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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SE SURTE EL REQUISITO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SUSTENTA UN CRITERIO CONTRARIO A UNA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL PRONUNCIARSE EN TORNO A UN PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1111/2001. · Registro digital (IUS): 17070
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GRUPO LORELL, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, , Pág. 241.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1111/2001. GRUPO LORELL, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los transitorios primero y segundo del Acuerdo Plenario 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve; punto primero, inciso b) y tercero del Acuerdo Plenario 4/2000, del nueve de marzo de dos mil, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un amparo directo, en el que si bien se hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y ocho, existe jurisprudencia temática sobre el particular.

SEGUNDO. El presente recurso de revisión es procedente, pues aun cuando sobre el tema de constitucionalidad planteado existe jurisprudencia temática definida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que el criterio sustentado en la sentencia que se revisa por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito es contrario a la misma, tal como se demostrará en la presente resolución; y en tal virtud, se surte el requisito de importancia y trascendencia a que se refiere el punto primero del Acuerdo Plenario 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación son:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SE SURTE EL REQUISITO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL FALLAR, SUSTENTA UN CRITERIO CONTRARIO A UNA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA AL PRONUNCIARSE EN TORNO A UN PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, constitucional, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del once de junio de mil novecientos noventa y nueve, 83, fracción V, de la Ley de Amparo y 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto primero del Acuerdo 5/1999 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se requiere que se reúnan los siguientes supuestos: Que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio, y que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva, hipótesis esta última que se surte, entre otros supuestos, cuando el órgano colegiado se pronuncia en torno a un problema de constitucionalidad, desconociendo o contraviniendo un criterio jurisprudencial sustentado por la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que tal proceder contraría la naturaleza obligatoria de aquél en términos del artículo 192 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, mayo de 2000. Tesis: 2a. XLV/2000. Página: 313).

Asimismo, es de señalarse que el presente recurso de revisión se interpuso en tiempo, ya que la sentencia impugnada se notificó a la autoridad recurrente mediante oficio 3394, de diecinueve de junio de dos mil uno (página 125 del cuaderno de amparo), por lo que conforme al artículo 86 de la Ley de Amparo, el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión transcurrió del día veinte de dicho mes y año al tres de julio siguiente, descontándose los días veintitrés, veinticuatro y treinta del primer mes y primero del segundo mes, que fueron inhábiles; por tanto, si el recurso de mérito se interpuso mediante escrito presentado ante el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento el tres de julio del año en curso, debe concluirse que se interpuso dentro del plazo legal respectivo, pues ello ocurrió el último día del término con que contaba la recurrente.

Por otra parte, se estima conveniente precisar que el treinta de mayo de dos mil uno se recibió en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, copia certificada de la resolución de catorce anterior, emitida por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación (ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) en "cumplimiento" a la sentencia dictada dentro del juicio de amparo directo 114/2001; sin embargo, dicha resolución no puede tener efectos de cumplimiento, toda vez que ésta se emitió cuando aquélla no había quedado firme, pues tal como se precisó en párrafos precedentes, la sentencia que por esta vía se impugna se notificó a la autoridad ahora recurrente el día diecinueve de junio del presente año, por lo que resulta evidente que en la fecha en que la Sala responsable emitió la nueva resolución aludida, la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito no había causado estado.

En ese orden, es de concluirse que aun cuando existe un pretendido acto de cumplimiento de la sentencia que se revisa, lo cierto es que ello no es obstáculo para declarar procedente el presente recurso de revisión, máxime que, tal como quedó precisado en líneas anteriores, éste se presentó oportunamente.

