Corpus
Modo: Corpus Pro

REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO TIENE FACULTADES PARA DECRETAR SU DESECHAMIENTO.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 26/2005. · Registro digital (IUS): 19182
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CONTRALORA INTERNA EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, , Pág. 2475.

RECLAMACIÓN 26/2005. CONTRALORA INTERNA EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Son ineficaces los agravios hechos valer por la autoridad recurrente.

Primeramente, la recurrente argumenta que el Magistrado presidente de este Tribunal Colegiado no se encontraba en aptitud de decidir la procedencia del recurso, en virtud de que ésta únicamente puede ser analizada por el cuerpo colegiado; al respecto, debe decirse que es facultad del presidente de este Tribunal Colegiado, calificar la procedencia del recurso de revisión fiscal en atención a las siguientes consideraciones:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el recurso de revisión fiscal debe tramitarse conforme a las reglas de la Ley de Amparo relativas al recurso de revisión de amparo indirecto.

Al respecto, la Ley de Amparo en su artículo 90, párrafo primero, establece:

"Artículo 90. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, calificará la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo.

"Admitida la revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de las Salas de la misma, y hecha la notificación relativa al Ministerio Público, se observará lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 185 a 191."

Del precepto en cita, se desprende que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o el del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, calificará la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo, lo que hace patente las facultades del presidente de dichos órganos para desechar algún recurso.

Aunado a lo anterior, cabe precisar que en el artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone:

"Artículo 41. Son atribuciones de los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito: ... III. Dictar los trámites que procedan en los asuntos de la competencia del tribunal hasta ponerlos en estado de resolución. En caso de que estime dudoso o trascendente algún trámite, dispondrá que el secretario respectivo dé cuenta al tribunal para que éste decida lo que estime procedente."

Del precepto transcrito, se advierte que el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, tiene atribuciones para dictar los trámites necesarios que procedan en los asuntos de la competencia del tribunal hasta ponerlos en estado de resolución y en caso de que estime dudoso o trascendente algún trámite, dispondrá que se dé cuenta al tribunal para que este último determine el trámite que deba corresponder.

Por tal motivo, el presidente de este tribunal sí tiene facultades para desechar el recurso de revisión fiscal interpuesto por la hoy recurrente, ya que en las atribuciones previstas en la ley orgánica no lo restringe a ello, en atención a que la palabra "tramitar" a que refiere el citado artículo 41, debe entenderse como efectuar los trámites necesarios a fin de poner el asunto en estado de resolución y tomando en consideración que previamente a la resolución de un asunto, deben analizarse los requisitos de procedibilidad, el desechamiento que en su caso se determine, corresponde al propio trámite del asunto.

En ese tenor, en el presente asunto, la actuación del Magistrado presidente se encuentra ajustada a derecho, en atención a que en el trámite del recurso de revisión administrativo interpuesto por la recurrente, calificó que éste no reunía los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 88, incisos C) y E), de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Amparo y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determinó su desechamiento.

Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que la rigen, la tesis 1a. XLVIII/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos cuarenta y uno, del Tomo VIII, de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicada por analogía que a la letra indica:

"INCONFORMIDAD, DESECHAMIENTO DEL RECURSO, COMPETENCIA DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA DECRETARLO.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene atribuciones para dictar las medidas que estime conducentes, a fin de que la administración de justicia sea expedita, de conformidad con el artículo 17 constitucional; por esta razón el artículo 14, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, estableció que el presidente dé trámite a los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución, y en caso de que estime dudoso o trascendente algún trámite, designará a un Ministro ponente para que someta un proyecto de resolución a la consideración de la Suprema Corte de Justicia, a fin de que esta última determine el trámite que deba corresponder. Por tal motivo, el presidente de este Alto Tribunal sí tiene facultades para desechar la inconformidad presentada por el quejoso, ya que la ley orgánica no lo restringe a ello, pues la palabra tramitar significa efectuar los trámites necesarios para resolver un asunto, y desechar un asunto es darle el trámite que corresponda. La Ley de Amparo en su artículo 90 establece que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, calificará la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo, lo que hace patente sus facultades para desechar un recurso."

