CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO LA PROTECCIÓN FEDERAL IMPLICA DEJAR INSUBSISTENTE EL LAUDO RECLAMADO Y DICTAR UNO NUEVO, LA RESPONSABLE DEBE DECIDIR TODAS LAS CUESTIONES LITIGIOSAS EN LA NUEVA RESOLUCIÓN, EVITANDO LA COEXISTENCIA DE DOS O MÁS. SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL CUANDO SE TRATE DE ACTOS DE NATURALEZA JUDICIAL O JURISDICCIONAL, EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD.
INCONFORMIDAD 219/2004. JOSÉ LUIS GUERRERO SIMÓN.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Ahora bien, respecto de los argumentos expresados en el escrito de inconformidad transcrito en el considerando tercero, se advierte que la parte quejosa esgrime, en síntesis, lo siguiente:
1) Que no está conforme en que el Tribunal Colegiado de mérito considere que la autoridad responsable supuestamente dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues la autoridad responsable contrario a lo señalado en la ejecutoria de amparo, no tuvo como fecha de ingreso la señalada por el trabajador quejoso, dos de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, sino que establece como fecha de ingreso a laborar el dos de mayo, pero de mil novecientos noventa y ocho.
2) Que por lo que respecta al punto de que la autoridad responsable se aboque al ofrecimiento del trabajo hecho por la demandada, expresa que de las constancias de autos del expediente laboral número 26/2004, se puede observar que no existe actuación alguna por parte del secretario de Acuerdos o actuario de la adscripción, en que se le haya requerido al quejoso incorporarse al trabajo ofrecido por la parte demandada.
Asimismo, manifiesta que la autoridad responsable al emitir el nuevo laudo cae en una incongruencia, pues al mismo tiempo que señala que la prueba documental de veinticinco de enero de dos mil cuatro, consistente en el informe de trabajos realizados en la semana del veinte al veinticinco de enero de dos mil cuatro, es la prueba más reciente al despido de que la ahora quejosa fue objeto; también manifiesta, que la misma hace prueba plena de que la actora era trabajador de confianza, siendo que su categoría o puesto base era el de "técnico", es decir, que no obstante temporalmente se le habilitó como subdirector operativo, se le siguió pagando como técnico, situación que la demandada no desvirtuó; además de que como personal de base, la ley le permite que sea habilitado temporalmente a puestos de confianza y al término de esos periodos regresar a su puesto de base.
3) Que la autoridad responsable viola en su perjuicio el contenido de los artículos 128 y octavo transitorio de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipal, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, pues aun a pesar de que la demandada al contestar el hecho uno de la demanda, a través de su apoderado legal designado, reconoció que el ahora inconforme se desempeñaba en la categoría de técnico, ésta le consideró al dictar el laudo, como trabajador de confianza.
Asimismo, la autoridad no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito al motivar y fundar su resolución, al considerar al quejoso como trabajador de confianza, pues sí reconoce el despido, pero pasa por alto que de acuerdo a la ley, ésta le permite ascender a un puesto de confianza y regresar a su puesto de base, computándosele todo ese tiempo para su antigüedad, por lo que el expediente original deberá ser remitido a la Suprema Corte de Justicia para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 105 de la Ley de Amparo, disponiéndose de oficio el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo.
4) Que respecto al pronunciamiento acerca de la prestación consistente en el pago de prima como complemento del salario, la autoridad responsable lo considera como trabajador de confianza para evitar resolver en conciencia y a verdad sabida, sobre las prestaciones a que tiene derecho como trabajador de base, aun cuando no existe controversia sobre su puesto y antigüedad.
Que si bien la autoridad responsable goza de plenitud de jurisdicción, ello no le faculta a resolver contrario a la ley, la jurisprudencia y la doctrina, máxime que el ahora inconforme es un trabajador, que de acuerdo a la ley se le impone a la responsable la suplencia máxima de la queja.
Igualmente, conforme a los lineamientos relativos a las prestaciones consistentes en pago de aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro, la autoridad responsable no le aplica la suplencia de la queja a su favor al "encasillarlo" en el puesto de confianza, toda vez que se le dejan de reconocer diversas prestaciones, como son la de casa habitación, quinquenios y jubilación a las que tienen derecho los trabajadores de base; por lo que en términos de los artículo 107, fracción XVI, en relación con el artículo 105 de la Ley de Amparo, solicita se remita el expediente a esta Suprema Corte de Justicia, para el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, porque la determinación de tener por cumplida la ejecutoria de amparo y el tolerar la flagrante repetición de los actos reclamados, le depara graves perjuicios que atentan contra sus garantías de igualdad, legalidad y seguridad jurídica.
