APELACIÓN. EL PROMOVENTE DE ESTE RECURSO ÚNICAMENTE ESTÁ OBLIGADO A SEÑALAR LAS CONSTANCIAS NECESARIAS PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA E ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, MAS NO ESTÁ CONSTREÑIDO A ADJUNTARLAS (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 84/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Los criterios que dieron lugar a la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, son los siguientes:
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 1634/97, el treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, precisó:
"PRIMERO. Hugo César Cadavieco Alarcón y María de las Mercedes Sánchez Jiménez, por su propio derecho, mediante escrito presentado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, promovieron juicio de amparo indirecto contra el acto de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del propio Estado ... SEGUNDO. Por acuerdo de once de septiembre del propio año, el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías; ordenó remitirla a la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito y, por razón de turno, correspondió conocer de tal demanda a este órgano jurisdiccional. TERCERO. Mediante proveído de trece de octubre siguiente (foja 48), el Magistrado presidente de este órgano jurisdiccional, admitió la demanda de que se trata, originándose la formación del citado juicio de amparo ... CONSIDERANDO: I. El auto reclamado, en lo conducente dice: ... II. Mezclados en el capítulo de antecedentes de los actos reclamados y en el propio de conceptos de violación, se encuentran los siguientes conceptos: ‘Antecedentes. 1. Con fecha de mayo 25 de 1994, los suscritos quejosos suscribimos un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, con el Banco del Atlántico, S.A., y por cuestiones ajenas a la voluntad de los suscritos, fuimos demandados por parte del Banco del Atlántico, S.A., por medio de su apoderado legal, emplazándonos a juicio en fecha de abril 9 de 1996, reclamando la rescisión del contrato que como fundatorio presentó, además reclamaba el pago de la cantidad de $295,127.43, así como el pago de intereses ordinarios, intereses moratorios, gastos y costas y honorarios y primas de seguros, motivo por el cual comparecimos a juicio dando contestación a la demanda interpuesta en contra nuestra, en tiempo y forma, agotándose para tal efecto todas las etapas del procedimiento. 2. Con fecha de marzo 19 de 1997, el Juez Noveno de lo Civil dictó sentencia definitiva, la cual fue desfavorable a los suscritos quejosos, habiendo sido notificados en fecha de abril 7 de 1997, y en virtud de que consideramos que el a quo, no valoró los elementos que aportamos los suscritos en descargo de las prestaciones que se nos reclaman por parte del actor, presentamos recurso de apelación el día 21 de abril de 1997, el cual fue admitido por el a quo por medio de auto de fecha de mayo 13 de 1997, remitiéndose los autos originales al tribunal de alzada, así como los documentos fundatorios de la acción, según se puede corroborar por medio de oficio No. 958 con el número de expediente 794/96. 3. Por acuerdo de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el expediente fue turnado a la Cuarta Sala, en fecha de junio 26 de 1997, correspondiéndole el número de toca 1400/97, recayendo auto de fecha julio 2 de 1997, en el cual se señala que: «Se admite apelación, se confirma calificación, recábese certificación, señala domicilio, expresa agravios desglosarlos.». 4. En dicho auto se señala que la calificación de la apelación es en el solo efecto devolutivo, y señala asimismo ... «téngaseles expresando los agravios que dicen les causa la resolución recurrida.». 5. Con fecha 4 cuatro de julio de 1997, Banco del Atlántico a través de su apoderado legal Ramón Vázquez Díaz, presenta recurso de revocación en contra del auto dictado por los Magistrados de la Cuarta Sala el día 2 (dos) de julio de 1997, manifestando que le causa agravios dicho auto combatido en virtud ... En el proveído que se recurre se dejaron de aplicar la fracción III del artículo 427 y 428 del enjuiciamiento civil del Estado. La referida fracción III del precepto 427 que se señala como inaplicado entre los cuales se encuentra el de apelación debe interponerse por escrito en el cual se deberá señalar y en su caso aportar las constancias necesarias que comprueben tanto la existencia como la ilegalidad del fallo o acto combatido. 6. Con fecha agosto 19 diecinueve de 1997, se dictó acuerdo por la Cuarta Sala, que a la letra dice: «... este cuerpo colegiado resuelve revocar el acuerdo impugnado para que en su lugar se dicte otro en el que se declare inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los demandados, declarándose firme la resolución impugnada.». 7. Dicho auto fue notificado a los suscritos con fecha 20 veinte de agosto de 1997. 