LITISCONSORTE PASIVO Y TERCERO LLAMADO A JUICIO. SON FIGURAS JURÍDICAS DISTINTAS.
AMPARO DIRECTO 514/2005. MARGARITO GARCÍA GUZMÁN.
CONSIDERANDO:
QUINTO. El análisis de los conceptos de violación produce el siguiente resultado.
En principio, conviene señalar que la Sala para confirmar la sentencia de primer grado que declaró improcedente la acción plenaria de posesión ejercida, partió de la básica consideración de que los agravios expresados eran infundados, pues estimó que Eduardo Huixchapan Torres tenía el carácter de litisconsorte pasivo en el juicio natural y no de tercero llamado al procedimiento, ya que en la controversia con esa calidad se ordenó su emplazamiento y en esos términos esa persona contestó la demanda, opuso excepciones y ofreció las pruebas respectivas.
En contra de las anteriores consideraciones, el quejoso esencialmente aduce que la Sala indebidamente consideró que Eduardo Huixchapan Torres tenía el carácter de litisconsorte pasivo en el juicio natural y no de tercero llamado al procedimiento, pues dejó de observar que de los autos dictados por el juzgador natural el treinta de abril y diez de septiembre ambos de dos mil cuatro, se advertía que esa persona no fue llamada a juicio como litisconsorte pasivo, sino únicamente como tercero interesado, por ello en concepto del peticionario de amparo es inexacto que Eduardo Huixchapan Torres haya sido emplazado a juicio como litisconsorte pasivo, ya que tal circunstancia no se aprecia de las referidas constancias procesales.
Para una mejor comprensión del presente asunto debe citarse, en lo que interesa a la litis constitucional, parte de los antecedentes del acto reclamado.
Mediante escrito de cinco de abril de dos mil cuatro, Margarito García Guzmán por conducto de su apoderado legal José Efrén García Guzmán, demandó en la vía ordinaria civil de Francisco Javier García González y Fortunata Turrubiates Arenas, las siguientes prestaciones:
"A) La declaración que se sirva realizar su Señoría en sentencia definitiva, en el sentido de que mi representado Margarito García Guzmán, tiene mejor derecho a poseer el inmueble que vienen poseyendo los ahora demandados Francisco Javier García González y Fortunata Turrubiates Arenas, el cual se ubica en la calle de Invernadero, lote 14 catorce, manzana 16 dieciséis, zona 4 cuatro de la colonia Emiliano Zapata, Municipio de San Vicente Chicoloapan, Estado de México, toda vez que mi representado cuenta con justo título para obtener la posesión, mientras que los codemandados no cuentan con título alguno para ello.
"B) Como consecuencia de la declaración que antecede, la entrega material y jurídica del inmueble materia del presente juicio, desde luego en favor de mi representado Margarito García Guzmán, por haber acreditado tener mejor derecho a la posesión que indebidamente ostentan los codemandados, todo lo anterior desde luego con todos los frutos, accesiones y derechos con que hasta la fecha cuenta el referido inmueble.
"C) El pago de la cantidad que resulte en favor de mi mandante Margarito García Guzmán, por concepto del pago de una renta mensual, y durante el tiempo en que han venido ostentando la posesión del inmueble materia del presente juicio, sin derecho y consentimiento del titular del mismo, lo anterior en concepto de daños y perjuicios que le han venido ocasionando al privarlo del derecho de obtener una renta, respecto al citado inmueble, cantidad que será cuantificada en su momento procesal oportuno por un perito en la materia.
"D) El pago de los gastos y costas que se originen durante la tramitación del presente juicio, hasta su total y definitiva conclusión, toda vez que son los propios codemandados los que han dado margen al inicio del mismo, por encontrarse en posesión material del inmueble materia del juicio, sin derecho y consentimiento del titular de este mismo."
En proveído de seis de abril de dos mil cuatro, el Juez natural admitió la demanda en la vía y forma propuestas, además de ordenar que se emplazara a los citados demandados.
Los demandados Francisco Javier García González y Fortunata Turrubiates Arenas, mediante escrito recibido el veintinueve de abril de dos mil cuatro, dieron contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, oponiendo las excepciones y defensas que estimaron pertinentes, asimismo, solicitaron se llamara a juicio como tercero a Eduardo Huixchapan Torres.
El Juez natural mediante auto pronunciado el treinta de abril de dos mil cuatro, ordenó que se corriera traslado a Eduardo Huixchapan Torres, con el carácter de tercero llamado a juicio, dicho proveído es del contenido textual siguiente:
"Acuerdo. Texcoco, México, a treinta de abril del año dos mil cuatro. ...
