MISCELÁNEA FISCAL. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN QUE SE CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUELLA RESOLUCIÓN. MISCELÁNEA FISCAL. CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUE DECIDEN, EN AMPARO DIRECTO, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS REGLAS, NO PROCEDE REVISIÓN. COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL PLANTEAMIENTO RELATIVO A QUE EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN AL ESTABLECER, POR UN LADO, LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD FISCAL PARA REALIZARLA DE OFICIO, SIN MAYORES REQUISITOS Y, POR OTRO, EL DERECHO DE LOS CONTRIBUYENTES PARA EFECTUARLA, PERO SUJETÁNDOSE A LAS REGLAS DE "RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL", NO CONDUCE A ESTABLECER LA TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1710/2001. R.R. DONNELLEY MÉXICO, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El presente recurso de revisión resulta improcedente, pues si bien el medio de impugnación fue presentado en tiempo y en la demanda de amparo directo la quejosa impugnó la constitucionalidad del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, por violar la garantía de equidad tributaria contenida en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal, también lo es que el pronunciamiento de fondo sobre las cuestiones planteadas no entrañarían la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, como deriva de lo dispuesto en el artículo 107, fracción IX, constitucional y en el punto primero, fracción II, inciso b), del Acuerdo General Plenario 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Sirve de sustento a lo anterior la tesis número 2a./J. 64/2001 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, Novena Época, consultable en la página 315 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, de rubro y texto siguientes:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente."
La sociedad recurrente en el primer agravio aduce, sustancialmente, que el Tribunal Colegiado al dictar la sentencia impugnada omitió pronunciarse respecto del primer concepto de violación de la demanda de garantías, que se refiere a la jerarquía de las leyes sobre los reglamentos o circulares, por lo que no hace un estudio a fondo de los argumentos respecto de la interpretación del artículo 133 constitucional, en una clara falta de atención a las normas constitucionales, por lo que se debe revocar la sentencia recurrida.
El agravio es infundado por las siguientes razones:
La quejosa al formular su demanda de amparo expresó medularmente como primer concepto de violación, los siguientes argumentos:
a) La resolución impugnada viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que la autoridad responsable emite una sentencia en la que fue confirmado un acto de autoridad que es ilegal porque se encuentra indebidamente fundado y motivado, ya que se apoyó en lo dispuesto por la "regla miscelánea 2.2.8." para 1998, misma que establece mayores requisitos que el propio artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.
b) Que debe considerarse que las disposiciones reglamentarias no pueden establecer carga alguna a los gobernados sino, por el contrario, sólo pueden establecer derechos, y las disposiciones que contravengan este principio fundamental deben considerarse inconstitucionales en apego al principio de supremacía de las leyes establecido por el artículo 133 constitucional; por ende, la resolución que fundamente y motive un acto de molestia basado en una regla inconstitucional viola lo dispuesto por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación en relación con el artículo 16 de la Constitución.
c) Que las disposiciones administrativas no pueden señalar mayores requisitos o establecer más cargas que la propia ley, ya que la autoridad que emite dichas reglas no tiene facultades para legislar, es decir, la facultad para imponer cargas u obligaciones a los particulares es exclusiva del Congreso de la Unión; que toda regla administrativa que establezca mayores requisitos que la ley es inconstitucional y, en consecuencia, no puede ser el fundamento para un acto de molestia.
d) Que conforme al Diccionario Jurídico Espasa, la compensación tributaria es una forma de extinción de la deuda tributaria del contribuyente, que la compensa con otro crédito a su favor, por lo que queda de manifiesto que la autoridad responsable omite, en un craso error de técnica jurídica, tomar en cuenta el principio básico de lo que debemos entender por compensación, del que podemos concluir que los requisitos que se deben cumplir por los particulares para tomar el derecho de compensar impuestos son los que dispone el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, sin que en estricto apego pueda limitarse el derecho de compensar impuestos con fundamento en una "resolución miscelánea" de carácter administrativo.
e) Que no es óbice para considerar lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable señale que el propio artículo 23 del Código Fiscal de la Federación hace referencia a las reglas que emitirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que dichas reglas, desde luego, deben seguir los lineamientos del propio artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, sin establecer más obligaciones que dicho ordenamiento, ya que únicamente la regla miscelánea se puede referir a la forma en que se compensarán las contribuciones y no, como sucede en la especie, se refieran a la materia de la compensación, es decir, si son compensables los saldos a favor del impuesto sobre la renta con los saldos a favor del impuesto al activo.
f) Que no hay fundamento legal para que se prohíba la compensación realizada, es decir, la única disposición que señala que no se puede compensar saldo a favor del impuesto sobre la renta contra el impuesto al activo es la "regla miscelánea 2.2.8."; en consecuencia, dicha prohibición no se encuentra contenida en una ley, motivo por el cual su representada cumplió lo dispuesto en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación y resulta ilegal la resolución que rechaza la compensación efectuada, ya que la "regla miscelánea 2.2.8." no es fundamento suficiente para negar una compensación ajustada a la ley.
