ATRACCIÓN. NO PROCEDE EJERCER DICHA FACULTAD PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN EN EL QUE SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, Y QUE SE INTERPONE CONTRA EL DESECHAMIENTO DE UNA DEMANDA DE GARANTÍAS.
FACULTAD DE ATRACCIÓN 6/2003-PS. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de octubre de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de julio de dos mil tres, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Rosalina Zepeda Ortiz, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se indican:
"III. Autoridad responsable. H. Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. IV. Acto reclamado. De la H. Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se reclama la ilegal resolución dictada en el toca civil número 927/2003, con fecha de 18 de junio de 2003, misma que fue publicada en el Boletín Judicial el día 20 de junio de 2003, por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación hecho valer por la quejosa en contra del auto dictado por el Juez natural el día 11 de abril de 2003, por medio del cual se negó a regularizar el procedimiento en el juicio natural, de conformidad a como fue solicitado por la quejosa, y en la cual declara que los motivos de inconformidad hechos valer por la quejosa son infundados e inoperantes para provocar la modificación o revocación del auto impugnado." (foja 1 del cuaderno de amparo).
Asimismo, la quejosa señaló como tercero perjudicado al Banco del Centro, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Multiva Grupo Financiero.
SEGUNDO. La parte quejosa señaló como preceptos violados los artículos 14 y 16 constitucionales, expresó los antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes, mismos que no se transcriben por ser innecesarios para la emisión del presente fallo.
TERCERO. El Juez Séptimo de Distrito "B" en Materia Civil en el Distrito Federal, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, registró la demanda de que se trata con el número 662/2003, y por auto de quince de julio de dos mil tres, la desechó de plano en los términos siguientes:
"México, Distrito Federal a quince de julio de dos mil tres. Del análisis integral de la demanda constitucional, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal invocado en segundo orden, dispone que: ‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso ...’. Los actos reclamados se hacen consistir en la resolución dictada en el toca número 927/2003 de fecha dieciocho de junio del año dos mil tres, dictada por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en donde se niega a regularizar el procedimiento del juicio natural número 420/96 seguido ante el Juez Cuadragésimo Quinto Civil del Distrito Federal, declarando infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la aquí quejosa. De lo anterior se aprecia, que los actos precisados en el párrafo anterior, no constituyen la última resolución dictada en ese procedimiento de ejecución, ya que todavía está pendiente de dictarse proveído en el cual se ordena el cumplimiento de la sentencia definitiva ordenando el uso de las medidas de apremio correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. LVII/97, consultable en la página 16, Tomo V, abril de 1997, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: ‘AMPARO INDIRECTO, SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN «ÚLTIMA RESOLUCIÓN», A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). También resulta aplicable la tesis XV.2o.9 K, visible en la página 420, Tomo V, enero de 1997, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: ‘AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR ÚLTIMA RESOLUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). En consecuencia, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de mérito, y para los mismos efectos a las personas que menciona. Finalmente, desde este momento, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado a fin de que realice la notificación ordenada. Notifíquese personalmente a la quejosa." (fojas 50 y 51 del juicio de amparo).
CUARTO. Inconforme la parte quejosa con la resolución antes transcrita, interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil tres, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, y por auto de cinco del mismo mes y año, el a quo ordenó remitir el expediente respectivo, así como el original de los agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno para la sustanciación del mismo.
QUINTO. Por auto de trece de agosto de dos mil tres, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito admitió el recurso de revisión, que registró bajo el número 283/2003, y ordenó turnarlo al Magistrado Jacinto Juárez Rosas para su resolución, quien con fecha veintinueve de agosto de dos mil tres la emitió conforme al punto resolutivo siguiente:
"ÚNICO. Envíense los presentes autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que, de considerarlo procedente, se avoque al conocimiento del juicio que se estudia." (foja 26 del toca).
