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REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DECIDIÓ SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (MISCELÁNEA FISCAL) QUE NO ES LEY, TRATADO INTERNACIONAL O REGLAMENTO EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA O POR EL GOBERNADOR DE ALGUNA ENTIDAD FEDERATIVA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1574/2004. · Registro digital (IUS): 18722
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GRUPO MAZ, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 296.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1574/2004. GRUPO MAZ, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. En el escrito de revisión la quejosa formuló los agravios que, en síntesis, expresan lo siguiente:

1. Derivado de la interpretación del artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, debe concluirse que los funcionarios distintos al presidente de la República no cuentan con facultades para emitir disposiciones generales que provean en la esfera administrativa a la exacta aplicación de una ley, en específico, reglas de resolución de miscelánea fiscal; por ende, la regla 4.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil es inconstitucional, porque viola lo dispuesto en el numeral 89, fracción I, de la Carta Magna, en relación con la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 del mismo ordenamiento legal, en virtud de que el Ejecutivo Federal es el único órgano facultado para expedir reglamentos o disposiciones administrativas de carácter general, ya que se trata de disposiciones imperativas y abstractas que detallan las hipótesis legales y los supuestos de aplicación; lo que se encuentra reservado sólo al presidente de la República (se transcriben los mismos supuestos que en la demanda de amparo se dijo, que prevé el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal). Esto se corrobora, señala la recurrente, con la tesis emitida por la anterior Cuarta Sala, con el rubro siguiente: "FACULTADES DEL EJECUTIVO PARA DICTAR RESOLUCIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA FISCAL, ALCANCE DE LAS.". Por otro lado, el hecho de que los reglamentos expedidos por el presidente de la República no puedan tener otra función más allá de facilitar la aplicación de las leyes, deriva de que la facultad prevista en el artículo 89, fracción I, constitucional, sólo se refiere a proveer para la exacta observancia de las leyes y dentro de la esfera administrativa, lo que implica que no puede invadirse la esfera legislativa mediante el establecimiento de cuestiones distintas a las previstas por el Congreso de la Unión; lo que es acorde con el principio de división de poderes que establece el artículo 49 de la Constitución, dado que el presidente no podría asumir la función de establecer hipótesis legales mediante reglamentos, decretos, acuerdos, reglas u otros actos administrativos, si no están previstas por el legislador, aunado al hecho de que en términos de lo dispuesto en el numeral 72, inciso f), del mismo ordenamiento, para la reforma, modificación o derogación de leyes, debe seguirse el mismo procedimiento que para su creación; por lo que resultaría contrario a ello que se modificara, reformara, alterara o derogara el contenido de una norma legal; esto es, no se puede modificar una ley a través de un acto reglamentario. Por todo ello, es válido afirmar que la regla 4.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil es inconstitucional, puesto que fue emitida por una autoridad que carecía de facultades constitucionales para hacerlo, y porque pretende reglamentar la devolución del impuesto al activo pagado por los contribuyentes; es decir, pretende realizar la función de un acto reglamentario, proveyendo en la esfera administrativa la exacta observancia de la Ley del Impuesto al Activo, sin que dicha regla hubiese sido emitida por el presidente de la República, pues lo hizo el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero, suponiendo que los titulares de las dependencias pudieran expedir reglas administrativas de carácter general, sólo sería en tanto dichas reglas generales se refirieran a aspectos técnicos y operativos, mas no a reglas que establezcan obligaciones a cargo de los particulares y que sean adicionales a las de la ley. La regla impugnada no se refiere sólo a aspectos técnicos y operativos que faciliten la aplicación de la ley, sino que en ella se establece una obligación adicional a cargo de las sociedades controladoras, consistente en determinar el impuesto al activo consolidado de acuerdo a la participación consolidable prevista en la opción del artículo 57-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que éstas pudieran obtener la devolución del impuesto al activo pagado en los diez ejercicios anteriores. Asimismo, de lo dispuesto en el artículo 6o., fracción XXXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es facultad del titular ejercer las facultades que las leyes dispongan para dictar reglas de carácter general en las materias de su competencia, esto es, sólo el titular de las secretarías de Estado puede emitir esas disposiciones.

