Corpus
Modo: Corpus Pro

SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ADMINISTRATIVO, SUS EFECTOS SE TRADUCEN EN NULIFICAR ÉSTA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS, SIN QUE SEA MATERIA DEL CUMPLIMIENTO RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE LOS DERECHOS QUE LE AFECTÓ EL ACTO RECURRIDO. POLICÍAS. CUANDO SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO EN CONTRA DE SU BAJA, Y LOS EFECTOS DE ÉSTA SE CONCRETARON ANTES DE QUE SE RESOLVIERA ESE MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA, PARA CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO EL QUEJOSO NO TIENE DERECHO A SER REINSTALADO EN EL CARGO NI A LOS HABERES CORRESPONDIENTES, SINO SÓLO A QUE SE DICTE NUEVA RESOLUCIÓN.

Tipo de asunto: RECURSO DE INCONFORMIDAD 220/99. · Registro digital (IUS): 19896
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARTÍN ARMENDÁRIZ CHAPARRO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 1642.

INCONFORMIDAD 220/99. MARTÍN ARMENDÁRIZ CHAPARRO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: RAFAEL COELLO CETINA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente inconformidad, en términos de lo previsto en los artículos 105 de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción IV, del Acuerdo General Plenario 1/1997 de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, pues aun cuando la misma resulta fundada, por el momento, no se está en el caso de aplicar la sanción prevista en la fracción XVI del artículo 107 constitucional.

SEGUNDO. En el escrito de inconformidad se expresa lo siguiente:

"Que en atención al acuerdo por usted dictado en fecha 30 de abril del año en curso, toda vez que en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, por ser el acto reclamado de carácter positivo, para tenerse por debidamente cumplida dicha sentencia, se me debe restituir en pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis planteada, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes. Del resolutivo único de la sentencia de fecha 19 diecinueve de enero de 1998 mil novecientos noventa y ocho, literalmente se señala: ‘ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Martín Armendáriz Chaparro, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta resolución.’. Por su parte, el resultando señalado como primero queda precisado en los siguientes términos: ‘PRIMERO. Por escrito presentado el dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y remitido por razón de turno ese mismo día a este Juzgado Tercero, Martín Armendáriz Chaparro, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se indican: Autoridades responsables. A) Ordenadoras: H. Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación. B) Ejecutoras: C. Director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República. Actos reclamados. De la ordenadora. El acto dictado, consistente en la resolución de la terminación del nombramiento expedido a favor del quejoso, por lo que se reclama específicamente de cada autoridad ordenadora: El haber dictado la resolución de fecha 23 veintitrés de septiembre de 1997, mediante la cual se confirma la resolución de la terminación del nombramiento expedido a favor del amparista. De las ejecutoras. En términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, como autoridad subalterna de la ordenadora: La ejecución y cumplimiento de dicho acto, así como la negativa al ordenadora (sic): La ejecución y cumplimiento de dicho acto, así como la negativa al pago de sueldos, sobresueldos, bonos, emolumentos y demás prestaciones que le corresponden al quejoso por el desarrollo de su actividad. En consecuencia el quejoso solicita la reposición de su nombramiento, quedando, previos los trámites de la ley, sin efecto el acto dictado y ejecutado por las responsables; así como el pago de percepciones, sueldos, sobresueldos, bonos, emolumentos y prestaciones que por concepto de salarios le correspondan desde la fecha en que se dictaron hasta la solución del presente asunto.’. De lo transcrito es obvio que de la ejecutoria de amparo se desprenden claramente los elementos concretos, las autoridades y los actos por lo que se otorgó el amparo y protección del amparo. De lo que resulta evidente que el auto de fecha 30 de abril del año en curso, en relación con el pretendido cumplimiento que hace valer la autoridad responsable, no cumple en sus términos con la ejecutoria de amparo ni con lo dispuesto por el citado artículo 80 de la Ley de Amparo. El artículo 105 de la Ley de Amparo establece la institución del incidente de inconformidad como mecanismo procesal relacionado con el cumplimiento de un fallo constitucional; sin embargo, se requiere para su tramitación que en la propia sentencia haya quedado precisado su efecto concreto y los actos que debe llevar a cabo la responsable para acatarlo, y que del expediente se desprendan los elementos para evaluar si la ejecutoria se encuentra cumplida o no. Por su parte, el artículo 80 de la Ley de Amparo claramente señala que la concesión de la protección federal conlleva efectos restitutorios implícitos, de ahí que deba observarse su alcance pleno para restablecer el goce de las garantías individuales vulneradas. Atendiendo al resultando primero en relación con lo que dispone el resolutivo único de la sentencia de amparo, quedó debidamente precisado que se otorgó la protección federal, por lo que respecta a: ‘La ejecución y cumplimiento de dicho acto, así como la negativa al pago de sueldos, sobresueldos, bonos, emolumentos y demás prestaciones que le corresponden al quejoso por el desarrollo de su actividad. En consecuencia, el quejoso solicita la reposición de su nombramiento, quedando, previos los trámites de ley, sin efecto el acto dictado y ejecutado por las responsables; así como el pago de percepciones, sueldos, sobresueldos, bonos, emolumentos y prestaciones que por concepto de salarios le correspondan desde la fecha en que se dictaron hasta la solución del presente asunto.’. Por lo que es natural que la autoridad responsable tiene el deber de apegarse a lo resuelto en la ejecutoria de amparo, no sólo exteriorizando un nuevo fallo, sino que debe de ejecutarse el mismo en los términos y alcances de la protección federal, para que pueda considerarse correcto su cumplimiento; de esta forma se evitará incurrir en desacato o en la repetición del acto reclamado. Para obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, el artículo (sic), para lo cual el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones concatenadas al resolutivo único, constituye el sustento en que se apoya la presente inconformidad y que se encuentra encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de la resolución, aunado al hecho de que a la fecha, no obstante, al pretendido cumplimiento que hacen valer las responsables, no se ha reinstalado al suscrito en el puesto y categoría que venía desempeñando, así como que no se le han cubierto las prestaciones económicas que le corresponden en términos del artículo 80 de la citada Ley de Amparo. La Suprema Corte ha establecido los alcances de los fallos protectores, así como ha determinado qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de las sentencias de amparo. Lo que tiene su base y sustento en los siguientes criterios: ‘BAJA DE POLICÍA. LA SOLA ORDEN DE DEJAR INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA NO CONSTITUYE UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, en la tesis que aparece publicada bajo el rubro: «INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE <PRINCIPIO DE EJECUCIÓN> QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.», sostuvo que, para estimar que existe un principio de ejecución de sentencia no bastan actos preparatorios, sino la realización de aquellos que trasciendan al núcleo esencial de la obligación exigida para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien tutelado en la ejecutoria de amparo, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarios para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo. Por tanto, si en virtud de los actos reclamados el quejoso fue dado de baja en su empleo de policía preventivo del Distrito Federal y dejó de recibir los haberes y percepciones correspondientes, el cumplimiento de la sentencia que le concedió el amparo respecto de tales actos, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, obliga a las responsables a restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; esto es, a reinstalarlo en su puesto y a pagarle los haberes y percepciones que le correspondan; acto que constituye el núcleo esencial de la obligación; de ahí que si en aparente cumplimiento del fallo protector, la autoridad informa que dejó insubsistente la resolución que decretó la baja del quejoso, sin haber realizado ninguno de los actos que constituyen la esencia de la obligación, debe concluirse que tal acto preliminar no constituye un principio de ejecución de sentencia y que, por ello, el incidente de inejecución debe declararse fundado.’. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, tesis 1a. X/98, página 246. ‘INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE «PRINCIPIO DE EJECUCIÓN» QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Este tribunal decide apartarse del criterio sostenido en la tesis que con el título de: «INCONFORMIDADES PREVISTAS POR EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO E INCIDENTES DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA, REQUIEREN, COMO PRESUPUESTO NECESARIO, LA IMPUTACIÓN DE UNA ACTITUD ABSTENCIONISTA TOTAL POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA ACATAR LA EJECUTORIA DE AMPARO.», está publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho, Primera Parte, página ochocientos veintiocho, pues un nuevo examen de la fracción XVI del artículo 107 constitucional vigente, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus artículos 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, muestra que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en la sentencia, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que era la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo admitiendo la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita; en este sentido, habrá «principio de ejecución» y serán improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, por surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en la ejecutoria de amparo, que es el núcleo de la restitución en la garantía violada, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo.’. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, octubre de 1995, tesis P. LXV/95, página 116. ‘SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO EXIGE DEJAR SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN RECLAMADA Y LOS ACTOS QUE FUERON EFECTO DE ELLA AUN CUANDO SE HAYA SOBRESEIDO RESPECTO DE ÉSTOS. En términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir a la agraviada en pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En esa dejen sin efectos los proveídos que fueren consecuencia de determinada resolución, el cumplimiento de dicha sentencia consiste en dejar insubsistente la resolución impugnada y todos aquellos actos derivados de ella. De ahí que, aun habiéndose sobreseido en el amparo en relación con alguno de esos actos que se apoyan en el que se declaró inconstitucional, la concesión del amparo obliga a invalidarlos, por encontrarse estrechamente vinculados con el que les dio origen; de no ser así, se haría nugatoria a la protección constitucional, pues no obstante haberse destruido el acto principal, subsistirían sus consecuencias.’. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, tesis P. CXIX/95, página 261. ‘SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE. La Suprema Corte, debe vigilar el cumplimiento de sus fallos no sólo por parte, de las autoridades responsables, sino también por parte de cualesquiera otras que intervengan en su ejecución, y cuidar, además de que sus ejecutorias no se cambien en forma alguna, ni sean limitadas en sus efectos, por resoluciones de ninguna especie, ni a pretexto de aplicación de leyes posteriores a la ejecutoria, y cuya virtud no alcanza, legalmente, a cambiar la cosa juzgada.’. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Tribunal Pleno, página 316. Por lo que con apoyo y fundamento en el párrafo tercero del artículo 105 de la Ley de Amparo, no estando conforme el acuerdo de archivo de referencia, es por lo que solicito se envíe el expediente en que se promueve a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la sustanciación correspondiente." (fojas 2 a 6 del expediente de la inconformidad).