"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2.274 del ordenamiento legal en cita, llámese como tercero a juicio al señor Eduardo Huixchapan Torres, para que le pare perjuicio la sentencia que se llegare a dictar en el presente juicio, en obvio de lo anterior por conducto de la notificadora de la adscripción, notifíquese en el domicilio señalado para ello que dentro del término de nueve días deberá comparecer a este juzgado a manifestar lo que a su derecho corresponda, se les previene a los promoventes, para que dentro del término de tres días designen representante común en términos de lo dispuesto por los artículos 1.89, 1.90, 1.91 y 1.92 del ya mencionado ordenamiento legal, con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado lo designará. ..."
Mediante escrito de veintidós de junio de dos mil cuatro, Eduardo Huixchapan Torres compareció a juicio en su calidad de tercero, negando derecho a su contraparte para reclamarle las prestaciones de mérito, oponiendo las excepciones y defensas que estimó pertinentes.
En auto de diez de septiembre de dos mil cuatro, el Juez natural acordó el escrito presentado por el tercero llamado a juicio, en los términos siguientes:
"Acuerdo. Texcoco, México, a diez de septiembre de dos mil cuatro.
"Visto el contenido del escrito de cuenta, en consideración a que el exhorto girado al Juez competente en Materia Civil del Distrito Federal en donde se contiene la diligencia de notificación del tercero llamado a juicio Eduardo Huixchapan Torres, como lo solicita se procede a acordar la promoción número 4124, en los siguientes términos: Por presentado Eduardo Huixchapan Torres en su calidad de tercero llamado a juicio mediante el cual viene a realizar sus manifestaciones en el presente juicio, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.134 y 2.234 del aplicable Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, por encontrarse en tiempo como se advierte de la certificación de esta secretaria, se tienen por hechas sus manifestaciones como tercero llamado a juicio para todos los efectos legales a que haya lugar. ..."
Ahora bien, el tema propuesto en el citado concepto de violación, hace necesario analizar en forma breve, la figura jurídica del tercero interesado.
Así, señala el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México "Que los terceros en el proceso son las personas que participan en un proceso iniciado por el actor en contra del reo. Esa participación puede ser de distinta naturaleza, ya que el tercero puede deducir un derecho propio, distinto del actor o del demandado, o bien coadyuvando con cualquiera de ellos en la defensa del derecho sustantivo hecho valer. Además el tercero puede venir a juicio en forma espontánea o en forma provocada. En el primer caso cuando le ha sido violado un derecho y cuando viene a reforzar la posición de una de las partes en el juicio. En segundo caso cuando le es denunciado el juicio para que le pare perjuicio sentencia. En nuestro derecho la acción que ejercita el tercero en un juicio ya entablado por los litigantes se denomina tercería."
Por otra parte, el procesalista mexicano Eduardo Pallares y Lara, en su Diccionario de Derecho Procesal, refiere: "En conclusión, debe considerarse como tercero en lo relativo al ejercicio de la acción, cualquier persona que no figure en el proceso como actor o reo, incluso las partes en sentido formal. Para que un tercero esté legitimado en un proceso o sea para que pueda intervenir en él legalmente, es indispensable que tenga interés procesal para hacerlo ... Así, hay terceros que la doctrina llama indiferentes y son aquellos que no reciben beneficio ni perjuicio alguno por virtud del proceso. Su esfera jurídico-económico de sus actividades queda fuera del proceso de la órbita del proceso.". El interés de los terceros no indiferentes, puede ser de las siguientes especies: "a) Interés personal e individual; b) Interés colectivo que se contrapone al anterior; c) Interés que excluye el de alguna de las partes que intervienen en el proceso; d) Interés no excluyente sino solidario del de la parte; e) Interés originario, es decir, que está vinculado en la persona del tercero por derecho propio y no por haberlo adquirido de otra persona; f) Interés derivado, que es contrario al anterior y que concierne a los causahabientes a título singular o universal; g) Autónomo a subordinado; h) Parcial o total. En el primer caso el tercero tiene interés en todo el proceso; en el segundo, sólo en un incidente o artículo del proceso. Según sea el interés, así será también la intervención del tercero."
De las ideas anteriores, se desprende que la tercería es la participación de un tercero con interés propio o distinto, o concordante con el del actor o del reo, en un proceso que tiene lugar antes o después de pronunciada sentencia firme.
