TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA QUE COMPAREZCA A HACER VALER SUS DERECHOS DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL QUE SURTE EFECTOS EL EMPLAZAMIENTO EFECTUADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Con el fin de determinar si existe o no una real contradicción entre las posiciones sostenidas por los Tribunales Colegiados contendientes, procede realizar el análisis de las consideraciones contenidas en las resoluciones de cada uno de ellos que los llevó a resolver de la manera en que lo hicieron.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el veintiséis de marzo de dos mil cuatro, la reclamación 5/2004/3, sostuvo las siguientes consideraciones:
"El artículo 167 de la Ley de Amparo establece que la autoridad señalada como responsable en un amparo directo debe emplazar a las partes con copia de la demanda para que en un plazo máximo de diez días comparezcan al Tribunal Colegiado a defender sus derechos, pero dicho artículo no contiene una disposición específica que diga a partir de cuándo comienza a correr ese plazo.
"Para colmar ese vacío se debe interpretar dicho artículo de una manera funcional y de acuerdo a los principios de buena fe y equidad procesal, de tal manera que el término empiece a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo del Tribunal Colegiado que admite la demanda de amparo, y no a partir de la notificación del emplazamiento que practica la autoridad responsable al tercero perjudicado.
"Dicha interpretación se justifica porque si no se hiciera así, sería desventajoso e incierto para el tercero perjudicado, pues el plazo correspondiente quedaría sujeto a la realización de un evento indeterminado y circunstancial, ajeno a su voluntad, como lo es la sustanciación del amparo directo, la cual corresponde a la autoridad responsable.
"De no interpretarse de esa manera, se estaría obligando al tercero perjudicado a comparecer al Tribunal Colegiado a defender sus derechos en un plazo que en muchos casos resulta insuficiente, porque en la sustanciación o preparación del amparo puede haber dificultades como el emplazamiento de pluralidad de partes.
"Además, se violaría el principio que establece que nadie está obligado a lo imposible, porque en los circuitos en los que existen varios Tribunales Colegiados, sólo hasta que se notifique al tercero perjudicado de la llegada de los autos al Tribunal Colegiado correspondiente, podría saber ante quién comparecer y en cuál expediente.
"No obsta que la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal establezca que cuando haya varios Tribunales Colegiados en un circuito debe haber una oficina de correspondencia común, pues de cualquier forma el tercero perjudicado no conoce ante quién debe comparecer y en cuál expediente, además de que, en caso de que el interesado presente sus alegatos ante la oficialía de correspondencia común, el encargado tampoco sabrá a dónde turnarlas."
El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el dieciséis de agosto de dos mil uno, la reclamación 37/2001, respecto del tema materia de contradicción, sostuvo:
"El artículo 167 de la Ley de Amparo establece que una vez emplazado el tercero perjudicado cuenta con un plazo de diez días para comparecer ante el Tribunal Colegiado a defender sus derechos, pero dicho artículo no indica que el plazo deba comenzar a correr a partir de la publicación del auto de radicación de la demanda dictado por el Tribunal Colegiado, sino del emplazamiento que se haga al tercero perjudicado.
"Es verdad que puede suceder que la demanda no se remita dentro del término que la ley le señala y que, por ello, puede ser que el tercero perjudicado desconozca ante qué Tribunal Colegiado debe comparecer a defender sus derechos, pero ese proceder no lo deja en estado de indefensión, porque si existen diversos Tribunales Colegiados en un mismo circuito, debe tomarse en cuenta que los mismos tienen una oficina de correspondencia común que recibirá las promociones, las registrará y las turnará inmediatamente al tribunal que corresponda, de tal forma que aunque el tercero perjudicado desconozca el Tribunal Colegiado ante el cual debe comparecer a defender sus derechos, puede presentar sus alegatos ante la correspondiente oficialía de partes común."
