE SUFRE UN RIESGO DE TRABAJO, A FIN DE ASEGURAR SU SUBSISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 162/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: AIDA GARCÍA FRANCO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver lo conducente, es preciso tener presentes los criterios que sustentan en sus respectivas ejecutorias los órganos colegiados que participan en la presente denuncia de contradicción de tesis.
El Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la ejecutoria que pronunció el once de agosto del dos mil cuatro, al resolver el recurso de queja 289/2004, promovido por Jaime Esteban Olvera González, en lo conducente, sostuvo:
"CUARTO. Los conceptos de agravio que se estudian en forma conjunta son en esencia fundados.
"En efecto, el proceder del presidente de la Junta Especial Número Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al otorgar la suspensión solicitada por el Instituto Mexicano del Seguro Social en contra del acto reclamado, que hizo consistir en el laudo de fecha dos de marzo de dos mil cuatro, dictado en el juicio laboral número 2/2000 ... del que se desprende la siguiente condena:
"‘SEGUNDO. Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social al reconocimiento de que el hoy demandante presenta los padecimientos determinados por el perito tercero en discordia, siendo del orden profesional por tener relación de causa y efecto con el accidente de trabajo sufrido por el actor, con fecha 22 de agosto de 1994, y que le confieren una incapacidad parcial permanente del 50% y, como consecuencia, se condena a otorgar y pagar a la actora, una pensión por incapacidad parcial permanente, valuada en un 50% de disminución de su capacidad orgánico funcional total, con fundamento en el artículo 65, fracciones II y III, de la Ley del Seguro Social anterior, pensión que se cuantifica en la cantidad de $448.72 mensuales, la cual se pagará a partir del 22 de agosto de 2002, reiterándose la condena al pago de los incrementos a la pensión y al otorgamiento de las prestaciones en especie, y al otorgamiento y pago del aguinaldo respectivo a que se refieren los artículos 63, 65, fracción IV, 75 y 92 de la Ley del Seguro Social anterior, ordenándose, con fundamento en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, abrir incidente de liquidación para cuantificar los incrementos que se otorguen a dicha pensión, lo anterior en términos de lo expresado en la parte considerativa que antecede ...’ (foja 33).
"El presidente responsable dictó el acuerdo reclamado de fecha treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, en el que, en lo que interesa, proveyó:
"‘En consecuencia, procede negar la suspensión solicitada hasta por el importe de 4 meses de pensión por incapacidad parcial permanente, valuada en un 50%, de la total orgánico-funcional, sea hasta por el pago de la cantidad de $1,794.88 (mil setecientos noventa y cuatro pesos 88/100 M.N.), que resulta de multiplicar la pensión mensual de $448.72, que aparece en el segundo resolutivo del laudo combatido, por 4 meses, a fin de garantizarle al tercero perjudicado, su subsistencia por el término de 120 días. Garantizada de esta forma la subsistencia del tercero perjudicado, procede conceder la suspensión solicitada por el resto de la condena contenida en el segundo resolutivo del laudo combatido. La suspensión que se concede no abarca el incidente de liquidación que se ordena sustanciar, por no causar daños y perjuicios, en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo. La suspensión que se concede es sin el requisito de fianza, con fundamento en el artículo 9o. de la Ley de Amparo ...’ (fojas 34 y 35).
"La precitada concesión de la suspensión por el resto de la condena, contenida en el resolutivo segundo del laudo reclamado, abarcó lo concerniente a las prestaciones en especie, las que en términos del artículo 63 de la Ley del Seguro Social que aplicó la responsable, Junta Especial Número Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, cuyo texto, a la letra, dice:
"‘De las prestaciones en especie.
"‘Artículo 63. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo, tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie:
"‘I. Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica.
"‘II. Servicio de Hospitalización;
"‘III. Aparatos de prótesis y ortopedia; y
"‘IV. Rehabilitación.’