2. La inconstitucionalidad de la regla 4.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil, se corrobora al establecer obligaciones adicionales a las previstas en la ley, violando así los artículos 49, 72, inciso f), 73, fracción VII, 89, fracción I y 133 de la Constitución, en relación con la garantía de legalidad a que alude el numeral 16 del mismo ordenamiento, toda vez que pretende modificar el contenido de los artículos 9o. y 13 de la Ley del Impuesto al Activo en materia de obligaciones de los contribuyentes, a fin de estar en posibilidad de obtener la devolución del impuesto al activo, estableciendo la obligación adicional a cargo de las sociedades controladoras, de determinar el impuesto al activo consolidado de acuerdo a la participación consolidable prevista en la opción del artículo 57-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta; lo que demuestra que la regla que se tilda de inconstitucional va más allá de esos preceptos legales, pues obliga a los contribuyentes a tomar la opción referida para poder obtener en devolución el impuesto al activo; lo cual es ilegal, en virtud de que la facultad reglamentaria únicamente puede tener como objetivo el facilitar el campo de aplicación de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, concretizando y detallando su contenido, sin que en ningún momento pueda modificar, alterar o suprimir las situaciones jurídicas previstas en la ley reglamentada, ni pueda crear o establecer situaciones jurídicas no establecidas en ésta, como acontece en la especie; por tanto, se afirma, si la regla 4.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil establece más obligaciones que las previstas en los numerales 9o. y 13 de la Ley del Impuesto al Activo, y más que las que dispone el artículo 57-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es evidente que modifica lo dispuesto en esos preceptos legales, lo que se traduce en una violación a los artículos 16, 49, 72, inciso f), 73, fracción VII, 89, fracción I, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que en el caso proceda la supletoriedad de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues el ordenamiento legal a suplir debe preverlo expresamente; de acuerdo a ello, no pueden armonizar dos ordenamientos que se contradicen entre sí en cuanto a la mecánica de determinación del impuesto, y esto hace imposible la aplicación supletoria; por tanto, lo que aduce el Tribunal Colegiado respecto a que la utilización del verbo "poder" a que alude el artículo 57-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta es insuficiente para concluir que se trata de una potestad optativa para las empresas controladoras, no es correcto, pues en realidad sí es una opción para dichas empresas determinar el impuesto al activo consolidado a su cargo de acuerdo a su participación consolidable, y no en la forma prevista en el artículo 13 de la Ley del Impuesto al Activo. En otro aspecto, la supuesta justificación que da el órgano jurisdiccional respecto a que la constitucionalidad de la regla impugnada se fundamenta en el artículo quinto transitorio, fracción VII, inciso b), del decreto por el cual se modificó la Ley del Impuesto sobre la Renta, es indebida, ya que va más allá de lo que constituyó materia de la litis, y sólo se pretende mejorar una fundamentación y motivación que la regla reclamada no tiene, aunado a que ese precepto transitorio sólo permite que se emitan reglas procedimentales, no normas sustantivas que establezcan obligaciones adicionales a las previstas en la ley. Asimismo, la aplicación de la disposición transitoria de mérito es retroactiva, tomando en consideración los ejercicios fiscales en los que se enteró el tributo de que se trata. Por último, dice la recurrente, la regla que se combate transgrede el numeral 72, inciso h), de la Carta Magna, porque modifica e incluso deroga lo que dice la ley.

TERCERO. Los agravios que han quedado sintetizados resultan inatendibles, porque no se actualizan las hipótesis legales que establecen la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, si, como en la especie, no se plantea la inconstitucionalidad de una ley o reglamento federal o la interpretación de un precepto constitucional desde la demanda de garantías; por tanto, el estudio de la constitucionalidad de una regla de una resolución miscelánea fiscal emitida por una autoridad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no es competencia de esta Segunda Sala, ya que lo determinado por el Tribunal Colegiado del conocimiento, sobre el particular, constituye cosa juzgada; sin que sea factible afirmar que, en el caso, deban precisarse los alcances de diversas disposiciones tributarias a que alude la recurrente, ni que debido a la regla cuestionada, deba interpretarse el artículo 89, fracción I, de la Carta Magna.