Las consideraciones anteriores dieron lugar a la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, noviembre de 2001
"Tesis: XXI.3o.17 K
"Página: 485
"ALEGATOS ANTE EL TRIBUNAL COLEGIADO. LUGAR EN QUE EL TERCERO PERJUDICADO DEBE PRESENTAR EL ESCRITO POR EL QUE LOS FORMULA. La Ley de Amparo en ningún precepto establece la obligación a cargo de la autoridad responsable en el sentido de que al emitir un auto a través del cual se tiene por recibido el escrito donde se acompaña la demanda de amparo directo, deba establecer a qué Tribunal Colegiado corresponde conocer de la demanda de garantías, aunado a que en los circuitos judiciales en los que existen varios Tribunales Colegiados, que puedan ocuparse de los juicios de amparo directo que se interpongan, ese conocimiento se reparte por turno, en aplicación del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual señala que cuando en un circuito se establezcan dos o más Tribunales Colegiados con idéntica competencia y residencia en un mismo lugar, que no tengan jurisdicción especial o que deban conocer de una misma materia, tendrán una oficina de correspondencia común que recibirá las promociones, las registrará por orden numérico riguroso y turnará inmediatamente al tribunal que corresponda, de conformidad con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, la tercero perjudicada no tiene razón para desacatar el mandato para ocurrir en el término de diez días ante el Tribunal Colegiado a defender sus derechos, toda vez que no obstante el desconocimiento del tribunal al que correspondía conocer del mismo, tenía que presentar escrito de alegatos ante la oficialía de partes común a dichos tribunales dentro del término que se le otorgó."
QUINTO. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es dable determinar cuál es el que debe prevalecer.
Para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de las sentencias respectivas.
En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Es igualmente aplicable por analogía, la tesis aislada que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, junio de 2000
"Tesis: P. LXXXVI/2000
"Página: 22
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS OPUESTOS EMITIDOS POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN PROVENIR NO SÓLO DE LOS JUICIOS DE AMPARO EN REVISIÓN, SINO DE CUALQUIER OTRO RECURSO O PROCEDIMIENTO DE LOS QUE LES CORRESPONDA CONOCER EN ATENCIÓN A SU COMPETENCIA O ATRIBUCIONES. La circunstancia de que una contradicción de tesis tenga su origen, por un lado, en un criterio jurisprudencial sustentado en una sentencia dictada por una Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de una contradicción de tesis y, por el otro, en un criterio aislado emitido en una sentencia dictada por otra Sala, en un juicio de amparo en revisión, no es obstáculo para que este Tribunal Pleno conozca de la contradicción, ya que ante la divergencia de criterios sobre un tema, cuya aplicabilidad puede presentarse en la mayoría de los asuntos, se hace indispensable resolver tal discrepancia a fin de lograr uniformidad y, en consecuencia, la seguridad jurídica en cuanto al criterio que ha de prevalecer en lo subsecuente, ya que debe establecerse el verdadero sentido y alcance de la norma cuya interpretación motivó la denuncia. Además, si bien es cierto que el artículo 107, fracción XIII de la Constitución Federal y el diverso 197 de la Ley de Amparo contemplan la contradicción de tesis emitidas en juicios de amparo, también lo es que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocen no sólo de juicios de amparo en revisión, sino que en atención a la competencia y atribuciones de las que actualmente gozan, también conocen de otros procedimientos y recursos en cuyas resoluciones puede presentarse, de la misma forma que en los juicios de amparo en revisión, divergencia de criterios, en relación con un tema determinado, los cuales deben ser analizados a efecto de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, de suerte tal que, de aceptar que únicamente los criterios emitidos en juicios de amparo en revisión pueden ser susceptibles de configurar la contradicción de tesis, provocaría que el propósito de dicha institución no cumpliera realmente su finalidad, pues quedarían excluidos de conformarla, los fallos dictados en los restantes procedimientos y recursos, aun cuando en los mismos exista divergencia de criterios sobre un mismo punto de derecho. En estas condiciones, debe considerarse que, para que se genere la contradicción de tesis basta que en dos o más resoluciones dictadas por las Salas de este Alto Tribunal se trate el mismo punto o tema jurídico, de la interpretación de iguales o similares preceptos legales, con oposición de criterios."
Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se da o no contradicción de criterios, de acuerdo con la siguiente relación:
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver la reclamación 5/2004/3, consideró que interpretando lógica y funcionalmente el artículo 167 de la Ley de Amparo, se concluye que el término de diez días a que alude dicha disposición para que el tercero perjudicado haga valer sus derechos en un amparo directo, debe comenzar a correr desde el día siguiente en que surte efectos la notificación del acuerdo de admisión de la demanda de garantías que dicte el presidente del Tribunal Colegiado y no a partir de la notificación del emplazamiento que practica la autoridad responsable al tercero perjudicado puesto que, de no hacerse así, sería desventajoso e incierto para el tercero perjudicado dejar que el término comience a correr a partir de un evento indeterminado y circunstancial ajeno a su voluntad, como lo es la sustanciación del amparo directo que le corresponde hacer a la autoridad responsable, porque bien podría suceder que la demanda y las demás constancias que envía la autoridad responsable lleguen a la oficialía del Tribunal Colegiado con posterioridad a los diez días, lo cual originaría el problema de no saber en qué juicio comparece el tercero perjudicado y ante qué tribunal debe comparecer.
Asimismo, sostuvo que esta interpretación se justifica más si se considera que los derechos procesales de las partes deben ser accesibles y de fácil protección, razón suficiente para considerar que no se debe interpretar la disposición cuestionada literal, rigurosa y restrictivamente.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, al resolver la reclamación laboral 37/2001, sostuvo que los artículos 167 y 169 de la Ley de Amparo son claros al señalar que el término de diez días para que el tercero perjudicado comparezca a hacer valer sus derechos en un juicio de amparo directo, empieza a correr a partir de que la autoridad responsable le notifica la demanda de garantías, pues dichos numerales en ningún momento indican que el término debe contarse a partir de la publicación del auto de radicación de la demanda de amparo en el Tribunal Colegiado. Continúa sosteniendo que el hecho de que la demanda no hubiera sido remitida por la autoridad responsable dentro del término que establece el citado artículo 169, no deja al tercero perjudicado en estado de indefensión, ni tampoco con la circunstancia de que el auto admisorio de la demanda de garantías se haya publicado después de que venció el término para formular alegatos, ya que lo anterior de modo alguno obstaculiza su derecho de comparecer al tribunal para ese fin pues, frente al hecho de que éste no supiera ante qué tribunal y en qué número de expediente debía actuar, tenía que presentar el escrito de alegatos ante la oficialía de partes común dentro del término que se le otorgó.
De la confrontación de las consideraciones emitidas en las resoluciones de los tribunales contendientes, se llega a la conclusión de que sí se dan los requisitos para que exista contradicción de tesis, por las siguientes razones:
Ambos tribunales resolvieron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, porque ambos decidieron sobre la interpretación que se le debe dar al artículo 167 de la Ley de Amparo, con respecto al momento a partir del cual debe comenzar a correr el término para que los terceros perjudicados comparezcan a hacer valer sus derechos.
Ahora bien, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito falló en el sentido de que el término para que el tercero perjudicado comparezca para hacer valer sus derechos es a partir de que surte efectos la notificación del auto del Tribunal Colegiado en el cual se admite la demanda de garantías; en otro sentido, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito decidió que el término mencionado debe comenzar a correr a partir de la fecha en que la autoridad responsable emplace al tercero perjudicado.
Por tanto, es claro que sobre una misma cuestión jurídica los tribunales en pugna tomaron soluciones jurídicas diferentes en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones de sus sentencias.
De lo antes expuesto se desprende que sí existe oposición de criterios, puesto que en las resoluciones de ambos órganos se plantea la misma cuestión, pero se resuelve de forma opuesta.
El problema de la presente contradicción, toda vez que se ha declarado existente, es el siguiente: ¿a partir de qué momento comienza a contarse el plazo para que el tercero perjudicado comparezca ante el Tribunal Colegiado a hacer valer sus derechos?