El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al dictar la sentencia combatida, omitió sólo parcialmente el estudio del concepto de violación que se transcribe, porque en el considerando sexto de la resolución recurrida, punto III, a fojas 80 a 82 de ese expediente, que se transcribe en las páginas 61 a 66 de esta resolución estimó, en esencia, lo siguiente:
a) Por un lado, el Tribunal Colegiado, independientemente de que jurídicamente tenga razón, se pronunció en cuanto a que el artículo 23, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente en 1998, tiene dos núcleos: en el primero de ellos se establece que el impuesto que se pretende compensar será cualquier impuesto federal a favor del contribuyente; en el segundo de los núcleos se prevé que los impuestos contra los que procede la compensación son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado del ejercicio a cargo del contribuyente, por lo que si la contribuyente pretendió compensar el saldo a favor del impuesto sobre la renta del ejercicio de mil novecientos noventa y seis contra el impuesto al activo a su cargo en la declaración del ejercicio de mil novecientos noventa y siete, tal compensación es improcedente por no encuadrar dentro del supuesto que prevé el citado artículo 23 del Código Fiscal de la Federación y, por otra parte, el impuesto del cual le resultó saldo a favor, el precitado precepto legal únicamente lo ubica como uno de los supuestos en que se dé el saldo en contra del contribuyente y, en la especie, el quejoso dijo que en ese rubro le resultó saldo a favor y su pretensión era que se compensara contra el saldo en su contra en el rubro del impuesto al activo; y,
b) Que la Sala responsable consideró apegada a derecho la resolución impugnada en el juicio de nulidad porque la compensación practicada por el contribuyente se hizo en contravención al artículo 23 del código tributario federal, estimando que dicha consideración de la responsable no es violatoria de garantías individuales, por lo que estimó que resulta innecesario ocuparse de los conceptos de violación en los que se alega la inconstitucionalidad de la regla 2.2.8. de la "miscelánea fiscal" para mil novecientos noventa y ocho.
En este tenor, es parcialmente cierto que el tribunal a quo omitió el estudio del primer concepto de violación, habida cuenta que, como se advierte de la transcripción anterior y del análisis efectuado, el Tribunal Colegiado estudió parcialmente los argumentos expuestos por el ocursante constitucional y sólo omitió el estudio de la inconstitucionalidad de la regla 2.2.8. de la "miscelánea fiscal" para mil novecientos noventa y ocho, por haberse sustentado la autoridad fiscal en dicha regla administrativa que establece mayores requisitos que el artículo 23 del Código Fiscal, en pretendida violación al principio de supremacía constitucional contemplado en el artículo 133 de la Carta Magna.
Sin embargo, la falta de estudio aducida es inatendible, porque tal omisión no actualiza las hipótesis legales que establecen la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, solamente cuando se trate de la inconstitucionalidad de una ley o reglamento federal o de la interpretación de un precepto constitucional y no la de una circular administrativa emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para, desde su opinión, precisar los alcances de las disposiciones tributarias.
En efecto, para dejar claro que no se actualiza el supuesto legal de la procedencia del recurso de revisión en amparo directo cuando se alega la constitucionalidad de una regla de "resolución miscelánea fiscal", es pertinente transcribir los siguientes artículos:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales. ..."
Ley de Amparo
"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:
"...
"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.
"La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.
"En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste."
"Artículo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:
"...
"II. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que se esté en el caso de la fracción V del artículo 83. ..."
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
"...
"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales. ..."
"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:
"...
"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito:
"a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional. ..."
Acuerdo General Plenario Número 5/1999
"... PRIMERO. Procedencia
"I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos siguientes:
"a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.
"b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva.
"Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad. ..."
Acuerdo General Plenario Número 5/2001
"... TERCERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia conservará para su resolución:
"...
"II. Los amparos en revisión en los que subsistiendo la materia de constitucionalidad de leyes federales o tratados internacionales, no exista precedente y, a su juicio, se requiera fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional y, además, revistan interés excepcional, o por alguna otra causa; o bien, cuando encontrándose radicados en alguna de las Salas, lo solicite motivadamente un Ministro. ..."
