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Modo: Corpus Pro

MULTAS FISCALES. EL AMPARO QUE SE CONCEDE POR RESULTAR INCONSTITUCIONAL LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN OMITIDA, NO LIBERA AL QUEJOSO DE LA IMPOSICIÓN DE AQUELLAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUES SÓLO CONSTRIÑE A LA AUTORIDAD A NO CONSIDERAR DICHA VARIABLE AL FIJAR SU MONTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 653/2004. · Registro digital (IUS): 19331
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: BIOMATERIALES SISTEMAS Y EQUIPOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, , Pág. 384.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 653/2004. BIOMATERIALES SISTEMAS Y EQUIPOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Las consideraciones necesarias para resolver esta instancia, son las que a continuación se sintetizan.

1. La quejosa adujo en su sexto concepto de violación, que el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil uno, transgrede el artículo 22 de la Constitución Federal, por contener una multa excesiva, toda vez que, consideró, la imposición de la multa tiene como objeto castigar la conducta del contribuyente por incurrir en la omisión del pago de contribuciones, de ahí que su finalidad es disuasiva o ejemplar, para así evitar conductas similares.

Sin embargo, refirió la quejosa, el precepto va más allá de la finalidad fundamental señalada y le imprime un objeto indemnizatorio, en razón de que toma en cuenta una contribución actualizada para la determinación del porcentaje conforme al que habrá de imponerse la multa; de tal manera que la base de la imposición de la sanción no es la conducta en sí misma, sino la contribución omitida, pues la actualización de la contribución es posterior al momento de la comisión y, por ende, ajena a la conducta infractora, lo que, adujo la inconforme, de ninguna manera puede considerarse para el cálculo de la multa.

2. En la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado consideró que, tal como lo alegó la quejosa, el precepto combatido es violatorio del artículo 22 constitucional, por contemplar para la determinación de la multa la actualización a que se refiere el artículo 17-A del propio Código Fiscal de la Federación, pues, refirió, dicha actualización desnaturaliza la teleología de toda multa, como sanción que persigue disuadir al infractor de la comisión de futuros incumplimientos.

Al respecto, citó de apoyo la tesis número 2a. CIX/2003, emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, cuyo rubro dice: "MULTA. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE JULIO DE 1992, IMPUESTA RESPECTO DE UN ACTO DE CONSUMACIÓN INSTANTÁNEA, VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

Por otra parte, calificó de inoperantes e infundados los restantes conceptos de violación, en los que se combatieron los fundamentos y motivos que tomó en cuenta la Sala responsable al reconocer la validez del acto administrativo impugnado, en el que se impuso a la quejosa un crédito fiscal por la cantidad de $1'505,139.13 (un millón quinientos cinco mil ciento treinta y nueve pesos 13/100 moneda nacional), por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, recargos y multas.

Así, el órgano colegiado determinó conceder a la quejosa el amparo para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, dictando otra en la que reitere los considerandos en que se fundó para reconocer la validez de la resolución impugnada y declare la nulidad de la aludida resolución, únicamente en lo referente a la actualización del monto histórico de las contribuciones omitidas a que se refiere el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación (estimado inconstitucional), debiendo la responsable, en consecuencia, abstenerse de considerar dicha actualización.

3. La quejosa formuló en contra de esa determinación, los agravios siguientes:

a) En el primero, refirió que son incorrectos los efectos para los que se otorgó la protección constitucional, pues, considera, en términos del artículo 80 de la ley de la materia, los efectos de la concesión del amparo no pueden ser otros que la no aplicación del precepto legal declarado inconstitucional, ya que éste debe apreciarse como una norma integral y no como una disposición que se pueda desmembrar y aplicarse de manera parcial.

Lo anterior, pues la conclusión del Tribunal Colegiado de sólo ampararla para el efecto de que la multa impuesta no sea actualizada, deja inconclusa la restitución en el goce de la garantía individual violada, siendo que la violación en el caso concreto se dio con la aplicación de la fracción II del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, de ahí que, asegura, el efecto de la protección constitucional debe ser la no aplicación del referido precepto.