"Ahora bien, al haber obtenido el actor, ahora recurrente, laudo favorable en los términos transcritos con antelación, consistente en el otorgamiento y pago de pensión por incapacidad parcial permanente por riesgo de trabajo y, como consecuencia, el beneficio de las prestaciones en especie que se preceptúan en el referido numeral 63 de la Ley del Seguro Social, mismas prestaciones que también se traducen en la subsistencia del trabajador, esto tomando en cuenta que, por una parte, se encuentra con padecimientos del orden profesional, los que, en su caso, podrían dar motivo o ser el origen de la necesidad de recurrir al servicio médico, o bien, por enfermedad diversa a la que padece, lo que hace indispensables para su salud y, por ende, su subsistencia, los servicios o prestaciones en especie citadas en el numeral en comento, consistentes en asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, y servicio de hospitalización; aparatos de prótesis, ortopedia y rehabilitación, siendo esa subsistencia vital, dado que se trata de prestaciones para la protección de la salud necesarias para la subsistencia, por lo que al no haberlo observado así el presidente responsable, infringió lo que dispone el artículo 174 de la Ley de Amparo, al haber otorgado la suspensión por lo que hace a la condena al otorgamiento de prestaciones en especie.
"Es aplicable al presente asunto, por analogía, la jurisprudencia número 21/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página doscientos noventa y tres del Tomo XIII, junio de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"‘SUSPENSIÓN EN AMPARO EN MATERIA LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO QUE SEA NECESARIO, PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR DURANTE LA TRAMITACIÓN DE CADA UNO DE LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, PROMOVIDOS POR EL PATRÓN, EN CONTRA DE LAUDOS SUCESIVOS QUE BENEFICIAN A AQUÉL.’ (se transcribe).
"Conforme a lo hasta aquí razonado, y al haber infringido la autoridad señalada como responsable lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley de Amparo, al haber otorgado la suspensión por lo que hace a la condena de prestaciones en especie, resulta fundado el presente recurso de queja."
El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver en sesión de siete de junio del dos mil cuatro el recurso de queja 392/2004, promovido por Magdalena Benítez Cano, en lo conducente, sostuvo similar criterio al del anterior órgano jurisdiccional, al determinar lo siguiente:
"CUARTO. El análisis de los agravios conduce a determinar lo siguiente:
"...
"En cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo pronunciada en el DT. 21512/2003, la Junta responsable, el tres de diciembre de dos mil tres, dictó un nuevo laudo mediante el cual condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a reconocer a la actora los padecimientos consistentes en: síndrome doloroso lumbar crónico postraumático condicionado por fractura única de L4 y L5 y radiculopatía de L4 y L5 izquierda, cuantificando este padecimiento con una pensión mensual de mil ciento noventa pesos, setenta y cuatro centavos ($1,190.74), debiéndose (sic) las prestaciones en especie, aguinaldo e incrementos en términos de los artículos 63, 65, fracción IV y 75 de la Ley del Seguro Social.
"Inconforme con dicha determinación, el instituto demandado promovió juicio de amparo en el cual solicitó la suspensión del acto reclamado, y la Junta responsable, al respecto, resolvió lo siguiente:
"‘PRIMERO. Se niega la suspensión solicitada por el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta por el importe de $4,762.96 que resulta de multiplicar la cantidad de $1,190.74 por cuatro meses de pensión por incapacidad parcial permanente, valuada en un 50% de la total orgánico funcional a fin de garantizarle al tercero perjudicado su subsistencia por el término de 120 días. SEGUNDO. Se concede la suspensión solicitada por el resto de la condena contenida en el segundo resolutivo del laudo combatido. TERCERO. La suspensión que se concede es sin el requisito de fianza, con fundamento en el artículo 9o. de la Ley de Amparo. CUARTO. Notifíquese ...’
"En desacuerdo con la concesión de la suspensión solicitada por el resto de la condena, concretamente en cuanto a las prestaciones en especie, consistentes en asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia y rehabilitación, previstas en el artículo 63 de la anterior Ley del Seguro Social, Magdalena Benítez Cano interpuso el presente recurso de queja.
"Los anteriores elementos de juicio permiten establecer que los agravios en estudio resultan sustancialmente fundados en cuanto se señala que la autoridad responsable en forma ilegal consideró pertinente conceder la medida suspensional respecto a las prestaciones a que se refiere el artículo 63 de la anterior Ley del Seguro Social, esto es, en lo que concierne a la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, y rehabilitación.
