PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LA SOLA DENOMINACIÓN DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO ENTRAÑA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS DE MOTIVACIÓN, COMPETENCIA Y AUDIENCIA.
AMPARO EN REVISIÓN 1412/2005. SERVICIOS HIDASA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001; en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional en la que subsiste el tema de constitucionalidad de los artículos 1o., 6o., 85 y 86 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil cuatro, sobre el que existen diversos precedentes y tesis jurisprudenciales genéricos, que hacen innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. La materia de estudio se constriñe a la constitucionalidad de los artículos 1o. (en cuanto se alega violación a los diversos 14, 16, 17, 22 y 23 constitucionales), 6o., 85 y 86 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, procediendo en términos del artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, al análisis de los conceptos de violación que en relación con esos preceptos hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo.
En sus conceptos de violación, en lo que la materia de estudio atañe, la parte quejosa sostuvo lo siguiente.
1. El artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor transgrede las garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16, 17, 22 y 23 constitucionales, porque ya no puede libremente convenir con sus clientes consumidores, sino que tiene que ajustarse al nuevo estado de cosas determinado en la ley, cuyo contenido no acata lo dispuesto en la garantía de seguridad jurídica, ya que existe un conflicto entre las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y las del Código de Comercio, al anular la libertad de comercio, ya que la relación contractual entre proveedor y consumidor se regula en un primer momento por el Código de Comercio, mientras que la ley federal que se combate es una ley de carácter administrativo para la protección exclusiva de quien recibe el bien o el servicio, no obstante que la posición de quien lo ofrece y de quien lo recibe nace precisamente del vínculo dado con motivo de una operación mercantil regulada en el Código de Comercio, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo para el caso de conflicto, por lo que las obligaciones inherentes a la relación proveedor-consumidor por hacer de una operación mercantil, encuentran su fuente en el contrato o convenio y éstos, a su vez, en la legislación mercantil, por lo que al existir una ley que por una parte prohíba los convenios, como la impugnada, y otro que los permita, como el Código de Comercio, producen una contradicción en el sistema jurídico que atenta contra la seguridad jurídica.
2. Mientras el Código de Comercio aprecia la voluntad de las partes como fuente de las obligaciones, junto con la ley y prevé que en caso de conflicto puedan escoger o diseñar el procedimiento para deducir sus acciones y defensas, el artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor contradice tales disposiciones al reglar que contra su observancia no cabe convenio, con lo que se crea contradicción e inseguridad en cuanto a la aplicación del Código de Comercio, con la consecuente contradicción entre los dos cuerpos jurídicos.
3. Que se transgreden las garantías de motivación, competencia y audiencia, ya que el solo nombre de la ley impugnada demuestra que el legislador asume que hay que proteger al consumidor siempre, sin posibilidad aparente de prueba en contrario, omitiendo considerar que el proveedor pueda necesitar la protección por actos u omisiones del consumidor, lo que implica violación a la garantía de audiencia pues al denominarse la norma de protección al consumidor, se asume que la necesita por agresión cuando no la hay de modo permanente.
4. Es inexistente la motivación para la protección permanente del consumidor en detrimento de la seguridad jurídica del proveedor.
5. Se crea una duplicidad de competencias, ya que por un lado, el Código de Comercio regula las relaciones entre proveedor y consumidor, y la ley impugnada protege en lo particular a este último, lo que provoca en el sistema jurídico una inevitable coalición al existir conflicto entre ambas legislaciones, pues la ley protectora del consumidor vuelve nugatorio al Código de Comercio, al exigir el cumplimiento y competencia de sus autoridades y disposiciones en términos del artículo 6o. de la ley que se combate.
6. Es incorrecto que se excluya el Código de Comercio en términos del artículo 6o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, porque en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados, lo que determina que deba definirse cuál de las normas en conflicto es la de aplicación correcta y cuál debe prevalecer.
7. El artículo 86 de la Ley Federal del Consumidor exige entre comerciante y consumidor un contrato, que deviene en no serlo, puesto que no es la voluntad de las partes la que lo conforma, sino la propia ley la que impone determinadas características que afectan la libertad de contratación y la seguridad jurídica, lo cual se aprecia con la obligación relativa a la competencia de la autoridad dirimidora del conflicto, cuando el propio Código de Comercio, rector del acto y de su interpretación, también señala el modo de resolverlo, pero de un modo más amplio, dejando a la elección de los interesados la vía correspondiente, por lo que la contradicción entre ambos ordenamientos transgrede la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 14 constitucional.
8. El artículo 86 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor impide individualizar el servicio a prestar, ya que ni el consumidor ni el proveedor pueden variarlo, causando perjuicio a ambas partes, además de la contradicción que genera con el Código de Comercio que prevé mayores libertades para los contratantes.