Son aplicables, en lo conducente, las tesis sustentadas por esta Segunda Sala, cuyos rubros, textos y datos de identificación son:

"REVISIÓN. PROCEDE ESE RECURSO EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN AMPARO DIRECTO EN LA QUE SE ABORDÓ UN PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY AUNQUE SE ACREDITE QUE EXISTEN GESTIONES PARA CUMPLIR CON ELLA. No obstante que la autoridad responsable acredite ante el órgano de control constitucional estar llevando a cabo gestiones tendientes al cumplimiento de la sentencia que concedió al quejoso la protección federal; es menester tomar en cuenta que ésta aún no queda firme, puesto que cabe la posibilidad de ser recurrida en revisión, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta virtud, jurídicamente, procede resolver la segunda instancia, dado que al recurrente, en su carácter de tercero perjudicado, no se le puede privar del ejercicio de ese medio de defensa legalmente instituido, máxime si se encuentra enderezado en tiempo y forma." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: II, agosto de 1995. Tesis: 2a. LXXVI/95. Página: 285).

"SENTENCIA DE AMPARO, NO DEBE CONSIDERARSE AQUELLA RESOLUCIÓN QUE SE DICTE EN SU CUMPLIMIENTO, CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE RESOLVERSE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. Si una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación emite resolución en pretendido cumplimiento a una sentencia de amparo que no ha causado ejecutoria por hallarse en trámite el recurso de revisión, tal resolución no puede tener efectos de cumplimiento, pues ello equivaldría a privar de un derecho legalmente otorgado al recurrente, dejándolo en estado de indefensión al no permitírsele ser escuchado a través del recurso que interpuso." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: II, septiembre de 1995. Tesis: 2a. LXXX/95. Página: 375).

TERCERO. No pasa inadvertido para esta Sala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no fue señalada como parte tercero perjudicada en la demanda de garantías; sin embargo, no se puede desconocer que se encuentra legitimada para interponer el presente recurso de revisión, ya que conforme a lo dispuesto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al titular de ésta corresponde originalmente la representación, trámite y resolución de los asuntos que legalmente competen a esa dependencia y entre sus subordinados jerárquicamente se encuentran los órganos administrativos desconcentrados, carácter con el que se encuentra investido el administrador local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, al tenor de lo establecido en el artículo 1o. de la ley que lo regula. En tal virtud, el secretario de Hacienda y Crédito Público sí se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en un amparo directo, en la que se determina la inconstitucionalidad de una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que reconoció la validez de un acto del referido órgano desconcentrado, dado que la afectación a un acto emitido por este órgano, que carece de personalidad jurídica propia, conlleva para el mencionado secretario un menoscabo de las atribuciones legales cuyo ejercicio le corresponde de origen; habida cuenta que conforme a lo dispuesto por el artículo 198, fracción III, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, en todo juicio contencioso administrativo en que se controvierta el interés fiscal de la Federación, podrá apersonarse como parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, situación tal que corrobora su interés jurídico.

En tal virtud, si en la sentencia recurrida se declaró la inconstitucionalidad de la sentencia de catorce de junio de dos mil dictada por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del juicio de nulidad 1984/99/11-07-4, mediante la cual se reconoció la validez del oficio 324-SAT-R8-L63-2-5-43293, de trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho, por el que el administrador local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria le determinó a la quejosa un crédito fiscal, es de concluirse que aun cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no fue señalada como parte tercero perjudicada en la demanda de amparo respectiva, lo cierto es que su titular sí se encuentra legitimado para interponer el presente recurso de revisión.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación son:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER ESE RECURSO CUANDO LA SENTENCIA IMPUGNADA DETERMINA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE RECONOCIÓ LA VALIDEZ DE UN ACTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Conforme a lo dispuesto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al titular de ésta corresponde originalmente la representación, trámite y resolución de los asuntos que legalmente competen a esa dependencia y entre sus subordinados jerárquicamente se encuentran los órganos administrativos desconcentrados, carácter con el que se encuentra investido el Servicio de Administración Tributaria, al tenor de lo establecido en el artículo 1o. de la ley que lo regula. Por ende, el secretario de Hacienda y Crédito Público sí se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo directo que determina la inconstitucionalidad de una sentencia del Tribunal Fiscal de la Federación que reconoció la validez de un acto del referido órgano desconcentrado, dado que la afectación a un acto emitido por este órgano, que carece de personalidad jurídica propia, conlleva para el mencionado secretario un menoscabo de las atribuciones legales cuyo ejercicio le corresponde de origen; corroborándose su interés jurídico en lo dispuesto por el artículo 198, fracción III, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que en todo juicio contencioso administrativo en que se controvierta el interés fiscal de la Federación, podrá apersonarse como parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, junio de 2000. Tesis: P. LXXVI/2000. Página: 39).

