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Modo: Corpus Pro

TERCEROS PERJUDICADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. ES LEGAL LA NOTIFICACIÓN QUE SE LES PRACTIQUE POR CONDUCTO DEL REPRESENTANTE COMÚN DESIGNADO EN EL JUICIO NATURAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19136
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, , Pág. 954.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es necesario tener presentes los antecedentes de los asuntos en los que se emitieron los criterios que se denuncian como opositores, así como las consideraciones en que éstos se sustentan:

Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión administrativo número 184/2005, en sesión del día primero de junio de dos mil cinco, en la parte que interesa, son del tenor siguiente:

"CUARTO. Con la finalidad de lograr una mejor comprensión de las cuestiones que habrán de abordarse en la presente ejecutoria, se estima necesario tener presente los siguientes antecedentes del caso justificable (sic). El quince de julio de dos mil cuatro, ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, Manuel Noé Sánchez Tinajero y Ma. Amelia Tinajero Cruz, el primero en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Manuel Noé Sánchez Cano, y la segunda en ejercicio de la patria potestad del menor Samuel Sánchez Tinajero, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamaron del Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Quinto Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y que hicieron consistir en el auto de veintiuno de junio de dos mil cuatro, dictado por la autoridad responsable dentro del juicio agrario 113/2004, promovido en contra de los quejosos por la restitución de un predio rústico; proveído a través del cual el tribunal responsable ordenó que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, hasta que se resuelva en definitiva el juicio agrario, apercibiendo a los demandados de imponer multa por la cantidad de mil pesos, para el caso de que por sí o por interpósita persona continúen molestando a los actores en la posesión del predio en conflicto. Para tal efecto, los quejosos manifestaron que tienen el carácter de terceros perjudicados las personas que figuran como actores en el contradictorio de origen, cuyos nombres asentaron en su demanda de garantías, y refirieron que dichos terceros perjudicados pueden ser emplazados al juicio de garantías por conducto de su representante común Luis Vidales Pacheco, quienes señalaron como domicilio el ubicado en calle Colón número 408, colonia Francisco I. Madero en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Por auto de diecinueve de julio de dos mil cuatro, se admitió a trámite la aludida demanda de amparo, y se ordenó emplazar a juicio a los terceros perjudicados, por conducto de su representante común Luis Vidales Pacheco, en el domicilio que para tal efecto proporcionó la parte quejosa. Emplazamiento que así se realizó, conforme a las constancias actuariales que obran a fojas catorce y quince de autos. Sin embargo, por auto de primero de septiembre de dos mil cuatro (f. 222), la Juez de Distrito ordenó regularizar el procedimiento, por considerar que el emplazamiento a los terceros perjudicados se había efectuado por conducto de Luis Vidales Pacheco, en su carácter de representante común, sin que -a juicio de la a quo- existiera constancia que evidenciara esa representación; por tanto, ordenó requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación, hiciera del conocimiento el domicilio de los terceros perjudicados a fin de que fueran emplazados al juicio de amparo. El siete del mes y año en mención, los quejosos desahogaron el requerimiento, y manifestaron ante la Juez de Distrito que el domicilio de los terceros perjudicados era el ubicado en calle Colón número 408, colonia Francisco I. Madero en Ciudad Valles, San Luis Potosí (que es el mismo que señalaron en su demanda inicial), por ser el que habían señalado para recibir notificaciones en el juicio de origen. Así pues, el ocho del mismo mes y año, la Juez de Distrito tuvo a los actores dando cumplimiento al requerimiento y en ese sentido, ordenó que se emplazara a juicio a los terceros perjudicados en el domicilio proporcionado por los quejosos. Diligencia que se practicó conforme a las constancias actuariales que obran a fojas 231 a 324 (sic) de autos. Empero, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil cuatro, la Juez de Distrito consideró que la dirección en la cual se había emplazado a los terceros perjudicados no era su domicilio particular; por ello, mandó requerir a los quejosos para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído, indicaran el domicilio particular de todos y cada uno de los terceros perjudicados, a fin de emplazarlos al juicio constitucional, apercibidos legalmente para el caso que de no dar cumplimiento, se ordenaría su emplazamiento por edictos a costa de la parte quejosa, después de agotada la investigación de su domicilio. Bajo ese contexto, el seis de enero de dos mil cinco (f. 41, tomo II), la Juez de Distrito dictó auto y tomando en consideración que hasta esa fecha no había sido posible emplazar a los diversos terceros perjudicados Cirilo Osorio