"Lo anterior es así, toda vez que aun cuando en la resolución de mérito, el presidente de la Junta Especial Número Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje consideró negar la suspensión solicitada hasta por el importe de $4,762.96 (cuatro mil setecientos sesenta y dos pesos 96/100 M.N.), a fin de garantizar al tercero perjudicado su subsistencia por el término de ciento veinte días, y concedió la suspensión solicitada por el resto de la condena contenida en el resolutivo segundo del laudo reclamado.
"Debe precisarse que la materia de la presente queja consiste en una concesión de la suspensión respecto de las prestaciones en especie decretadas en el segundo punto resolutivo del laudo de tres de diciembre de dos mil tres, pues la pretensión de la recurrente es tener acceso a los servicios médicos que otorga la institución social, por lo cual solicita que no le sea concedido al Instituto Mexicano del Seguro Social la suspensión por ese aspecto, puesto que esto traería como consecuencia la omisión de recibir ese beneficio de atención médica que es de orden público; luego, la autoridad auxiliar en materia de amparo debe negar en ese aspecto la suspensión, máxime que no se trata de una cuestión económica la solicitud de dicho instituto respecto a la concesión de la suspensión en esa parte del segundo punto resolutivo, pues se refiere a la condena de prestaciones en especie, entre ellas, el derecho de la actora a ocupar el servicio médico; por tanto, si la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo establece la procedencia de la suspensión del acto reclamado cuando no se causa perjuicio al interés social, al ser la salud una cuestión de esa índole, debe negarse la suspensión solicitada.
"En esa tesitura, es procedente declarar fundado el recurso de queja."
CUARTO. Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver en sesión de trece de agosto del dos mil cuatro el recurso de queja 493/2004, promovido por Jesús de León Cabriales, en lo conducente a la materia de la presente contradicción, sustentó su criterio en los siguientes términos:
"QUINTO. De lo expuesto destaca que en el laudo de diez de diciembre de dos mil tres, dictado en el expediente laboral 1632/01, seguido por Jesús de León Cabriales contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, se condenó al demandado a reconocerle al actor enfermedades profesionales y a pagarle una pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un 38%, y para su cálculo la responsable ordenó la apertura del incidente de liquidación; asimismo, se condenó al pago de incrementos de la pensión previstos en el artículo 75 de la Ley del Seguro Social y a otorgarle al reclamante las prestaciones en especie establecidas en el numeral 63 de esa legislación.
"El Instituto Mexicano del Seguro Social solicitó la suspensión del acto reclamado. La presidenta de la Junta Especial Número Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje negó la medida precautoria hasta por el importe de cuatro meses de pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un 38% de la total orgánica funcional a fin de garantizar la subsistencia del actor por el término de ciento veinte días y concedió por el resto de la condena.
"Contra la concesión de la suspensión en cuanto al resto de la condena (incrementos a la pensión establecidos en el artículo 75 de la anterior Ley del Seguro Social y prestaciones en especie previstas en el numeral 63 de la misma legislación), el inconforme hace valer en los agravios primero y segundo lo siguiente:
"...
"Los anteriores argumentos resultan infundados.
"En primer término, debe decirse que sí se observó lo dispuesto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, pues en la especie al proveer sobre la suspensión solicitada contra una condena al pago de una pensión por incapacidad prevista en la Ley del Seguro Social, no se contravinieron disposiciones de orden público, ni se causó perjuicio al interés social, pues el conceder la medida cautelar por el resto de la condena (referente a la prestación de servicio médico y hospitalario) no implica infracción a aquel dispositivo.
"Por otra parte, el artículo 174 de la Ley de Amparo aplicable a la materia laboral ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la siguiente forma:
"‘SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO EN LA.’ (se transcribe). (Jurisprudencia 4a./J. 6/94, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 499, Tomo V, Volumen 1, Materia de Trabajo del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000).
"‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL CÁLCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTÍAS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES.’ (se transcribe). (Jurisprudencia 2a./J. 12/95, publicada en la página 499 del mismo Apéndice en consulta).
"De estas jurisprudencias se colige que la suspensión de la ejecución de un laudo favorable al trabajador, puede otorgarse si a juicio del presidente del tribunal de trabajo responsable no se pone al obrero en peligro de subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo. En cambio, si se estima que la subsistencia del trabajador está en peligro, la suspensión debe negarse por el monto estimado que le permita subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo y, en este caso, debe ordenarse la ejecución inmediata del laudo en esa parte, mientras que por el resto de las condenas procede la medida precautoria.