8. Es notorio que la resolución tomada por la Cuarta Sala, resulta violatoria de garantías en contra de los suscritos quejosos, en virtud de que como consta en autos del mencionado toca, no resulta necesario hacer señalamiento de constancias como lo señala la Cuarta Sala en el auto del cual nos dolemos, ya que el a quo remitió el expediente original en forma conjunta con los documentos fundatorios que la actora en el juicio natural presentó, y que además, en la apelación presentada por los suscritos, la cual fue presentada en tiempo y forma y admitida por el a quo, se señala que nos causa agravios irreparables la sentencia dictada por el Juez Noveno de lo Civil en fecha de marzo 9 de 1997. 9. De la misma manera nos dolemos de que los Magistrados de la Cuarta Sala hubieren resuelto el recurso de revocación planteado por la actora del juicio natural ventilado con el número de expediente 794/96 en el Juzgado Noveno de lo Civil y con el número de toca 1400/96 en la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia, en virtud de que la misma está planteada como si se hubiere apelado en auto, lo cual es incorrecto en su apreciación, puesto que al momento de apelar la sentencia se están acompañando los agravios que nos causa dicha resolución, sin necesidad de señalar constancias en virtud de que los agravios los recibimos directamente de la sentencia dictada por el a quo, y se aprecia asimismo que el mismo a quo remitió al Supremo Tribunal de Justicia todo el expediente en original y los documentos en que fundamenta la acción el banco actor en el juicio natural, por tal razón resulta atentatorio a los derechos constitucionales de los suscritos agraviados el que se hubiere resuelto la no admisión de la apelación fundamentando dicha resolución en los artículos 427 y 428 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco. Conceptos de violación: Primero. Las autoridades responsables, ordenadora y ejecutora, violan en mi perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte relativa dispone: «Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.». Igualmente violan en mi perjuicio, lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución General de la República, que en su parte dispone: «Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.». Asimismo señalamos que se viola en nuestra contra, lo preceptuado en los artículos 427, 428, 434, 435, 437, 438, 439, 440, fracción I, 442 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, los cuales transcribimos a continuación: Como se puede apreciar del siguiente artículo, se dio cabal cumplimiento a lo señalado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado. «Artículo 427. Los recursos deben interponerse por escrito en el cual se deberá: I. Precisar la resolución o acto procesal impugnado, así como la autoridad judicial y el juicio o procedimiento de donde emane. II. Expresar los agravios que le causen, entendiéndose como tales, aquellos razonamientos relacionados con las circunstancias de hecho, en un caso jurídico determinado, que tiendan a demostrar y puntualizar la violación o la inexacta interpretación de la ley. Bastará la enumeración sencilla que haga la parte, de los errores y violaciones de derecho que en su concepto se cometieron en la resolución para tener por expresados los agravios. III. Señalar y en su caso aportar, las constancias necesarias que comprueben tanto la existencia, como la ilegalidad del fallo o acto combatido. IV. Exhibir una copia del escrito para correr traslado del mismo a cada una de las otras partes interesadas. V. Abstenerse de denostar a la autoridad, de lo contrario quedará sujeto a la sanción prevista en el artículo 72 de este código. VI. Señalar domicilio para recibir notificaciones en segunda instancia.». Lo que señala el artículo 428, es aplicable en el caso de que se hubiere apelado un auto, no se habla del caso de una sentencia definitiva, en virtud de que en la definitiva se remiten los originales del expediente, resultando ocioso señalar constancias, puesto que el agravio lo causa la sentencia, no se trata de combatir algún auto. «Artículo 428. Si el escrito en que se haga valer un recurso no satisface los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo inmediato anterior o es extemporáneo, el juzgador ante o por conducto del cual se interponga, lo desechará de plano, sin sustanciación alguna. El fallo que resuelva o deseche los recursos, es irrecurrible y trae como efecto que la resolución o acto recurrido quede firme. La parte contraria desde que tenga conocimiento de los agravios formulados por el recurrente y hasta antes de resolverse un recurso, podrá alegar en relación al mismo lo que a su derecho corresponda.». «Artículo 434. Sólo se admitirá el recurso de apelación en los negocios cuyo monto exceda del importe