ACCIÓN. EL ESTUDIO DE SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, SÓLO PUEDE HACERSE SI EN LOS AGRAVIOS SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA ELLO.
AMPARO DIRECTO 770/2005. VALENTINA GARCÍA GARCÍA.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Por cuestión de método es pertinente analizar en primer término, el concepto de violación expuesto por la parte quejosa Valentina García García, en el que se argumenta la existencia de violaciones de naturaleza eminentemente formal, el cual es infundado por los motivos que a continuación se exponen.
En efecto, en el primer concepto de violación, la parte quejosa expuso que la autoridad responsable vulneró el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que el acto reclamado era a todas luces ilegal, porque la autoridad responsable no tomó en consideración las pruebas desahogadas en el juicio civil.
Dicho motivo de inconformidad es infundado, habida cuenta que para que pueda realizarse ese estudio en segunda instancia, es necesario que medie agravio para ello pues, de lo contrario, se estaría confiriendo al recurso de apelación una calidad de renovación de instancia, de la cual carece, según se advierte del contenido de los artículos 688 y 692 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Así, es menester que en el escrito de agravios, el apelante cuestionara la eficacia demostrativa de las pruebas ofrecidas en los términos resueltos por el juzgador de primera instancia, para que la Sala estuviera en aptitud de hacer el pronunciamiento respectivo a cada uno de los elementos de convicción controvertidos; por lo tanto, al no ser el recurso de apelación un medio de defensa que implique la renovación de la instancia, y que obligue a realizar un estudio oficioso de la controversia sino que, por el contrario, se limita al análisis de la legalidad de la resolución de primera instancia, a la luz de los agravios expuestos, debe concluirse que no existía razón alguna para que la Sala responsable se avocara al estudio de la eficacia demostrativa de todos los elementos de convicción y, por lo tanto, el concepto de violación que invoca la existencia de este vicio de índole formal debe tildarse de infundado.
Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la tesis número I.8o.C.30 K, sustentada por este cuerpo colegiado, publicada en la página 963 del Tomo XI, enero de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el título y contenido: " La improcedencia de la acción por falta de uno de sus requisitos esenciales puede ser estimada por el juzgador de primera instancia aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para su procedencia; pero el tribunal de apelación sólo puede emprender ese examen siempre y cuando en el pliego de agravios sometido a su consideración se haga valer la correspondiente inconformidad y se proporcionen las bases suficientes para que establezca cuáles requisitos de la acción dejaron de cumplirse, es decir, en la segunda instancia, sólo pueden examinarse los elementos de la acción y los hechos constitutivos de ésta, a la luz de los agravios respectivos."
Igualmente sirve de apoyo, el contenido de la tesis número I.8o.C.150 C, sustentada por este cuerpo colegiado, publicada en la página 650, del Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el título y contenido: "APELACIÓN. NO ES UNA RENOVACIÓN DE LA INSTANCIA. El recurso de apelación no es una renovación de la instancia, de tal manera que el tribunal de alzada no puede realizar un nuevo análisis de todos los puntos materia de la litis natural, ni puede examinar las pruebas aportadas por las partes para determinar su valor legal, sino que conforme con lo dispuesto por el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior, de tal manera que el examen del ad quem sólo se limita a la sentencia apelada, a la luz de los razonamientos jurídicos que realice la parte apelante en sus agravios, y si los motivos de inconformidad son expuestos en forma deficiente, la autoridad revisora no puede suplir su deficiencia, atento el principio de estricto derecho que rige al recurso de apelación en materia civil."
Además, de una simple lectura del escrito de agravios, se aprecia que la parte apelante únicamente cuestionó la eficacia demostrativa de la documental que contiene la cesión de derechos celebrada entre Artemio Trujillo Hernández y Mariana Corona Trujillo, el acta de defunción del primero de los señalados, las declaraciones de los testigos Marcelo Guadalupe Rodríguez Ramírez y Tomás Vázquez Romo, las copias certificadas de los trámites realizados por Mariana Corona Trujillo ante la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y las diligencias de la averiguación previa número 1147/03 de la Agencia 20 del Ministerio Público, en las que se desahogaron las testimoniales ofrecidas por los codemandados y por los terceros llamados a juicio, a cargo de Socorro Ferrer Gutiérrez, Tomás Vázquez Corona y Alexander Gabino Olivera Contreras, que dijo le fueron favorables.
