CONTROLES VOLUMÉTRICOS. A LA OBLIGACIÓN DE LLEVARLOS COMO PARTE DE LA CONTABILIDAD, CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO LE ES APLICABLE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2004). CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU ARTÍCULO 33, FRACCIÓN I, INCISO G), VIGENTE A PARTIR DE DOS MIL CUATRO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 625/2006. MULTISERVICIO TIZIMÍN, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad de un ordenamiento federal, como lo es el Código Fiscal de la Federación.
Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional.
SEGUNDO. Oportunidad. Resulta innecesario analizar la oportunidad en la interposición del recurso, habida cuenta que el Tribunal Colegiado que tuvo conocimiento del presente asunto, ya efectuó el cómputo respectivo, concluyendo que fue interpuesto oportunamente.
TERCERO. Estudio oficioso de incongruencias. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, esta Primera Sala procede de oficio a corregir las incongruencias en que incurrió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Cuarto Circuito, al dictar su resolución de fecha veintinueve de marzo de dos mil seis, específicamente en el punto resolutivo segundo, en el que resolvió revocar en la materia de la revisión la sentencia recurrida, cuando lo que debió haber resuelto era modificarla, y el punto resolutivo tercero, en el que negó el amparo y protección solicitadas respecto del artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, no obstante que no agotó el estudio de los conceptos de violación hechos valer en torno a la inconstitucionalidad de dicho precepto legal, ya que en el resolutivo cuarto reservó jurisdicción a esta Suprema Corte para conocer de los temas planteados en relación con ese artículo y la violación de lo dispuesto por los diversos 14, 16, 31, fracción IV (en cuanto al principio de proporcionalidad), 72, inciso f) y 133 de la Constitución Federal.
Sirve de sustento a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro de: "SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO."(1)
En relación con el resolutivo segundo, debe tenerse presente que la Juez de Distrito que conoció del amparo indirecto, resolvió sobreseer en el juicio por lo que respecta a la totalidad de los actos reclamados por el quejoso.
Por su parte, el Tribunal Colegiado resolvió, por un lado, en el punto resolutivo primero de su sentencia, dejar firme el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito respecto a los actos reclamados al administrador local de Auditoría Fiscal de Mérida, administrador local de recaudación de Mérida, administrador local jurídico de Mérida, Cámara de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, presidente de la República, secretario de Gobernación, director del Diario Oficial de la Federación y jefe del Servicio de Administración Tributaria y, por el otro, en el punto resolutivo segundo, revocar la sentencia recurrida en la materia de la revisión, a fin de entrar al análisis de los conceptos de violación que hizo valer el quejoso, en relación a la Resolución de Miscelánea Fiscal para el ejercicio dos mil cinco y la inconstitucionalidad de los artículos 28, fracción V y 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, con fundamento en el numeral 91, fracción III, de la Ley de Amparo.
En consecuencia, en el punto resolutivo segundo de la sentencia dictada por el referido Tribunal Colegiado debió haberse resuelto que, en la materia de la revisión, se modificaba la sentencia recurrida, en virtud de que en el punto resolutivo primero se determinó dejar en parte firme el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo por la Juez de Distrito.
En cuanto al resolutivo tercero, cabe destacar que el Tribunal Colegiado de Circuito analizó sólo algunos de los conceptos de violación hechos valer en contra del artículo 28, fracción V, de la ley reclamada, al considerar que existía jurisprudencia; sin embargo, no estudió los conceptos de violación en contra de ese mismo artículo, en los que se aduce que su fracción V resulta violatoria de lo dispuesto por los diversos 14, 16, 31, fracción IV, (en cuanto al principio de proporcionalidad), 72, inciso f) y 133 constitucionales, sobre los que estimó no existía jurisprudencia y que, por ende, no se surtía su competencia.
Por consiguiente, al no haber agotado el Tribunal Colegiado el estudio de los conceptos de violación expresados por la quejosa en contra del artículo 28, fracción V, de la ley reclamada, técnicamente no le era posible haberse pronunciado sobre la determinación de negar el amparo solicitado.
En tales condiciones este Alto Tribunal de oficio corrige esa incongruencia dejando insubsistente el pronunciamiento del Tribunal Colegiado contenido en el punto resolutivo en cuestión.