CUARTO. Antes de abordar el estudio de la cuestión de fondo, materia de este recurso de revisión, es conveniente realizar la siguiente precisión.

De las constancias que obran en autos, consistentes en las actuaciones originales del juicio de nulidad 1984/99-11-07-4 y juicio de amparo 114/2001, las que fueron remitidas por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que:

a) La multa impuesta a la quejosa y que originó su impugnación a través del juicio de nulidad se fundó en el artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, ya que el oficio 324-SAT-R8-L63-2-5-43293, de trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho, en la parte que interesa se lee:

"México, D.F., a 13 de Oct. 1998. ... En virtud de lo anterior, se concluye que este contribuyente infringió lo dispuesto en el artículo 58, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 32, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, toda vez que los que expide (sic) no reúnen los requisitos fiscales, encuadrando dicha conducta en la hipótesis normativa prevista por el artículo 83, fracción VII, del citado código vigente. En consecuencia, en los términos de lo dispuesto por el artículo 84, fracción VI, del ordenamiento invocado, se ha hecho acreedor a la imposición de una multa por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.)." (fojas treinta y nueve y cuarenta del juicio de nulidad).

b) La Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que resolvió el juicio de nulidad el catorce de junio de dos mil, en la parte que interesa resaltar consideró:

"En cuanto a los argumentos vertidos por la enjuiciante tendientes a cuestionar la inconstitucionalidad de la multa mínima prevista por el artículo 84, en su fracción VI, del Código Fiscal de la Federación vigente en la fecha en que se emitió la misma, cabe señalar que este Tribunal Fiscal de la Federación es incompetente para conocer de dichas cuestiones, tal y como lo señala la tesis de jurisprudencia 258 de este tribunal, visible en la página 276 de la obra conmemorativa 1937-1993, cuyo rubro señala: ‘COMPETENCIA. EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE ELLA PARA RESOLVER CONTROVERSIAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, REGLAMENTOS O DECRETOS.’ (fojas ciento sesenta y siete a ciento sesenta y siete vuelta del juicio de nulidad)."

c) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que resolvió el juicio de amparo en el que se señaló como acto reclamado la resolución pronunciada en el juicio de nulidad, al fallar el asunto concluyó que el artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación es contrario a lo dispuesto por el artículo 22 constitucional y al argumentar al respecto se dijo, en la parte que interesa:

"... llega a la conclusión de que las multas que se imponen de acuerdo con el mínimo que establece la fracción VI del artículo 84 del Código Fiscal de la Federación pueden llegar a tener el carácter de excesivas, lo que por sí sólo lo hace inconstitucional, pues aun ante la posibilidad de imponerse el 70% ... No puede, por otra parte aducirse que la garantía del causante se origina con motivo de la aplicación del precepto y fracción señalada, dado que la autoridad no tiene otra opción que aplicar como multa mínima la del 70% que establece el Código Fiscal, por lo que debe concluirse que es la disposición legislativa la que propicia la violación a la garantía individual de la persona sancionada ... En otro orden de ideas, no parece lógico y menos constitucional que diversos artículos establecieran un 20% de multa fija y por ese hecho le fuera aplicable la jurisprudencia relativa a ella, en tanto que el 70% que como mínimo dispuso el legislador en la fracción VI del 84 se reconozca que no tiene esa naturaleza."