En congruencia con los referidos principios, debe apuntarse que hay procesos en que intervienen partes complejas, esto es, varias personas físicas o morales figurando como actores contra un solo demandado o un actor contra varios demandados, así la primera da lugar al litisconsorcio activo y la segunda al litisconsorcio pasivo, de ahí que en ese litisconsorcio ya sea activo o pasivo los litigantes siempre actuarán unidos, pues tienen el mismo interés.
En este orden de pensamiento, cabe agregar que la figura jurídica del litisconsorcio puede configurarse desde el inicio del procedimiento y recibirá el nombre de originario, es decir, cuando un actor entabla una demanda contra varios demandados o cuando varios actores demandan a un demandado, y se llamará sucesivo cuando esa parte compleja se integra posteriormente, o sea, después de iniciado el procedimiento, a instancia de parte interesada.
Los razonamientos expuestos conllevan a precisar que en un proceso también pueden intervenir otras personas diferentes a los litisconsortes que reciben el nombre de terceros y esta participación como se apuntó, puede ser de diferente naturaleza, ya que el tercero puede deducir un derecho propio distinto del actor o del demandado, y esta intervención se vuelve principal, pues el tercero hace valer un derecho propio.
Así también, este tipo de sujetos pueden participar en el procedimiento coadyuvando con cualquiera de las partes, esto es, al actor o al demandado en la defensa del derecho subjetivo que éstos hicieron valer, los cuales reciben el nombre precisamente de terceros coadyuvantes, pues intervienen para sostener las razones de un derecho ajeno, quienes desde luego, pueden comparecer al juicio en forma espontánea o provocada, ya que la sentencia que se dicte puede pararles perjuicio y, por ello, pueden apersonarse a juicio en cualquier momento, siempre y cuando dicha sentencia no haya causado ejecutoria.
De tal manera, que la tercería coadyuvante reviste las siguientes características: a) No implica una oposición, pues el actor o el demandado se identifica y une su reclamación con el que coadyuva, formando así una misma parte y no una extraña a la relación procesal; b) A través de ella se sigue un interés concordante, no propio, ni ajeno, pues tiene una correspondencia con la pretensión del actor o del demandado, quedando el tercero inmerso en la relación procesal existente; por ende, c) No puede deducir pretensiones contradictorias durante el juicio, ni ejercer acciones o defensas distintas de las surgidas en el procedimiento.
Luego, la institución del litisconsorcio sea activo o pasivo es diferente a la de tercero coadyuvante, pues en la primera si bien intervienen varias personas del lado del actor o del demandado, lo cierto es que tienen el mismo interés y en cambio en la segunda, el tercero no comparece al juicio defendiendo un derecho propio sino que pertenece al actor o demandado con el que coadyuva, porque la sentencia que se dicte podrá pararle un perjuicio si es adversa a la parte con quien coadyuva.
Los principios relativos a la figura jurídica del tercero interesado, se encuentran establecidos en el artículo 1.77 del actual Código de Procedimientos Civiles de la entidad, que textualmente expresa:
"Artículo 1.77. Es parte en un procedimiento judicial quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario.
"Puede también intervenir en un procedimiento judicial, el tercero que tenga interés directo o indirecto en el negocio."
El dispositivo inserto establece que debe ser llamado a juicio con el carácter de tercero aquel que tenga un interés directo o indirecto en un negocio, como aconteció en la especie.
Ahora, el punto medular se centra en determinar si los derechos y obligaciones que derivan del reconocimiento del tercero interesado en el juicio se homologan a los que pudiera tener la parte demandada (litisconsorte pasivo).
Inicialmente, se debe decir que la acción es el medio que tiene para iniciar el proceso una persona, a quien ha sido lesionado o desconocido un derecho, por ello los tratadistas mencionan que la acción es el motor que sirve para instaurar el proceso y lo vivifica hasta su terminación. El proceso supone la existencia de dos sujetos con intereses distintos y quizá antagónicos, el demandado en contra del que se instaura una acción, tiene el mismo derecho de pedir justicia, idéntico del actor, aun cuando sea antitético. Por ello, dice Ugo Rocco que existen pues, dos derechos que competen a las partes: el de acción y el de contradicción.
Este derecho de contradicción podrá ser pedir al Juez la declaración de inexistencia de la obligación que afirma el actor que tiene el demandado o aducir hechos impeditivos frente a la conducta que se pretende imponer al demandado, en este aspecto conviene señalar que el demandado, en su caso, puede reconvenir a la parte actora.