Además, refiere que es incorrecta la diferenciación que hizo el Tribunal Colegiado respecto de los efectos de las sentencias que conceden el amparo en la vía indirecta y directa, pues la Ley de Amparo no hace esa diferenciación.

Agrega que no existe elemento que permita a la autoridad fiscal individualizar la pena o sanción propiamente dicha, en razón de que la base de ésta contraviene el artículo 22 constitucional, y en el caso aplica el principio jurídico de que "no hay sanción sin ley".

b) En el agravio segundo refiere que el Tribunal Colegiado interpretó inadecuadamente el artículo 16 constitucional, al contestar su tercer concepto de violación pues, contrario a lo resuelto, debió concederse el amparo en el aspecto de legalidad por falta de fundamentación y motivación de la sentencia combatida.

c) En el agravio tercero alega que el a quo interpretó erróneamente los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, pues no está acreditada la competencia constitucional de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del Estado de Puebla, para ejercer facultades reservadas a una autoridad federal, como lo precisó en su noveno concepto de violación.

d) En el agravio cuarto, la recurrente precisa que el Tribunal Colegiado interpretó inadecuadamente el artículo 16 constitucional, pues llegó a la conclusión de que el ejercicio fiscal inició para la quejosa el veintiuno de enero de dos mil, aspecto que se desprendió de la inscripción del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la póliza en que consta la constitución de la sociedad mercantil denominada Biomateriales Sistemas y Equipos Universales, Sociedad Anónima de Capital Variable; lo que, a juicio de la recurrente, implica una confusión de lo que es un ejercicio social con lo que debe entenderse por ejercicio fiscal.

4. La litis en esta instancia se constriñe a determinar si fue o no acertada la determinación del Tribunal Colegiado del conocimiento en la sentencia recurrida, en lo que hace a los efectos de la concesión del amparo que otorgó a la recurrente respecto del artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil uno.

TERCERO. Previo al estudio de los agravios sintetizados con anterioridad, debe justificarse la procedencia del recurso de revisión intentado.

De la lectura del primero de los agravios, se advierte que de lo que la quejosa se duele no es del amparo otorgado a su favor, sino de que el Tribunal Colegiado del conocimiento precisó de manera errónea los efectos de dicha concesión, circunstancia que, según afirma, faculta a la autoridad responsable para que pueda aplicar nuevamente en su perjuicio el artículo declarado inconstitucional en la sentencia de primer grado, haciendo nugatoria la protección constitucional que le fue concedida.

De lo antes expuesto, se colige que el presente recurso de revisión es procedente, pues aunque la concesión del amparo aparentemente no puede agraviar a la inconforme al no poder obtener en esta instancia mayores beneficios que los obtenidos en la sentencia recurrida, no debe soslayarse que la interpretación del artículo puede influir de manera determinante en los alcances del amparo que el Juez estableció en la sentencia protectora, ya que ello puede traer consigo, incluso, que se restituya o no a la quejosa en el pleno goce de la garantía individual que estimó violada.

La conclusión alcanzada es congruente con el principio de derecho procesal, consistente en que puede impugnar una resolución judicial quien no obtiene todo lo que pidió o quien resiente un agravio, así como también con el criterio sustentado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el recurso de revisión sólo puede interponerse por la parte a quien causa perjuicio la resolución que se recurre, esto es, que la legitimación para impugnar las resoluciones y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia, deriva no sólo de la calidad de parte que se ha tenido en el juicio de amparo, sino, además, de que la resolución combatida le cause un agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio.