Para dar respuesta al problema de la presente contradicción, es necesario establecer la interpretación que se debe dar al artículo 167 de la Ley de Amparo, con respecto al momento en que debe comenzar a correr el término para que el tercero perjudicado defienda sus derechos.
SEXTO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sostiene en la presente resolución.
Por principio, es importante establecer la forma en que debe interpretarse el artículo 167 de la Ley de Amparo.
En un sentido general, interpretar significa explicar, esclarecer y, por ende, descifrar el sentido de alguna cosa. Este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que interpretar, en términos generales, significa explicar, esclarecer y, por tanto, desentrañar el sentido de alguna cosa o de una expresión para descubrir lo que significa. Asimismo, se ha considerado que interpretar una ley es revelar el sentido que ésta encierra, ya sea atendiendo a la voluntad del legislador, al sentido lingüístico de las palabras que utiliza, o bien, al sentido lógico objetivo de la ley como expresión del derecho, cuando se considera que el texto legal tiene una significación propia e independiente de la voluntad real o presunta de sus autores. Es decir, interpretar la ley es desentrañar y explicar el contenido de la norma, determinando su sentido y alcance con base en un análisis gramatical, histórico, lógico o sistemático.
En lo conducente, es aplicable a lo antes expuesto, la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: VIII, noviembre de 1991
"Tesis: P./J. 46/91
"Página: 39
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, COMO SUPUESTO DE PROCEDENCIA, EXISTE CUANDO A TRAVÉS DE ELLA SE DETERMINAN EL SENTIDO Y EL ALCANCE JURÍDICOS DE LA NORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LA BASE DE UN ANÁLISIS GRAMATICAL, HISTÓRICO, LÓGICO O SISTEMÁTICO. Para determinar si en la sentencia de un juicio de amparo directo se efectúa la interpretación directa de un precepto constitucional, no basta que el Tribunal Colegiado de Circuito lo invoque o lo aplique en su sentencia, sino que es necesario que dicho tribunal desentrañe y explique el contenido de la norma constitucional, determinando su sentido y alcance con base en un análisis gramatical, histórico, lógico o sistemático. Por consiguiente, si la sentencia recurrida no contiene ninguna interpretación en estos términos, no se da el presupuesto necesario para la procedencia del recurso de revisión en el amparo directo."
Ahora bien, las leyes deben ser interpretadas en aquellos casos en que su sentido es oscuro, lo cual obliga al juzgador a desentrañar su significado haciendo uso de los distintos sistemas de interpretación que la doctrina ha elaborado. De este modo, no se debe pretender interpretar aquellas normas cuyo sentido es absolutamente claro, lo cual coincide con la disposición contenida en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, el cual establece que las sentencias deben ser conforme a la letra de la ley; es decir, cuando un precepto legal es claro, no es jurídico buscar otras interpretaciones del mismo, porque su letra, en sentido gramatical, no da lugar a dudas. Lo contrario traería como consecuencia que el juzgador desempeñara el papel de legislador, ya que al interpretar una norma que no lo requiere, estaría creando nuevas normas con ese pretexto, lo cual es contrario a la ley.
Son aplicables a lo anterior, las tesis que a continuación se transcriben:
"Séptima Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volúmenes: 193-198, Primera Parte
"Página: 113
"INTERPRETACIÓN DE LA LEY. Los preceptos de un ordenamiento legal deben interpretarse principalmente en el sentido de que no se contradigan; y para lograrlo, a fin de establecer su verdadero sentido y alcance, deben ser interpretados en relación con los demás de la misma ley, armónicamente.
"Amparo en revisión 7103/84. Abarrotes Mercurio, S.A. 28 de mayo de 1985. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.
"Volumen 38, página 33. Amparo en revisión 1189/71. Manufacturas Universo, S.A. y otros. 15 de febrero de 1972. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Abel Huitrón.
"Informe 1972, página 343. Amparo en revisión 4912/70. Gas Supremo, S.A. 4 de noviembre de 1971. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Aguilar Álvarez."
"Quinta Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XVIII
"Página: 894
"INTERPRETACIÓN DE LA LEY.-La interpretación literal de la ley, es la primera forma de interpretación jurídica, siendo las de otro orden, de carácter secundario, inclusive las que pudieran llamarse de orden moral o filosófico.
