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Modo: Corpus Pro

PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL, FALTA DE COMPROBACIÓN POR PARTE DE QUIEN PRESENTA LA DEMANDA. ES PROCEDENTE REQUERIR AL PROMOVENTE PARA QUE LA ACREDITE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 67/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19007
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, , Pág. 626.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 67/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: ROSA MARÍA LÓPEZ RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, al resolver en sesión de fecha treinta y uno de marzo de dos mil cinco, en el amparo directo laboral 99/2005, promovido por José Guadalupe Alejo Ángeles, por conducto de su apoderada legal Juana Inés Medina Jaime, en la parte que nos interesa, son del tenor siguiente:

"QUINTO. Son infundados en parte y fundados en otra los conceptos de violación. Previamente al análisis de los conceptos de violación en los que se combate la determinación de la Junta responsable de no reconocer la personalidad de Juana Inés Medina Jaime, quien compareció al juicio laboral ostentándose apoderada legal del trabajador José Guadalupe Alejo Ángeles, debe precisarse que, a pesar de que por ese motivo no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, relativo a que, cuando el interesado tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable ésta será admitida en el juicio de garantías y, además, que la promovente no acompañó a la demanda de amparo diverso documento con el que demostrara tal carácter, procede el examen de sus argumentos en virtud de que éstos se encuentran íntimamente relacionados con el fondo del asunto. Al respecto se cita el principio rector que informa la tesis de jurisprudencia 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XV, correspondiente a enero de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.’ (se transcribe). Por otra parte, contrariamente a lo que se aduce en los conceptos de violación, es legal la determinación de la Junta del conocimiento de considerar que la carta poder que se anexó a la demanda laboral es ineficaz para demostrar el carácter de apoderada legal con que se ostentó Juana Inés Medina Jaime, respecto del trabajador José Guadalupe Alejo Ángeles, en virtud de que no reúne los requisitos que al efecto establece el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. De las constancias que integran el expediente 1180/2004, se aprecia que el veintiocho de octubre de dos mil cuatro, Juana Inés Medina Jaime promovió demanda laboral en contra de la fuente de trabajo denominada ‘Laboratorio Especializado de Guanajuato’, en la cual se ostentó como apoderada legal del trabajador José Guadalupe Alejo Ángeles y con tal carácter demandó el pago de diversas prestaciones derivadas del vínculo laboral. Para demostrar la personalidad con que se ostentó, exhibió la carta poder que obra agregada en la foja 3, la que es del tenor literal siguiente: ‘Carta poder. Junta de Conciliación y Arbitraje. Uriangato a 7 de octubre de 2004. Sr. (a) José Guadalupe Alejo Ángeles. Por la presente otorgo al (a) Sr. (a) Juana Inés Medina J. poder amplio, cumplido y bastante para que a mi nombre y representación tramite todo lo relativo al juicio laboral que se promueve. Y asimismo para que conteste las demandas y reconvenciones que se entablen en mi contra, oponga excepciones dilatorias y perentorias, rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y documentos, redarguya de falsos a los que se presenten por la contraria, presente testigos, vea protestar a los de la contraria y represente y tache, articule y absuelva posiciones, recuse Jueces superiores o inferiores, oiga autos interlocutorios y definitivos, consienta de los favorables y pida revocación por contrario imperio, apele, interponga el recurso de amparo y se desista de los que interponga, pida aclaración de las sentencias, ejecute, embargue y me represente en los embargos que en contra mía se decreten, pida el remate de los bienes embargados, nombre peritos y recuse a los de la contraria, asista a almonedas, transe este juicio, perciba valores y otorgue recibos y cartas de pago, someta el juicio a la decisión de los Jueces árbitros y arbitradores, gestione el otorgamiento de garantías, y en fin, para que promueva todos los recursos que favorezcan mis derechos, así como para que sustituyan este poder ratificando desde hoy todo lo que haga sobre este particular. Firmas ilegibles de quien acepta el poder, del otorgante y de los testigos.’. Lo subrayado es de origen y en el espacio respectivo se escribió con bolígrafo. La Junta del conocimiento en el auto de veintinueve de octubre de dos mil cuatro, determinó desechar la demanda laboral al considerar que la persona que firmó el escrito relativo lo hizo con el carácter de apoderada legal, sin que demostrara dicha representación, en virtud de que la carta poder que anexó no reúne los requisitos establecidos en el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, debido a que en ese documento no se especificó quién otorgó el poder, ni se asentó el nombre de los testigos. Ahora, si bien del propio documento se desprende que quien otorgó el poder fue José Guadalupe Alejo Ángeles, dado que en la parte superior del mismo se asentó que por medio de ese escrito otorgaba a Juana Inés Medina J. poder amplio, cumplido