Ahora, respecto al tema de la reconvención, señala el procesalista mexicano José Becerra Bautista, en su libro intitulado "El Proceso Civil en México" que el origen de la palabra reconvención se debe al derecho canónico ya que, en las fuentes romanas sólo encontramos la compensación de créditos entre el actor y el demandado, hasta el monto del crédito menor.
Ese autor dice que los canonistas consideraron que la finalidad de la reconvención es hacer posible la realización de un proceso simultáneo sobre las dos demandas, de modo que el Juez resolviera la contraprestación del demandado juntamente con la pretensión del actor.
En nuestro derecho positivo, la reconvención no es otra cosa que una acción ejercitada por el demandado, en una relación procesal ya existente.
Así, los artículos 2.118, 2.119 y 2.120 del actual Código de Procedimientos Civiles de la entidad, prevén:
"Artículo 2.118. El demandado que oponga reconvención, lo hará al contestar la demanda. En este caso se correrá traslado de ella al actor, para que conteste dentro del plazo de nueve días, satisfaciendo los requisitos sobre la demanda y su contestación."
"Artículo 2.119. Transcurrido el plazo para contestar la demanda, sin haberse realizado, se tendrán por presuntamente confesados los hechos, si el emplazamiento se realizó personal y directamente al demandado o a su representante, quedando a salvo los derechos para probar en contra. En cualquier otro caso se tendrá por contestada en sentido negativo."
"Artículo 2.120. Las declaraciones a que se refiere el artículo anterior, se harán a instancia de parte, para ello el Juez de oficio examinará si la notificación se realizó conforme a la ley."
De los preceptos anteriores destaca por su importancia lo siguiente:
A. Que el demandado puede oponer la reconvención.
B. Que lo deberá hacer al contestar la demanda.
C. Que con el escrito de reconvención se correrá traslado a su contraria.
D. Se tendrán por confesados los hechos siempre que el emplazamiento se haya hecho personal y directamente al demandado, su representante o apoderado; y,
E. El Juez examinará escrupulosamente si las citaciones, notificaciones y emplazamiento fueron hechos al demandado en forma legal.
Luego, son estos mismos dispositivos los que impiden considerar que con la sola comparecencia en juicio de una persona diversa a las partes formales se pueda incluir a ésta como parte contendiente en un juicio, dada su calidad de tercero, además de que atento al contenido del artículo 2.118 del código procedimental de la entidad, sólo puede promover la reconvención el demandado y no un tercero que difiere de la calidad de parte formal en el juicio, por lo que es claro que ese derecho no se le puede conceder de ninguna manera al llamado a juicio por la parte demandada, porque éste interviene en el juicio como tercero interesado y no como parte demandada.
De manera, que son tan notables las diferencias entre el tercero interesado y el demandado, que basta remitirse a las consecuencias jurídicas que cada uno de ellos debe asumir frente a la sentencia que llegase a dictarse, porque mientras el tercero interesado es llamado para que le pare perjuicio la sentencia, el demandado deberá ser frente a una conducta de hacer o no hacer, por ende, en esa resolución únicamente pueden ser condenados el o los enjuiciados a quienes formalmente se les demandó en el juicio.
Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial formada por contradicción de tesis número 59/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de fecha cuatro de septiembre de dos mil dos por la Sala antes citada, cuyos rubro y texto son así: "RECONVENCIÓN. SÓLO PUEDE HACERSE VALER EN CONTRA DEL ACTOR, NO ASÍ DE TERCERAS PERSONAS. La reconvención es la figura procesal que permite a la parte demandada en un juicio presentar, a su vez, una demanda únicamente en contra del actor, mediante la cual reclame a éste diversas prestaciones que pueden formar parte de la controversia; derecho que deberá ejercer precisamente al momento de contestar la demanda por encontrarse sujeto al principio de la preclusión. Además, dada su naturaleza no puede hacerse valer respecto de terceras personas, sino sólo en contra del actor; de ahí que resulta improcedente la reconvención que no sea contra éste."
Con base en las anteriores consideraciones, se estima sustancialmente fundado el citado concepto de violación, pues del contenido de la sentencia reclamada se aprecia que de modo inexacto se consideró a Eduardo Huixchapan Torres como litisconsorte pasivo, pues dejó de observar que dicha persona en el juicio natural no tuvo el carácter de demandado formal, supuesto que la actora no lo demandó formalmente ni enderezó la acción real ejercida en su contra, sino que únicamente fue llamado a juicio a petición de los demandados Francisco Javier García González y Fortunata Turrubiates Arenas, en su calidad de tercero, lo cual como se vio de los antecedentes apuntados, así fue acordado por el juzgador natural.