En efecto, para dejar claro que no se actualiza el supuesto legal de procedencia del recurso de revisión en amparo directo cuando se alega la constitucionalidad de una regla de "resolución miscelánea fiscal", es pertinente transcribir los siguientes artículos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales; ..."

Ley de Amparo

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión: ... V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste."

"Artículo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes: ... II. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que se esté en el caso de la fracción V del artículo 83. ..."

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: ... III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales; ..."

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: ... III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito: a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; ..."

Acuerdo General Plenario Número 5/1999.

"Primero. Procedencia. I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos siguientes: a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo. b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva. Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad. ..."

Acuerdo General Plenario Número 5/2001.

"Tercero. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia conservará para su resolución: ... II. Los amparos en revisión en los que subsistiendo la materia de constitucionalidad de leyes federales o tratados internacionales, no exista precedente y, a su juicio, se requiera fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional y, además, revistan interés excepcional, o por alguna otra causa; o bien, cuando encontrándose radicados en alguna de las Salas, lo solicite motivadamente un Ministro. ..."

Del análisis sistemático de las disposiciones legales y acuerdos generales plenarios transcritos, se advierte con claridad que los problemas jurídicos susceptibles de analizarse a través del recurso de revisión instado contra una sentencia de amparo directo, propio de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas, son los relativos a la constitucionalidad de leyes y reglamentos federales, o en los casos en que se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte y conforme a los acuerdos generales citados, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

Por lo mismo, es inconcuso que el tema relativo a la constitucionalidad de una regla de "resolución miscelánea fiscal", ya sea que se hubiera decidido en uno u otro sentido su constitucionalidad por parte del Tribunal Colegiado, no puede ser materia de estudio en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no se ubica dentro de las hipótesis de procedencia de este medio de impugnación excepcional.

Por su aplicación, es de citarse la tesis número 2a. XCVII/2001 de esta Segunda Sala, Novena Época, visible en la página 314 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, junio de 2001, del tenor siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DECIDIÓ SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL QUE NO ES UNA LEY, TRATADO INTERNACIONAL O REGLAMENTO EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA O POR EL GOBERNADOR DE ALGUNA ENTIDAD FEDERATIVA. El recurso de revisión contra sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se impugnó una ley federal o local, un tratado internacional, reglamentos expedidos por el presidente de la República en los términos establecidos por la fracción I del artículo 89 constitucional o reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados. En consecuencia, si a través del juicio de amparo directo se reclamó la inconstitucionalidad de una norma general que no es una de las señaladas en los preceptos citados, no se dan los supuestos para la procedencia del recurso de revisión, como acontece cuando se reclama la emisión de un anexo a una resolución miscelánea fiscal por un subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ausencia de su titular."

De igual manera es exactamente aplicable en la especie la tesis número 2a. XII/2002, sustentada por la Segunda Sala, que puede consultarse en la página 429 del Tomo XV, marzo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es el que enseguida se transcribe:

"MISCELÁNEA FISCAL. CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUE DECIDEN, EN AMPARO DIRECTO, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS REGLAS, NO PROCEDE REVISIÓN. Del análisis sistemático de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Plenario 5/1999, se advierte que los problemas jurídicos susceptibles de analizarse a través del recurso de revisión instado contra una sentencia de amparo directo, propio de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, son los relativos a la constitucionalidad de leyes y reglamentos federales, o en los casos en que se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte y conforme a los acuerdos generales respectivos, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. En congruencia con lo anterior, debe decirse que tal y como lo sostuvo esta Segunda Sala, en la tesis 2a. XCVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de 2001, página 314, el recurso de revisión en amparo directo es improcedente cuando el Tribunal Colegiado de Circuito decidió sobre la constitucionalidad de una norma general que no es una ley, un tratado internacional o un reglamento expedido por el presidente de la República, por lo que el tema relativo a la constitucionalidad de una regla de ‘resolución miscelánea fiscal’, ya sea que se hubiera decidido en uno u otro sentido por parte de un Tribunal Colegiado, o se hubiera omitido su análisis, no puede ser materia de estudio por parte de este Alto Tribunal, porque no se ubica dentro de las hipótesis de procedencia de este medio de impugnación excepcional."