y bastante para que a su nombre y representación tramitara el juicio laboral, imprimiendo su rúbrica en el apartado correspondiente al ‘otorgante’, en tanto que la segunda firmó dicho documento en el apartado relativo a ‘acepto el poder’, cuya rúbrica a simple vista es idéntica a la que aparece al calce de la demanda laboral, encima del nombre de Juana Inés Medina Jaime, por ende, es patente que no existe esa irregularidad destacada por la Junta responsable. Sin embargo, como lo hace notar la Junta del conocimiento, en la carta poder de mérito no se asentó el nombre de los testigos que intervinieron en ese acto. Al respecto, debe precisarse que las facultades que derivan de los artículos 692, fracción I y 693 de la Ley Federal del Trabajo, para que la Junta de Conciliación y Arbitraje pueda hacer el reconocimiento de la personalidad de quien comparece a juicio por la parte trabajadora, aun cuando no sujeta a formulismos rigurosos que obstaculicen la defensa de sus intereses, sí exige que se satisfagan algunos requisitos mínimos. En efecto, la carta poder debe satisfacer ciertos requisitos mínimos que resultan adecuados para cerciorarse de que efectivamente quien promueve en representación del trabajador se encuentra legitimado para ello, como es, que el documento debe estar firmado por el otorgante ante dos testigos y que se asiente el nombre de éstos, o bien, que los documentos exhibidos junto con la demanda, lleven a la Junta al convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada. Los mencionados preceptos establecen: ‘Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas: I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta. ...’. ‘Artículo 693. Las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores o sindicatos, sin sujetarse a las reglas del artículo anterior, siempre que de los documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada.’. De donde se tiene, que el artículo 692, fracción I, de la ley en cita, contempla la posibilidad de que la persona física, como lo es el trabajador, acuda al juicio otorgando carta poder y así, el que comparezca, actuará como su apoderado; sin embargo, conforme con dicho numeral, ese documento debe contener algunos requisitos, consistentes en que, además de estar firmada por el otorgante y los testigos que intervinieron en ese acto, se asiente el nombre de éstos. Ello tiene su justificación, porque a pesar de que las exigencias legales son mínimas, sin desdoro de la expeditez procesal, se debe garantizar la seguridad jurídica de las partes y, siendo la intervención de los testigos la formalidad mínima exigida por el referido precepto 692, fracción I, los nombres de éstos son esenciales para su eventual identificación, lo que sería imposible de lograr si sólo existieran, en vez del nombre de los testigos, simples rúbricas o rasgos ininteligibles y sin significado. El tema en estudio ya fue abordado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada identificada con el número 4a. VII/92, consultable en la página 49, Tomo IX, correspondiente a marzo de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, en la que sostuvo el criterio de que, conforme con lo dispuesto en el referido numeral 692, fracción I, para que tenga validez la carta poder con la cual se trata de acreditar la personalidad, no basta con que en ese documento se estampe la firma o rúbrica de los testigos, sino que es necesario que se expresen sus nombres para que se conozca con certeza su identidad, con la finalidad de que en determinado momento puedan declarar sobre el acto en el que intervinieron, porque sólo estando plenamente identificados se podrá, en su caso, objetarlos en cuanto a su capacidad legal para fungir como testigos; lo que implica que, de acuerdo con dicho criterio, el nombre de los atestes que intervinieron en ese acto constituye un requisito sine qua non para que tenga eficacia la carta poder. La tesis en comento es del rubro y texto: ‘CARTA PODER EN JUICIO LABORAL. EL NOMBRE DE LOS TESTIGOS ES REQUISITO INDISPENSABLE.’ (se transcribe). Posteriormente, la actual Segunda Sala del Máximo Tribunal del país abundó sobre el tema en examen en la ejecutoria que emitió al resolver la contradicción de tesis 67/97, entre las sustentadas por el Primer y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 363, visible en las páginas 298 y 299, Tomo V, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, en la cual reiteró el criterio aludido, incluso, hizo referencia a la tesis aislada antes transcrita, concluyendo que cuando la personalidad se pretenda acreditar mediante carta poder, deben hacerse constar los nombres de los testigos ante quienes se otorga. La tesis de jurisprudencia de mérito es del siguiente tenor: ‘PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. SI SE ACREDITA MEDIANTE CARTA PODER, DEBEN HACERSE CONSTAR LOS NOMBRES DE LOS TESTIGOS ANTE QUIENES SE OTORGA.’ (se transcribe). En la ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia transcrita, el Máximo Tribunal del país sostuvo el anterior criterio con base en las consideraciones siguientes: ‘Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que en el caso a estudio debe prevalecer, el criterio sustentado por esta Sala, que en lo fundamental, coincide con el del Quinto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito. En efecto, el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, respecto del cual se suscita la contradicción de criterios, dispone: «Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de un apoderado legalmente autorizado. Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas: I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta; II. Cuando el apoderado actúe como representante legal de persona moral, deberá exhibir el testimonio notarial que así lo acredite; III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello; y IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de haber quedado registrada la directiva del sindicato.». Del contenido del precepto legal supracitado deriva que dicho numeral regula las formas de comparecencia en el procedimiento laboral, al señalar que las partes pueden intervenir en juicio en forma directa o por conducto de un apoderado legalmente autorizado. En este último supuesto, la fracción I permite la opción de que el compareciente actúe en representación de personas físicas mediante poder notarial, o bien, mediante carta poder firmada por el otorgante y dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta, hipótesis esta última que es la examinada por los tribunales en contradicción. Ahora bien, la carta poder presupone una declaración de voluntad por medio de la cual una persona faculta a otra para realizar actos jurídicos en su nombre, lo que referido al procedimiento jurisdiccional, constituye un mandato para que el apoderado intervenga en el juicio a nombre del poderdante. Debe observarse que este tipo de representación voluntaria dentro del procedimiento laboral, facilita notablemente la participación de los interesados, expeditez que guarda conformidad con los principios fundamentales de sencillez e informalidad que establecen los artículos 685 y 687 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen lo siguiente: «Art. 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o venga (sic) se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta ley.». «Art. 687. En las comparecencias, escritos, promociones o alegaciones, no se exigirá forma determinada; pero las partes deberán precisar los puntos petitorios.». El allanamiento de formalidades para la validez de la carta poder dentro del procedimiento laboral se hace especialmente perceptible si se le compara con los requisitos que se exigen en el mandato judicial, pues aunque éste puede operar también con un escrito privado, es imprescindible que el otorgante lo ratifique ante el Juez de los autos, lo cual no es necesario en la materia procesal laboral, puesto que la disposición examinada expresamente señala que no hay «necesidad de ser ratificada ante la Junta». De la misma manera, también debe observarse que la validez de la carta poder en documento privado y ante dos testigos en el procedimiento laboral, no depende de la cuantía del negocio, como lo establece el artículo 2556 del Código Civil, sino que al no hacerse distinción al respecto en la fracción I del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, tiene plena eficacia cualquiera que sea la valía económica del asunto. Pues bien, las características mencionadas facilitan la comparecencia por representación de las partes en el procedimiento laboral, puesto que no requieren la intervención del notario público, ni la ratificación ante el órgano jurisdiccional, además de que no imponen limitaciones por importes del negocio, reduciéndose los formalismos, por lo tanto, a las exigencias que son mínimas para que, sin desdoro de la expeditez procesal, se garantice la seguridad jurídica de las partes. Precisamente por esta última consideración, resulta inaceptable el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en cuanto sostiene que en las cartas poder de que se viene tratando no es indispensable, para su validez, que aparezcan en ellas los nombres de los testigos. Lo inaceptable deriva de que, como ya se ha manifestado, siendo la intervención de los testigos la formalidad mínima exigida por la disposición examinada, los nombres de éstos son esenciales para su eventual identificación, lo que sería imposible de lograr si sólo existieran, en vez de testigos, simples rúbricas o peor aún, rasgos ininteligibles y sin significado. A la misma conclusión llegó la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó respecto del tema que se analiza, la siguiente tesis aislada: Octava Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX-Marzo, tesis 4a. VII/92, página 49 «CARTA PODER EN JUICIO LABORAL. EL NOMBRE DE LOS TESTIGOS ES REQUISITO INDISPENSABLE.» (se transcribe). Dicho criterio debe ser reiterado con el carácter de jurisprudencia, atento a las consideraciones hasta aquí vertidas, en razón de que como se ha puesto de manifiesto en la presente ejecutoria, el nombre de los testigos que comparecen al otorgamiento de una carta poder es indispensable para cumplir con la formalidad mínima exigida por la Ley Federal del Trabajo. Cabe agregar que si la intención del legislador hubiera sido otra, no hubiera establecido como requisito que la carta poder se otorgara ante dos testigos, pues si éstos no se identifican asentando sus nombres respectivos, se produce el mismo efecto que si no hubieran intervenido. Es necesario resaltar que con independencia del acreditamiento de la personalidad de los comparecientes al juicio laboral, mediante la carta poder de que se ha venido tratando, el artículo 693 de la Ley Federal del Trabajo contiene una regla más favorable para los trabajadores en cuanto señala que las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores o de los sindicatos, sin sujetarse a las reglas que establece el artículo 692 materia de análisis en la presente ejecutoria, siempre que de los documentos exhibidos se llegue al convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada, lo que lleva a concluir que la certeza de la representación y de la identidad de los comparecientes es una cuestión primordial en el proceso laboral. Sustentar el criterio contrario al que se ha expuesto, implicaría correr riesgo de inseguridad jurídica, pues podría tenerse por acreditada la personalidad de una persona sin que la representación con que se ostenta haya sido realmente conferida.’