TERCERO. Al tenor de los argumentos que a continuación se desarrollan, debe estimarse que los agravios antes transcritos son infundados, inclusive supliendo su deficiencia, atento al criterio jurisprudencial contenido en la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación los siguientes:

"INCONFORMIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE Y EXAMINAR SI SE CUMPLIÓ O NO CON LA SENTENCIA. El cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y, además, según lo dispuesto por el artículo 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando se está en los casos de inconformidad relativa al acatamiento de un fallo constitucional, la Suprema Corte debe resolver allegándose los elementos que estime convenientes, disposición que la autoriza a realizar un pronunciamiento sobre el particular aunque el inconforme haya omitido expresar argumentos al respecto, pues debe suplir la deficiencia y analizar si se cumplió o no con la sentencia." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, julio de 1997, tesis 2a./J. 28/97, página 125).

Para una mejor comprensión del asunto, resulta pertinente relatar sus antecedentes, a saber:

I. El quejoso, Martín Armendáriz Chaparro promovió el juicio de amparo indirecto 745/97, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en contra del Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación y del director general de Recursos Humanos, ambos de la Procuraduría General de la República, a quienes reclamó, respectivamente, la resolución de fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete mediante la cual se confirmó la terminación del nombramiento del quejoso como agente de la Policía Judicial Federal, y su ejecución, consistente en la negativa del pago de sueldos, sobresueldos, bonos, emolumentos y demás prestaciones que corresponden al quejoso con motivo del desempeño de su actividad.

En la demanda señaló como hechos relacionados con el acto reclamado:

a) Antes de la emisión del acto reclamado se desempañaba como agente de la Policía Judicial Federal, con la categoría de primer subcomandante, antigüedad aproximada de nueve años, y última adscripción en la Dirección Operativa de la Policía Judicial Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal.

b) El seis de septiembre de mil novecientos noventa y seis fue notificado del oficio número OMA01322 signado por el oficial mayor de la Procuraduría General de la República, en el cual se decretó la terminación de su nombramiento.

c) En contra de la anterior determinación interpuso recurso de revocación ante el Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación; el cual culminó con la resolución de fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete, que confirmó la terminación de su nombramiento.