Del análisis sistemático de las disposiciones legales y de los acuerdos generales plenarios transcritos, se advierte con claridad que los problemas jurídicos susceptibles de analizarse a través del recurso de revisión instado contra una sentencia de amparo directo propio de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, son los relativos a la constitucionalidad de leyes y reglamentos federales o en los casos en que se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte y conforme a los acuerdos generales citados, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Por lo mismo, es inconcuso que el tema relativo a la constitucionalidad de una regla de "resolución miscelánea fiscal", ya sea que se hubiera decidido en uno u otro sentido su constitucionalidad por parte del Tribunal Colegiado o, como acontece en la especie, que se haya omitido su análisis, no puede ser materia de estudio por parte de esta Suprema Corte de Justicia porque no se ubica dentro de las hipótesis de procedencia de este medio de impugnación excepcional.
Por su aplicación, es de citarse la tesis número 2a. XCVII/2001 de esta Segunda Sala, Novena Época, visible en la página 314 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, junio de 2001, del tenor siguiente:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DECIDIÓ SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL QUE NO ES UNA LEY, TRATADO INTERNACIONAL O REGLAMENTO EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA O POR EL GOBERNADOR DE ALGUNA ENTIDAD FEDERATIVA. El recurso de revisión contra sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se impugnó una ley federal o local, un tratado internacional, reglamentos expedidos por el presidente de la República en los términos establecidos por la fracción I del artículo 89 constitucional o reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados. En consecuencia, si a través del juicio de amparo directo se reclamó la inconstitucionalidad de una norma general que no es una de las señaladas en los preceptos citados, no se dan los supuestos para la procedencia del recurso de revisión, como acontece cuando se reclama la emisión de un anexo a una resolución miscelánea fiscal por un subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ausencia de su titular."
La "resolución miscelánea" en materia fiscal de mil novecientos noventa y ocho, expedida por el presidente del Servicio de Administración Tributaria, tiene sustento en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, que establece:
"Artículo 33. Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:
"I. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán:
"...
"g)Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes; se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. ..."
Asimismo, la citada "Resolución Miscelánea Fiscal", publicada el nueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en su parte considerativa señala:
"... Que de conformidad con el artículo 33 inciso g) del Código Fiscal de la Federación las resoluciones que establecen disposiciones de carácter general se publicarán anualmente, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes.
"Que en este ordenamiento se agrupan aquellas disposiciones de carácter general aplicables a impuestos y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior, el cual, para fines de identificación y por el tipo de leyes que abarca, es conocida como la Resolución Miscelánea Fiscal.
"Que con motivo de las modificaciones realizadas a las diversas leyes fiscales, dadas a conocer en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1997, y de diversas medidas instrumentadas, se hace necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, el Servicio de Administración Tributaria expide la siguiente:
"Resolución Miscelánea Fiscal para 1998. ..."
De la anterior transcripción deriva que la resolución administrativa fue expedida a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que se deben publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general y permite determinar que, si bien en la "Resolución Miscelánea Fiscal" para mil novecientos noventa y ocho se contienen reglas generales, impersonales y abstractas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, ello no da lugar a considerar que tal resolución tiene el carácter de reglamento y que, por tanto, se ubica dentro de los ordenamientos cuyo análisis de constitucionalidad compete realizar a esta Suprema Corte de Justicia, puesto que tanto la Constitución como la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en los preceptos que fueron transcritos con anterioridad, son claros al especificar que debe tratarse de reglamentos expedidos por el presidente de la República en uso de la facultad reglamentaria que le otorga el artículo 89, fracción I, de la Carta Magna, o bien, de reglamentos expedidos por los gobernadores de los Estados o por el jefe del Distrito Federal, en uso también de tal facultad reglamentaria, requisitos que no cumple la "Resolución Miscelánea Fiscal" para mil novecientos noventa y ocho que fue expedida por el presidente del Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
No es óbice a lo anterior, el criterio sostenido en la tesis número 2a. XXXIII/98 de la Segunda Sala, Novena Época, consultable en la página 415 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, del tenor siguiente:
"MISCELÁNEA FISCAL PARA 1997. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN QUE SE CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA RESOLUCIÓN ASÍ IDENTIFICADA. De conformidad con los artículos 107, fracción VIII, inciso a) y último párrafo, constitucional; 84, fracción I, inciso a) y 85, fracción II, de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a) y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del recurso de revisión en amparo contra sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito, cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se impugnó la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento expedido por el presidente de la República en uso de la facultad reglamentaria que le otorga el artículo 89, fracción I, constitucional, por el jefe del Distrito Federal o por los gobernadores de los Estados; y en todos los demás casos, salvo que se plantee invasión de soberanías o la interpretación directa de un precepto de la Carta Magna, compete conocer de la revisión a los Tribunales Colegiados de Circuito. Consecuentemente, si en un juicio de amparo se reclama la constitucionalidad de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997, expedida por el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ausencia del titular y del subsecretario del ramo, con fundamento, entre otros, en el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, que establece que las autoridades fiscales procurarán "publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes", cabe concluir que no se surte la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión en el que subsista tal problema de constitucionalidad, sino la de los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que la resolución reclamada no fue expedida por el presidente de la República en uso de su facultad reglamentaria, sino por un subsecretario de Estado con base en el precepto del Código Fiscal de la Federación referido."