El contenido de la anterior resolución es del tenor siguiente:
"CUARTO. En el presente juicio no se estudiarán los agravios propuestos. Lo anterior es así, toda vez que de la lectura del escrito de expresión de agravios, se advierte que la recurrente refuta de inconstitucional la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, apoyando su argumento en lo expuesto por el tratadista Ignacio Burgoa en su obra ‘El Juicio de Amparo’, como se desprende del considerando que antecede. En ese tenor, y a fin de no violentar las normas del procedimiento constitucional, en especial la de interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se abstiene este órgano colegiado de hacer pronunciamiento sobre la constitucionalidad del precepto antes invocado. Ante tal circunstancia, se hace necesario enviar el presente juicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que, de estimarlo procedente, ejercite su facultad de atracción y se avoque al conocimiento de los agravios formulados por la quejosa Rosalina Zepeda Ortiz. Lo anterior tiene su fundamento en la tesis P. CVI/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra impresa en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, junio de 1997, página 158, que se lee: ‘FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN EN CUYOS AGRAVIOS SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Así las cosas, fórmese cuaderno de antecedentes para constancia de este órgano jurisdiccional y envíese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los presentes autos, a fin de determinar si decide ejercer o no su facultad de atracción." (fojas 25 y 26 ídem).
SEXTO. Recibidos los autos en este Alto Tribunal, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de primero de octubre de dos mil tres, ordenó registrar el expediente relativo a la solicitud de facultad de atracción con el número 6/2003-PS, admitiéndola a trámite; asimismo, turnó los autos al señor Ministro Humberto Román Palacios para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver esta solicitud y decidir si ejerce o no la facultad de atracción respecto del recurso de revisión 283/2003, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción III y 182 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 21, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, vigente a partir del día siguiente, en atención a que por las características de la materia del asunto no se requiere la intervención del Tribunal Pleno en la solución respectiva.
SEGUNDO. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 84, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que se formuló por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el amparo en revisión número 283/2003.
TERCERO. Antes de establecer si este órgano colegiado decide o no ejercer la facultad de atracción, respecto del amparo en revisión que se anota, originado por el desechamiento de la demanda de garantías promovida por Rosalina Zepeda Ortiz, resulta necesario destacar que el penúltimo párrafo de la fracción VIII del artículo 107 constitucional, la fracción III del artículo 84 de la Ley de Amparo y el artículo 10, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deben interpretarse armónicamente para resolver sobre la procedencia de la solicitud planteada.
En el primero de tales preceptos se dispone lo siguiente:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:
"a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados o por el jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;
"b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.
"La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del procurador general de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
"En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los Tribunales Colegiados de Circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno."
En el segundo de los preceptos indicados se precisa:
"Artículo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:
"...
"III. Cuando la Suprema Corte de Justicia estime que un amparo en revisión, por sus características especiales, debe ser resuelto por ella, conocerá del mismo, bien sea procediendo al efecto de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del procurador general de la República, aplicándose en lo conducente lo dispuesto por el artículo 182 de esta ley.
"Si la Suprema Corte de Justicia considera que el amparo cuyo conocimiento por ella hubiere propuesto el Tribunal Colegiado de Circuito o el procurador general de la República, no reviste características especiales para que se avoque a conocerlo, resolverá que sea el correspondiente Tribunal Colegiado el que lo conozca."
Y el último de los preceptos mencionados indica lo siguiente:
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
"...
"II. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, en los siguientes casos:
"...
"b) Cuando se ejercite la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo del inciso b) de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en revisión que por su interés y trascendencia así lo amerite."
Como se advierte, tanto el primer párrafo de la fracción VIII del artículo 107 constitucional como el primero de la fracción II del 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se refieren al recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en amparo por los Jueces de Distrito, y no obstante de que sus respectivos incisos a) y b) se relacionan con el mismo tema, la facultad de atracción otorgada a la Suprema Corte debe entenderse referida a "los amparos en revisión", en general, que por su interés y trascendencia así lo ameriten, no sólo a aquellos que se originen contra sentencias dictadas en amparo por los Jueces de Distrito, sino también aquellos recursos de revisión motivados por el auto desechatorio de una demanda de garantías, toda vez que de lo expresado en las normas citadas se desprende que la facultad de atracción debe ejercerse siempre que se trate de asuntos de "interés", "importancia", "trascendencia", de "características especiales", que van más allá de un simple matiz técnico, que lleve a distinguir entre amparos en revisión contra sentencias definitivas dictadas por los Jueces de Distrito y amparos en revisión contra las resoluciones que desechan la demanda de garantías, porque es lógico que esas características especiales a las que se refiere el texto del artículo 84 de la Ley de Amparo no dependen de la naturaleza procesal de la resolución recurrida, esto es, si se trata de una sentencia o de un auto, sino de la naturaleza misma de la materia del amparo en cuestión. Tampoco puede hacerse esa determinación por las causas que lo conduzcan a la instancia de revisión, sino por la importancia intrínseca del asunto, lo cual debe ser el factor determinante para, en su caso, ejercer la facultad de atracción solicitada.