II. Ante la referida demanda de garantías, sustanciado el procedimiento, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en la sentencia constitucional de treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, pronunciada en el juicio de amparo indirecto número 745/97, estimó que la resolución reclamada que confirmó la terminación del nombramiento del quejoso es violatoria del artículo 14 constitucional, porque se aplicó retroactivamente en su perjuicio el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que establece para ingresar y permanecer como agente de la Policía Judicial Federal diversos requisitos a los que en su momento satisfizo el quejoso cuando ingresó a esa corporación conforme al precepto vigente en octubre de mil novecientos ochenta y ocho, fecha en que causó alta. En consecuencia, el a quo sostuvo que el quejoso generó derechos tutelados por el artículo 14 constitucional y, por tanto, que no puede aplicarse en su perjuicio el texto actual del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de mayo de mil novecientos noventa y seis. La autoridad responsable interpuso recurso de revisión en contra de tal determinación, del que correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que confirmó la sentencia recurrida por estimar inoperantes los agravios respectivos.

III. Después de haber requerido a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria y de que éstas informaron lo conducente, el Juez de Distrito del conocimiento tuvo por cumplida la sentencia constitucional, mediante proveído de fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, al considerar, medularmente, que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución reclamada y que emitió otra conforme a la ejecutoria de amparo; asimismo, que las cuestiones relacionadas con la reinstalación del quejoso y el pago de sus haberes no son propias de los efectos de la concesión del amparo.

Bajo los anteriores razonamientos, el a quo tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo.

Argumenta el quejoso en sus agravios, esencialmente, que no está conforme con la determinación emitida por el a quo en el proveído de fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, en el sentido de tener por cumplida la ejecutoria de amparo, porque no se ha dado cumplimiento al artículo 80 de la ley de la materia, en virtud de que no ha sido reinstalado en su puesto, ni tampoco se le han pagado las prestaciones económicas que le corresponden.

Para arribar a la conclusión de que los anteriores argumentos son infundados, resulta necesario precisar cuáles son los efectos del fallo constitucional en comento, lo cual constituye una potestad cuyo ejercicio corresponde a este Alto Tribunal, como deriva de la tesis jurisprudencial que lleva por rubro, texto y datos de identificación los siguientes:

"SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que ‘Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.’; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los Tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." (Novena Época., Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, julio de 1998, tesis 2a./J. 47/98, página 146).

Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, su efecto será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.

Bajo tales premisas, es necesario precisar cuál era la situación en que se hallaba el quejoso antes de la emisión de los actos reclamados, así como las consecuencias que éstos produjeron.

Como se advierte de los antecedentes que informan el acto reclamado, mediante la resolución dictada el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete, por el Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, se confirmó la baja que respecto del quejoso, Martín Armendáriz Chaparro, emitió el catorce de agosto de mil novecientos noventa y seis el oficial mayor de la propia procuraduría.

En tal virtud, en principio, puede señalarse que antes de la emisión del acto reclamado, cuya inconstitucionalidad se determinó en el fallo protector, jurídica y materialmente el quejoso ya había sido dado de baja del cargo de agente de la Policía Judicial Federal, con la categoría de primer subcomandante, con adscripción a la Dirección Operativa de la Policía Judicial Federal en el Distrito Federal, y había perdido el derecho a obtener los haberes correspondientes, pues el referido cese derivó de la determinación adoptada previamente por el oficial mayor de la Procuraduría General de la República y no del acto reclamado al referido consejo de profesionalización, el cual, al conocer del recurso administrativo interpuesto en contra de aquélla por el mencionado agente, se limitó a confirmar tal decisión.