Solís, José Antonio Sánchez Vargas, Felipe Solís Osorio, Dámaso de León Guerra, Hugo Lino Rodríguez Ramírez, Plácido Hernández Sandoval, Teófila Salvador Marcelino, Bernardo Chávez García, Guadalupe Lizbeth Reyes Loredo y Ma. Luisa Villena López, ordenó que los mismos fueran emplazados mediante publicación de edictos; conminando a la parte quejosa para que compareciera a recoger los edictos y, en su oportunidad, acreditar el trámite realizado para su publicación, apercibida que de no proceder así, se decretaría el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de los artículos 73, fracción XVIII, 30, fracción II y 5o., fracción III, todos de la Ley de Amparo. Así pues, por auto de tres de marzo de dos mil cinco, la a quo hizo efectivo el apercibimiento de referencia, en virtud de que la parte quejosa no exhibió las constancias respectivas, relacionadas con la publicación de los edictos en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación a nivel nacional, y en ese sentido, decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, fuera de audiencia. QUINTO. Los quejosos, aquí recurrentes, en su escrito de expresión de agravios aducen que en su demanda de amparo señalaron como terceros perjudicados a las personas que tienen el carácter de actores del juicio agrario génesis del acto reclamado, que se promueve en contra de los impetrantes de garantías, y para tal efecto señalaron que esos terceros perjudicados podrían ser emplazados al juicio de garantías a través de su representante común Luis Vidales Pacheco, en el domicilio que para oír notificaciones habían señalado en el juicio de origen, es decir, en el ubicado en calle Colón número 408, colonia Francisco I. Madero, en Ciudad Valles, San Luis Potosí; pero que la Juez Quinto de Distrito en el Estado, no ordenó el emplazamiento de dichos terceros perjudicados en ese domicilio. Dicho motivo de agravio resulta fundado una vez suplido en su deficiencia, pues en el caso concreto se está en el supuesto normativo previsto por la fracción V del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en virtud de que uno de los quejosos lo es el menor de edad Samuel Sánchez Tinajero, quien acude al juicio de garantías a través de su madre Ma. Amelia Tinajero Cruz; lo que es dable advertir de la copia certificada de la partida del Registro Civil que obra a fojas ocho, que hace prueba plena en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Amén de que el artículo 91, fracción VI, de la ley de la materia, señala que los Tribunales Colegiados, al conocer del recurso de revisión, tratándose de amparos en los que los recurrentes sean menores de edad, examinarán sus agravios y podrán suplirlos en su deficiencia. En principio, cabe señalar que a juicio de este Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, contra el auto que ordena emplazar a juicio al tercero perjudicado por edictos, dictado con base en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, no procede el recurso de queja, porque si bien se trata de un proveído dictado durante la tramitación del juicio de amparo que no admite expresamente el recurso de revisión, por sí mismo no causa un daño o perjuicio irreparable, como lo exige la fracción VI del artículo 95 de la misma ley, en la medida en que ese perjuicio dependerá de si el quejoso está en posibilidad de recoger los edictos, pagar su publicación y exhibirlos dentro del plazo que se le conceda; de tal suerte, es incuestionable que el perjuicio final sólo se producirá si el Juez de Distrito sobresee en el juicio de garantías, por estimar que el quejoso incumplió con la prevención que se le señaló. Bajo esa línea de pensamiento, en el recurso de revisión que se promueva contra el auto o sentencia que sobresee en el juicio de amparo por ese motivo, es factible analizar la legalidad de la determinación que ordenó el emplazamiento del tercero perjudicado a través de publicación de edictos a costa del quejoso; lo anterior, conforme a los motivos de disenso que sobre el particular formule el agraviado o aquellos que en suplencia de la queja advierta el tribunal revisor, en los casos señalados en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo. Al narrar los antecedentes del caso a estudio, se estableció que el aquí recurrente en su demanda de amparo señaló como terceros perjudicados a las personas que son su contraparte en el juicio génesis del acto reclamado, es decir, a los actores del juicio agrario de origen, por estar en el supuesto que prevé el artículo 5o., fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo; y señaló que dichos terceros perjudicados podrían ser emplazados al juicio de garantías a través de su representante común, en el domicilio que para oír notificaciones tienen señalado ante la autoridad responsable. También quedó asentado que en dos ocasiones el actuario adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, emplazó a juicio a dichos terceros perjudicados, en el domicilio proporcionado por el quejoso, esto es, en aquel que refirió tienen señalado los actores del juicio de origen para recibir notificaciones ante la autoridad responsable. Sin embargo, a pesar de haberse practicado dicho emplazamiento en los términos apuntados, con posterioridad la a quo estimó que