Destacados los antecedentes mencionados, cobra relevancia el contenido del artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, vigente en octubre de mil novecientos noventa y ocho, año en que se impuso a la quejosa la multa que combatió en juicio de nulidad, el que fue el antecedente del juicio de amparo directo, precepto que decía:

"Artículo 84. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad a que se refiere el artículo 83, se impondrán las siguientes sanciones: ... VI. De $6,000.00 a $36,000.00, a las señaladas en las fracciones VII y IX cuando se trate de la primera infracción, salvo tratándose de contribuyentes que tributen conforme al título IV, capítulo VI, secciones II o III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $1'000,000.00, supuestos en los que la multa será de $600.00 a $1,200.00 por la primera infracción. En caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este código."

Confrontados los antecedentes destacados con el contenido del precepto transcrito se desprenden dos eventos fundamentales, los que son:

1. La multa impuesta a la quejosa y que fue estimada legal por la autoridad responsable, consistente en seis mil pesos, se fundó en el artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

2. El problema de constitucionalidad planteado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fue resuelto con base en un texto que no corresponde al artículo del Código Fiscal de la Federación cuestionado por el gobernado, ya que dicho órgano colegiado al referirse al texto del precepto tildado de inconstitucional adujo que la multa mínima en él señalada estaba representada en un porcentaje, siendo éste 70%, lo que no se corrobora con el contenido del artículo 84, fracción VI, del ordenamiento invocado vigente en el momento en que se impuso la multa a la quejosa (octubre de mil novecientos noventa y ocho).

El evento destacado en el punto dos que antecede conduce a este Alto Tribunal a corregir de oficio la incongruencia interna que se desprende de la sentencia pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Ilustra lo anterior la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación son:

"SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: ‘SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.’, en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, noviembre de 1999. Tesis: P./J. 133/99. Página: 36).

Es prudente destacar que con la jurisprudencia transcrita se abandona el criterio sustentado en la tesis: "SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.", publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Sección Segunda, página 1247.

En consecuencia, debe señalarse que el contenido correcto del artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal Federal, vigente en octubre de mil novecientos noventa y ocho, que contempla las multas a quien cometa las infracciones relacionadas con el diverso 83, en la parte que interesa, marca un mínimo de seis mil pesos y un máximo de treinta y seis mil pesos.

QUINTO. La parte recurrente expresó el siguiente agravio:

"Único. La sentencia que se recurre es violatoria de lo establecido por los artículos 78 y 79 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción VI del artículo 84 del Código Fiscal de la Federación. El ad quem del conocimiento declara fundada la manifestación de la parte quejosa en el cuarto concepto de violación aducido por ésta y concede el amparo y protección de la Justicia Federal al estimar, dentro de la sentencia que se revisa, en su considerando quinto lo siguiente: (no se transcribe en razón de que ya se ha reproducido en el segundo resultando de este fallo). En efecto, resulta infundado lo expresado por el quejoso para sostener que la multa en comento prevista por el diverso 84, fracción VI, del código tributario federal, es inconstitucional, ya que, en esencia, ésta tiene como propósito persuadir al causante para que no continúe infringiendo normas fiscales, por lo que no se puede pensar que la multa que se imponga, ya sea por falta de conservación de la contabilidad del contribuyente, o bien, por la omisión en el desahogo de un requerimiento de la autoridad hacendaria, o por no haber suministrado la documentación solicitada por la autoridad competente, sea indispensable atender a la capacidad económica del contribuyente, tal y como sucede respecto de las multas que son impuestas como resultado del incumplimiento del pago de contribuciones, toda vez que al analizarse las que nos ocupan, se concluye que no tienen una relación directa con las contribuciones, sino que se refieren al incumplimiento de obligaciones formales por parte del particular. En tal virtud, el dispositivo combatido debe analizarse en función de que trata de evitar conductas contrarias a las normas legales, y respecto de la sanción que se estudia en la presente contienda constitucional, al tratarse de obligaciones formales, resultando infundado el pretender obligar a que cumpla con los principios de los impuestos, pues con esto se desatendería tanto a su naturaleza jurídica como a su finalidad, por lo que, además de ser tomadas en cuenta en la multa impuesta las condiciones económicas del infractor, deben contemplarse los perjuicios pecuniarios causados al fisco federal. Por tanto, resulta válido manifestar que en la especie, al tratarse de multas que se originan únicamente del incumplimiento de las disposiciones fiscales, es decir, que no derivan de la omisión de impuestos personales ni reales, el legislador debe establecerlos considerando la finalidad misma de la multa, que en todo caso serían la gravedad de la infracción y la actitud del sujeto los elementos para considerar la imposición de la misma y no así la capacidad económica del sujeto pasivo. Ahora bien, la gravedad de la infracción es obvia, ya que si bien es cierto se trata de una omisión formal, ésta impide verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes y, en consecuencia, determinar si existe o no una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones. En cuanto a lo expresado en el sentido de que la multa no tiene como elemento fundamental para su determinación las circunstancias especiales del infractor, es decir, que la multa se aplique por una infracción que tenga relación con la situación fiscal particular y concreta del contribuyente, ello no depende de la ley, la cual, dadas sus características, en ningún caso debe establecer supuestos o hipótesis particulares, ya que resultaría imposible que existiera una norma que estableciera en forma específica una sanción determinada para cada una de las infracciones en que incurran los contribuyentes, pues si se regularan casos concretos se dejarían de observar los principios de generalidad, abstracción e impersonalidad que toda ley debe revestir; sin embargo, el hecho de que el precepto establezca como multa dos cantidades como parámetros para sancionar, origina que la multa varíe de acuerdo con la conducta del particular, sin que sea necesario tomar en cuenta la capacidad económica del contribuyente, pues al estar en presencia de una falta formal en esos términos se tendrá que sancionar. En esta tesitura, resulta infundado el concepto de violación que expresa la demandante en el sentido de que los preceptos legales en comento conllevan a la imposición de una sanción excesiva, violándose con ello el artículo 22 constitucional, atendiendo para ello las siguientes consideraciones: En primer lugar, debe manifestarse que en el presente caso no nos encontramos en presencia de multa excesiva, ya que la misma, al estar establecida en un porcentaje que va de un mínimo a un máximo, permite valorar la conducta del particular, consistente en oponerse a que se practique una visita en su domicilio fiscal o a no suministrar datos e informes que legalmente le requieran las autoridades fiscales; por tanto, sí existe un parámetro para determinar el monto de la multa correspondiente, de ahí que sea esto lo que se tome en cuenta como agravante o, en la especie, el ser reincidente en la conducta ilícita. Por otra parte, no debemos dejar de atender el precepto que es considerado como inconstitucional y que es el ordenamiento que contiene la imposición de las multas mínimas y máximas aplicables para aquellos que cometan alguna de las infracciones previstas en el artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, por lo que hay que hacer constar que como se deduce de la sentencia de nulidad, dicha resolución sí fue motivada y, por tanto, fundamentada al establecer las razones por las cuales es impuesta la multa especificando los artículos del código tributario que sirvieron de base para llevar a cabo dicha multa; a más de lo anterior, cabe señalar que no es rigurosamente necesaria la circunstancia de manifestar la motivación de las multas cuando se trata de la aplicación de éstas al ser consideradas mínimas como es el caso, es decir, que si por alguna razón se omitiere realizar la misma sin encontrarse motivada, ésta no constituye un acto violatorio de garantías individuales. Es aplicable al respecto la tesis jurisprudencial sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado (sic) del Primer Circuit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17070-7774bb62/revision-en-amparo-directo-se-surte-el-requisito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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