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Modo: Corpus Pro

INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA EL SOLO EFECTO DE QUE SE DICTARA RESOLUCIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE ÉSTA, AL DECIDIR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA.

Tipo de asunto: RECURSO DE INCONFORMIDAD 533/2001. · Registro digital (IUS): 7542
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, , Pág. 249.

INCONFORMIDAD 533/2001. SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Resultan infundados los argumentos hechos valer como inconformidad.

En efecto, los artículos 76 y 80 de la Ley de Amparo señalan que:

"Artículo 76. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare."

"Artículo 80. La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija."

Dichos dispositivos normativos establecen el principio de relatividad y precisan los efectos de las sentencias de amparo, características que han sido interpretadas en distintas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se han emitido tesis como las que a continuación se transcriben:

"Quinta Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: LXVIII

"Página: 1248

"SENTENCIAS DE AMPARO, ALCANCE DE LAS.-La fracción I del artículo 107 constitucional y el artículo 75 de la Ley de Amparo, disponen que las sentencias que se pronuncien en los juicios constitucionales, solamente se ocupen de los individuos particulares o de las personas morales que lo hubiesen solicitado y se limiten a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda, pero sin hacer declaración general respecto de la ley o acto que la motiven; esta norma constructiva de nuestro juicio de garantías, señala y precisa la extensión que debe otorgarse a las sentencias de dichos juicios, las que, en consecuencia, han de circunscribirse a proteger a los quejosos respecto al acto reclamado, sin que puedan surtir efectos más allá de los límites jurídicos precisados en el contenido del juicio de amparo."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, marzo de 2001

"Tesis: 2a. XIX/2001

"Página: 192

"EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS.-El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en el cual se encontraban antes de las violaciones, pero este principio no es irrestricto ni absoluto, pues está subordinado al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, conforme al cual, el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros, no puede ser alterada. Ahora bien, de acuerdo con este principio, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la ejecutoria de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios al tenor de las leyes y del propio orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe ser permitido, ya que por su naturaleza, la ejecutoria de amparo es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella."

De los anteriores criterios se desprende que la sentencia respectiva se limitará a amparar al quejoso sólo respecto del acto que en la demanda se hubiera reclamado, sin poder abarcar otras cuestiones, y que su efecto será que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban al momento de la violación.

Ahora bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado el acuerdo de veintiocho de noviembre del año dos mil, por el cual el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje declara ilegal la asamblea general extraordinaria de diez de noviembre del año dos mil y, en consecuencia, no le reconoce a Rosa María García Mena el carácter de secretaria general interina del Sindicato Único de Trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Al respecto, la Juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal concedió la protección federal para el efecto de que la responsable dictara una nueva resolución en la que considerara convocada legalmente la asamblea general extraordinaria del Sindicato Único de Trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, efectuada el diez de noviembre del año dos mil, debiendo tener como correctos y, en consecuencia, tomar nota de los acuerdos aprobados en ella, mismos que consistieron en:

1. Destitución de Antonio Piña Lara como secretario general.

2. Designación de Rosa María García Mena como secretaria general interina de la fecha de la celebración de la asamblea al diecinueve de diciembre del año dos mil, y

3. Emisión de la convocatoria para elección del nuevo comité ejecutivo nacional a efectuarse el veinte de diciembre del año dos mil.

Dicha sentencia fue confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por lo que la Juez de Distrito requirió el cumplimiento del amparo al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, órgano colegiado que el dieciséis de mayo del año dos mil uno dictó acuerdo, mismo que ha sido transcrito en el resultando séptimo de esta ejecutoria, de donde se desprende que:

A. Se dejó insubsistente el acuerdo de veintiocho de noviembre del año dos mil.

B. Se dictó otro acuerdo en el que se determina que la asamblea general extraordinaria del Sindicato Único de Trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de diez de noviembre del año dos mil fue convocada legalmente y, en consecuencia, se toma nota de los siguientes acuerdos:

"a) Destitución del C. Antonio Piña Lara, como secretario general del comité ejecutivo general del sindicato de cuenta, electo para el periodo 1997-2000; b) Designación de la C. Rosa María García Mena, como secretaria general interina del mencionado comité, por el periodo comprendido del nueve de noviembre de dos mil, al diecinueve de diciembre del mismo año; y, c) Que la secretaria general interina y el presidente de la Comisión de Honor y Justicia 'emitan la convocatoria conforme a los estatutos vigentes para las próximas elecciones sindicales que deberán de celebrarse el día 20 de diciembre del año 2000.'."

Con base en el anterior acuerdo, la Juez de Distrito dio por cumplida la sentencia.

La parte quejosa dice en el escrito de inconformidad que no se cumple debidamente con la sentencia de amparo, ya que la autoridad responsable sólo toma nota de los acuerdos tomados en la asamblea general extraordinaria de diez de noviembre del año dos mil, sin embargo, omite resolver sobre la consecuencia de la convocatoria que se menciona en el inciso c), además de que no valida ni toma nota de todos los acuerdos emitidos durante el interinato de la secretaría general, por lo que debe reconocer como secretario general para el periodo 2001-2004 al C. Javier Piedrabuena Morrisón y no al C. Fernando Mira, quien fue electo en un congreso convocado por Antonio Piña Lara.

Sin embargo, como ya quedó señalado anteriormente, el efecto de la protección federal sólo consistió en lo señalado en la sentencia, por lo que con el nuevo acuerdo de la responsable de dieciséis de febrero del año dos mil uno, se le restituyó en la garantía violada respecto del acto reclamado al sindicato quejoso, motivo por el cual no le asiste la razón a la inconforme, ya que pretende abarcar, a manera de consecuencia, actos distintos que no fueron materia del amparo y que no se refieren al alcance de la ejecutoria, mismos que pueden ser impugnados en los tiempos y por los mecanismos legales pertinentes. Lo contrario, llevaría a esta instancia a analizar cuestiones que no son materia del cumplimiento del amparo.

Por ello, el acuerdo que ahora se combate es correcto.

Análogamente, resulta aplicable la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, enero de 2001

"Tesis: 2a. CLXXXIII/2000

"Página: 271

"INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ SÓLO PARA EL EFECTO DE QUE SE DICTARA RESOLUCIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE ÉSTA, AL DECIDIR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO.-El artículo 17 de la Constitución General de la República establece, en su párrafo segundo, el derecho que toda persona tiene para que se le administre justicia por tribunales, en los plazos y términos que fijen las leyes, y a través de resoluciones emitidas de manera pronta, completa e imparcial; además, dispone que el servicio de administración de justicia es gratuito. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, los alcances de la sentencia que concedió el amparo por violación a la citada garantía individual sólo obligan a la autoridad responsable a cumplir con los plazos y términos en que debe administrarse justicia e impiden que el Juez de Distrito y esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el procedimiento de ejecución o en la inconformidad promovida en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la resolución dictada en el juicio, recurso o instancia respectivo, los que, en su caso, deben ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad."

En las condiciones relatadas, lo procedente es declarar infundada la inconformidad a que este toca corresponde.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Es infundada la inconformidad a que este toca se refiere.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Fue ponente el primero de los señores Ministros antes mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7542-e853f516/inconformidad-si-el-amparo-se-concedio-para-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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