. De donde se obtiene, que el Máximo Tribunal del país al analizar nuevamente la hipótesis contenida en el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, reiteró el criterio que había sustentado con anterioridad la Cuarta Sala, en el sentido de que, para la eficacia de la carta poder exhibida por la persona física, sea el trabajador o el patrón, debe contener la firma de quien otorga el mandato y la de los testigos que presenciaron ese acto, así como el nombre de éstos, con la salvedad en favor del trabajador contenida en el diverso 693, en cuanto dispone que las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de quien se ostente como su representante sin sujetarse a las reglas que establece el primero de los ordinales mencionados, siempre que de los documentos exhibidos se llegue al convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada, dado que la identidad de los comparecientes es una cuestión primordial en el proceso laboral. Por ende, como en la especie la parte quejosa solamente anexó a la demanda laboral la carta poder de mérito y ésta carece del nombre de los testigos que presenciaron el supuesto acto jurídico mediante el cual el trabajador otorgó poder a Juana Inés Medina Jaime, para que lo representara en el juicio laboral, es concluyente que, ante la ausencia de ese requisito, dicho documento resulta ineficaz para los fines pretendidos y, consecuentemente, la Junta responsable procedió conforme a derecho al considerar que la promovente del juicio no acreditó la representación con que se ostentó, máxime que no se anexó a la demanda diverso documento mediante el cual la Junta pudiera haber llegado al convencimiento de que, quien compareció en representación del trabajador, efectivamente lo representa, de conformidad con lo establecido en el numeral 693 del citado ordenamiento legal. En otra parte de los conceptos de violación, la inconforme expresa que la Junta al notar la irregularidad que aduce contiene la carta poder, debió proceder en términos del artículo 873 de la ley en cita y prevenir a la promovente para que la subsanara. Es fundado el anterior argumento. En principio, se tiene en cuenta que los presupuestos procesales son requisitos sin los cuales no puede iniciarse un proceso, entre los que se encuentra la personalidad de quien promueve en nombre de otro un juicio laboral, por lo cual, la personalidad debe demostrarse plenamente desde la presentación de la demanda. Sin embargo, la falta de documentación que justifique tal personería o la ausencia de alguno de los requisitos que debe contener el mandato, no conduce automáticamente a desechar la demanda laboral, toda vez que con tal proceder se violaría la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución General de la República. Para cumplir con dicha garantía se deben atender dos aspectos, uno de forma y otro de fondo; el primero comprende los medios establecidos en el propio texto constitucional conformados por la existencia de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; y, el segundo, constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue la garantía, que es el de evitar que se deje en estado de indefensión al posible afectado con el acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas. De ese modo, los medios o formas para cumplir debidamente con el derecho fundamental de defensa deben facilitarse al gobernado de manera que en cada caso no se produzca un estado de indefensión, erigiéndose en formalidades esenciales aquellas que lo garanticen; lo que no se logra en el caso de que se deseche la demanda laboral por advertirse alguna irregularidad en ésta o en los documentos que se acompañan, sin que previamente se respete la garantía de audiencia, puesto que ello originaría que transcurran los plazos de prescripción que se establecen en la legislación laboral, en perjuicio del trabajador, con lo que se le dejaría en estado de indefensión. También debe tenerse en cuenta los principios contenidos en los artículos 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a que el gobernado tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; así como la finalidad del derecho laboral, tendiente a equilibrar la desigualdad que existe entre la clase trabajadora y la patronal, dado que ésta cuenta con más y mejores recursos que aquélla, por lo que las normas que regulan las relaciones derivadas del vínculo de trabajo son de tipo proteccionista en favor del obrero. La legislación laboral recoge esos principios en el último párrafo de los artículos 685 y 873; ya que de lo ahí dispuesto se desprende la obligación, en acatamiento al principio de tutela procesal, de prevenir al trabajador