Cabe citar al respecto, por analogía, la tesis aislada emitida por esta Primera Sala, en relación con el mismo tema en el recurso de revisión en amparo indirecto, que es del tenor siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVIII, noviembre de 2003

"Tesis: 1a. LXI/2003

"Página: 126

"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE ESE RECURSO CUANDO LO QUE EL QUEJOSO COMBATE ES LA PRECISIÓN ERRÓNEA DE LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Por regla general, el quejoso no puede impugnar una sentencia que le es favorable a sus intereses, pues ello es contrario al principio de agravio personal y directo que rige en el juicio de amparo en todas sus etapas e instancias. Sin embargo, si lo que combate es que el Juez del conocimiento precisó erróneamente los efectos de dicha concesión, el referido medio de impugnación debe considerarse procedente, pues aunque la concesión del amparo aparentemente no puede agraviarlo al no poder obtener en segunda instancia mayores beneficios que los generados por la sentencia recurrida, al haberse declarado la inconstitucionalidad de una ley, los alcances de la sentencia protectora sí pueden tener ese efecto desfavorable, ya que puede traer consigo, incluso, que se le restituya o no en el pleno goce de la garantía individual violada.

"Amparo en revisión 549/2003. Natsteel Electronic Systems, S.A. de C.V. 18 de junio de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame."

CUARTO. El agravio primero es infundado, en tanto que los restantes resultan inoperantes.

En el primero de ellos, la recurrente sostiene medularmente que la resolución impugnada transgrede el artículo 80 de la Ley de Amparo, ya que hace nugatoria la protección constitucional concedida contra el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, pues el a quo reconoció que tal numeral viola el artículo 22 constitucional, ya que la actualización que prevé el artículo 17-A del propio ordenamiento legal, desnaturaliza la teleología de toda multa, como sanción que persigue disuadir al infractor de la comisión de futuros incumplimientos; sin embargo, refiere que al precisar los efectos del amparo, de manera errónea consideró que dicha concesión es para que la multa impuesta a la quejosa no sea actualizada; lo que, según aduce, es contrario a lo que dispone el artículo 80 de la ley de la materia, ya que si los efectos deben ser restituir al quejoso en el uso de la garantía violada, ello implica que si la violación se dio con la aplicación del precepto tildado de inconstitucional, luego entonces, la restitución debe consistir en la inaplicación de éste.

Es infundado el agravio anterior, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se exponen:

En principio, a fin de determinar si los efectos del amparo precisados por el Tribunal Colegiado en la sentencia reclamada son o no correctos, es necesario analizar las consideraciones que lo llevaron a concluir acerca de la inconstitucionalidad del precepto aplicado en la sentencia impugnada, para después confrontar dichas consideraciones con los alcances que señaló en relación con el amparo otorgado.

Como se advierte de la sentencia impugnada, el Tribunal Colegiado sostuvo que el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil uno, transgrede el artículo 22 de la Constitución Federal, por contemplar para la determinación de la multa la actualización a que se refiere el artículo 17-A del propio código; pues, refirió, dicha actualización desnaturaliza la teleología de toda multa, como sanción que persigue disuadir al infractor de la comisión de futuros incumplimientos.

Ahora bien, el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que las sentencias de amparo persiguen, como fin último, el restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de producirse la violación a las garantías individuales, sin que, tal como lo afirma la quejosa, haga una diferenciación de los efectos de las sentencias protectoras dictadas en amparo indirecto o directo (en las cuales se determine la inconstitucionalidad de una ley); sin embargo, tal como lo precisó el a quo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía interpretación, ha determinado que sí existe una diferencia en ese aspecto, pues cuando por la vía de amparo indirecto se combate una ley, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la norma en relación con el quejoso, y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será nulo; y por el contrario, en tratándose de amparo directo -como en el caso- el pronunciamiento por parte del tribunal se concretará a la sentencia definitiva o a la resolución que puso fin al juicio, por constituir ésta el acto reclamado.

Lo anterior se desprende de la tesis invocada por el Tribunal Colegiado, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, del contenido siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: V, marzo de 1997