de setecientos veinte días de salario mínimo.». «Artículo 435. Procede el recurso de apelación: I. Contra las resoluciones que desechen o tengan por no interpuesta una demanda, reconvención o contestación de demanda principal o reconvencional. II. Contra las resoluciones que nieguen o desconozcan la personalidad, capacidad o representación a cualesquiera de las partes, o interesados en un juicio o procedimiento. III. Contra las resoluciones que pongan fin a un juicio o procedimiento, haciendo imposible la prosecución del mismo. IV. Contra los autos que tengan fuerza de definitivos. Se dice que el auto tiene fuerza de definitivo cuando causa un gravamen irreparable en la sentencia. V. Contra las sentencias definitivas de primera instancia. VI. Contra las resoluciones que aprueben o reprueben remates. VII. Contra los demás autos y resoluciones que por disposición expresa de esta ley, admitan este recurso.». «Artículo 437. El recurso de apelación se interpondrá mediante escrito por conducto del Juez que haya pronunciado la resolución que cause agravio. El término para la interposición del recurso salvo lo especificado en el párrafo siguiente, será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se le notifique o tenga conocimiento el perjudicado de la resolución recurrida. Se exceptúa la apelación contra las sentencias de los juicios en rebeldía, cuando el demandado fuere emplazado por edictos. En estos casos la apelación será admisible si se presenta dentro de los tres meses que sigan al día de la notificación de la sentencia.». «Artículo 438. Interpuesta la apelación y exhibidas las copias a que se refiere el artículo 427, el Juez que haya dictado la resolución reclamada, la admitirá sin sustanciación alguna, si la encuentra procedente, expresando si la admite en los efectos devolutivo y suspensivo o sólo en el primero y remitirá juntamente con el escrito de agravios el expediente original o testimonio de constancias señaladas por el apelante, al Supremo Tribunal para que lo turne desde luego a la Sala que corresponda su conocimiento.». Lo señalado en el artículo 439 que se transcribe a continuación, indica cuál es el deber de los Magistrados integrantes de cualquier Sala del Supremo Tribunal de Justicia; sin embargo, el actor del juicio natural en un afán de sorprender a la autoridad judicial en este caso, hace uso del recurso de revocación, haciendo una interpretación sui generis de los artículos 427 y 428 del código de procedimientos, recurso que fue resuelto indebidamente. «Artículo 439. Llegados los autos a la Sala correspondiente, ésta resolverá en definitiva sobre la admisión y calificación de grado del recurso, pondrá a disposición de la contraria las copias del escrito de agravios y en el mismo auto citará para sentencia, la que pronunciará dentro de los treinta días siguientes. Si se declara inadmisible la apelación en el mismo auto ordenará se devuelvan los autos al inferior y declarará ejecutoriada la resolución apelada.». «Artículo 440. El recurso de apelación se admitirá siempre en el efecto devolutivo, salvo en los siguientes casos en que se admitirá también en el efecto suspensivo: I. Cuando se trate de sentencias definitivas; II. Cuando se trate de autos que pongan fin a un juicio o procedimiento; III. En los demás casos en que expresamente lo determine la ley.». Finalmente, el artículo 442 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, señala claramente en su segundo párrafo, identificado en negritas, que las constancias que señala el actor del juicio natural y que resuelven los Magistrados de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia, procede sólo si se tratare de auto o de interlocutoria, se remitirá al tribunal copia de las constancias que el apelante señale como conducentes en su escrito de agravios, pudiéndose agregar las que el Juez estime pertinentes y la parte contraria considere necesarias. «Artículo 442. La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo no suspende el procedimiento, ni la ejecución de las resoluciones; pero si en el juicio en que se interpuso el recurso, se cita para sentencia sin que aquél se hubiere resuelto, no se dictará ésta sino hasta que se reciba el testimonio de la resolución respectiva. Si se tratare de auto o de interlocutoria, se remitirá al tribunal copia de las constancias que el apelante señale como conducentes en su escrito de agravios, pudiéndose agregar las que el Juez estime pertinente y la parte contraria considere necesarias. No se ejecutará la sentencia si no se otorga previamente fianza conforme a las reglas siguientes: I. La calificación de la idoneidad de la fianza será hecha por el Juez, quien se sujetará, bajo su responsabilidad, a las disposiciones del Código Civil y oyendo previamente al colitigante; II. La fianza otorgada por el actor comprenderá la devolución