Esto es así, pues de las constancias procesales del juicio natural, específicamente del escrito de contestación de demanda presentado por los demandados Francisco Javier García González y Fortunata Turrubiates Arenas, así como de los proveídos dictados el treinta de abril y diez de septiembre ambos de dos mil cuatro, se aprecia que Eduardo Huixchapan Torres fue llamado al juicio natural en su calidad de tercero, ya que concretamente ese llamamiento tenía la finalidad de que dicha persona con el carácter de tercero compareciera al procedimiento a defender sus derechos, ante la posibilidad de que la sentencia que se llegare a pronunciar en el juicio le pudiera deparar o no perjuicios.
En esa tesitura, es obvio que la persona que fue llamada al proceso, tuvo dentro de la controversia la calidad de tercero y no de parte formal, supuesto que con esa calidad se le dio intervención en el litigio y la accionante no lo demandó formalmente ni enderezó la acción real ejercida en su contra, por tanto, resulta evidente que Eduardo Huixchapan Torres no podía ser considerado litisconsorte pasivo o demandado formal, ante la circunstancia de que con esa calidad no fue llamado al juicio.
Lo dicho, porque no debe perderse de vista que el tercero interesado y el demandado son sujetos distintos en el procedimiento, que evidentemente pueden ser objeto de consecuencias jurídicas diferentes en la resolución del conflicto, como en el caso, ya que cada uno de ellos puede asumir frente a la sentencia que llegase a dictarse diversas obligaciones, porque mientras el tercero interesado es llamado por la posibilidad de que le pare perjuicio la sentencia que se llegare a dictar, el demandado deberá hacer frente a una conducta de hacer o no hacer.
Sobre todo, porque al tercero no puede equipararse con el litisconsorte o demandado formal, con la sola comparecencia a juicio, en razón de que para ello sería necesario que fuera emplazado con ese carácter, lo cual no ocurrió en la especie, ya que el referido tercero fue llamado al procedimiento para que le pare perjuicio el fallo, empero, no fue emplazado como si fuese demandado, de manera que el tercero no está en el mismo plano de igualdad con el demandado o litisconsorte, pues sus derechos y obligaciones que surgieron con el llamamiento a juicio son limitados en la forma señalada en líneas precedentes, en donde se hizo mención de la figura jurídica del tercero.
Resulta aplicable y conveniente reiterar la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 1776, que dice:
"-En el litisconsorcio pasivo necesario al litisconsorte se le otorga la misma calidad que al demandado, de manera que en juicio el litisconsorte y el demandado adquieren los mismos derechos y obligaciones, lo que no ocurre con el tercero llamado a juicio, ya que el tercero no puede decirse litisconsorte con la sola comparecencia a juicio, sino que sería necesario que fuera emplazado con el carácter de litisconsorte, pero en realidad lo que ocurre con el tercero es un llamado al procedimiento para que le pare perjuicio el fallo, a diferencia del litisconsorte pasivo quien sí es emplazado como si fuese demandado. En efecto, el litisconsorcio pasivo necesario existe cuando las cuestiones que se ventilan en juicio afectan a más de dos personas, de manera que no es posible emitir una sentencia sin antes oírlas a todas ellas con el carácter de litisconsortes, requiriéndose, además, que los demandados se encuentren en comunidad jurídica respecto al bien litigioso, y tengan un mismo derecho o se encuentren obligadas por igual causa o hecho jurídico, esto es, en un mismo plano de igualdad, siendo el objetivo principal del litisconsorcio pasivo que se emita una sola sentencia para todos los litisconsortes, lo que no sucede cuando alguien es llamado a juicio como tercero; ello, porque los derechos y obligaciones que surgen para el tercero llamado a juicio son limitados en la forma ya señalada."
Luego, si el tercero Eduardo Huixchapan Torres no tuvo la calidad de demandado formal en el juicio natural, es evidente que no podía ser estimado litisconsorte pasivo, por ello al no haber considerado la responsable los anteriores aspectos, se estima que vulneró las garantías de legalidad y de seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Por otra parte, se estiman esencialmente fundados los argumentos en donde el quejoso sostiene que la Sala realizó el estudio inexacto de los agravios que expresó ante su potestad, pues no se pronunció respecto de todos los motivos de inconformidad que se hicieron valer.