En principio, es pertinente precisar que los agravios sintetizados en párrafos precedentes, bajo los incisos 2), 3) y 4), aun suplidos en su deficiencia, devienen inoperantes, toda vez que los argumentos que en ellos se contienen no están orientados a combatir el proveído que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo sino que tienden a impugnar la legalidad de la resolución de trece de septiembre de dos mil cuatro, que emitió el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, en cumplimiento a la sentencia de amparo, cuestión tal que no puede ser materia de análisis a través de la presente inconformidad, pues sólo es materia de análisis en la inconformidad, si las responsables dieron o no cumplimiento al fallo protector, mas no la legalidad de las consideraciones en las que la responsable haya fundado la resolución con la que pretende cumplirlo, como lo son los hechos señalados por la inconforme, respecto a que:
a) De las constancias de autos del expediente laboral número 26/2004, no existe actuación alguna por parte del secretario de Acuerdos o actuario de la adscripción, en que se le haya requerido al quejoso a incorporarse al trabajo ofrecido por la parte demandada.
b) La autoridad responsable omitiendo aplicarle la suplencia de la queja, no hace una adecuada valoración de hechos y pruebas, al considerar al trabajador como de confianza, pues no obsta que temporalmente se le haya habilitado como subdirector operativo, toda vez que éste tenía derecho a regresar a su puesto de base.
Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de esta Segunda Sala, 2a./J. 80/97, publicada en la página 304 del Tomo VII, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:
"INCONFORMIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA. SÓLO SE DEBE ANALIZAR SI ÉSTA SE CUMPLIÓ O NO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. En la inconformidad planteada por el quejoso contra la resolución de un Juez de Distrito que considera cumplimentada la ejecutoria que le otorgó el amparo para el efecto de que la autoridad responsable analizara determinadas cuestiones, sólo es materia de la inconformidad el cumplimiento o no de dicha sentencia, mas no la legalidad de las consideraciones en que la responsable haya fundamentado el acto con el que pretende cumplirla, pues ello es ajeno a la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo."
También sirve de apoyo a la consideración, por analogía la tesis 2a. LXI/2000, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 152, Tomo XII, correspondiente al mes de julio del año dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON EN LA INCONFORMIDAD SI NO IMPUGNAN EL ACUERDO QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA, AUNQUE SE TRATE DE NÚCLEOS AGRARIOS. Es cierto que conforme a los artículos 76 bis, fracción III y 227 de la Ley de Amparo, en materia agraria existe suplencia total de la queja deficiente, por lo que en principio no es posible declarar la inoperancia de los agravios respectivos, pero cuando el núcleo recurrente, al expresar agravios en la inconformidad, introduce argumentos ajenos al acuerdo del a quo que tuvo por cumplida la ejecutoria, deben declararse inoperantes, ya que la inconformidad se limita a determinar si el tribunal de amparo estuvo, o no, en lo correcto al tener por cumplida la sentencia protectora, razón por la que todos los motivos de inconformidad deben circunscribirse a la resolución impugnada; todo ello con independencia de que al suplir se examine si la sentencia fue o no cumplida."
No obstante lo anterior y contrario a lo señalado por la inconforme, se considera que los lineamientos de la ejecutoria de amparo a que hace alusión se encuentran cumplidos.
En efecto, del examen de la ejecutoria de amparo, se advierte que la autoridad responsable, entre otras, se encontraba obligada a:
a) Abocarse al análisis del ofrecimiento del trabajo hecho por la parte demandada y conforme a lo señalado en torno a ello por el actor José Luis Guerrero Simón, determinara a quién corresponde la carga de la prueba, así como de acuerdo a los hechos de las partes y las pruebas aportadas, y acorde a sus funciones decida lo que estime ajustado a derecho sobre las prestaciones relativas a despido injustificado y salarios vencidos.
b) Fundar y motivar debidamente su resolución, para el caso de considerar que José Luis Guerrero Simón es trabajador de confianza.
c) Pronunciarse con libertad de jurisdicción acerca de la prestación consistente en el pago de prima como complemento del salario.
d) Resolver conforme a los lineamientos formulados en la ejecutoria, respecto a las prestaciones consistentes en pago de aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro.
Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, con fecha trece de septiembre de dos mil cuatro, dictó una nueva resolución en la que:
a) Se abocó al análisis del ofrecimiento del trabajo hecho por la parte demandada conforme a lo señalado en torno a ello por el actor José Luis Guerrero Simón, así como de acuerdo a los hechos de las partes y las pruebas aportadas, acorde a sus funciones decidió, ajustado a derecho, sobre las prestaciones relativas al despido injustificado y salarios vencidos; fundando y motivando debidamente su resolución, al considerar que José Luis Guerrero Simón era trabajador de confianza, señalando al respecto lo siguiente:
"IV. A fin de resolver el siguiente punto de controversia y (sic) es establecer la existencia o no del cese injustificado que alegan los actores, y antes de entrar al estudio de la litis planteada es importante señalar que en la contestación de la demanda ofrece se reincorpore a sus labores en los mismos términos y condiciones que la venía haciendo; lo anterior con la finalidad de arrojar la carga de la prueba a la parte actora, toda vez que se entiende que el ofrecimiento es de buena fe, principio que no es de aplicación para el caso; y en aplicación por analogía es de aplicarse la tesis que a continuación se pronuncia que a la letra dice: ‘OFRECIMIENTO DEL TRABAJO HECHO POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA A UN TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO. EFECTOS.’ (se transcribe), posterior (sic) al ofrecimiento cabe señalar que Guerrero Simón José Luis, desempeñó como último cargo al frente de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Tula (CAPYAT), el de subdirector operativo, asimismo, y desprendiéndose de la documental consistente en el nombramiento de 1o. de agosto de 2002 expedido por el secretario municipal por instrucciones del presidente municipal, que obra a fojas 124 en autos, haciendo cita la (sic) Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, en su artículo 7o., que a la letra dice (se transcribe). Así como también el aviso de ausencia de 15 de enero de 2003, en el cual se tiene como puesto el de subdirector operativo documento que obra a fojas 122 en autos, igualmente la tarjeta informativa expedida por Guerrero Simón José Luis en la cual se ostenta como subdirector de operaciones de fecha 24 de octubre de 2002 que obra a fojas 125 en autos, asimismo, oficio solicitando material y piezas especiales a foja 133, ostentándose como encargado de operación zona centro, informe de trabajos realizados, ostentándose de igual forma como jefe de operación zona centro a foja 145 de autos, y haciendo el estudio en relación al actor Guerrero Simón José Luis se determina que Guerrero Simón José Luis es trabajador de confianza por lo que dicho actor no tiene estabilidad en el empleo y carece de acción y de derecho para demandar el cumplimiento del contrato, en virtud que el artículo 3o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo, dispone (se transcribe). ... lo anterior aunado a que en la confesional a cargo de Guerrero Simón José Luis en la posición marcada con el número 8 en su contestación manifiesta que fue técnico de base y con el artículo 5o. transitorio de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Hidalgo, puedo (sic) ascender al puesto de confianza y al término de éste continuar a mi (sic) puesto de técnico de base; por lo que de acuerdo a su confesión existe la presunción de que en ese momento se encontraba en una plaza de confianza y al no desvirtuar tal presunción es entonces que Guerrero Simón José Luis se desempeñaba como trabajador de confianza, no menos cierto es que en documental ofrecida en audiencia de 30 de junio del año 2003 se tiene ofreciendo escrito consistente en 6 fojas útiles, el cual obra a fojas 139 a 144, dentro del cual a fojas 142 en el punto número 2, párrafo segundo, manifiesta que (se transcribe), de lo anterior que manifiesta la parte