Es decir, antes del dictado de la resolución del recurso interpuesto en sede administrativa el quejoso no se encontraba en el cargo público respectivo ni, por ende, recibía salario o haber alguno; de ahí que si la referida resolución no dio lugar a que aquél perdiera el cargo o dejara de disfrutar la retribución correspondiente, en virtud de que el acto administrativo impugnado en sede administrativa ya se había materializado en su perjuicio, pues sus efectos no fueron materia de suspensión en tanto se resolvía la instancia administrativa, debe estimarse que para el cabal cumplimiento de la sentencia de amparo que declaró inconstitucional la determinación recaída al recurso en comento, y restablecer las cosas al estado que se encontraban antes de la violación suscitada en la referida resolución, en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, basta que se emita una nueva resolución en la que, sin incurrir en el vicio advertido, se resuelva lo conducente, ya que si el peticionario de garantías no se vio privado de su cargo o de los respectivos haberes como consecuencia directa del acto declarado inconstitucional, la recuperación de tales prerrogativas no constituye materia del cumplimiento del fallo protector.

En abono a lo anterior, debe tomarse en cuenta que si en una sentencia de amparo se determina la inconstitucionalidad de una resolución que recae a un recurso interpuesto en sede administrativa, los efectos de ese fallo protector se traducen en que la autoridad responsable de ese acto, o las que sin haber sido llamadas como tales al juicio de garantías tengan en su esfera competencial las atribuciones necesarias, realice los actos tendientes a desaparecer del mundo jurídico el acto cuya inconstitucionalidad se determinó, así como las consecuencias jurídicas derivadas del mismo; por ende, si los efectos del acto administrativo que se impugnó mediante el mencionado recurso ordinario se concretaron antes de que se resolviera éste, por no obtenerse la suspensión de los mismos, las citadas autoridades estarán vinculadas en virtud del referido fallo constitucional únicamente a resolver nuevamente el recurso interpuesto, omitiendo reiterar el vicio advertido, sin que sea materia del cumplimiento restituir al quejoso en el goce de las prerrogativas que salieron de su esfera jurídica o se menoscabaron como consecuencia de la ejecución del acto administrativo originalmente impugnado, ya que la afectación a esas prerrogativas no es consecuencia de la resolución declarada inconstitucional, sino del diverso acto de autoridad que se sujetó a revisión en sede administrativa.

En ese orden de ideas, en el presente caso, para restituir al quejoso en el goce de su garantía individual violada, resulta necesario que se revoque la resolución impugnada, se emita una nueva en la que, sin reiterar el vicio advertido, se resuelva el recurso interpuesto por el quejoso, sin que, para restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación acontecida en el acto reclamado, sea necesario restituir al quejoso en el goce de prerrogativas que no le fueron afectadas con la emisión de éste, como es el caso del cargo de agente de la Policía Judicial Federal y de los salarios correspondientes.

Además, en relación con la tesis de jurisprudencia citada por el quejoso, cabe señalar que la misma resulta aplicable cuando el acto cuya inconstitucionalidad se declara en el juicio de garantías es aquel en virtud del cual el quejoso fue dado de baja como agente de alguna institución policial, hipótesis en la que antes de la emisión del acto aquél sí gozaba del cargo correspondiente y de los salarios respectivos, y su pérdida deriva precisamente de la determinación declarada inconstitucional, situación que es radicalmente diferente a la que en este caso se presenta, en el cual la afectación a tales prerrogativas no es una consecuencia directa de la resolución cuya inconstitucionalidad se determinó. Incluso, de la lectura del texto de la tesis jurisprudencial en que sostiene sus pretensiones la quejosa se advierte que la misma es aplicable únicamente cuando "en virtud de los actos reclamados el quejoso fue dado de baja en su empleo de policía". La tesis en comento lleva por rubro, texto y datos de identificación los siguientes:

"POLICÍA. LA ORDEN DE DEJAR INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN QUE DECRETÓ LA BAJA NO CONSTITUYE UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, en la tesis que aparece publicada bajo el rubro: ‘INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE «PRINCIPIO DE EJECUCIÓN» QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.’, sostuvo que, para estimar que existe un principio de ejecución de sentencia no bastan actos preparatorios, sino la realización de aquellos que trasciendan al núcleo esencial de la obligación exigida para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien tutelado en la ejecutoria de amparo, el tipo de actos u omisiones

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19896-9133704e/sentencia-de-amparo-cuando-se-otorga-la-proteccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.