La tesis transcrita no contraviene lo resuelto en esta ejecutoria, toda vez que, en primer lugar, se sustentó con motivo del amparo en revisión número 3406/97, de la sociedad quejosa BMG Entertainment México, S.A. de C.V., en fecha 20 de febrero de 1998, lo que indica que se trataba de un recurso de revisión contra una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, que permitía remitir el asunto al Tribunal Colegiado competente; sin embargo, en el caso que nos ocupa se trata de un recurso de revisión instado contra una sentencia dictada en un juicio de amparo directo, esto es, pronunciada por un Tribunal Colegiado de Circuito, de ahí la improcedencia para poder remitir el asunto a un órgano de esa naturaleza.
Finalmente, en cuanto a este tópico, es de precisarse que la inconforme no cuestiona la constitucionalidad del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, derivada de la remisión que realiza a los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, como condicionante para la realización de compensaciones de impuestos de diferente naturaleza, en razón de que, como se aprecia de lo expuesto con antelación, se duele solamente de la pretendida inconstitucionalidad de una "regla de resolución miscelánea"; por tanto, el tema que se precisa no es materia de análisis en esta ejecutoria.
La ocursante constitucional expresa en el segundo agravio que la sentencia recurrida viola lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional, por la manifiesta desproporcionalidad del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, al establecer más requisitos a los contribuyentes para efectuar compensaciones que para la propia autoridad fiscal; que del precepto señalado se puede concluir que, frente a una misma situación frente a la ley (compensación), existen tratamientos diferentes que se traducen en una falta de proporcionalidad que violenta lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, hecho que el tribunal a quo no tomó en cuenta al momento de emitir su sentencia, porque este tribunal se limitó de forma simplista a señalar que no se observa ninguna violación al artículo 31, fracción IV, sin razonar en lo absoluto el porqué de esta conclusión; que el a quo no hace ninguna reflexión sobre el planteamiento plasmado en la demanda de amparo respecto de la inconstitucionalidad del artículo 23 del código federal tributario por la falta de equidad del mismo, ya que frente a una misma situación (derecho de compensación) se tienen dos parámetros diferentes que violentan la garantía constitucional de equidad, porque esa disposición señala mayores requisitos para la compensación de cantidades adeudadas al fisco federal para los contribuyentes que para la propia autoridad hacendaria que puede hacer cualquier tipo de compensación sin restricción alguna, con lo que se demuestra la inequidad de esta disposición, sin que el tribunal a quo haga ningún razonamiento al respecto, por lo que viola el artículo 31, fracción IV, constitucional, debiéndose revocar la sentencia recurrida.
El argumento es infundado, como se demuestra a continuación:
En primer lugar, es necesario precisar que el tema propuesto en la demanda de garantías por la quejosa fue la pretendida inconstitucionalidad del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, por violar la garantía de equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Fundamental, en razón de que el segundo agravio que se analiza plantea la inconstitucionalidad del precepto legal invocado tanto en relación con la proporcionalidad como con la equidad tributaria, ambos principios contenidos en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
En efecto, la sociedad agraviada, en el segundo concepto de violación del libelo de garantías, sustancialmente, expresó:
a) Que la resolución impugnada viola las garantías de legalidad, seguridad jurídica y equidad tributaria consagradas por los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la autoridad responsable emite una sentencia en la que se confirma un crédito fiscal determinado con base en la aplicación de un artículo inconstitucional, como lo es el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, porque no existe justificación alguna para que las compensaciones que pretendan efectuar los contribuyentes deban reunir mayores requisitos que las compensaciones de oficio realizadas por la Secretaría d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17062-eb10b7f5/miscelanea-fiscal-la-suprema-corte-de-justicia-carece · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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