"De esto último se desprende que el artículo 174 de la Ley de Amparo prevé que la ejecución del laudo se suspenderá (es decir, procederá conceder la medida precautoria) en cuanto exceda de lo necesario para asegurar la subsistencia del trabajador. En esta parte se da un trato distinto a la suspensión de la ejecución del laudo por el resto de la condena, o sea, en este caso la medida precautoria ya no atiende a la naturaleza del acto ni a los efectos individuales y sociales que pueda provocar.
"De lo expuesto se deduce que la suspensión de la ejecución de un laudo favorable al trabajador se rige por un mecanismo que contiene tanto principios generales como principios específicos que deben tomarse en cuenta para conceder la suspensión de la ejecución del laudo, ya sea por el monto total de las condenas cuando el trabajador no se encuentra en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, o bien, como se dijo, en forma parcial cuando sea necesario asegurar la subsistencia del obrero.
"Bajo ese tenor, en los casos que sea procedente asegurar la subsistencia del trabajador mediante la negativa de la suspensión por el importe de la condena equivalente al tiempo que dure el trámite del juicio de garantías, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, la medida debe concederse por el resto de la condena cuando ésta se refiere a prestaciones accesorias o secundarias, pues como la parte obrera tiene en su favor una condena específica derivada de la acción principal, la suspensión no puede tener el efecto de salvaguardarle un derecho que resulta dependiente de aquella. Esto es, aun cuando el laudo condene al pago de prestaciones secundarias, la subsistencia del trabajador no se encuentra en peligro durante la tramitación del juicio constitucional, ya que se encuentra garantizada con aquella negativa, y en esa hipótesis, no es necesario asegurar el sustento del operario negando la medida también por ese aspecto, dado que el principio específico establecido en la ley que autoriza a negar la suspensión de la ejecución del laudo por el monto estimado que permita la subsistencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de amparo, parte del supuesto de que el obrero haya obtenido resolución favorable en cuanto a la acción principal y no de la secundaria.
"Por tanto, si en la especie, a juicio de la presidenta del tribunal de trabajo, la subsistencia del obrero está en peligro mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por el patrón y, por ello, negó la suspensión solicitada para que se ejecutara el laudo por un monto estimado que permita asegurar tal subsistencia, es correcta la concesión de esa medida precautoria por el resto de la condena que se refiere a los incrementos de la pensión previstos en el artículo 75 de la anterior Ley del Seguro Social, y prestaciones en especie establecidas en el precepto 63 de la propia ley, ya que, se insiste, la subsistencia del trabajador por el tiempo que dure la sustanciación del juicio de garantías se encuentra asegurada en los términos precisados.
"De ahí que no asista razón al recurrente en cuanto a que se hace nugatorio el acceso a servicios médicos y hospitalarios al concederse la suspensión por ese rubro.
"Ello es así, porque no debe perderse de vista que aun cuando tales prestaciones (que resultaron favorablemente al impetrante) se encuentran previstas en la Ley del Seguro Social, el legislador de amparo fue preciso en señalar en el numeral 174, que en tratándose de suspensión en materia laboral, lo único que se debe garantizar es la subsistencia del obrero durante el tiempo que dure la tramitación del juicio de garantías."
QUINTO. El análisis de las resoluciones transcritas revela la existencia de la contradicción de tesis denunciada.
Con el propósito de corroborar tal aserto, es pertinente precisar los supuestos esenciales que conforman el marco fáctico dentro del cual se emitieron las referidas determinaciones opositoras.