En relación con dichas probanzas la Sala responsable expuso de manera literal, lo siguiente:
"Los agravios cuarto y quinto son infundados, habida cuenta que la declaración de los testigos Marcelo Guadalupe Rodríguez Ramírez y Tomás Vázquez Romo, de ninguna manera pueden tener el alcance y valor probatorio para desvirtuar las resoluciones de fechas diecisiete de agosto de dos mil cuatro y veintinueve de septiembre del mismo año, dictadas la primera, por el Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar de esta capital, la segunda por la Tercera Sala de lo Familiar, en el toca 1800/2004, que confirma la primera de las resoluciones, relativas al juicio intestamentario, a bienes del C. Artemio Trujillo Hernández, expediente 775/2003, según las documentales exhibidas como pruebas en autos; procedimiento en el que se ventilaron los posibles o supuestos derechos concubinarios de la hoy recurrente Valentina García García, quien no logró acreditar en dichos juicios los derechos que ahora alega nuevamente; resultando idóneo el juicio sucesorio para ventilar tales derechos, ya que en él se determinan quienes son los herederos y causahabientes en una sucesión, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1602 y relativos del Código Civil para el Distrito Federal; resoluciones que en la parte que interesan dicen: (se transcribe).
"Instrumental pública con valor probatorio pleno en términos de los artículos 327, fracciones II y VIII, y 403 del Código de Procedimientos Civiles. Procedimiento anterior en el que también se ventiló la cesión de derechos del inmueble objeto del presente juicio, realizado en los autos de la sucesión antes referida, Artemio Trujillo Hernández, a favor de Ana María Trujillo Hernández, respecto del inmueble que pretende recuperar la recurrente, quien tampoco en el presente juicio acreditó las objeciones o impugnaciones que realizó en contra de la cesión de referencia, ni acreditó la relación de concubinato, dado que las testimoniales contenidas en la averiguación previa 1147/03 referida por la recurrente, únicamente tiene valor indiciario y no hacen prueba plena en relación al concubinato que pretendió acreditar la actora, derecho que debe, en todo caso, hacer valer la recurrente en el juicio sucesorio correspondiente, por las razones antes indicadas."
De lo expuesto en el acto reclamado, se aprecia que las probanzas en estudio sí fueron objeto de pronunciamiento por la propia responsable, por lo que la parte quejosa debió controvertir los fundamentos del fallo y no limitarse a invocar una omisión, que no existió, lo que produce lo infundado del concepto de violación en estudio.
Debe destacarse que en lo tocante a las testimoniales rendidas por Socorro Ferrer Gutiérrez, Tomás Vázquez Corona y Alexander Gabino Olivera Contreras, dentro de la averiguación previa número 1147/03 de la Agencia del Ministerio Público Número 20, si bien es cierto que no existe un señalamiento expreso de parte de la responsable que valore cada una de estas probanzas, también lo es que al valorarlas en forma conjunta, se les restó eficacia demostrativa por considerar que sólo tenían un valor indiciario y no hacían prueba plena en relación con el concubinato que se pretendió demostrar, porque ese derecho, se dijo, debió hacerse valer en el juicio sucesorio correspondiente; por lo tanto, desde el punto de vista meramente formal, las probanzas en estudio sí fueron objeto de valoración por la Sala responsable, por lo que en todo caso correspondía a la quejosa controvertir el fondo de esta valoración a través de los conceptos de violación, lo que en la especie no aconteció.
No pasa inadvertido a este cuerpo colegiado, el hecho de que la Sala responsable no hizo un señalamiento expreso en relación con el valor probatorio del acta de defunción ofrecida en autos; sin embargo, esto en nada irroga perjuicios a la quejosa, ya que a lo largo del fallo se tuvo por acreditado plenamente el fallecimiento de Artemio Trujillo Hernández, lo que denota que a pesar de no existir un señalamiento expreso de la eficacia demostrativa de dicha probanza, sí se tuvo por acreditado en forma plena tal supuesto.