de la cosa o cosas que deba percibir, sus frutos e intereses y la indemnización de daños y perjuicios si el superior revoca el fallo; III. La otorgada por el demandado comprenderá el pago de lo juzgado y sentenciado y su cumplimiento, en el caso de que la sentencia condene a hacer o a no hacer; IV. La liquidación de los daños y perjuicios se hará en la ejecución de la sentencia. El condenado podrá otorgar contrafianza para que no se ejecute la sentencia, que comprenderá lo señalado en la fracción III de este artículo. Todo procedimiento continuado después de interpuesta y admitida una apelación en efecto devolutivo, queda subordinado al resultado de ésta.». De acuerdo con los artículos antes transcritos, y siendo que la Ley de Amparo es una ley expedida por el Congreso de la Unión y emana directamente de la Constitución, por ser reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la misma, por lo tanto es una Ley Suprema de toda la Unión a la que deberán adaptarse los Jueces Federales y Estatales, sin importar que haya otras disposiciones en contrario en otras leyes.’. III. Suplidos en la deficiencia de su exposición, de conformidad con lo ordenado en el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, los conceptos de violación resultan fundados. Es ilegal la revocación por la Sala responsable, del acuerdo mediante el cual admitió a los ahora quejosos el recurso de apelación interpuesto, así como el consecuente desechamiento del propio recurso, bajo el argumento de que en el escrito mediante el que se promovió ese medio de defensa no se hizo el señalamiento de las constancias que el Juez de primer grado debería remitir a la propia Sala para resolver lo conducente, ni se aportaron las mismas, ilegalidad que deriva de lo previsto en los artículos 427, fracción III, 438, 439, 442 y 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco vigente. En efecto, los preceptos citados disponen: ‘Artículo 427. Los recursos deben interponerse por escrito en el cual se deberá: I. ... II. ... III. ... Señalar y en su caso aportar las constancias necesarias que comprueben tanto la existencia, como la ilegalidad del fallo o acto combatido.’. ‘Artículo 438. Interpuesta la apelación y exhibidas las copias a que se refiere el artículo 427, el Juez que haya dictado la resolución reclamada, la admitirá sin sustanciación alguna, si la encuentra procedente, expresando si la admite en los efectos devolutivo y suspensivo o sólo en el primero y remitirá juntamente con el escrito de agravios el expediente original o testimonio de constancias señaladas por el apelante, al Supremo Tribunal para que lo turne desde luego a la Sala que corresponda su conocimiento.’. ‘Artículo 439. Llegados los autos a la Sala correspondiente, ésta resolverá en definitiva sobre la admisión y calificación de grado del recurso, pondrá a disposición de la contraria las copias del escrito de agravios y en el mismo auto citará para sentencia, la que pronunciará dentro de los treinta días siguientes. Si se declara inadmisible la apelación en el mismo auto ordenará se devuelvan los autos al inferior y declarará ejecutoriada la resolución impugnada.’. ‘Artículo 442. La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo no suspende el procedimiento, ni la ejecución de las resoluciones, pero si en el juicio en que se interpuso el recurso, se cita para sentencia sin que aquél se hubiere resuelto, no se dictará ésta sino hasta que se reciba el testimonio de la resolución respectiva. Si se tratare de auto o de interlocutoria, se remitirá al tribunal copia de las constancias que el apelante señale como conducentes en su escrito de agravios, pudiéndose agregar las que el Juez estime pertinente y la parte contraria considere necesarias. No se ejecutará la sentencia si no se otorga previamente fianza conforme a las reglas siguientes: I. La calificación de la idoneidad de la fianza será hecha por el Juez, quien se sujetará, bajo su responsabilidad, a las disposiciones del Código Civil y oyendo previamente al colitigante. II. La fianza otorgada por el actor comprenderá la devolución de la cosa o cosas que debe percibir, sus frutos e intereses y la indemnización de daños y perjuicios si el superior revoca el fallo. III. La otorgada por el demandado comprenderá el pago de lo juzgado y sentenciado y su cumplimiento, en el caso de que la sentencia condene a hacer o a no hacer. IV. La liquidación de los daños y perjuicios se hará en la ejecución de la sentencia. El condenado podrá otorgar contrafianza para que no se ejecute la sentencia, que comprenderá lo señalado en la fracción III de este artículo. Todo procedimiento continuado después de interpuesta y admitida una apelación en efecto devolutivo, queda subordinado al resultando de ésta.’