CUARTO. Materia de la revisión. Dado el sentido de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado del conocimiento, la materia de la revisión competencia de esta Primera Sala la constituye el estudio de los planteamientos contenidos en los conceptos de violación que la quejosa hizo valer en su demanda de garantías en los que aduce que el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación viola lo dispuesto por los diversos artículos 14, 16, 31, fracción IV -únicamente por lo que hace al principio de proporcionalidad tributaria-, 72, inciso f) y 133 de la Constitución Federal, así como de que el artículo 33, fracción I, inciso g), del invocado ordenamiento tributario, resulta violatorio de los preceptos constitucionales citados.
Lo anterior tomando en consideración que el Tribunal Colegiado ya se pronunció respecto del artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación en relación con los principios de legalidad y equidad tributaria, resolviendo negar el amparo y la protección solicitada por la parte quejosa, así como que determinó reservarse jurisdicción para resolver sobre los planteamientos de inconstitucionalidad de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005 (contenidos en los conceptos de violación quinto, sexto y séptimo), hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre el particular en relación con los artículos 28, fracción V y 33, fracción I, inciso g), ambos del Código Fiscal de la Federación.
En consecuencia, a fin de precisar la materia de estudio en el presente asunto, a continuación se transcriben las disposiciones cuya inconstitucionalidad fue reclamada por la parte quejosa:
"Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, deberán observar las siguientes reglas:
"...
"V. Tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación. Dichos controles formarán parte de la contabilidad del contribuyente. Para tales efectos, el control volumétrico deberá llevarse con los equipos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
"Cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación mantengan en su poder la contabilidad de la persona por un plazo mayor de un mes, ésta deberá continuar llevando su contabilidad cumpliendo con los requisitos que establezca el reglamento de este código.
"Quedan incluidos en la contabilidad los registros y cuentas especiales a que obliguen las disposiciones fiscales, los que lleven los contribuyentes aun cuando no sean obligatorios y los libros y registros sociales a que obliguen otras leyes.
"En los casos en los que las demás disposiciones de este código hagan referencia a la contabilidad, se entenderá que la misma se integra por los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I de este artículo, por los papeles de trabajo, registros, cuentas especiales, libros y registros sociales señalados en el párrafo precedente, por los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros, por las máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus registros, cuando se esté obligado a llevar dichas máquinas, así como por la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales."
"Artículo 33. Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:
"I. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán:
"...
"g) Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes; se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales.
"Los servicios de asistencia al contribuyente a que se refiere esta fracción, también deberán difundirse a través de la página electrónica que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria. En dicha página también se darán a conocer la totalidad de los trámites fiscales y aduaneros. ..."
QUINTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Los conceptos de violación primero a cuarto, en los que la parte quejosa realizó planteamientos sobre la inconstitucionalidad de los artículos 28, fracción V y 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, pueden sintetizarse como sigue:
1. En el primer concepto de violación, la quejosa se duele de que la fracción V del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación viola la garantía contenida en el artículo 31, fracción IV, constitucional, en virtud de que trastoca la garantía de legalidad tributaria. Ello porque los controles volumétricos no son un medio idóneo para sustentar la contabilidad y mucho menos para determinar el impuesto, pues no hay certeza en el tributo y determinación de la base del mismo.
Dice que tomando en consideración que no puede haber tributo sin ley, al tener la combatida el vicio de falta de certeza en el mismo en cuanto a la determinación de su base, resulta claro que violenta la garantía antes señalada. A su parecer, se arriba a esa conclusión puesto que la obligación contenida en el precepto de ley impugnado impacta a uno de los elementos esenciales del impuesto a cubrir por parte del gobernado.
Añade que la falta de validez constitucional del precepto legal aludido se evidencia también al no señalar dicho dispositivo el procedimiento conforme al cual se determinará la autorización e incluso la formación y contenido de las reglas que emitirá la autoridad para determinar los equipos que permitirán estimar los ingresos y, por ende, la base del impuesto a pagar.
Igualmente alega que al resultar causantes los enajenantes de combustibles y, por tanto, sujetos obligados de implementar equipos de controles volumétricos, necesariamente se modifica su catálogo de obligaciones en relación con otros sujetos también causantes pero que no enajenen combustibles.
Concluye diciendo que los controles volumétricos no son un medio idóneo para sustentar la contabilidad y mucho menos para determinar el impuesto, puesto que, ante las imprecisiones y vaguedades del texto legal, es claro que no habrá certeza jurídica en el tributo y determinación del mismo.