Precisado lo anterior, debe concluirse que compete a la Suprema Corte conocer de los amparos en revisión, lato sensu, como lo es el originado con motivo del desechamiento de la demanda de garantías efectuado por un Juez de Distrito, cuando por su interés y trascendencia así lo amerite.
Al respecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IV, diciembre de 1996
"Tesis: P. CL/96
"Página: 109
"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO PROCEDE RESPECTO DE RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS EN CONTRA DE AUTOS POR LOS QUE SE DESECHA UNA DEMANDA. El examen de los antecedentes legislativos de la facultad de atracción conferida a la Suprema Corte de Justicia, revela que con relación a los amparos en revisión fue abierta a la generalidad de éstos, sin restricción alguna, por lo que deben considerarse comprendidos dentro de esa gama a los recursos de revisión interpuestos en contra de autos en los que se desecha una demanda de garantías, con el único requisito de que se distingan de cualquier otro asunto de su tipo por sus características de interés y trascendencia.
"Varios 631/96. Manuel Camacho Solís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González García.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, aprobó con el número CL/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis."
CUARTO. Una vez que ha quedado demostrado que en un amparo en revisión originado por el desechamiento de la demanda de garantías es constitucional y legalmente posible que este Alto Tribunal ejerza la facultad de atracción que le confieren la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo procedente es analizar si el amparo en revisión reviste características especiales que justifiquen que esta Suprema Corte decida hacer uso de dicha facultad.
Antes, conviene precisar que la facultad de atracción surge, por una parte, como una atenuación a las medidas adoptadas para abatir y superar el gravísimo problema del rezago, impidiendo que ingrese a la Suprema Corte un número de asuntos superior al que puede desahogar en los términos que actualmente precisa el artículo 17 de la Constitución, a saber, de manera pronta, completa e imparcial, así como para lograr el mejoramiento del sistema de impartición de justicia, mediante la restricción del conocimiento de este Alto Tribunal, de asuntos en los que no fueran planteadas cuestiones estrictamente de constitucionalidad, tratando con ello de permitir a la Corte dedicar mayor tiempo a la atención de los asuntos jurisdiccionales de su competencia que naturalmente le corresponden. Por otra parte, obedece a que los asuntos reúnan características de importancia excepcional, lo que sólo podrá determinarse por la propia Suprema Corte, en cada caso.
En efecto, la facultad de atracción tiene antecedentes diversos que en algunos casos radicaron, como hoy, en la posibilidad de conocer o dejar de conocer de asuntos de los que, concurrentemente, podían conocer los Tribunales Colegiados de Circuito o, incluso, como ocurrió con la revisión fiscal en contra de sentencias de tribunales administrativos, de considerar improcedente el recurso cuando no reunía los requisitos de importancia y trascendencia que señalaba la ley.
Esos sistemas permitieron que la Suprema Corte, al ir aplicando las disposiciones genéricas relativas, fuera sustentando criterios que en la actualidad resultan ilustrativos para fijar el alcance y las características de la facultad de atracción, dadas las semejanzas que tiene con aquellos mecanismos.
Respecto a los requisitos que deben reunir los asuntos que ameritan atraerse por la Suprema Corte, la Constitución, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aluden a términos como "interés", "importancia", "trascendencia" y "características especiales".