"Amparo civil en revisión 1351/24. Huller de Sánchez María Teresa y coagraviado. 27 de abril de 1926. Unanimidad de nueve votos. La publicación no menciona el nombre del ponente."
De acuerdo con lo anterior, para resolver la presente contradicción no se debe atender únicamente al método de interpretación gramatical, ya que, como se ha visto, cuando la redacción de los preceptos permiten la adecuación de su sentido a las circunstancias que pretenden regir, ya sean jurídicas o de cualquier otra índole, y fijan su alcance sin que este hecho les imprima un cambio sustancial, es incuestionable que, en ese supuesto, se debe atender exclusivamente al sentido de las palabras o términos utilizados, pues lo que se busca es evitar que se desconozcan o se desnaturalicen los propósitos perseguidos con la promulgación de la normatividad aludida, pero en el caso, se requiere de la interpretación sistemática de otros preceptos de la misma ley para dar solución al problema planteado.
En efecto, sólo se debe otorgar toda validez a la interpretación gramatical de la ley cuando es clara su expresión literal, ya que esto implica extraer su sentido atendiendo a los términos que en su texto se encuentran concebidos, sin que sea dable eludirla bajo el pretexto de penetrar al espíritu de la ley. Quien aplica la ley debe limitarse al alcance que conforma su contenido y, sólo en caso de lagunas o dudas, podrá realizarse otro tipo de interpretación diferente al literal.
Es aplicable a lo anterior, la siguiente tesis:
"Sexta Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: XLIX, Segunda Parte
"Página: 58
"INTERPRETACIÓN Y JURISPRUDENCIA.-Interpretar la ley es desentrañar su sentido y por ello la jurisprudencia es una forma de interpretación judicial, la de mayor importancia, que tiene fuerza obligatoria según lo determinan los artículos 193 y 193 bis de la Ley de Amparo reformada en vigor, según se trate de jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o al través de sus Salas. En síntesis: la jurisprudencia es la obligatoria interpretación y determinación del sentido de la ley, debiendo acatarse, la que se encuentra vigente en el momento de aplicar aquélla a los casos concretos, resulta absurdo pretender que en el periodo de validez de una cierta jurisprudencia se juzguen algunos casos con interpretaciones ya superados y modificados por ella que es la única aplicable.
"Amparo directo 2349/61. Miguel Yapor Farías. 24 de julio de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan José González Bustamante."
Una vez establecido lo anterior, se entra al estudio de artículo 167 de la Ley de Amparo, el cual establece, literalmente, lo siguiente:
"Artículo 167. Con la demanda de amparo deberá exhibirse una copia para el expediente de la autoridad responsable y una para cada una de las partes en el juicio constitucional; copias que la autoridad responsable entregará a aquéllas, emplazándolas para que, dentro de un término máximo de diez días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos."
De la lectura del artículo antes transcrito se desprende que no todos sus términos son claros sobre el sentido de sus disposiciones, por lo cual, se debe recurrir al método sistemático para interpretarlo.
Si bien el precepto analizado no da lugar a dudas al establecer la obligación que tiene el que interpone una demanda de amparo directo de acompañar copias de su demanda para cada una de las partes, además de una copia extra para el expediente de la autoridad responsable, y la obligación de la autoridad responsable que consiste en correr traslado o emplazar a las partes con las copias, para que en el término de diez días comparezcan ante el Tribunal Colegiado para hacer valer sus derechos, el artículo en cuestión no establece de forma clara cuándo debe comenzar a contarse el plazo para que el tercero perjudicado acuda al Tribunal Colegiado a defender sus derechos. Por eso, para determinar lo anterior, es necesario hacer una interpretación armónica de los demás preceptos de la Ley de Amparo que pueden aplicarse al caso.
En este sentido, el artículo 24 de la Ley de Amparo dispone literalmente lo siguiente:
"Artículo 24. El cómputo de los términos en el juicio de amparo se sujetará a las reglas siguientes:
"I. Comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, y se incluirá en ellos el día del vencimiento.