actora es que al término del cargo de confianza pide lo regresen al que tenía que era de base; asimismo, manifiesta en el párrafo cuarto del mismo escrito en mención que (se transcribe); de lo anterior existe la confesión expresa que la categoría de jefe de operación de la zona centro es un puesto de confianza, y a fojas 145 de autos existe documental en original de fecha 25 de enero de 2003, la cual es un informe de los trabajos realizados en la semana del 20 al 25 de enero del año en curso, documento dirigido al ingeniero Faustino López González, subdirector técnico de CAPYAT por José Luis Guerrero Simón, ostentándose como jefe de operación zona centro, y recibido el día 28 de 2003 por la demandada Comisión de Agua Potable y Alcantarillado; documental que si bien es cierto es la prueba más reciente al despido de que argumenta fue objeto; por lo que también hace prueba plena al respecto de que era trabajador de confianza; y al respecto sólo le es aplicable lo dispuesto en la ley antes invocada en cuanto a las normas protectoras de salario y seguridad social y no así a lo relativo a las condiciones laborales, ni derechos concernientes a la estabilidad en el empleo, por lo anterior y dada la categoría de confianza de Guerrero Simón José Luis por consecuencia no tiene estabilidad en el empleo y éste podía ser removido de su cargo; asimismo, carece de derecho para reclamar el cumplimiento de la relación individual de trabajo que lo unía con los demandados, salarios vencidos e indemnización constitucional que reclama, sirviendo como fundamento a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA. NO ESTÁN PROTEGIDOS POR EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.’ (se transcribe). De lo anterior se concluye que al ser el actor Guerrero Simón José Luis un trabajador de confianza, el mismo no cuenta con estabilidad en el empleo, por lo que podía ser removido de su cargo en cualquier momento y en consecuencia el cese injustificado del que dice fue objeto no existe, por lo que es procedente absolver y se absuelve a la demandada de pagar al actor Guerrero Simón José Luis cantidad alguna por concepto de indemnización constitucional que reclama, así como el pago de salarios caídos que reclama ..."
b) Se pronunció con libertad de jurisdicción acerca de la prestación consistente en el pago de prima como complemento del salario, señalando, en lo conducente, lo que a continuación se transcribe:
"VIII. El siguiente punto de controversia se encuentra el determinar el pago de la prima de antigüedad y si la prima como complemento del salario (quinquenios) que se encuentran reclamando los actores Guerrero Simón José Luis y Teresa Villena Ledezma reclaman (sic) como prestación; en lo relativo a la prima de antigüedad, ésta resulta improcedente toda vez que la misma no se encuentra contemplada en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo y siguiendo el criterio jurisprudencial que a la letra dice: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. IMPROCEDENCIA DE LA SUPLETORIEDAD DE LA LEY LABORAL CUANDO SE RECLAMA PRIMA DE ANTIGÜEDAD.’ (se transcribe). Razón por la cual se absuelve a la demandada Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tula (CAPYAT), de pagar a los actores la prima de antigüedad; y en lo relativo a la prima como complemento del salario (quinquenios) la actora no justifica los extremos del artículo 32, fracción IV, en relación con el artículo 23 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, el cual establece que la prestación que reclama la actora deberá estar contemplada en la partida que en los presupuestos de egresos de la demandada que se hayan fijado para tal efecto y que dentro del expediente no obra documento alguno que demuestre tal situación, por lo que es de absolverse y se absuelve a la demandada Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tula (CAPYAT) de la prima complemento del salario (quinquenios) que reclaman los actores."