9. Con el precepto anterior se afecta la libertad de trabajo que redunda en una inseguridad para los gobernados.
TERCERO. Los conceptos de violación que se analizan son en parte inoperantes y, en otra, infundados, en atención a las consideraciones siguientes.
En efecto, son inoperantes los conceptos de violación sintetizados en los incisos 1, 2, 5, 6, 7 y 8, en cuanto se constriñen a tratar de evidenciar la contraposición de la Ley Federal de Protección al Consumidor con el Código de Comercio, lo cual no puede derivar en una declaración de inconstitucionalidad, pues ello únicamente resulta en cuanto un precepto legal se contrapone de manera directa a un artículo de la Constitución General de la República; lo cual en el caso no sucede, sino que, lo alegado lo constituye una transgresión a garantías que se actualizaría, en su caso, de manera indirecta, ya que la misma se daría sólo si en el caso los dos ordenamientos mencionados fueran contradictorios y no así por una violación directa de los preceptos de la Ley Federal de Protección al Consumidor a la Constitución Federal.
Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, noviembre de 1999
"Tesis: P./J. 108/99
"Página: 29
"LEY. PARA ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD DEBE PLANTEARSE SU OPOSICIÓN CON UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN. Para que se pueda analizar si un ordenamiento es constitucional o no, debe plantearse su oposición con un precepto de la Carta Magna con el cual pugna; requisito que no se satisface en un concepto de violación en el que se sostiene que la ley combatida se encuentra en contradicción con otra ley ordinaria."
Además resulta infundado el argumento que sostiene la parte quejosa en sus conceptos de violación sintetizados con los números 5 y 6 en cuanto que la Ley Federal de Protección al Consumidor vuelve nugatorio al Código de Comercio.
Al respecto debe puntualizarse que los artículos 1o. y 6o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor establecen:
"Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.
"El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
"Son principios básicos en las relaciones de consumo:
"I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos;
"II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones;
"III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen;
"IV. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos;
"V. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, económica, administrativa y técnica a los consumidores;
"VI. El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos;
"VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios;
"VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados, y
"IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento.
"Los derechos previstos en esta ley no excluyen otros derivados de tratados o convenciones internacionales de los que México sea signatario; de la legislación interna ordinaria; de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas competentes; así como de los que deriven de los principios generales de derecho, la analogía, las costumbres y la equidad."
"Artículo 6o. Estarán obligados al cumplimiento de esta ley los proveedores y los consumidores. Las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del Gobierno del Distrito Federal, están obligadas en cuanto tengan el carácter de proveedores o consumidores."
De los preceptos anteriores se advierte que si bien la Ley Federal de Protección al Consumidor es de observancia obligatoria para los proveedores y consumidores, lo cierto es que no excluye la aplicación del Código de Comercio, como se advierte del primero de los preceptos transcritos, al señalarse claramente por el legislador que los derechos previstos en esa ley no excluyen otros derivados de la legislación ordinaria interna.
Por otra parte, los artículos 85 y 86 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuya inconstitucionalidad aduce la quejosa son del tenor literal siguiente:
"Artículo 85. Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista. Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley."
"Artículo 86 Bis. En los contratos de adhesión de prestación de servicios deben incluirse por escrito o por vía electrónica los servicios adicionales, especiales, o conexos, que pueda solicitar el consumidor de forma opcional por conducto y medio del servicio básico.
"El proveedor sólo podrá prestar un servicio adicional o conexo no previsto en el contrato original si cuenta con el consentimiento expreso del consumidor, ya sea por escrito o por vía electrónica."
De los artículos transcritos se advierte que en el primero de ellos se establece lo que debe entenderse por contrato de adhesión, los requisitos que deben cumplir para su validez y el segundo de dichos preceptos dispone que deben incluirse por escrito o vía electrónica los servicios adicionales que pueda solicitar el consumidor, y que éstos sólo podrán prestarse si se cuenta con el consentimiento del consumidor.
En principio, cabe destacar que los derechos tutelados por la Ley Federal de Protección al Consumidor son de carácter eminentemente social. El sentido de dicha tutela es evitar que la inferioridad económica de grandes grupos de consumidores les lleve a aceptar relaciones de consumo injustas.
Se trata de una legislación intervencionista y asistencialista de las clases más desprotegidas, bajo la premisa de garantizar la intervención del poder público en la protección de los grupos económicamente más débiles y evitar que se cometan injusticias al aplicar en las relaciones de consumo algunos preceptos de derecho privado que tienen como presupuesto la igualdad de los contratantes, principio que no existe entre proveedores y consumidores, ya que éstos constituyen el sector necesitado de protección.
Con la globalización de la economía, causada por la apertura en el comercio exterior y la modernización de la planta productiva, influyó de manera determinante en las relaciones comerciales, modificando inevitablemente los patrones de consumo.