Lo anterior, en virtud de que en todo caso esta base viene a ser estimada o presunta, lo que muestra otro aspecto de su inconstitucionalidad, ya que tratándose de la determinación presuntiva de ingresos y, por tanto, de impuestos, no puede ser acorde con la Constitución el criterio que no atiende a la capacidad económica de los contribuyentes, en razón de que la base que sirve para la determinación presuntiva se refiere al resultado obtenido en la fecha en que se está efectuando el procedimiento de fiscalización, sin permitir que la autoridad fiscal aplique o considere los factores o índices deflacionarios.
2. En el segundo concepto de violación, la parte quejosa afirma que el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación es violatorio de los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad de los impuestos, contemplados en el artículo 31, fracción IV, constitucional, así como del principio de autoridad formal de la ley, contenido en el artículo 72, inciso f), constitucional, y del de supremacía de la Constitución, establecido en el artículo 133 de la Constitución Federal, lo que en vía de consecuencia altera el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ello es así, debido a que, en su opinión, en el artículo legal citado se faculta a las autoridades a emitir misceláneas que contengan cargas adicionales para los contribuyentes, sin tener como límite lo dispuesto en una ley o reglamento federales, de jerarquía superior, pudiendo con esto variar su interpretación, originar una reforma o incluso su propia derogación, sin haberse cumplido los mismos requisitos que para su formación.
Señala que la única limitación que se contempla es que la miscelánea no se refiera al sujeto, objeto, base o tarifa del impuesto, y que fuera de estos casos la autoridad fiscal cuenta con plenas facultades para, vía las misceláneas que emita, modificar o alterar todo el marco regulatorio en materia impositiva, superando el contenido de ordenamientos legales de jerarquías superiores.
Esto implica que la autoridad fiscal pueda establecer cargas adicionales para los contribuyentes, como podrían ser, a manera de ejemplo, el establecimiento de mayores requisitos en los comprobantes fiscales, en los gastos o deducciones, así como en el comportamiento general del contribuyente. Cuestiones que, sin referirse al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa del impuesto, pueden llegar a contradecir la voluntad del legislador.
Según la quejosa se podría llegar al extremo, por ejemplo, de que un gasto considerado como deducible por el legislador, prácticamente dejara de serlo al aumentar las autoridades fiscales ciertos requisitos que lo hicieran de imposible o difícil cumplimiento.
Así también se duele de que el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, deja fuera uno de los elementos del impuesto, como lo es la época de pago, violando el principio de legalidad de las contribuciones, ya que el precepto en cuestión sólo se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
3. En el tercer concepto de violación, la quejosa argumenta que el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación es contrario al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en virtud de que en él sólo se establece la obligación de llevar los controles volumétricos a cargo de los contribuyentes que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz con establecimientos abiertos al público en general; obligación que no persiste para quienes realicen el mismo acto en establecimientos no abiertos al público en general.
Con esto, señala la quejosa, se vulnera el principio de equidad tributaria, pues aunque ambos contribuyentes se encuentran en un mismo plano de igualdad, son tratados en forma diferente.
Asimismo, indica que el precepto legal de referencia viola el principio de proporcionalidad tributaria, al no hacerse distinción alguna entre el tipo de control volumétrico que deberán adoptar los contribuyentes con mayores ventas y, por ende, ingresos, de quienes tengan menores ventas e ingresos, con lo cual se omite hacer una oportuna diferencia por cuanto hace a la capacidad de pago de los contribuyentes.
Para la parte quejosa, a pesar de que el empleo de los controles volumétricos no implica directamente un pago de impuestos, constituye un egreso para el particular, mismo que deberá guardar proporción con su capacidad contributiva. Cuestión que, afirma, no se respeta, pues sin distingo alguno se obliga a la implementación de dichos equipos, los que serán iguales tanto para las grandes estaciones de servicio como para las pequeñas.
Además, señala que, por similares razones a las hechas valer en los anteriores puntos, el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación resulta contrario al contenido del artículo 13 constitucional, por atentar contra el principio de igualdad jurídica.
A fin de justificar esta afirmación destaca que la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en su artículo 19 dispone, en síntesis, que los fabricantes, productores y envasadores de alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y bebidas alcohólicas, deben reportar al Servicio de Administración Tributaria, las características de los equipos que utilizarán para su producción, lo cual refleja un trato diferente del que ahora se exige a la quejosa. Por tanto, se tiene que si bien se pide la obligación de tener controles respecto de unos hay más exigencias que para otros, siendo que tienen más obligaciones y especificaciones precisamente los que mencionan las reglas cuya inconstitucionalidad se debate.