Empero, las anteriores expresiones, carentes de una explicación, permiten inferir que en lugar de que los órganos legislativos hubieran querido señalar a la Suprema Corte un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la facultad de atracción, optaron porque fuera la propia Suprema Corte la que discrecionalmente ponderara qué amparos directos o en revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para su conocimiento.
Ahora bien, ni la Constitución ni la Ley de Amparo definen ni dan elementos indubitables para determinar cuándo se está en presencia de asuntos de interés e importancia o de características especiales.
Es lógico inferir, en consecuencia, que el Poder Reformador de la Constitución y el legislador ordinario consideraron que debe ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que, a través de los asuntos que ante ella se ventilan y a través de la interpretación que debe realizar, fuera estableciendo criterios que integraran el marco para el ejercicio de la facultad de atracción, como en la realidad ha acontecido y lo demuestran las abundantes tesis que sobre el tema aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, de las que se citan las siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IV, noviembre de 1996
"Tesis: 2a. CII/96
"Página: 195
"ATRACCIÓN. ESTA FACULTAD DE LA SUPREMA CORTE DEBE EJERCERSE TOMANDO EN CUENTA LAS PECULIARIDADES EXCEPCIONALES Y TRASCENDENTES DEL CASO PARTICULAR Y NO TODOS LOS QUE GENÉRICAMENTE SEAN DE UNA DETERMINADA MATERIA. El ejercicio de la facultad de atracción, de conformidad con el artículo 107, fracciones V, inciso d), parte in fine y VIII, inciso b), segundo párrafo de la Constitución General de la República, tiene sustento en el interés y trascendencia del asunto de que se trate, lo que revela que éste debe revestir una connotación excepcional a juicio de la Suprema Corte. Por lo tanto, la materia del asunto, por sí sola, no puede dar lugar a la atracción, pues bastaría que cualquier otro versara sobre el mismo tópico para que también tuviera que ejercerse la facultad de mérito. La finalidad perseguida por el Constituyente al consagrar esta competencia singular, no ha sido la de reservar cierto tipo de asuntos al conocimiento del Tribunal Supremo, sino la de permitir que éste conozca solamente de aquellos casos que, por sus peculiaridades excepcionales y trascendentes del caso particular, exijan de su intervención decisoria.
"Varios 1/96. Consejo de Directores del Grupo de los Cien Internacional, A.C. 13 de septiembre de 1996. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz."
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: III, enero de 1996
"Tesis: 2a. IV/96
"Página: 75
"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. EL INTERÉS Y TRASCENDENCIA QUE JUSTIFICAN SU EJERCICIO SON DE ÍNDOLE JURÍDICA. Los conceptos ‘interés y trascendencia’ incorporados a la fracción V del artículo 107 constitucional, como requisitos que justifican el ejercicio de la facultad de atracción para conocer de los juicios de amparo directo, son de índole jurídica, en cuanto se orientan a calificar un asunto que por los problemas jurídicos planteados, dada su relevancia, novedad o complejidad, requieren de un pronunciamiento del Máximo Tribunal del país; de tal suerte que el criterio que llegara a sustentarse en el asunto atraído repercutirá de manera excepcionalmente importante en la solución de casos futuros.
"Varios 11/95. Sindicato Único de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100. 8 de diciembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma Rodríguez Franco."
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: VIII, noviembre de 1991
"Tesis: 3a./J. 43/91
"Página: 62
"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES DISCRECIONAL. El ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia, previsto en el artículo 107 de la Constitución, fracciones V, último párrafo, para los amparos directos, y VIII, para los amparos en revisión, procede cuando el propio órgano jurisdiccional estime que un asunto reviste características especiales que así lo ameriten, debiéndose entender que esa consideración es de carácter discrecional, toda vez que ni la Constitución Federal ni la Ley de Amparo establecen regla alguna sobre el particular.
"Amparo en revisión 321/91. Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. y otro. 8 de julio de 1991. Cinco votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Abraham S. Marcos Valdés.
"Amparo en revisión 978/91. Gamesa, S.A. de C.V. 9 de septiembre de 1991. Cinco votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Sabino Pérez García.
"Amparo directo 1011/91. Ricardo Sagarena Briones. 23 de septiembre de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.