Por otra parte, en el agravio en el que refiere que el proveído recurrido carece de fundamentación y motivación ya que no se emite razonamiento lógico jurídico que soporte dicho acuerdo, ni se señala el precepto o preceptos legales que faculten al presidente de este Tribunal Colegiado para pronunciarse como lo hizo.

Dicho argumento deviene en ineficaz, porque de la lectura que se realiza al auto impugnado, contrario a lo señalado por la recurrente, se advierte que sí se encuentra fundado y motivado, ya que para llegar a la determinación de declarar improcedente el recurso de revisión en cuestión, se estableció que no se actualizan las hipótesis de procedencia previstas en los incisos C) y E) del artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, argumentando al respecto que para establecer si se cometieron o no violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento, o por violaciones procesales cometidas durante el juicio que hubieran afectado las defensas del recurrente y trascendiera al sentido del fallo, o por violaciones cometidas en la sentencia, es necesario entrar al estudio del fondo del asunto, lo cual no puede ser materia del análisis previo que se realiza para determinar la procedencia del recurso de revisión; razonamientos que constituyen la motivación del proveído recurrido, y contra los cuales la recurrente no formula argumentos lógico jurídicos encaminados a demostrar que son incorrectos.

Es decir, la recurrente refiere que el auto recurrido carece de motivación, sin embargo, como ya se dijo, dicho auto sí está motivado, y en contra de dicha motivación no se formulan agravios para demostrar la ilegalidad de dicha motivación.

En cuanto a la falta de fundamentación que alega la recurrente, cabe decir que no le asiste la razón, dado que el fundamento en el que se apoya el proveído impugnado, es el propio artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pues la determinación de desechar el recurso de revisión deriva del hecho de que no se actualizaron las hipótesis de procedencia establecidas en ese precepto, y además, se citan también los artículos 90 de la Ley de Amparo y 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como los preceptos en los que se contiene la facultad del presidente de este órgano jurisdiccional para resolver como lo hizo.

Por otra parte, la recurrente realiza una serie de manifestaciones encaminadas a demostrar que la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, resulta ser incongruente y violatoria de los artículos 80, fracciones I, II y IV y 82 de la ley de dicho tribunal; las cuales, en virtud de su finalidad, son inoperantes, puesto que el proveído que aquí se analiza, es el emitido por el presidente de este Tribunal Colegiado mediante el cual desechó el recurso de revisión y no la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal; de ahí la inoperancia de las manifestaciones de la recurrente que se analizan.

Por otro lado, la reclamante formula argumentaciones encaminadas a demostrar que se debieron analizar en el proveído recurrido todas las hipótesis de procedencia del recurso de revisión que se establecen en el artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal; sin embargo, con independencia de que sea o no una obligación realizar de oficio el análisis de todas y cada una de las hipótesis de procedencia del recurso de revisión que establece el referido precepto legal, las haga valer o no la autoridad recurrente, cabe precisar que en el caso no se actualiza ninguna de ellas, en virtud de las siguientes consideraciones.

El artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, establece:

"Artículo 88. Contra las resoluciones de la Sala Superior a que se refiere el artículo anterior, las autoridades podrán interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente por conducto de la Sala Superior, mediante escrito dirigido a dicho tribunal dentro del término de 10 días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación respectiva, independientemente del monto, en los casos siguientes: A) Cuando la resolución que se dicte afecte el interés fiscal o el patrimonio del Distrito Federal y sea de importancia a juicio de la autoridad fiscal; B) Cuando se trate de la interpretación de leyes o reglamentos; C) Cuando se trate de las formalidades esenciales del procedimiento; D) Cuando se fije el alcance de los elementos constitutivos de las contribuciones; y E) Por violaciones procesales cometidas durante el juicio siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo, o por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias.-En los casos no previstos en las fracciones anteriores, las autoridades podrán promover el recurso de revisión, siempre que el negocio sea de importancia y trascendencia, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso y el valor del negocio exceda de 20 veces el salario mínimo general vigente elevado al año en el Distrito Federal, al momento de emitirse la resolución de que se trate."