En efecto, la regla 4.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil, expedida por el subsecretario de Ingresos en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, tiene su sustento en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, que establece:

"Artículo 33. Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente: I. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán: ... g) Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes; se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. ..."

Asimismo, la citada Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación del seis de marzo de dos mil, en su parte considerativa, señala:

"4.11. Las sociedades controladoras podrán obtener la devolución o efectuar la compensación del IMPAC por ellas pagado en cualquiera de los diez ejercicios inmediatos anteriores, contra el ISR consolidado determinado en el ejercicio, siempre que dichas sociedades y todas sus controladas hubieran ejercido la opción a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 57-E de la Ley del ISR. Cuando el IMPAC recuperado sea menor al excedente del ISR consolidado sobre el IMPAC consolidado del mismo ejercicio, hasta por la diferencia, la sociedad controladora podrá solicitar la devolución o efectuar la compensación del IMPAC pagado por sus sociedades controladas con anterioridad a su incorporación al régimen de consolidación, siempre y cuando tanto la sociedad controladora como la sociedad controlada de que se trate se ubiquen, en el mismo ejercicio, en el supuesto del artículo 9o., cuarto párrafo de la Ley del IMPAC y además se sujeten a lo dispuesto en esta regla, y el IMPAC pagado por la sociedad controlada no haya sido recuperado con anterioridad. ..."

En esa tesitura, la resolución administrativa fue expedida a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, pues se deben publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general; por ende, permite determinar que si bien en la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil se contienen reglas generales, impersonales y abstractas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, eso no da lugar a considerar que tal resolución tiene el carácter de reglamento y que, por tanto, debe regirse en los términos previstos en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, ni que se ubique dentro de los ordenamientos cuyo análisis de constitucionalidad compete realizar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que tanto la Constitución, como la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en los preceptos que fueron transcritos con anterioridad, son claros al especificar que debe tratarse de reglamentos expedidos por el presidente de la República en uso de la facultad reglamentaria que le otorga el artículo constitucional citado, o bien, de reglamentos expedidos por los gobernadores de los Estados o por el jefe del Distrito Federal, en uso también de tal facultad reglamentaria, requisitos que no cumple la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil, que fue expedida por el subsecretario de Ingresos en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público.

No representa obstáculo a la determinación a la que se ha arribado, la manifestación de la recurrente en el sentido de que de la interpretación del artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, se apreciaría la inconstitucionalidad de la regla de que se trata, pues según su dicho, la autoridad que la emitió carecía de competencia para ello, tomando en cuenta que sólo el presidente de la República estaba facultado para hacerlo, ya que además de que ese planteamiento no se hizo valer en la demanda de garantías, no fue motivo de análisis por parte del Tribunal Colegiado del conocimiento, y no puede intentarse hasta esta instancia la pretendida interpretación para justificar la procedencia del recurso; debe tomarse en cuenta que, como se dijo, tratándose de las normas o disposiciones de observancia general emitidas por una autoridad administrativa distinta al presidente de la República, gobernadores de los Estados o jefe del Distrito Federal, no aplica lo dispuesto en el citado precepto legal; y además, el artículo 89, fracción I, constitucional prevé una atribución al titular del Ejecutivo Federal, pero no establece una prohibición a diversas autoridades administrativas de emitir normas de observancia general, siempre que estén facultadas para hacerlo por ley.