. ‘Artículo 639. En estos juicios (sumarios) sólo será admisible la apelación cuando se interponga contra la sentencia definitiva o contra la interlocutoria que declare procedente las excepciones de falta de personalidad o capacidad. En ambos casos, la apelación se admitirá en efecto devolutivo.’. El examen sistemático de las normas transcritas conduce a establecer que el señalamiento y, en su caso, la exhibición de las constancias necesarias para comprobar la existencia y la ilegalidad de la resolución recurrida es una obligación a cargo de quien interpone el recurso de apelación en los casos en que la materia de éste lo constituye un auto o una interlocutoria, pero no en tratándose de una sentencia definitiva, con independencia de sí, en este evento, el recurso correspondiente, es decir, el de apelación, deba admitirse en los efectos devolutivo y suspensivo, o sólo en el primero, como ocurre en los juicios sumarios de acuerdo con el citado artículo 639, pues de otra forma no sería explicable que el legislador, por una parte, imponga el Juez de Primera Instancia, en el numeral 438, la obligación de remitir al tribunal ad quem ‘juntamente con el escrito de agravios el expediente original o testimonio de constancias señaladas por el apelante’, precepto del cual se deduce, lógicamente, que no en todos los casos deben señalarse ni aportarse por el recurrente las constancias que éste considere necesarias para que el superior esté en aptitud de resolver lo que corresponda, como es el caso del envío del expediente original; lo que además se corrobora con el contenido de la parte final del numeral 439 en cuanto a que ‘Si se declara inadmisible la apelación en el mismo auto ordenará (la Sala correspondiente) se devuelvan los autos al inferior’, debiendo entenderse que el concepto ‘autos’ se emplea para referirse al expediente original y, obviamente, no al ‘testimonio de constancias señaladas por el apelante’, que no constituye, en rigor, las actuaciones judiciales, sino una prueba de la existencia de éstas, por lo que cuando es precisamente ese testimonio de constancias el que se remite a la Sala no está prevista su devolución al Juez primario; y, por otra parte, que en el segundo párrafo del precepto 442 claramente haya previsto que la remisión de las constancias señaladas por el apelante, a las que incluso pueden agregarse las que el propio juzgador estime pertinentes y la contraparte de aquél necesarias, debe hacerse cuando la materia de la apelación sea un auto o una interlocutoria, sin que, en cambio, se mencione que la aludida remisión también deba hacerse cuando se recurre una sentencia definitiva; lo cual es lógico, porque en estos casos de impugnación del fallo que concluye esa primera instancia el tribunal de apelación deberá contar con dicho expediente, entre otros motivos, porque tiene a su cargo la revisión de esos autos para constatar la debida integración de la relación jurídica procesal, en términos de la parte final del artículo 444 del mismo ordenamiento objetivo, en tanto que a ello no obsta como antes se dijo, que la apelación se admita en el efecto devolutivo y que, por ello, no se suspenda el procedimiento de ejecución, dado que es evidente que éste puede llevarse a cabo con el legajo de constancias que conserve, para ese efecto, el Juez del proceso. Entonces, debe convenirse en que el requisito que en términos genéricos se prevé en la transcrita fracción III del artículo 427, no es exigible cuando se interpone recurso de apelación contra una sentencia definitiva. De ahí, que al revocar el proveído que admitió el aludido recurso de apelación, la Sala responsable, a la que el Juez de origen por cierto, remitió los autos originales del juicio natural, según se advierte de la propia resolución reclamada, infringió las normas invocadas con la consecuente violación a la garantía tutelada en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, y ello obliga a otorgar el amparo para el efecto de que deje insubsistente dicha resolución, y en su lugar emita otra en la que confirme el auto admisorio del recurso referido, prescindiendo de la consideración aquí desestimada." (fojas 310 y 312 vta.).
Este órgano colegiado sostuvo similar criterio en las resoluciones que emitió en los expedientes que enseguida se describen:
A. Amparo directo 1640/97, fallado el seis de noviembre de mil novecientos noventa y siete. (fojas 288 a 296 ídem).
B. Amparo directo 1531/97, fallado el trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete. (fojas 276 a 280 del expediente en que se actúa).
C. Amparo directo 1964/97, fallado el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete. (fojas 264 a 272 ídem).
D. Amparo directo 1941/97, resuelto el veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho. (fojas 241 a 246 ídem).
E. Amparo directo 957/98, fallado el once de junio de mil novecientos noventa y ocho. (fojas 251 a 259 del expediente en que se actúa).