En primer término, cabe mencionar que no se actualiza la hipótesis de procedencia a que alude el inciso A), del artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pues no se advierte de autos que la resolución recurrida afecte el interés fiscal o el patrimonio del Distrito Federal, dado que la misma versa sobre la responsabilidad administrativa de un servidor público del Distrito Federal, donde no hubo sanción económica.

Tampoco se actualiza la hipótesis de procedencia establecida en el inciso B) del artículo 88 de la ley en consulta, dado que ese supuesto establece como condición de procedencia del recurso de revisión, que el asunto de que se trata verse sobre "interpretación de leyes o reglamentos"; lo que en el caso no aconteció, pues de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, no se advierte que contenga, expresamente, el sentido que dicha Sala haya asignado a un precepto legal o reglamentario en lo específico, y que le haya servido de apoyo para subsumir o no la hipótesis normativa al caso concreto.

Las hipótesis de procedencia establecidas en los incisos C) y E) del precepto transcrito, ya fueron analizadas.

Respecto a la hipótesis prevista en el inciso D), tampoco se considera actualizada, dado que en el caso a estudio no se fijaron los alcances de los elementos constitutivos de las contribuciones.

Finalmente, aun cuando el asunto que nos ocupa se formulan razones de importancia y trascendencia; debe decirse que, para que el recurso de revisión sea procedente por importancia y trascendencia, el valor del negocio debe exceder de veinte veces el salario mínimo general vigente elevado al año en el Distrito Federal, y es el caso que, el presente asunto carece de cuantía, dado que versa sobre la responsabilidad administrativa de un servidor público del Distrito Federal, donde no hubo sanción económica.

Lo anterior es así, porque el último párrafo del artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que para mayor claridad se transcribe de nueva cuenta, establece lo siguiente:

"En los casos no previstos en las fracciones anteriores, las autoridades podrán promover el recurso de revisión, siempre que el negocio sea de importancia y trascendencia, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso y el valor del negocio exceda de 20 veces el salario mínimo general vigente elevado al año en el Distrito Federal, al momento de emitirse la resolución de que se trate."

En efecto, del párrafo transcrito se desprende que para la procedencia del recurso de revisión por importancia y trascendencia, se necesita además que el valor del negocio exceda de veinte veces el salario mínimo general vigente elevado al año en el Distrito Federal, al momento de emitirse la resolución de que se trate, puesto, que dichas exigencias están unidas por el conjuntivo "y", lo cual significa que deben darse ambas y no una sola, como sucedería en el caso de que estuvieran unidas por el disyuntivo "o", el cual permite que puede satisfacerse una u otra exigencia, sin necesidad de que sean ambas a la vez.

Por tanto, si en el caso, como ya se dijo, el asunto carece de cuantía, no se surte una de las dos exigencias en comento, y por ende, resulta innecesario analizar la otra exigencia relativa a la importancia y trascendencia.

En consecuencia, ante la ineficacia de los agravios propuestos por la autoridad recurrente, se debe declarar infundado el recurso intentado.

Por lo expuesto y con fundamento además, en lo dispuesto en los artículos 103 y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-Es infundado el recurso de reclamación.

Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a la Sala del conocimiento; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados: presidente Urbano Martínez Hernández, María Rocío Ruiz Rodríguez y César Thomé González, lo resolvió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relatora la segunda de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19182-242f34ea/revision-contenciosa-administrativa-el-presidente-del-tribunal-colegiado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.