Al respecto, destaca que los Tribunales Colegiados de Circuito sostuvieron sus criterios al resolver recursos de queja interpuestos en relación con la suspensión en juicios de amparo directo en los que el presidente de la Junta responsable en los respectivos expedientes laborales de donde deriva el laudo reclamado, decidió negar la suspensión solicitada por el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta por el importe de cuatro meses de pensión que por incapacidad parcial permanente fue determinada al actor laboral, a fin de garantizar su subsistencia durante la tramitación del juicio de amparo directo, y conceder la medida precautoria por el resto de la condena a la que se contrae el laudo reclamado, en la cual quedan comprendidas las prestaciones en especie (asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, y rehabilitación) previstas en el artículo 63 de la anterior Ley del Seguro Social -que corresponde al 56 de la ley en vigor-, siendo esta decisión que motivó la queja por parte de los actores laborales, a la que se constriñe el examen realizado por los Tribunales Colegiados, a efecto de determinar si en términos de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley de Amparo, se garantiza la subsistencia del trabajador mientras se resuelve el respectivo juicio de garantías, mediante la negativa de dicha medida por el importe de las pensiones equivalentes a ese lapso, o si para garantizar esa subsistencia también debe negarse la suspensión respecto de las referidas prestaciones en especie.
Aun cuando los órganos jurisdiccionales de referencia partieron del examen de supuestos jurídicos análogos, es así que al determinar sobre el alcance de la suspensión en el amparo directo laboral, tratándose de asuntos en los que la condena al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de la pensión derivada de un riesgo de trabajo incluye, entre otras prestaciones objeto de la condena, las que en especie prevé el artículo 63 de la anterior Ley del Seguro Social, arribaron a conclusiones disímiles en cuanto a si respecto de éstas debe negarse o concederse dicha medida precautoria, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley de Amparo, e incluso a la disposición contenida en la fracción II del artículo 124 de la misma ley -por tratarse de beneficios para la protección a la salud, de orden público-, a fin de determinar la legalidad de la resolución impugnada que en ese aspecto concedió la medida de que se trata.
En efecto, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consideró que al serle favorable el laudo al actor laboral en cuanto al otorgamiento y pago de una pensión por riesgo de trabajo, y como consecuencia de éste al beneficio de las prestaciones en especie a que alude el artículo 63 de la anterior Ley del Seguro Social, las mismas "también se traducen en la subsistencia del trabajador", tomando en cuenta que "se encuentra con padecimientos del orden profesional, los que, en su caso, podrían dar motivo o ser el origen de la necesidad de recurrir al servicio médico, o bien, por enfermedad diversa a la que padece, lo que hace indispensables para su salud y, por ende, su subsistencia, los servicios o prestaciones en especie citadas en el numeral en comento, consistentes en asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización; aparatos de prótesis, ortopedia y rehabilitación, siendo esa subsistencia vital, dado que se trata de prestaciones para la protección de la salud", por cuya razón estimó que de otorgarse la suspensión respecto de tales prestaciones en especie, "necesarias para la subsistencia", se infringe el artículo 174 de la Ley de Amparo.
El Décimo Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito partió de la base de que la actora laboral pretende que se niegue la suspensión respecto de las prestaciones en especie de mérito, para tener acceso a los servicios médicos que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que de concederse la suspensión por lo que se refiere a dicha prestación en especie, "traería como consecuencia la omisión de recibir ese beneficio de atención médica que es de orden público", por lo que consideró que "la autoridad auxiliar en materia de amparo debe negar en ese aspecto la suspensión, máxime que no se trata de una cuestión económica la solicitud de dicho instituto respecto a la concesión de la suspensión en esa parte del segundo punto resolutivo, pues se refiere a la condena de prestaciones en especie, entre ellas, el derecho de la actora a ocupar el servicio médico; por tanto, si la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo establece la procedencia de la suspensión del acto reclamado cuando no se causa perjuicio al interés social, al ser la salud una cuestión de esa índole, debe negarse la suspensión solicitada".
En cambio, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al analizar el mismo problema jurídico llegó a la conclusión de que procede conceder la suspensión respecto a las prestaciones en especie de mérito, con base en las siguientes consideraciones:
a) En la especie sí se observó lo dispuesto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, puesto que al proveer la Junta responsable sobre la suspensión solicitada contra la condena al pago de una pensión por incapacidad prevista en la Ley del Seguro Social, no se contravinieron disposiciones de orden público, ni se causó perjuicio al interés social, ya que la concesión de la medida cautelar por el resto de la condena, referente a la prestación del servicio médico y hospitalario, no implica infracción a aquel dispositivo.