para que corrija, aclare o regularice la demanda, cuando ésta sea obscura, irregular u omisa, esto último, en cuanto no comprenda todas las prestaciones que deriven de la acción intentada. Si bien el primero de los preceptos enunciados únicamente establece la obligación a cargo de la Junta relativa a subsanar la demanda del trabajador, al momento de proveer sobre su admisión, cuando ésta sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esa ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme con los hechos expuestos, lo que significa que, en esa hipótesis, la tutela por parte del tribunal laboral sólo se limitará a precisar los alcances de las pretensiones del trabajador. En cambio, el diverso 873, en su segundo párrafo, contempla una tutela más amplia al disponer: ‘Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días’; lo que implica, que cualquier tipo de ‘irregularidad’ o ‘defecto’ que contenga la demanda, será motivo para que la Junta prevenga al trabajador para que la subsane dentro del término de tres días. Una de las irregularidades o defectos que puede contener la demanda laboral, es precisamente la relativa a que se promueva por alguien que no demuestre plenamente el carácter con que se ostente, ya sea porque omita anexar el documento relativo o porque éste no reúna los requisitos mínimos para que tenga eficacia, como sucedió en la especie. En efecto, como en el particular Juana Inés Medina Jaime se ostentó como apoderada legal del trabajador José Guadalupe Alejo Ángeles y la carta poder que exhibió para demostrar ese extremo resultó ineficaz, es patente que la demanda presenta una irregularidad, ya que quien promueve en representación del trabajador no acreditó el carácter con que se ostentó, lo que desde luego amerita que se le requiera para que se aclare o subsane tal irregularidad, por imperativo del artículo 873, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, se estima oportuno tener en cuenta el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis de jurisprudencia 370, visible en la página 249, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, en el que, al analizar el tema de la personalidad en el juicio de garantías, concluyó que la falta de comprobación de la personalidad de quien presente la demanda no es causa manifiesta de improcedencia, sino que debe considerarse como una obscuridad de la demanda, lo que origina pedir su aclaración en los términos de la ley, pero no desecharla de plano. La tesis de jurisprudencia aludida es del tenor: ‘PERSONALIDAD EN EL AMPARO, FALTA DE COMPROBACIÓN DE LA.’ (se transcribe). Tal criterio resulta aplicable por analogía al particular, ya que es patente que la conclusión a que llegó el Máximo Tribunal del país derivó del análisis que hizo del artículo 146 en relación con el diverso 145, ambos de la Ley de Amparo, dado que el primero de esos preceptos establece el procedimiento a seguir cuando la demanda de garantías contenga alguna irregularidad, en tanto que el segundo contempla la causa que da origen al desechamiento de la demanda; por lo que, como la disposición contenida en el segundo párrafo del ordinal 873 de la Ley Federal del Trabajo, resulta ser equivalente normativamente al primero de dichos numerales, dado que se refiere al caso en que la demanda laboral presenta irregularidades, por lo que debe considerarse que dicho criterio también tiene aplicación en la especie, máxime que en el asunto a estudio el motivo que originó el desechamiento de la demanda, se debió a la falta de comprobación de la personalidad de quien promovió el juicio laboral. El mencionado criterio fue reiterado por el Pleno del más Alto Tribunal del país, en la tesis de jurisprudencia 336, consultable en las páginas 284 y 285, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del que se aprecia que, de una nueva reflexión que realizó acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y, partiendo del análisis del artículo 146 de ese ordenamiento, concluyó que el examen de la personería del promovente constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, de no estarlo, lo considere como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal. El criterio en mención se encuentra contenido en la tesis del rubro y texto: ‘PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe). En tales condiciones, resulta concluyente que, como la falta de comprobación de la personalidad de quien presente la demanda debe considerarse como una obscuridad o irregularidad de ésta, por tanto, es procedente requerir al promovente para que la aclare en los términos de la ley, pero no desecharla de plano; por ende, al no considerarlo así la Junta del conocimiento su actuar deviene violatorio de garantías individuales en perjuicio de la parte quejosa. Por las anteriores consideraciones este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, contenido en la tesis aislada I.13o.T.1 L, consultable en la página 1358, Tomo XVI, correspondiente a julio de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: ‘PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. DEBE ACREDITARSE DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, POR LO QUE ES INCORRECTO REQUERIR A

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19007-158c3beb/personalidad-en-el-juicio-laboral-falta-de-comprobacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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