"Tesis: P. XXXVII/97

"Página: 261

"SENTENCIA INCONGRUENTE. LO ES LA DICTADA EN AMPARO DIRECTO CUANDO EN LOS RESOLUTIVOS EXISTE PRONUNCIAMIENTO SOBRE PRECEPTOS QUE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SE ESTIMARON INCONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo directo sólo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que hubieren puesto fin al juicio y que las cuestiones que no sean de imposible reparación, surgidas en la secuela procesal, sobre constitucionalidad de leyes, tratados o reglamentos, pueden hacerse valer como conceptos de violación, sin que sea necesario señalar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, ni llamar a las autoridades expedidoras de la ley cuya constitucionalidad se controvierte, ya que su calificación se hará por el tribunal en la parte considerativa de la sentencia, de lo que se colige que en la resolución que al respecto se emita, debe tenerse únicamente como acto reclamado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio y en los puntos resolutivos sólo se concederá o negará el amparo o se sobreseerá en el juicio respecto de dichos actos, sin incluir a la ley, tratado internacional o reglamento que hubieran sido materia de impugnación en los conceptos de violación, pues la calificación de su constitucionalidad o inconstitucionalidad se hace mediante declaraciones con efectos limitados a la sentencia, laudo o resolución final reclamados, como actos de aplicación, y a la autoridad judicial que los pronunció, de manera tal que cuando el Tribunal Colegiado que conoce del juicio sobresee, niega o concede el amparo respecto de los preceptos impugnados, tal forma de proceder viola el principio de congruencia que debe regir toda sentencia, al incluir en los puntos resolutivos, como actos específicos, los preceptos reclamados así como a las autoridades expedidoras de los mismos, lo que hace que la sentencia resulte incongruente y debe, por tanto, ser corregida.

"Amparo directo en revisión 1392/95. Joel Solís Rubio. 21 de octubre de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma Rodríguez Franco."

De igual manera, es correcta la precisión que hizo el a quo en relación con las leyes fiscales, en el sentido de que existen normas tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones, y otras que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales.

En el caso de las primeras, como refirió el órgano de control constitucional, de concederse el amparo su efecto será que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial, cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional.

En el caso de las segundas, como también lo precisó el Tribunal Colegiado, el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trata para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte el sistema del impuesto.

Al respecto, tiene exacta aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (citada por el a quo), del contenido siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VIII, noviembre de 1998

"Tesis: P./J. 62/98

"Página: 11

"CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA. Existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas. En efecto, hay normas tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y otras que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto."

Ahora bien, tal como lo precisó el Tribunal Colegiado, el vicio que se estimó que contiene el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, no afecta el mecanismo esencial de la multa que prevé, sino sólo una variante, como lo es la actualización que contempla el artículo 17-A del propio ordenamiento legal.

Los artículos referidos, literalmente dicen:

"Artículo 76. Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicarán las siguientes multas:

"...

"II. Del 70% al 100% de las contribuciones omitidas, actualizadas, en los demás casos."

"Artículo 17-A. El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizarán por fracciones de mes.

"En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado.

"Los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto por este artículo, cuando las leyes fiscales así lo establezcan. Las disposiciones señalarán en cada caso el periodo de que se trate.

"Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. El monto de ésta, determinado en los pagos provisionales y del ejercicio, no será deducible ni acreditable."

Al respecto, el Tribunal Colegiado estimó que resulta violatorio del artículo 22 constitucional, la actualización de la multa prevista en la fracción II del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación pues, refirió, dicha actualización desnaturaliza la teleología de toda multa, como sanción que sólo persigue disuadir al infractor de la comisión de futuros incumplimientos.

En ese contexto, se comulga con el a quo en el sentido de que la inconstitucionalidad que estimó respecto del artículo 76 del código tributario en mención, no se refiere a uno de los elementos esenciales de la sanción que prevé, sino a una variante que consiste en que para la determinación de la multa aplicable al infractor debe actualizarse la contribución omitida, es decir, no atiende a su monto histórico; estimándose que esto último es lo que convierte a la multa en excesiva y, por ende, violatoria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es decir, la inconstitucionalidad del precepto referido no se hace depender de la sanción que contempla a la razón del setenta al cien por ciento de la contribución omitida, sino, como se dijo, a la actualización de ésta.

Por tanto, es correcta la apreciación del Tribunal Colegiado al afirmar que el vicio de inconstitucionalidad se limita a la porción normativa que prevé esa actualización, y no en términos generales a la imposición de la sanción por sí misma.