F. Amparo directo 2223/98, fallado el seis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. (fojas 227 a 237 ídem).
G. Amparo directo 928/99, fallado el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve. (fojas 170 a 185 ídem).
H. Amparo en revisión 1429/99, fallado el trece de enero de dos mil. (fojas 156 a 165 ídem).
I. Amparo en revisión 1045/2000, fallado el veintiocho de septiembre de dos mil. (fojas 189 a 205 ídem).
J. Amparo directo 9/2002, fallado el siete de marzo de dos mil dos. (fojas 210 a 223 ídem).
K. Amparo directo 277/2002, resuelto el veintidós de agosto de dos mil dos. (fojas 138 a 151 ídem).
De las anteriores resoluciones surgió la tesis siguiente:
"APELACIÓN CONTRA UNA SENTENCIA DEFINITIVA. CONSTANCIAS NECESARIAS PARA SU SUSTANCIACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El examen sistemático de los artículos 427, fracción III, 438, 439, 442 y 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco vigente, conduce a establecer que el señalamiento y, en su caso, la exhibición de las constancias necesarias para comprobar la existencia y la ilegalidad de la resolución recurrida es una obligación a cargo de quien interpone el recurso de apelación en los casos en que la materia de éste lo constituya un auto o una interlocutoria, pero no en tratándose de una sentencia definitiva, con independencia de si, en este evento, el recurso de apelación debe admitirse en los efectos devolutivo y suspensivo, o sólo en el primero, como en los juicios sumarios de acuerdo con el mencionado artículo 639, pues de otra forma no sería explicable que el legislador, por una parte, imponga al Juez de Primera Instancia, en el numeral 438, la obligación de remitir al tribunal ad quem ‘juntamente con el escrito de agravios el expediente original o testimonio de constancias señaladas por el apelante’, precepto del que se deduce, lógicamente, que no en todos los casos deben señalarse ni aportarse por el recurrente las constancias que éste considere necesarias para que el superior esté en aptitud de resolver lo que corresponda, como sucede en el supuesto del envío del expediente original; lo que además se corrobora con el contenido de la parte final del artículo 439 citado, en cuanto a que ‘si se declara inadmisible la apelación la Sala en el mismo auto ordenará se devuelvan los autos al inferior’, debiendo entenderse que el concepto ‘autos’ se emplea para referirse al expediente original y, obviamente, no al ‘testimonio’ de constancias señaladas por el apelante, que no constituye, en rigor, las actuaciones judiciales, sino una prueba de la existencia de éstas, por lo que cuando es precisamente ese testimonio de constancias el que se remite a la Sala no se prevé su devolución al Juez primario; y, por otra parte, que en el segundo párrafo del artículo 442 claramente se prevenga que la remisión de las constancias señaladas por el apelante, a las que incluso pueden agregarse las que el propio juzgador estime pertinentes y la contraparte de aquél necesarias, debe hacerse cuando la materia de la apelación sea un auto o una interlocutoria, sin que, en cambio, se establezca que la aludida remisión también deba hacerse cuando se recurre una sentencia definitiva, lo cual es lógico, porque en estos casos de impugnación del fallo que concluye esa primera instancia el tribunal de apelación deberá contar con dicho expediente, entre otros motivos, porque tiene a su cargo la revisión de esos autos para constatar la debida integración de la relación jurídica procesal, en términos de la parte final del artículo 444 del mismo ordenamiento adjetivo, en tanto que a ello no obsta, como antes se dijo, que la apelación se admita en el efecto devolutivo y, por ende, no se suspenda el procedimiento de ejecución, dado que es evidente que éste puede llevarse a cabo con el legajo de constancias que conserve, para ese efecto, el Juez del proceso."
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, único órgano jurisdiccional que no redactó tesis en la que sintetice su postura, sostuvo, al resolver el juicio de amparo en revisión número 175/2004, promovido por Alejandro D. Castro Rodríguez y otro, en la parte que interesa, lo siguiente:
"PRIMERO. Ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, el uno de septiembre de dos mil tres, Alejandro D. Castro Rodríguez y René Castro Lara, por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, consistente en: ‘Acto reclamado. A) A la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado le reclamamos la aplicación retroactiva e inconstitucional del artículo 1012 del Nuevo Código Civil del Estado de Jalisco, al emitir la sentencia reclamada del 4 de agosto del 2003, que decidió el toca civil 1424/02; revocando la interlocutoria del Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad, dictada en el civil ejecutivo 218/02 promovido en contra nuestra por el Condominio Guadalajara, que había declarado fundada la excepción dilatoria de falta de personalidad en el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19229-b49b2001/apelacion-el-promovente-de-este-recurso-unicamente-esta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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