no era dable emplazar a los terceros perjudicados por conducto del representante común designado en el juicio de origen, bajo el argumento de que no había constancia que pusiera de manifiesto que efectivamente Luis Vidales Pacheco fuera el representante común de los actores del juicio natural, además de que el domicilio en el cual fueron emplazados (calle Colón número 408, colonia Francisco I. Madero en Ciudad Valles, San Luis Potosí), no era el domicilio particular de todos y cada uno de los terceros perjudicados. Tales determinaciones son erróneas, pues contrario a lo estimado por la a quo, de las constancias que remitió la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Quinto Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, en unión a su informe justificado, se desprende que efectivamente Luis Vidales Pacheco tiene el carácter de representante común de los actores de la controversia agraria génesis del acto reclamado, pues al respecto obran diversas constancias que reflejan ese carácter, tales como la constancia de notificación que obra a fojas 160 y la resolución que obra a fojas 167 a 173, de las cuales se desprende que el tribunal responsable reconoce a Luis Vidales Pacheco precisamente como representante común de los actores; amén de que en el oficio a través del cual la autoridad responsable rindió su informe justificado, señala: ‘Nombre y domicilio del tercero perjudicado. Luis Vidales Pacheco, representante común con domicilio en la calle de Colón número 408, de la Colonia Francisco I. Madero, de esta ciudad’. Es decir, en oposición a lo señalado por la a quo, en el juicio de amparo sí existen constancias que permiten concluir que Luis Vidales Pacheco es el representante común de los terceros perjudicados ante la autoridad responsable. Ahora bien, el representante común, conforme a la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país, se asemeja a un mandatario, con autorización para litigar en representación de los demás, sean actores o demandados, como si se tratara de su propio derecho, lo que lo faculta para llevar esa representación fuera del juicio en que fue designado, con el fin de defender los derechos en litigio en el propio juicio. De tal manera que si el representante común en el juicio natural, puede promover el juicio de amparo como parte de la defensa de los derechos que le es encomendada, por igualdad de razones debe estimarse que dicho representante común puede defender esos derechos litigiosos en el juicio de amparo en el que él y sus representados tengan el carácter de terceros perjudicados, ya que si bien es cierto que la representación común es una figura jurídica instituida dentro del procedimiento por economía procesal, es inexacto que tan sólo se haya establecido para actuar dentro del juicio, pues si para defender los derechos de sus representados y los suyos propios, requiere el representante común acudir ante un tribunal diverso, la personalidad que le fue otorgada le da la facultad de hacerlo. Por tales razones, es incuestionable que si la contraparte del representante común en el juicio natural, promueve juicio de amparo indirecto contra un acto dictado dentro de ese juicio de origen, jurídicamente es permitido que el emplazamiento de los terceros perjudicados al juicio de garantías, se practique por conducto de su representante común, pues como ya se dijo esa figura procesal se asemeja en gran medida a un mandatario, y en ese sentido, el emplazamiento al juicio de amparo no necesariamente debe practicarse en forma directa con el tercero perjudicado, sino que también puede realizarse a través del representante común señalado en el juicio de origen, pues éste, conforme al artículo 13 de la Ley de Amparo, está autorizado para ocurrir con la representación que ostenta al juicio de amparo, en defensa de los intereses de sus representados, ya que cuando se tiene reconocida la personalidad ante la autoridad responsable, la misma será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales. Es aplicable a la anterior determinación por analogía y por las cuestiones que informa, la jurisprudencia 11/88 sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, que aparece publicada en la página 271, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis y texto son los siguientes: ‘REPRESENTANTE COMÚN DESIGNADO EN EL JUICIO NATURAL. PUEDE PROMOVER JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE SUS REPRESENTADOS EL.’ (se transcribe). De igual manera, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia J/1 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, que este órgano colegiado comparte, y que aparece publicada en la página 662, Tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que si bien trata sobre el emplazamiento del tercero perjudicado al juicio de amparo directo por conducto del apoderado legal, lo cierto es que idéntica razón prevalece cuando ese emplazamiento al tercero perjudicado en un amparo indirecto se efectúa no a través del apoderado legal, sino mediante el representante común del juicio de origen, pues ya se ha dicho que este último goza de atribuciones análogas a las conferidas a un mandatario. Dicha jurisprudencia señala: ‘JUICIO DE AMPARO DIRECTO LABORAL. EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR CONDUCTO DE SU APODERADO, ES LEGAL.’ (se transcribe). No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, la tesis aislada sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que aparece publicada en la página 185, tomo 175-180, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, bajo el rubro y texto siguiente: ‘REPRESENTANTE COMÚN. EL EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE GARANTÍAS NO DEBE HACERSE SÓLO A ÉL SINO A TODOS LOS COLITIGANTES.’ (se transcribe). Sin embargo, este órgano colegiado no comparte ese criterio, pues como ya se expresó en líneas que anteceden, las facultades y representación conferidas al representante común no se encuentran limitadas o se circunscriben al juicio natural, sino que pueden extenderse ante otras instancias con tal que se pretenda la defensa de los derechos litigiosos, y en ese sentido, en contraposición a la tesis en comento, este Tribunal Colegiado considera que sí es válido el emplazamiento de los terceros perjudicados a través de su representante común. En consecuencia, al no compartir la tesis de referencia, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, debe denunciarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de tesis. Por otra parte, si en el caso concreto el acto reclamado se hace consistir en un proveído dictado dentro del juicio de origen que aún no concluye, y que en ese contradictorio la parte actora, ahora tercero perjudicada, señaló un determinado domicilio para recibir notificaciones con motivo de ese juicio. Entonces, si en la demanda de amparo el quejoso señala como domicilio de los terceros perjudicados, el que éstos indicaron ante la autoridad responsable para oír y recibir notificaciones, ello es suficiente para tener por satisfecho el requisito a que se refiere la fracción II del artículo 116 de la Ley de Amparo, pues independientemente de que se trate de un domicilio convencional, es factible que en ese lugar los terceros perjudicados puedan ser emplazados para ocurrir al juicio de garantías, sin que necesariamente ese emplazamiento deba efectuarse en el domicilio particular de cada uno de dichos terceros perjudicados; en virtud de que la finalidad que se persigue es que los terceros perjudicados tengan conocimiento de la existencia del juicio de amparo. En ese sentido, es factible que el emplazamiento se realice en el domicilio convencional que en el juicio de origen señalaron para oír y recibir notificaciones, si dicho contradictorio aún no concluye y, por ende, aún no han cesado los efectos de esa designación, de tal manera que en ese lugar pueden ser informados del estado de la controversia. Es aplicable a la anterior conclusión, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 500, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que enseguida se reproduce: ‘TERCERO PERJUDICADO. EL DOMICILIO QUE SEÑALÓ PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES SUFICIENTE PARA TENERLO COMO TAL EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). Al igual que la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página 868, Tomo XII, diciembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el rubro y texto siguiente: ‘EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO PERJUDICADO, ES LEGAL EL PRACTICADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL JUICIO NATURAL.’ (se transcribe). Bajo ese contexto, si en el caso concreto el quejoso señaló que los terceros perjudicados, esto es, las personas que son su contraparte en el juicio de origen, pueden ser emplazados por conducto de su representante común Luis Vidales Pacheco, y en autos obran constancias que ponen de manifiesto que efectivamente esa persona tiene ese carácter ante la autoridad responsable; además de haber indicado como domicilio de los terceros perjudicados el que éstos señalaron ante la autoridad responsable para oír y recibir notificaciones, el cual coincide con el referido por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, no había razón jurídica para que la a quo requiriera al quejoso por el señalamiento del domicilio particular de todos y cada uno de esos terceros perjudicados, menos aún que ante el desconocimiento del domicilio particular de algunos de esos terceros perjudicados, haya ordenado el emplazamiento de esas personas mediante publicación de edictos a costa de los impetrantes de garantías. Razón por la cual, finalmente es ilegal el sobreseimiento decretado fuera de audiencia por parte de la a quo, por el hecho de que el quejoso no haya exhibido al juicio de garantías, la publicación de esos edictos en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional; pues como ya se expuso, no había razón jurídica para que la Juez de Distrito ordenara el emplazamiento de los terceros perjudicados en términos de la última parte de la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, es decir, mediante publicación de edictos, si como ya se expuso en párrafos que anteceden, dichos terceros perjudicados ya habían sido emplazados al juicio de garantías, a través del representante común que tienen designado en el juicio de origen y precisamente en el domicilio que en ese contradictorio señalaron para oír y recibir notificaciones. ..."