c) Resolvió conforme a los lineamientos formulados en la ejecutoria, respecto a las prestaciones consistentes en pago de aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro, de conformidad con las siguientes consideraciones:
"X. Si bien es cierto que el artículo 32, fracción VI, inciso h), de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, señala como obligación de los titulares la de constituir depósitos a favor de los trabajadores con aportaciones sobre sus sueldos básicos o salarios para integrar para la vivienda, no menos cierto es que en el Estado de Hidalgo y derivado de la propia ley del ISSSTE, las entidades de la administración pública estatal no tienen obligación de inscribir a sus trabajadores al régimen obligatorio de seguridad social y solamente lo hacen dentro del régimen voluntario por los seguros de atención médica y maternidad, lo que excluye en el presente caso a la demandada de la obligación de aportar al Instituto Nacional para la Vivienda aportación alguna en beneficio del trabajador, y por otro lado dentro del decreto que crea el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos, el objetivo de dicho instituto señalado en su artículo 2o. es de normar, instrumentar y conducir la política y programas relativos al desarrollo urbano, vivienda y construcción de equipamiento, bajo las direcciones que se determinen en el marco de los programas sectoriales correspondientes a los planes nacional y estatal de desarrollo y, asimismo, en el artículo 6o. del citado precepto dentro de las atribuciones de este instituto no está la de constituir depósito alguno a fin de integrar un Fondo Estatal de la Vivienda, en este sentido esta autoridad concluye y estima que no hay obligación por parte de la demandada para fincar depósitos en beneficio de la parte actora, por otro lado, de igual manera se resalta que la propia autoridad federal y el propio Magistrado ponente en el juicio de amparo 228/2004, que se deben reiterar las condenas sobre este punto, por lo que este tribunal determina en acontecimiento (sic) a dicha ejecutoria que debe ser absuelto el demandado (sic) Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tula (CAPYAT) a su pago y constitución a favor del actor José Luis Guerrero Simón.-XI.-Por lo que hace al pago de aportación al SAR que se encuentra reclamando Teresa Villeda Ledezma dicha prestación se encuentra comprendida dentro del régimen de seguridad social previsto en la Ley del Seguro Social, dentro del apartado ‘A’ del artículo 123 constitucional, mas no en el régimen de seguridad social que contempla la Ley del ISSSTE, consecuentemente al no existir obligación de la entidad pública estatal de inscribir al actor ante el IMSS, deviene la improcedencia de dicha reclamación, por lo que se absuelve a la demandada Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tula (CAPYAT) del pago de aportación al SAR.-XII.-Por lo que hace al pago del SAR a favor del actor José Luis Guerrero Simón esta autoridad estima que carece de acción y derecho el actor para reclamar el pago de aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro, en virtud de que en los términos del artículo 32 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, no existe obligación de los titulares para realizar dichas aportaciones, en esta eventualidad si la ley que regula las relaciones entre los titulares y sus trabajadores no concede a éstos tal derecho, es incuestionable que carece del mismo para reclamar dichas prestaciones, reiterándose de que las entidades estatales y municipales no tienen obligación de seguridad social, por lo que el actor carece de acción y derecho para reclamar las aportaciones al SAR y, por otro lado, es importante también detallar en diversa ejecutoria del mismo ponente Magistrado se pronuncia la autoridad federal en el sentido de dejar intocada la absolución por lo que respecta al SAR, ya que en el amparo directo laboral 228/2004, en la página 49 en el segundo de sus párrafos, en su parte relativa, dice (se transcribe); por lo que este tribunal absuelve a la demandada de la obligación de aportar al SAR en beneficio del actor José Luis Guerrero Simón."
Debe precisarse que las anteriores consideraciones no prejuzgan sobre violaciones distintas en que pudiera haber incurrido el nuevo acto, como pudieran ser cuestiones de legalidad, congruencia, oscuridad o de otra índole, por no ser las mismas materia del presente asunto, dejándose, en consecuencia, a salvo el derecho del recurrente para promover los medios de impugnación que estime convenientes.
Ahora bien, los argumentos vertidos por la ahora inconforme en el primero de sus agravios, en el que señala que la autoridad responsable contrario a lo señalado en la ejecutoria de amparo, no tuvo como fecha de ingreso la señalada por el trabajador quejoso, es decir, el dos de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, sino que establece como fecha de ingreso a laborar el dos de mayo pero de mil novecientos noventa y ocho, resulta fundado.
En efecto, tal como lo aduce el inconforme, de la ejecutoria de diecisiete de agosto de dos mil cuatro, se advierte que a la quejosa se le otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que determinara que la fecha de ingreso del trabajador, era la señalada por él (dos de mayo de mil novecientos ochenta y ocho), tal como quedó asentado en el cuarto considerando:
"CUARTO.- ... En consecuencia, debió tenerse por cierta la fecha señalada por el actor como la de su ingreso al empleo, es decir, dos de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, y no la indicada en el laudo reclamado, treinta y uno de marzo de dos mil, pues aun cuando la responsable sustentó su decisión en los recibos de pago constantes en autos, en el caso debe estarse al dicho del actor al haber sido controvertido por su oponente sin haber probado éste, a su vez, su afirmación sobre el ingreso, y debido a esa omisión se tiene como tácitamente consentida aquélla; tanto más que la fecha de ingreso establecida por la responsable es posterior no sólo a la invocada por el actor, sino a la introducida por la propia parte demandada. ..."
De lo anterior, se colige que para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable debía determinar que la fecha de ingreso del trabajador, era el dos de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.