"II. Los términos se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles; excepción hecha de los términos en el incidente de suspensión, los que se contarán de momento a momento.
"III. Para la interposición de los recursos, los términos correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella haya surtido sus efectos la notificación respectiva.
"IV. Los términos deben entenderse sin perjuicio de ampliarse por razón de la distancia, teniéndose en cuenta la facilidad o dificultad de las comunicaciones; sin que, en ningún caso, la ampliación pueda exceder de un día por cada cuarenta kilómetros."
Por su parte, el artículo 34 del mismo ordenamiento legal establece lo siguiente:
"Artículo 34. Las notificaciones surtirán sus efectos:
"I. Las que se hagan a las autoridades responsables, desde la hora en que hayan quedado legalmente hechas.
"II. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación de la lista en los Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito o Suprema Corte de Justicia."
De acuerdo con lo anterior y haciendo una interpretación armónica de los artículos antes transcritos con el artículo 167, se concluye que los plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación respectiva y, tratándose del caso del tercero perjudicado, dicha notificación surte efectos a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación o emplazamiento. Entonces, si en el mencionado artículo se establece que la autoridad responsable entregará una copia a las partes emplazándolas para que, dentro de un término máximo de diez días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado a defender sus derechos, este plazo debe comenzar a correr, para el tercero perjudicado, al día hábil siguiente al en que surta efectos el emplazamiento, pues éste corresponde precisamente a la notificación a que se refiere el artículo 24 antes citado.
En adición a lo anterior, debe decirse que la finalidad del emplazamiento al juicio de garantías tiene por objeto que el tercero perjudicado tenga conocimiento de que se ha promovido una demanda de amparo que le puede parar perjuicio, a fin de que acuda ante el Tribunal Colegiado a defender sus derechos. De ahí que si para la presentación de la demanda de garantías se establece en el artículo 21 de la Ley de Amparo que el plazo para su interposición comenzará a correr, entre otros supuestos, a partir de que el quejoso tiene conocimiento del acto reclamado, entonces, por igualdad de razón, el plazo para que el tercero perjudicado comparezca al juicio constitucional debe comenzar a contar a partir de que tenga conocimiento de la interposición de la demanda y esto ocurre en el momento en que es emplazado por la autoridad responsable.
En efecto, el tercero perjudicado se entera del contenido de la demanda de amparo con el emplazamiento al juicio que le hace la autoridad responsable, por lo cual, en momento alguno se le deja en estado de indefensión, ya que puede comparecer y hacer valer sus derechos y defensas desde el momento en que conoce el contenido de la demanda de amparo que, de resultar fundada y procedente, le afectaría en su esfera jurídica. Considerar lo contrario, equivaldría a extender por un tiempo indeterminado el plazo para la formulación de alegatos por parte del tercero perjudicado, pues dicho plazo quedaría a expensas de las eventualidades que pudieran ocurrir para que la autoridad responsable remitiera al Tribunal Colegiado la demanda de amparo y que este último dictara el auto admisorio. Así, el término de diez días establecido por el artículo 167 quedaría sin respetarse y podría prorrogarse indefinidamente, lo cual iría en contra de las disposiciones de la ley de la materia.
No pasa inadvertido para esta Primera Sala, que bien podría pensarse que se deja en estado de indefensión al tercero perjudicado porque en algunos casos, no tiene la posibilidad de saber ante qué tribunal y en qué número de expediente debe comparecer, especialmente cuando existen varios órganos con la misma competencia en un mismo circuito; sin embargo, no se puede hacer caso omiso del plazo de diez días basándose en que no se sabe con exactitud cuál es el tribunal ante el que se debe comparecer, porque en los casos en que existen dos o más órganos colegiados que puedan ocuparse de los juicios de amparo directo que alguna de las partes interponga, ese conocimiento se reparte por turno, en aplicación del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual señala que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19185-3150c309/tercero-perjudicado-en-el-juicio-de-amparo-directo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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