QUINTO. Por su parte el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, al resolver por unanimidad de votos en sesión del día ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, el amparo en revisión número 43/83, se apoyó en las siguientes consideraciones:

"ÚNICO. Resulta innecesario transcribir las consideraciones en que se basa el fallo recurrido, así como los agravios hechos valer por la parte recurrente. En efecto, este tribunal advierte que, en el caso, no ha sido legalmente emplazada en el juicio de garantías a que esta revisión se refiere, número 1552/982, una de las partes que tiene derecho a intervenir. De las constancias de autos aparece que Juan Nepomuceno Ubaldo Gómez Velasco, no ha tenido intervención alguna en el juicio, en su carácter de tercero perjudicado, de conformidad con el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en virtud de que la constancia de emplazamiento respectiva que envió el Juez responsable revela que dicha diligencia se entendió con Álvaro Gabino Gómez Velasco, pues textualmente dice: ... Así las cosas, toda vez que la finalidad que persigue la ley, en lo que a determinadas notificaciones se refiere, es la de que se practique, con la persona a quien va dirigida la notificación, sobre todo cuando se trata del llamamiento a juicio, ya que así se desprende del texto del artículo 30 de la Ley de Amparo; pues se infiere que de esa manera la persona notificada al que se le llama, está en posibilidad de hacer valer en el mismo todos los derechos que la ley le concede en su carácter de parte, por lo que, si en el caso, en la diligencia respectiva se asentó que no se entendió la misma personalmente con el interesado, sino con otra persona diversa, no puede jurídicamente sostenerse la legalidad del emplazamiento, aun cuando la persona con quien se entendió la diligencia resulte ser representante común en el juicio de donde emanan los actos reclamados, pues sabido es que la representación común constituye una figura jurídica instituida por razones de economía procesal que tiende en forma destacada a evitar en el procedimiento correspondiente, la confusión que surgiría si cada una de las partes que ejercitan la misma acción u oponen igual excepción pudieran obrar independientemente unas de otras, haciendo promociones de índole diversa o contradictoria, con las que podrían surgir en ese procedimiento conflictos de difícil o imposible reparación; en esas condiciones, lógico resulta concluir que la representación de que se habla únicamente opera dentro de los límites del referido procedimiento, pues de admitirse lo contrario, se traduciría en una indebida limitación restrictiva de los derechos de los particulares. Debe por tanto, sin necesidad del estudio de los agravios hechos valer por la parte recurrente, revocarse la sentencia recurrida, para que el Juez de Distrito reponga el procedimiento, desde el emplazamiento pendiente, a fin de que, una vez realizado el mismo, con apego a la ley, y seguidos todos los demás trámites del amparo, en su oportunidad se pronuncie la sentencia de fondo que en derecho proceda."