"Amparo directo 1013/91. Carlos López Arias. 23 de septiembre de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez.
"Amparo directo 1006/91. Ana Celina Ibarra de Valenzuela. 14 de octubre de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez.
"Tesis de jurisprudencia 43/91 aprobada por la Tercera Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y uno. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Mariano Azuela Güitrón, José Trinidad Lanz Cárdenas e Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez."
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, noviembre de 1999
"Tesis: 1a. XXXIII/99
"Página: 421
"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. REQUISITOS PARA QUE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDAN EJERCERLA. De lo establecido en los artículos 107 fracción VIII inciso b) penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84 fracción III de la Ley de Amparo y 21 fracción II inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuanto establece la facultad de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ejercer la facultad de atracción respecto de los amparos en revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, se concluye que el ejercicio de ese derecho requiere, necesariamente, de dos requisitos, a saber: a) que el asunto de que se trate resulte de interés, entendido éste como aquel en el cual la sociedad o los actos de gobierno, por la conveniencia, bienestar y estabilidad, motiven su atención por poder resultar afectados de una manera determinante con motivo de la decisión que recaiga en el mismo; y b) que sea trascendente, en virtud del alcance que, significativamente, puedan producir sus efectos, tanto para la sociedad en general, como para los actos de gobierno.
"Amparo en revisión (facultad de atracción) 311/99. Everardo Arturo Páez Martínez. 21 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Guillermo Campos Osorio."
Del contenido de las tesis transcritas se pueden extraer, entre otras, las siguientes conclusiones:
1. La facultad de atracción la pueden ejercer tanto el Pleno como las Salas de la Suprema Corte.
2. El ejercicio de la facultad de atracción es discrecional.
3. El ejercicio discrecional de la facultad de atracción no debe ejercerse en forma arbitraria o caprichosa.
4. El ejercicio de la facultad de atracción debe hacerse en forma restrictiva.
5. El ejercicio de la facultad de atracción no puede depender de situaciones temporales o contingentes, sino que debe derivar de la naturaleza misma del asunto.
6. El ejercicio de la facultad de atracción sólo puede considerarse procedente cuando se funde en razones que no podrían darse en la mayoría o en la totalidad de los asuntos.
Las dos últimas particularidades del ejercicio de la facultad de atracción, que se precisan, se refieren indudablemente a la importancia y trascendencia del asunto, que tuvo como antecedente el recurso de revisión fiscal regulado en su momento por los artículos 240, 242 y 244 del Código Fiscal de la Federación, cuyo conocimiento en forma excepcional correspondía a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo a la determinación de su procedencia, esto es, sólo cuando el asunto reunía esas características de importancia y trascendencia ameritaba el examen de fondo, estableciéndose de esta manera que se encontraban en esa situación aquellos asuntos en que su importancia y trascendencia se pudiera justificar mediante razones que no podían formularse en la mayoría, menos en la totalidad de los mismos, pues en este caso se trataría de un asunto común y corriente; de ahí que la importancia o interés se refiera al asunto en sí mismo considerado, y la trascendencia a la gravedad de las consecuencias del asunto.
Los criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, que precisan la importancia y trascendencia del asunto, para efectos de procedencia del indicado medio de impugnación, resultan aplicables en la actualidad tratándose del ejercicio de la facultad de atracción por parte de este Alto Tribunal para conocer de asuntos excepcionales. Tales criterios establecen:
"Séptima Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: 24, Tercera Parte
"Página: 46
"REVISIÓN FISCAL ANTE LA SUPREMA CORTE. IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. FUNDAMENTOS INEFICACES PARA JUSTIFICAR ESOS REQUISITOS. Teniendo en cuenta el alcance conceptual que a las palabras ‘importancia y trascendencia’ ha dado esta Segunda Sala en la tesis jurisprudencial publicada en el Volumen CXXXVIII, Tercera Parte, página 59, de la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyas consideraciones, traducidas en forma breve, implican que se estará en presencia de un asunto de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19230-91cacf02/atraccion-no-procede-ejercer-dicha-facultad-para-conocer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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