Agrega que otra muestra del trato desigual es que la disposición impugnada sólo obliga a quienes tengan establecimiento abierto al público en general a instalar los equipos de controles volumétricos, aunque en ambos se consuma gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, alterando con ello los principios de generalidad, abstracción e impersonalidad que debe tener toda norma jurídica.
4. En el cuarto concepto de violación, la parte quejosa alega que el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación es violatorio de los artículos 14, 16, 31, fracción V, 72, inciso f) y 133 constitucionales, toda vez que omite indicar lo que se debe entender por controles volumétricos, cuál es el fin perseguido mediante su implementación; las características que deberán presentar, los diversos tipos que hay o pueden llegar a existir; cuáles son los equipos autorizados, si los deberán comprar los contribuyentes o les serán asignados mediante el pago de los derechos correspondientes; quién está autorizado para fabricarlos y/o venderlos, así como para instalarlos y/o repararlos, etcétera.
Agrega que a pesar de todas estas omisiones se establece que los controles volumétricos deberán llevarse con los equipos que autorice el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general. Esto implica que se autoriza a dicho organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para colmar las omisiones apuntadas, careciendo de facultades para ello. Cuestión que, a su parecer, contraría a los principios de seguridad jurídica, previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales; de legalidad y certeza en las leyes fiscales, previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional; de autoridad formal de la ley, previsto en el artículo 72, inciso f), de nuestra Carta Magna, y de la supremacía de la Constitución, contemplado en el artículo 133 de nuestro Máximo Ordenamiento.
Continúa diciendo que la inconstitucionalidad del artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación surge ante la omisión en que incurrió el legislador al dejar de precisar cuál sería el camino, método, procedimiento, parámetros, bases, criterios, reglas u objetivos que debía cumplir el Servicio de Administración Tributaria para emitir la miscelánea al elegir, autorizar y vigilar el cumplimiento de los equipos de control volumétrico; lo que le permite hacerlo, sin tener facultades para ello.
Igualmente, manifiesta que el hecho de que los controles volumétricos formen parte de la contabilidad de los causantes, violenta el contenido de los preceptos constitucionales en cita, específicamente el 14 y el 16, dado que las omisiones del artículo 28, fracción V, le impiden tener la certeza debida en cuanto a la forma de cumplir sus obligaciones fiscales.
Indica que en cualquier momento las autoridades hacendarias le podrían requerir, bien por visita domiciliaria u otro acto de fiscalización, la exhibición de su contabilidad, con lo que ello implica, y sancionarla de no acreditar contar con los equipos volumétricos, los cuales ni en el Código Fiscal, ni en la propia miscelánea están definidos en cuanto a quiénes los venden, fabrican e instalan, y cuentan con autorización para ello.
De acuerdo con sus argumentaciones, si la contabilidad es la base o punto de partida para el pago de impuestos, deben contemplarse en ley todos y cada uno de sus elementos, sin dejar su fijación al arbitrio de la autoridad administrativa a quien sólo le corresponde cumplir lo dispuesto en ley.
SEXTO. Estudio de fondo. A juicio de esta Primera Sala, los conceptos de violación que le compete estudiar son de calificarse como infundados, por una parte, e inoperantes, por la otra, en atención a las siguientes consideraciones:
Las argumentaciones contenidas en su primer y tercer conceptos de violación, en que la quejosa se duele de que el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación es violatorio del principio de proporcionalidad previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, devienen infundadas, toda vez que a la norma legal impugnada no le es aplicable dicho principio.
Esto es así, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el principio de proporcionalidad tributaria está dirigido a las contribuciones en sí mismas consideradas, a sus elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa o tarifa, y a los elementos fiscales que trascienden a la obligación esencial de pago, sin que sea factible hacer extensivo dicho principio a las obligaciones formales a cargo de los contribuyentes que constituyan simples medios de control en la recaudación a cargo de la autoridad administrativa, como lo es la establecida en el artículo 28, fracción V, del ordenamiento legal en cita, en el cual se señala que las personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación como parte de su contabilidad, pues su objetivo es que la autoridad hacendaria pueda llevar una adecuada vigilancia y comprobar el cumplimiento de requisitos conforme a los cuales los gobernados deben contribuir al gasto público.