Al resultar infundado el motivo de inconformidad expuesto por la quejosa en cuanto a la existencia de vicios formales en la emisión del acto de autoridad, es menester proceder al análisis de los conceptos de violación expuestos en cuanto al fondo del asunto, los cuales son inoperantes, por los motivos que a continuación se exponen.
En efecto, en el segundo motivo de inconformidad, la parte quejosa expuso que la autoridad responsable vulneró el contenido del artículo 17 del Código Civil, ya que sin mayor explicación se negó la procedencia de la acción aduciendo una insuficiente argumentación.
Es inoperante el concepto de violación señalado, ya que de lo planteado se advierte que el anterior motivo de inconformidad se encuentra expuesto en forma generalizada, pues el impetrante no expresa argumento alguno encaminado a demostrar por qué no se actualizaba la insuficiencia advertida por el tribunal de apelación, para que entonces sí, este cuerpo colegiado estuviera en aptitud de proceder a su estudio.
Al no haberlo hecho así, este tribunal debería hacer un análisis oficioso del acto reclamado, a la luz de las constancias de autos existentes y del escrito de apelación, que ni siquiera fueron precisados por la quejosa, para advertir si existe o no la insuficiencia alegada y, en su caso, la indebida estimación de que la acción intentada era improcedente, lo que requeriría la suplencia de la queja deficiente, sin que el presente asunto se encuentre en alguno de los supuestos que para tal efecto contempla el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI.2o. J/105, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo contenido comparte este cuerpo colegiado, publicada en la página 87 del Tomo VII, abril de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con el título y contenido: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EXPUESTOS EN FORMA GENERALIZADA. En el juicio de garantías no se puede realizar por parte del órgano de control constitucional, un estudio general de la controversia de origen, sino que éste debe efectuarse a la luz de los argumentos que se esgriman como conceptos de violación, en los cuales se debe señalar, no sólo las disposiciones, doctrinas o criterios jurisprudenciales que se omitieron analizar, sino que también debe formularse una exposición razonada del por qué, alguna disposición legal, doctrina o criterios jurisprudenciales pueden beneficiarle a la amparista, demostrando a través de tales razonamientos el ataque a sus garantías constitucionales."
En otro orden de ideas, la parte quejosa expuso en el tercer concepto de violación, que la Sala responsable vulneró el contenido del artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues se le negó valor probatorio a las testimoniales rendidas en la información testimonial, como en la averiguación previa 1147/2003 y, en el propio juicio de origen, agregó que de dichas probanzas, se advertía que la quejosa fue concubina por más de seis años de Artemio Trujillo Hernández, con quien vivía en el inmueble del cual fue desposeída violentamente.
Los anteriores motivos de inconformidad son inoperantes por no combatir las consideraciones torales del acto reclamado, pues en cuanto a este tópico, la Sala del conocimiento dijo:
"Los agravios cuarto y quinto son infundados, habida cuenta que la declaración de los testigos Marcelo Guadalupe Rodríguez Ramírez y Tomás Vázquez Romo, de ninguna manera pueden tener el alcance y valor probatorio para desvirtuar las resoluciones de fechas diecisiete de agosto de dos mil cuatro y veintinueve de septiembre del mismo año, dictadas la primera, por el Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar de esta capital, la segunda por la Tercera Sala de lo Familiar, en el toca 1800/2004, que confirma la primera de las resoluciones, relativas al juicio intestamentario, a bienes del C. Artemio Trujillo Hernández, expediente 775/2003, según las documentales exhibidas como pruebas en autos; procedimiento en el que se ventilaron los posibles o supuestos derechos concubinarios de la hoy recurrente Valentina García García, quien no logró acreditar en dichos juicios los derechos que ahora alega nuevamente; resultando idóneo el juicio sucesorio para ventilar tales derechos, ya que en él se determinan quienes son los herederos y causahabientes en una sucesión, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1602 y relativos del Código Civil para el Distrito Federal, resoluciones que en la parte que interesan dicen:
"‘México, Distrito Federal, a diecisiete de agosto de dos mil cuatro. Vistos, para resolver sobre la declaratoria de herederos en los autos del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Trujillo Hernández Artemio, expediente número 775/003 y ...’