En ese sentido, tal como lo afirmó el a quo, la restitución de la garantía individual que se consideró violada en perjuicio de la quejosa hoy recurrente, se colma con la desvinculación de la porción normativa estimada inconstitucional, a fin de que no se considere la actualización de la contribución omitida al determinarse la sanción prevista en el numeral en análisis.

Por ello, es correcta la conclusión a la que se llegó al determinar que los elementos esenciales para la determinación de la multa establecida en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, siguen incorporados en la esfera jurídica de la quejosa, lo que permite a la autoridad administrativa reconocer parcialmente la validez del acto combatido vía juicio de nulidad, en el sentido de que es válido imponer a la quejosa la multa prevista en ese ordenamiento legal, pero sin considerar la actualización de la contribución omitida.

Al respecto cobra aplicación, por analogía, la tesis de jurisprudencia invocada por el Tribunal Colegiado, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVIII, julio de 2003

"Tesis: P./J. 18/2003

"Página: 17

"EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.-La declaratoria de que un precepto que establece la exención parcial de un tributo es inequitativo, no tiene por efecto exentar al quejoso del pago en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte inconstitucional, es decir, tratándose de una norma que concede dicho beneficio a determinados contribuyentes en detrimento de otros que se encuentran en la misma situación, como el amparo se concede sólo respecto de dicha porción normativa y no de las normas que establecen los elementos esenciales del tributo, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en hacer extensiva en su favor únicamente la exención parcial otorgada a los demás."

Por otra parte, resultan inoperantes los agravios segundo, tercero y cuatro, pues no importan ningún planteamiento de constitucionalidad que constituya la materia exclusiva de la revisión en tratándose del juicio de amparo directo.

En efecto, los agravios sintetizados en el considerando segundo de este fallo, se refieren, esencialmente, a lo siguiente:

En el agravio segundo la quejosa aduce que el Tribunal Colegiado interpretó inadecuadamente el artículo 16 constitucional al contestar su tercer concepto de violación pues, contrario a lo resuelto, debió concederse el amparo por falta de fundamentación y motivación de la sentencia combatida.

En el agravio tercero alega que el a quo interpretó erróneamente los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, pues no está acreditada la competencia constitucional de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del Estado de Puebla, para ejercer facultades reservadas a una autoridad federal, como lo precisó en su noveno concepto de violación.

En el agravio cuarto la recurrente precisa que el Tribunal Colegiado interpretó inadecuadamente el artículo 16 constitucional, pues llegó a la conclusión de que el ejercicio fiscal inició para la quejosa el veintiuno de enero de dos mil, aspecto que desprendió de la inscripción del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la póliza en que consta la constitución de la sociedad mercantil denominada Biomateriales Sistemas y Equipos Universales, Sociedad Anónima de Capital Variable; lo que, a juicio de la recurrente, implica una confusión de lo que es un ejercicio social con lo que debe entenderse por ejercicio fiscal.

Los anteriores planteamientos se refieren exclusivamente a cuestiones de mera legalidad, siendo que de los artículos 107, fracción IX, constitucional, 84, fracción II, en relación con el 83, fracción V, de la Ley de Amparo y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende que el recurso de revisión interpuesto en juicio de amparo directo, procede únicamente respecto de cuestiones de constitucionalidad; de ahí que tales planteamientos resulten inoperantes.

Al respecto, es aplicable el siguiente criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta Primera Sala comparte:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VIII, agosto de 1998

"Tesis: 2a./J. 53/98

"Página: 326

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON INOPERANTES.-Conforme a los artículos 107, fracción IX, constitucional y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan el recurso de revisión en amparo directo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia deberá examinar las cuestiones propiamente constitucionales; por consiguiente, si en el recurso se plantean, al lado de agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de un precepto de la Constitución, argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes."

En ese contexto, ante lo infundados e inoperantes que resultaron los agravios, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y conceder a la quejosa el amparo solicitado, para los efectos precisados por el Tribunal Colegiado del conocimiento.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Biomateriales Sistemas y Equipos Universales, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al tribunal de origen y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza (ponente), José Ramón Cossío Díaz y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19331-473d3c87/multas-fiscales-el-amparo-que-se-concede-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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