b) De la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado al artículo 174 de la Ley de Amparo, aplicable a la suspensión en materia laboral, se colige que puede otorgarse respecto de la ejecución de un laudo favorable al trabajador, si a juicio del presidente de la Junta responsable no se pone al obrero en peligro de subsistir mientras se resuelve el respectivo juicio de amparo; en cambio, tal medida debe negarse por el monto estimado que le permita subsistir por el lapso en que dicho juicio se resuelve, procediendo la medida precautoria por el resto de la condena materia del laudo reclamado.
c) En ese sentido, la suspensión de la ejecución de un laudo favorable al trabajador se rige por un mecanismo que contiene principios generales y específicos que deben tomarse en cuenta para concederla, ya sea por el monto total de la condena cuando el trabajador no se encuentre en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de garantías, o bien, en forma parcial cuando sea necesario asegurar su subsistencia.
d) Bajo ese tenor, la medida preventiva "debe concederse por el resto de la condena cuando ésta se refiere a prestaciones accesorias o secundarias, pues como la parte obrera tiene a su favor una condena específica derivada de la acción principal, la suspensión no puede tener el efecto de salvaguardarle un derecho que resulta dependiente de aquéllas", es decir, "aun cuando el laudo condene al pago de prestaciones secundarias, la subsistencia del trabajador no se encuentra en peligro durante la tramitación del juicio constitucional, ya que se encuentra garantizada con aquella negativa ... dado que el principio específico establecido en la ley, que autoriza a negar la suspensión de la ejecución del laudo por el monto estimado que permita la subsistencia del trabajador, mientras se resuelve el juicio de amparo, parte del supuesto de que el obrero haya obtenido resolución favorable en cuanto a la acción principal y no de la secundaria".
e) En consecuencia, es correcta la concesión de la suspensión que en el caso concreto se decidió, entre otras, respecto de las prestaciones en especie establecidas en el artículo 63 de la anterior Ley del Seguro Social, por encontrarse asegurada la subsistencia del trabajador por el tiempo que dure el juicio de garantías en los términos precisados; siendo por ello inexacto que se haga nugatorio el acceso a los servicios médicos y hospitalarios al concederse la suspensión por este rubro, ya que "no debe perderse de vista que aun cuando tales prestaciones (que resultaron favorablemente al impetrante) se encuentran previstas en la Ley del Seguro Social, el legislador de amparo fue preciso en señalar en el numeral 174, que en tratándose de suspensión en materia laboral, lo único que se debe garantizar es la subsistencia del obrero durante el tiempo que dure la tramitación del juicio de garantías".
Del contexto fáctico y jurídico que ha quedado reseñado se advierte que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito partieron del examen de los mismos elementos, ya que emitieron sus criterios al resolver los recursos de queja de sus respectivos índices, en los que se impugnó la decisión del presidente de la Junta responsable, mediante la que negó la suspensión solicitada por el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta por el importe de cuatro meses de pensión que por incapacidad parcial permanente fue determinada al trabajador, a fin de garantizar su subsistencia durante la tramitación del juicio de amparo directo, y concedió la medida precautoria por el resto de la condena a la que se contrae el laudo reclamado, en la cual quedan comprendidas las prestaciones en especie (asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, y rehabilitación) previstas en el artículo 63 de la anterior Ley del Seguro Social -que corresponde al 56 de la ley en vigor-, siendo esta última decisión la que constituye el problema jurídico que ocupó la atención de los referidos órganos jurisdiccionales, a fin de determinar sobre la legalidad del fallo impugnado.
En la resolución de esa misma cuestión jurídica, los Tribunales Colegiados llegaron a conclusiones contradictorias, puesto que atendiendo al alcance que dieron a lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley de Amparo, los dos primeros citados (Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Segundo en Materia de Trabajo del Primer Circuito) sostuvieron que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo directo lo constituye un laudo que condena al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de la pensión derivada de un riesgo de trabajo y, como consecuencia, a las referidas prestaciones en especie, respecto de éstas debe negarse la suspensión solicitada, puesto que se traducen en beneficios para la protección de la salud del trabajador, necesarias para su subsistencia, lo que origina la negativa de dicha medida; en cambio, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito llegó a la conclusión contraria tomando en cuenta que tratándose de la suspensión en materia laboral, lo único que se debe garantizar es la subsistencia del obrero dura
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18804-d5cfd82d/suspension-en-amparo-directo-laboral-debe-negarse-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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