"IV. Asimismo y si bien es cierto que la C. Valentina García García, manifestó que vivió en concubinato con el de cujus durante más de siete años de vida; y si bien el concubinato es la unión de un hombre y una mujer que sin haber contraído matrimonio han vivido en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años, cierto es también que ello no se probó en este procedimiento, pues la C. Valentina García García, sólo exhibió las facturas números FFHJ-29763, FFHJ-31103, las cuales corren agregadas a fojas 91, 92, 110 y 111 de autos, expedidas por la empresa denominada Electra del Milenio, S.A. de C.V., recibo telefónico expedido por Teléfonos de México (foja 93); copia certificada de la credencial para votar con fotografía a nombre de la C. García García Valentina; no le favorecieron a su oferente, dado que las mismas no son idóneas para probar que vivió en concubinato con el de cujus Artemio Trujillo Hernández en el domicilio ubicado en Piedras Negras 145, Pueblo de Santa María Aztahuacan en Iztapalapa, por lo que tampoco le favorecieron las tres fotografías que obran en el seguro del juzgado, dado que de las mismas sólo se deduce la convivencia de las personas que en ellas aparecen, aunado a ello, tenemos que la C. Ana María Trujillo Hernández objetó tales documentos en cuanto a su contenido y valor probatorio.
"Asimismo y si bien es cierto que la C. Valentina García García exhibió las copias certificadas de las diligencias de jurisdicción voluntaria, información testimonial, radicada ante el C. Juez Vigésimo Cuarto de lo Familiar del Distrito Federal, a efecto de probar el concubinato con el de cujus; cierto es también que la citada documental no le favoreció a la misma, en virtud de que las mencionadas diligencias únicamente fueron aprobadas para que surtieran efectos con carácter administrativo no judicial o jurisdiccional; en tal virtud y al no haberse acreditado la existencia de concubinato alguno entre la C. Valentina García García y el de cujus Artemio Trujillo Hernández, se dejan a salvo los derechos de la C. Valentina García García, para que los haga valer en la vía y forma que conforme a derecho corresponda.
"RESUELVE: ...
"SEGUNDO. Se declara como única y universal heredera en la presente sucesión a la C. Ana María Trujillo Hernández por haber acreditado su entroncamiento en su calidad de hermana del autor de esta sucesión ... TERCERO. Se nombra como albacea definitiva en esta sucesión a la C. Ana María Trujillo Hernández, misma que deberá comparecer ante la presencia judicial para los efectos de la aceptación, protesta y discernimiento del cargo conferido ...
"Así, interlocutoriamente juzgando, lo resolvió y firma el C. Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar del Distrito Federal, licenciado Juan Tapia Mejía, por ante la C. Secretaria de Acuerdos ‘A’ licenciada Adriana González Moreno, con quien actuó y misma que autoriza y da fe ..."
"México, Distrito Federal, a veintinueve de septiembre del año dos mil cuatro.
"Vistos los autos del toca número 1800/2004, para resolver el recurso de apelación interpuesto por Valentina García García en contra de la sentencia interlocutoria de fecha diecisiete de agosto de dos mil cuatro, dictada por el C. Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar, en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Trujillo Hernández Artemio, expediente 775/2003 ...
"RESUELVE: ... SEGUNDO. Se confirma en sus términos la sentencia interlocutoria materia del presente recurso de apelación ...
"Así, unitariamente, lo resolvió y firma la C. Magistrada licenciada Adriana Canales Pérez, integrante de la Tercera Sala Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ..."
"Instrumental pública con valor probatorio pleno en términos de los artículos 327, fracciones II y VIII, y 403 del Código de Procedimientos Civiles. Procedimiento anterior en el que también se ventiló la cesión de derechos del inmueble objeto del presente juicio, realizado en los autos de la sucesión antes referida, Artemio Trujillo Hernández, a favor de Ana María Trujillo Hernández, respecto del inmueble que pretende recuperar la recurrente, quien tampoco en el presente juicio acreditó las objeciones o impugnaciones que realizó en contra de la cesión de referencia, ni acreditó la relación de concubinato, dado que las testimoniales contenidas en la averiguación previa 1147/03 referida por la recurrente, únicamente tiene valor indiciario y no hacen prueba plena en relación al concubinato que pretendió acreditar la actora, derecho que debe, en todo caso, hacer valer la recurrente en el juicio sucesorio correspondiente, por las razones antes indicadas."