En efecto, el principio de proporcionalidad tributaria previsto en la citada Norma Suprema está dirigido a todos los elementos fiscales vinculados directamente con la causación, exención, devolución, entre otras figuras fiscales que inciden en la obligación sustantiva relativa al pago de la contribución, entre los que podrían llegar a contarse algunas obligaciones formales, siempre y cuando éstas no constituyan simples medios de control en la recaudación a cargo de la autoridad administrativa, lo cual no acontece en la especie, ya que la obligación establecida en el precepto impugnado no está vinculada estrechamente con el núcleo del tributo.
La proporcionalidad tributaria ha sido entendida como un límite a la imposición, a fin de que la cantidad enterada guarde una relación con la capacidad contributiva del causante.
En estos términos, el establecimiento de una obligación formal relacionada con la manera en la que ha de llevarse la contabilidad de los contribuyentes, al no trascender a la obligación fiscal sustantiva, no puede ser analizada por este Alto Tribunal desde la garantía de proporcionalidad tributaria.
En todo caso, el argumento respectivo tendría que presentarse en términos del costo inherente al cumplimiento de la obligación formal, lo cual no tiene un efecto en términos de principios tributarios o, específicamente, de capacidad contributiva, sino, más bien, podría llegar a tener un impacto general -no fiscal- en las finanzas de la persona, lo cual se constituiría como un agravio de vinculación económica, no jurídica, siendo estos últimos los idóneos para acceder a la protección constitucional.
En este orden de ideas, a la obligación prevista en el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del primero de enero de dos mil cuatro, no le es aplicable el mencionado principio constitucional, pues tales obligaciones administrativas constituyen medidas que facilitan el control sobre el cumplimiento de la obligación sustantiva y las mismas, se reitera, no están estrechamente vinculadas con el núcleo del tributo, esto es, con el pago.
Corresponde ahora el estudio del segundo concepto de violación, en el que la parte quejosa afirma que el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación es violatorio de los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad de los impuestos, contemplados en el artículo 31, fracción IV, constitucional, así como del principio de autoridad formal de la ley, contenido en el artículo 72, inciso f), constitucional, y del de supremacía de la Constitución, establecido en el artículo 133 de la Constitución Federal, lo que en vía de consecuencia altera el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior debido a que, en su opinión, en el artículo legal impugnado se faculta a las autoridades a emitir misceláneas que contengan cargas adicionales para los contribuyentes, sin tener como límite lo dispuesto en una ley o reglamento federales de jerarquía superior, pudiendo con esto variar su interpretación, originar una reforma o incluso su propia derogación, sin haberse cumplido los mismos requisitos que para su formación. Igualmente, se duele de que la única limitación que se contempla es que la miscelánea no se refiera al sujeto, objeto, base o tarifa del impuesto y que, fuera de estos casos, la autoridad fiscal cuenta con plenas facultades para, vía las misceláneas que emita, modificar o alterar todo el marco regulatorio en materia impositiva, superando el contenido de ordenamientos legales de jerarquías superiores.
Resulta infundado el anterior concepto de violación porque de la norma legal reclamada se desprende que las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes, para lo cual publicarán en forma anual las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes.
Asimismo, se aprecia que podrán publicar aisladamente las disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año y que las resoluciones que se emitan en relación con estas facultades de la autoridad hacendaria, que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales.
Ahora bien, el artículo reclamado no contraría el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal -que implica que mediante un acto formal y materialmente legislativo se establezcan todos los elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución, fijándolos con la precisión necesaria, de tal manera que impida el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudación y que, por otro, genere certidumbre al gobernado sobre qué hecho o circunstancia se encuentra gravado; cómo se calculará la base del tributo; qué tasa o tarifa debe aplicarse; cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y, en fin, todo aquello que le permita conocer qué cargas tributarias le corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse-, puesto que en ningún momento autoriza, como pretende la quejosa, a la autoridad administrativa para que ésta determine a través de las reglas generales alguno de los elementos de las contribuciones referidos. Al contrario, dispone el artículo impugnado que las reglas de carácter general que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no pueden generar obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales, lo que implica que se está determinando que no pueden ir más allá de lo que establecen las normas formalmente legislativas, es decir, acata el principio en materia tributaria de reserva relativa de ley.
En efecto, contrario a lo manifestado por la quejosa, el numeral reclamado, no permite a las autoridades administrativas a través de las reglas de carácter general, establecer cargas adicionales para los contribuyentes en relación con cualquiera de los elementos d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19679-e0a208bd/controles-volumetricos-a-la-obligacion-de-llevarlos-como · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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