Lo anterior así se estima, pues del contenido de la sentencia reclamada se aprecia que la responsable únicamente se pronunció en cuanto a los agravios en donde el apelante, hoy quejoso, controvirtió el aspecto relativo a que la resolución de primer grado era incongruente, así como el atinente a que Eduardo Huixchapan Torres no tenía la calidad de litisconsorte pasivo, sin embargo, omitió estudiar los motivos de inconformidad en los que el referido apelante combatió esencialmente lo siguiente:
a) Que la Juez natural en forma inexacta al momento de estudiar la acción plenaria de posesión no analizó todos sus elementos constitutivos, pues sólo se concretó a analizar el primer elemento consistente al justo título para poseer, el cual indebidamente estimó no se había acreditado, con base en las documentales aportadas por Eduardo Huixchapan Torres, ya que no tomó en cuenta que esa persona solamente fue llamada a juicio como tercero y no como litisconsorte pasivo, por tanto, la Juez no debía atender las excepciones y pruebas que hizo valer el tercero, en razón que no tenía la calidad de litisconsorte pasivo.
b) Que la juzgadora se apartó de los principios fundamentales de legalidad, pues inobservó que la litis quedó conformada por el actor Margarito García Guzmán y los demandados Francisco Javier García González y Fortunata Turrubiates Arenas y no así por el tercero llamado a juicio Eduardo Huixchapan Torres, por tanto, debió estudiar las pruebas aportadas por ambos contendientes, para que determinara quién tenía mejor derecho a la posesión del inmueble en litigio.
c) Que la Juez natural en forma inexacta determinó que el actor no contaba con justo título para poseer el bien en litis, pues no tomó en cuenta que los demandados no aportaron ninguna prueba para justificar su posesión y confesaron expresamente que se encontraban en posesión del inmueble por préstamo del propietario, sin haberlo acreditado, de ahí que la Juez indebidamente declaró improcedente la acción real ejercida, ya que se basó únicamente en las excepciones opuestas por el tercero llamado a juicio Eduardo Huixchapan Torres, quien no formó parte en el juicio natural.
Luego, si la responsable no se ciñó a los aludidos motivos de queja respecto de los cuales quedó sujeta y limitada su jurisdicción, resulta obvio que quebrantó el principio de congruencia previsto en el artículo 1.195 del actual Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México.
Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, Sexta Época, Tomo IV, página 21, que dice:
"AGRAVIOS. EXAMEN QUE DE ELLOS DEBE HACER LA RESPONSABLE.-La renuencia injustificada del tribunal ad quem a estudiar parte de los agravios expuestos por los perdidosos en la sentencia de primer grado, es motivo suficiente, cuando se reclama en amparo esa violación, para otorgar el amparo al quejoso; y máxime cuando los agravios desdeñados se dirigieron a impugnar lo que el a quo estimó fundamento esencial de su sentencia recurrida. Si bien es cierto que es del todo razonable y jurídico abstenerse de analizar cierta clase de agravios secundarios, cuya eficacia está subordinada al examen que se haga de los principales que los rigen, tal abstención resulta injustificada cuando se dejan de examinar agravios que pudieran considerarse como principales."
Así como, en lo conducente la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, Sexta Época, Tomo IV, Parte SCJN, página 39, que dice:
"APELACIÓN, MATERIA DE LA.-En principio, el tribunal de alzada debe concretarse a examinar exclusivamente, a través de los agravios, las acciones, excepciones o defensas que se hicieron valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el fallo resulta incongruente, salvo los casos en que la ley expresamente permite recibir en segunda instancia, con audiencia de las partes, pruebas o excepciones supervenientes, o el estudio oficioso de la instancia."
Por las razones expuestas, la sentencia reclamada resulta violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de la que la Sala responsable, deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emita otra en la que tomando en consideración lo expuesto en esta ejecutoria, determine que Eduardo Huixchapan Torres, tiene la calidad de tercero llamado a juicio, así como proceda al análisis de los agravios expuestos ante su potestad en los términos que fueron planteados, hecho lo cual resuelva la controversia planteada conforme a derecho corresponda, en congruencia con las pruebas aportadas y los agravios expresados ante su potestad.
Al ser fundado el concepto de violación que se analizó en esta ejecutoria, resulta innecesario el examen de los restantes, al tenor de la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe 1982, Parte II, página 8, cuyos rubro y texto rezan así:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.-Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."
Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 158 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-Para los efectos precisados en la pa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19087-4359f89a/litisconsorte-pasivo-y-tercero-llamado-a-juicio-son · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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