De la anterior transcripción, confrontada con los conceptos de violación, se advierte que los mismos son inoperantes, ante la insuficiencia que presentan, puesto que la parte quejosa fue omisa en controvertir la totalidad de los argumentos torales que sirvieron de base a la Sala responsable para considerar que los agravios eran infundados, pues las pruebas testimoniales no eran aptas para desvirtuar las resoluciones dictadas por el Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar y la Tercera Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia, ambos del Distrito Federal, relativos al juicio intestamentario a bienes de Artemio Trujillo Hernández, por ser este el procedimiento en que se ventilaron los supuestos derechos concubinarios de la quejosa.
Igualmente fue omiso en controvertir la aseveración de la Sala consistente en que el juicio sucesorio era el que resultaba idóneo para ventilar los derechos alegados por la inconforme, porque en él se determinaban quienes eran los herederos y los causahabientes de la sucesión, en términos del artículo 1602 del Código Civil.
Finalmente, nada dijo en relación con la precisión de la Sala, consistente en que las testimoniales contenidas en la averiguación previa, únicamente tenían valor indiciario, y no hacían prueba plena del concubinato alegado, argumentos que al no ser impugnados debían seguir rigiendo el sentido del fallo.
Consecuentemente, la omisión de controvertir mediante razonamientos lógicos-jurídicos, todos y cada uno de los motivos que expresó la responsable, para confirmar la resolución de primera instancia y decretar la improcedencia de la acción intentada, los cuales por sí mismos son suficientes para que subsista la parte conducente del acto reclamado, obligan a este resolutor a que prevalezca la conclusión de la responsable, en el sentido de que los agravios expuestos eran infundados y, por lo tanto, quedaron incólumes, pues para poder analizar el concepto relativo a la indebida valoración de la prueba testimonial, que se dijo era apta para acreditar la existencia de un concubinato con el autor de la sucesión, este tribunal tendría que analizar de manera oficiosa el acto reclamado, para valorar si efectivamente el juicio sucesorio era el medio idóneo para ventilar tal circunstancia, si las actuaciones realizadas en dicho procedimiento, se veían o no contradichas con las testimoniales de referencia, y si éstas tenían o no valor probatorio de mero indicio y, en su caso, si los mismos no eran infundados, se pudiera estudiar la litis en los términos expresados en los conceptos de violación, lo que evidentemente implicaría la suplencia de la deficiencia de la queja, sin que el presente caso se encuentre en alguno de los supuestos que para tal efecto prevé el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.
Se invoca por su aplicación, la jurisprudencia número 173, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria para este tribunal en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, publicada en la página 116, Tomo VI, Parte SCJN, Sexta Época del Apéndice de 1995, con el rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.-Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable."
En consecuencia, al no demostrarse mediante los conceptos de violación que la sentencia reclamada conculque las garantías individuales de la quejosa, procede negarle el amparo solicitado.
Finalmente, en relación con los actos reclamados a la Juez Sexto de lo Civil del Distrito Federal, consistentes en la ejecución de los actos imputados a la Sala responsable, es procedente negar el amparo solicitado, por ser éstos consecuencia del diverso acto de autoridad emitido por la autoridad ordenadora el cual, como ya se dijo, no es violatorio de garantías.
Es aplicable al presente asunto, la jurisprudencia número 105, visible en la página 68 del Tomo VI, Quinta Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 1995, con el título: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.-Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía."
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 76 a 79 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Valentina García García, por su propio derecho, en contra de los actos que reclamó de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y Juez Sexto de lo Civil, ambos del Distrito Federal, que quedaron precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos relativos a la Sala responsable y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, integrado por los señores Magistrados Abraham S. Marcos Valdés, presidente; Patricia Mújica López y José Juan Bracamontes Cuevas, siendo ponente el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19308-65bd1d84/accion-el-estudio-de-su-procedencia-o-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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