Esta complejidad de la economía global de mercado ha modificado también la actitud del legislador respecto a la política de la procuraduría, en el sentido de determinar cómo se pueden obtener mejores resultados en cuanto a la protección efectiva del consumidor. De este modo, se ha transformado el entorno de la protección legal al consumidor.
El fenómeno de la globalización generó la necesidad insoslayable de información por la parte que se considera vulnerable en las relaciones de consumo: el consumidor, quien en la actualidad, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como a la participación activa del Estado, está en posibilidades de conocer e informarse respecto de los mercados, productos, distribuidores y servicios.
Conviene señalar que el consumidor es un componente esencial del funcionamiento de la economía nacional, por lo que su protección y asesoría por parte del Estado se justifica también por esas razones y no sólo por considerar que se trata de un grupo vulnerable.
Se considera, pues, que una política de protección al consumidor permite elevar la calidad de los productos y servicios que se adquieren y mejorar el consumo basándose en prácticas justas, lo cual apoya el crecimiento económico y el bienestar de la población.
La actual política de protección al consumidor se puede definir como un instrumento económico y social que permite mejorar el funcionamiento de los mercados, con una visión preventiva, basada en la distribución de información y la educación para el consumo.
Las consideraciones anteriores fueron sostenidas por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión número 579/2005, promovido por BCB Impulse Administración Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable y otras, en sesión de veintisiete de junio de dos mil cinco, por unanimidad de diez votos, excepto por lo que hace a la negativa del amparo en contra del artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil cuatro, propuesta en el resolutivo segundo, respecto de la cual hubo seis votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Góngora Pimentel, Valls Hernández, Sánchez Cordero, Silva Meza y presidente en funciones Díaz Romero; votaron en contra los señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Gudiño Pelayo y Ortiz Mayagoitia y reservaron su derecho de formular voto de minoría. El señor Ministro Mariano Azuela Güitrón, por estar cumpliendo con otras funciones inherentes a su cargo no asistió. Fue ponente el Ministro José Ramón Cossío Díaz.
Por otra parte, la circunstancia de que en los artículos reclamados se establezca que para la validez de los contratos de adhesión, se debe cumplir una serie de requisitos, no los hace inconstitucionales toda vez que no se impide a los proveedores dedicarse a la actividad que ellos elijan, pues ningún impedimento se regula al respecto y, por tanto, contrariamente, a lo que se aduce en el concepto de violación sintetizado en el inciso 9, no se crea inseguridad jurídica para los
Por otro lado, si bien, como se sostiene en el concepto de violación identificado en el inciso 3, en la denominación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el legislador refleja la naturaleza proteccionista para el consumidor, ello se debe a las razones precisadas y contrariamente a las pretensiones de la quejosa por ese solo hecho no puede considerarse que sea atentatoria de las garantías de motivación, competencia y audiencia, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Lo anterior es así, porque la ley no omite otorgar la posibilidad de defensa a los proveedores, ni asume necesariamente en todos los casos una agresión en perjuicio de los consumidores, sino que ésta, para poder ser declarada, deberá ser probada dentro del procedimiento previsto en el propio ordenamiento y de no hacerse así, no podrá resolverse en perjuicio del proveedor, como se advierte del texto de la propia ley, en cuyo capítulo XIII regula los procedimientos que habrán de sustanciarse y dentro de los cuales se prevé el derecho de las partes, de asistir para hacer valer sus defensas y ofrecer las pruebas conducentes, conforme a las cuales habrá de resolver la Procuraduría Federal del Consumidor, respetándose en beneficio de los proveedores su garantía de audiencia.
Además, aun cuando la naturaleza de la Ley Federal de Protección al Consumidor sea proteccionista, lo cierto es que en todo momento el legislador procuró el equilibrio con los derechos del proveedor, como se advierte del texto del propio artículo 1o. de ese ordenamiento, en el que se establece que el objeto de esa ley, entre otros, es "procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores".
De lo anterior deriva lo infundado del concepto de violación marcado con el inciso 4, pues como se ha mencionado no existe una protección permanente para el consumidor en todos los casos que se regulan en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en detrimento necesariamente del proveedor.
En este orden de ideas, al haber resultado, por una parte inoperantes y, por otra, infundados los conceptos de violación analizados, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa en contra de los artículos 1o., 6o., 85 y 86 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en contra de los artículos 1o., 6o., 85 y 86 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Notifíquese y cúmplase; con testimonio de la presente ejecutoria, vuelvan los autos al lugar de su origen y en su oportunidad archívese el expediente.
Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio A. Valls Hernández, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente), respecto de los artículos 1o., 6o. y 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Sergio A. Valls Hernández, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente). En contra del voto emitido por el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, en relación con el artículo 86 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19570-325b4d5d/proteccion-al-consumidor-la-sola-denominacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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