Aunado a lo anterior, lo que ahora sostiene la recurrente en cuanto a que de lo dispuesto en el artículo 6o., fracción XXXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se concluiría que es facultad del titular de esa secretaría ejercer las facultades que las leyes dispongan para dictar reglas de carácter general en las materias de su competencia y, por ello, la autoridad que emitió la regla cuestionada carecía de competencia para hacerlo; es un argumento novedoso, pues no se expuso en los conceptos de violación, por tanto, resulta inoperante.

Es preciso aclarar, como se dijo, que si bien es cierto que en la demanda de amparo la parte quejosa especificó lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado como "facultad reglamentaria", y que con ello intentó demostrar que la regla 4.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil transgrede el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal; también lo es que no hubo propiamente una solicitud de interpretación de tal disposición constitucional, pues de la lectura integral del escrito inicial de demanda puede apreciarse que sólo se insistió en que la regla combatida violaba los artículos 16, 49, 72, inciso f), 73, fracción VII, 89, fracción I y 133 constitucionales, pues iba más allá de lo previsto en los numerales 9o. y 13 de la Ley del Impuesto al Activo, así como del numeral 57-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por tanto, en la especie, sirve de apoyo para declarar inatendibles los agravios, aplicado en sentido contrario, el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 28 11/89, visible en la página 397 del Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo texto es el siguiente:

"REVISIÓN EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DICTADA EN AMPARO DIRECTO, POR INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE SI EN LA MISMA SE REALIZA UN ANÁLISIS GRAMATICAL, HISTÓRICO, LÓGICO, SISTEMÁTICO O JURÍDICO DEL MISMO.-Para determinar si en la sentencia de un juicio de amparo directo existe o no interpretación directa a un precepto constitucional, no basta que la parte inconforme con dicho fallo manifieste que en la citada resolución el Tribunal Colegiado de Circuito hizo tal interpretación, sino que es necesario que, efectivamente, se interprete el sentido y/o alcance de algún precepto constitucional. Por consiguiente, si la sentencia referida no contiene ninguna interpretación de algún precepto constitucional, por no hacerse ningún análisis gramatical, histórico, lógico, sistemático o jurídico de algún precepto de la Constitución General de la República, no se da dicho presupuesto para la precedencia del recurso de revisión."

A mayor abundamiento, si como se ha determinado, el recurso de revisión en amparo directo es improcedente si se cuestiona una disposición o norma de carácter general que no fue expedida por el presidente de la República, gobernadores de los Estados o por el jefe del Distrito Federal, en uso de la facultad reglamentaria, resulta inconcuso que la pretendida interpretación del artículo 89, fracción I, de la Carta Magna, no permitiría arribar a la conclusión de que es inconstitucional la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil, dado que fue expedida por el subsecretario de Ingresos en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público y, como se mencionó, este tipo de disposiciones se rigen de manera diversa, aunado al hecho de que el precepto constitucional de mérito no prohíbe que las autoridades administrativas puedan emitir disposiciones de observancia general, pues lo cierto es que las autoridades hacendarias se encuentran facultadas para emitir reglas de carácter general a través, precisamente, de las resoluciones misceláneas fiscales, en términos de lo dispuesto en el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, cabe decir que en la demanda de amparo la quejosa afirmó que había sido el jefe del Servicio de Administración Tributaria el que había expedido la regla 4.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil, y que en este sentido, en términos de lo previsto en el artículo 89, fracción I, de la Carta Magna, dicha autoridad no tenía facultades para ello; argumento que el Tribunal Colegiado declaró inoperante, tomando en consideración que la autoridad que emitió la regla cuestionada fue una diversa, a saber, el subsecretario de Ingresos, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, manifestación ésta que no fue controvertida por la ahora recurrente y sí, por el contrario, en el recurso de revisión corrige su error, cita correctamente a la autoridad emisora e insiste en la inconstitucionalidad planteada.

En otro aspecto, debe resaltarse que como puede advertirse de la lectura de la demanda de garantías y de los agravios, la inconforme no cuestiona la constitucionalidad de los artículos 9o. y 13 de la Ley del Impuesto a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18722-10afc68b/revision-en-amparo-directo-es-improcedente-cuando-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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