Por otra parte, de la resolución dictada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de trece de septiembre de dos mil cuatro, se advierte, en lo que interesa, que la Sala responsable determinó lo siguiente:
"III.-Como primer punto de controversia se encuentra determinar la fecha de ingreso, toda vez que el actor ... en el hecho 1 de su escrito inicial de demanda manifiesta haber ingresado el dos de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, hecho que es negado por la parte demandada ... sin embargo ... no existe prueba alguna que desvirtúe lo manifestado por la parte actora ni prueba en contrario de la fecha de ingreso ... se tiene como cierta la fecha de ingreso de la parte actora ... que es la de 2 de mayo de 1998, la cual se tiene como tal para todos los efectos legales que en derecho correspondan."
En atención a los antecedentes relatados, debe declararse fundada la presente inconformidad, pues del análisis comparativo entre el contenido del laudo mediante el cual la responsable pretendió haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo y del lineamiento de la ejecutoria de diecisiete de agosto de dos mil cuatro, consistente en que la autoridad responsable debía determinar que la fecha de ingreso del trabajador, era el dos de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, se constata que el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo no dio cumplimiento al fallo protector, toda vez que estipuló como fecha de ingreso el dos de mayo de mil novecientos noventa y ocho.
Ahora bien, si se toma en consideración que, según lo resolvió esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos, al fallar la inconformidad 87/2003 en fecha 30 de abril de 2003, el cumplimiento que dé lugar a tener por acatada una sentencia de amparo, cuando se trate de actos de naturaleza judicial o jurisdiccional, debe ser total, sin que pueda existir la realización de actos que trasciendan al núcleo esencial de las obligaciones exigidas, pues esta manera peculiar de cumplimiento no opera en el caso de sentencias o laudos, pues su pronunciamiento debe contener la declaración de la autoridad, respecto de la solución total, integral, del asunto, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias, como el de la especie, y que obligan al Juez a resolver todas las cuestiones litigiosas; por tanto, se colige que el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, no cumplió con la ejecutoria de amparo, dados los efectos para los cuales fue concedida la protección constitucional, ya que la responsable debió determinar que la fecha de ingreso del trabajador, es el dos de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, y no el dos de mayo de mil novecientos noventa y ocho.
Al caso, resultan aplicables, por analogía, las tesis de esta Segunda Sala, cuyos rubros, textos y datos de identificación son del tenor literal siguiente:
"SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, CUANDO SE TRATE DE ACTOS DE NATURALEZA JUDICIAL O JURISDICCIONAL.-El cumplimiento que dé lugar a tener por acatada una sentencia de amparo, cuando se trate de actos de naturaleza judicial o jurisdiccional, como los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, debe ser total, sin que pueda admitirse la realización de actos que trasciendan al núcleo esencial de las obligaciones exigidas, pues esta figura peculiar de cumplimiento no puede operar en el caso de sentencias o laudos, pues su pronunciamiento debe contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto, conforme al principio de congruencia que establece, entre otros, el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, y al de exhaustividad que la obliga a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las relativas a la ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria de garantías, las que deben ser reiteradas en la resolución de cumplimiento." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, junio de 2003, tesis 2a. LXXXIII/2003, página 303).
"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO LA PROTECCIÓN FEDERAL IMPLICA DEJAR INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA RECLAMADOS Y DICTAR UNO NUEVO, LA RESPONSABLE DEBE DECIDIR TODAS LAS CUESTIONES LITIGIOSAS EN EL NUEVO LAUDO O SENTENCIA, EVITANDO LA COEXISTENCIA DE DOS O MÁS.-Si se otorga el amparo en contra de un laudo o sentencia definitiva, el cumplimiento de la ejecutoria implica dejar sin efecto la resolución reclamada y dictar otra que dirima todos los puntos de la litis en los términos señalados en la sentencia de garantías; por lo tanto, si la responsable, en el nuevo laudo o sentencia decide únicamente los puntos litigiosos señalados en forma destacada en la ejecutoria de garantías, pero nada resuelve sobre los otros puntos litigiosos ya definidos o intocados por la sentencia de amparo, sino que respecto de ellos deja parcialmente subsistente el laudo o sentencia reclamados, tal proceder genera la coex
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19116-33944510/cumplimiento-de-sentencias-de-amparo-cuando-la-proteccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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