La consideración que antecede, dio origen a la siguiente tesis:

"Séptima Época

"Instancia: Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volúmenes: 175-180, Sexta Parte

"Página: 185

"REPRESENTANTE COMÚN. EL EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE GARANTÍAS NO DEBE HACERSE SÓLO A ÉL SINO A TODOS LOS COLITIGANTES. No puede jurídicamente sostenerse la legalidad del emplazamiento a los terceros perjudicados en el juicio de garantías, aun cuando la persona con quien se entendió la diligencia resulte ser representante común en el juicio de donde emanan los actos reclamados, pues sabido es que la representación común constituye una figura jurídica instituida por razones de economía procesal que tiende en forma destacada a evitar, en el procedimiento correspondiente, la confusión que surgiría si cada una de las partes que ejercitan la misma acción u oponen igual excepción, pudieran obrar independientemente unas de otras, haciendo promociones de índole diversa o contradictoria, con lo que podría surgir en el procedimiento conflictos de difícil o imposible reparación; en esas condiciones, lógico resulta concluir que la representación de que se habla únicamente opera dentro de los límites del referido procedimiento, pues de admitirse lo contrario, se traduciría en una indebida limitación de los derechos de los particulares."

SEXTO. Con el propósito de dilucidar si existe la contradicción de tesis denunciada, se toma en consideración, en primer lugar, lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito.

Los referidos preceptos se refieren específicamente a aquellos casos en que existe contradicción o discrepancia entre tesis o criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito porque la finalidad de dichos preceptos constitucional y legal, es unificar criterios ante los órganos de impartición de justicia en la interpretación de un determinado precepto, institución o problema jurídico.

Ello, porque la resolución que se dicte, por mandato constitucional, sólo tiene el efecto de fijar la jurisprudencia y no afecta ni puede afectar válidamente las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios correspondientes.

Así, cuando se utiliza el término "tesis", debe entenderse que el legislador se refiere a la posición que asume el juzgador en la solución del negocio jurídico que se le ha planteado, y que se manifiesta en una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias. Por otro lado, lo que las normas enunciadas están regulando es la contradicción o divergencia sobre una misma cuestión jurídica, como forma o sistema de integración de jurisprudencia.

Sentado lo anterior y, a efecto de estar en posibilidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el criterio que deba prevalecer, procede analizar las ejecutorias y tesis a las que ya se hizo mención.

Del examen de las consideraciones sustentadas por cada uno de los Tribunales Colegiados involucrados, se advierte que existe la contradicción de tesis que se ha denunciado.

El Pleno de este Alto Tribunal, ha sostenido que para que se configure una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es menester que se actualicen los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior, se deriva de la naturaleza y características propias de los conflictos de contradicción, así como de la jurisprudencia del Tribunal Pleno número P./J. 26/2001, publicada en la página 76 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, con el rubro y texto del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19136-44c0b508/terceros-perjudicados-en-el-juicio-de-amparo-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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