AMPARO CONTRA LEYES. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR COMO AUTORIDADES RESPONSABLES AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y AL DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPIDE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ORDENAMIENTO RECLAMADO.
AMPARO EN REVISIÓN 168/2004. SERVICIO TRES HERMANAS, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO. El único agravio es sustancialmente fundado, por las consideraciones que a continuación se expondrán.
En proveído de trece de abril de dos mil cuatro, el Juez Segundo de Distrito "B" en La Laguna, con residencia en esta ciudad de Torreón, Coahuila, sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, el juicio de amparo indirecto 250/2004, por considerar que en la especie se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la diversa fracción III del artículo 116, ambos de la Ley de Amparo, ya que en su opinión, como la quejosa reclamó la discusión, aprobación y expedición del decreto de veintiocho de diciembre de dos mil tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de enero de dos mil cuatro, en el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, específicamente la fracción V del artículo 28; y, no señaló como autoridades responsables al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación, quienes intervinieron en el proceso legislativo de la ley impugnada, en términos de los artículos 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entonces, "este juzgador se ve impedido para emitir pronunciamiento alguno respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas reclamadas, pues al no existir señalamiento del quejoso para tener como responsables a las autoridades de mérito, es obvio que no fueron llamadas a juicio todas las autoridades que participaron en el proceso de creación de tales normas y, por tanto, no estuvieron en aptitud de remitir informe justificado ni de demostrar la constitucionalidad de su acto."
Asimismo, destacó el citado juzgador federal, que el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que el quejoso en su demanda de amparo, debe señalar a todas las autoridades que intervengan en la emisión o ejecución del acto que reclama, "pues el juzgador habrá de pedirles el informe justificado para que estén en aptitud, primeramente, de manifestar la existencia de los actos que se les atribuyen y, en su caso, de demostrar su constitucionalidad, pues como parte integrante de un proceso, por el principio de igualdad procesal, tiene derecho a ser oída y vencida."; y que, en virtud de la adición a la citada fracción III, del artículo en comento, que se realizó en la reforma de cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, "la parte quejosa tiene la obligación de hacer el señalamiento en su libelo primario de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación."
Por su parte, la recurrente aduce que el auto de sobreseimiento emitido por el a quo, le causa agravio esencialmente por los siguientes razonamientos:
a) No le asiste razón al Juez de Distrito, porque al demandar sí se cumplió cabalmente con lo que ordena la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo, ya que se señalaron los titulares de los órganos de Estado a quienes la ley encomienda la promulgación de las normas reclamadas, siendo éstos: el Congreso de la Unión y el presidente de la República, "aquél como su creador, por tratarse de un acto material y formalmente legislativo y éste como encargado de su promulgación y ejecución."
b) Que el a quo inobserva que es al presidente de la República, a quien le compete originariamente promulgar y publicar las normas legales que se reclamaron en el juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 72, inciso a), y 89, fracción I, de la Carta Magna; y, que "el no haber llamado a juicio como autoridades responsables al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación, cuando sí se hizo con el presidente de la República, no implica haber omitido el señalamiento de alguno de los participantes esenciales del proceso de creación de las normas legales reclamadas, pues es a éste último al que la Constitución asigna la facultad y la obligación de promulgarla y las otras autoridades referidas son subordinadas de éste y actúan, en todo caso, en el ejercicio de facultades que originalmente le corresponden a aquél."
c) Que el juzgador federal incurrió en un error de apreciación, al no haber aplicado al caso en particular, la tesis de jurisprudencia número 196, que invocó en el auto reclamado, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 192, Tomo I, Parte S.C.J.N., y cuyo rubro dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. AUTORIDAD RESPONSABLE. SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SEÑALA AL CONGRESO QUE LA EXPIDIÓ, PERO NO AL EJECUTIVO QUE LA PROMULGÓ.", ya que "... estimo que la referida tesis de jurisprudencia sí resulta aplicable al caso particular, en forma analógica, al haber señalado como autoridad responsable en el presente juicio de amparo al presidente de la República, como titular originario del órgano del Estado facultado para promulgar las normas reclamadas, sin que se hayan expresado agravios en contra del procedimiento de su promulgación, pues tales actos sólo se tacharon de inconstitucionalidad sustantiva, por lo que la participación de esa autoridad en el presente proceso, en lo que le compete, se limita a dicho acto formal, como lo sería también la de las diversas entidades gubernamentales que se omitieron, por lo que ello lógicamente no trasciende en el proceso, ya que sus informes y argumentos en nada variarían la litis."
Como se adelantó, los razonamientos antes expuestos devienen sustancialmente fundados.
Asiste razón a la aquí recurrente, porque en el caso particular, el Juez de Distrito no debió haber sobreseído fuera de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo indirecto 250/2004, toda vez que contrario a lo que sostiene, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la diversa fracción III del artículo 116, ambos de la Ley de Amparo; esto es así, pues si bien es verdad, que el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo se deben expresar entre otros requisitos, la autoridad o autoridades responsables, y que el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparo contra leyes; empero, no menos cierto es que la empresa quejosa, aquí recurrente, sí cumplió a cabalidad con dicho requisito.
En efecto, del estudio de las constancias que corren agregadas a los autos del juicio de amparo indirecto 250/2004, se desprende que la empresa Servicio Tres Hermanas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado jurídico, mediante escrito de trece de febrero de dos mil cuatro (fojas 1 a 24, sin que la última hoja de la demanda esté foliada), interpuso demanda de garantías en la que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad, señaló su nombre, domicilio, que no había tercero perjudicado, las autoridades que estimó como responsables, la ley o acto reclamados, los hechos que constituyen antecedentes, los preceptos constitucionales que estimó violados en su perjuicio, así como los conceptos de violación por los cuales solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal.
Para efecto de corroborar lo anterior, y en lo que aquí interesa, a continuación se transcriben las autoridades responsables que la aquí recurrente señaló en su libelo primario, así como los actos que de ellas reclamó:
"III. Autoridad o autoridades responsables.
"1. El H. Congreso de la Unión, con domicilio en Av. Congreso de la Unión s/n, colonia del Parque, C.P. 15960, en la Ciudad de México, D.F., como autoridad ordenadora.
"2. El C. presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en Residencia (sic) Oficial de los Pinos, en la colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, en la Ciudad de México, D.F., como autoridad ordenadora.
"3. La Administración Local de Auditoría Fiscal de Torreón, con sede en Torreón, en el Estado de Coahuila, con domicilio oficial y conocido en Eriazo del Norte s/n, Periférico Torreón Gómez Lerdo, de esta ciudad, como autoridad ejecutora.
"IV. Ley o acto que de cada autoridad se reclama.
"1. Del H. Congreso de la Unión, mi representada reclama la discusión, aprobación y expedición del decreto de fecha 28 de diciembre del 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004, en el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, concretamente la adición con la fracción V del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación.
"2. Del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mi representada reclama la expedición del decreto de fecha 31 de diciembre de 2003, por el que se promulga, sanciona y se ordena el cumplimiento, así como la publicación del decreto de 28 de diciembre de 2003 mencionado en el punto anterior.
"3. De la Administración Local de Auditoría Fiscal de Torreón, con sede en Torreón, en el Estado de Coahuila, mi representada reclama los actos de aplicación concreta que, en ejercicio de las facultades de su competencia, realice para vigilar el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas por las normas que se (sic) también se reclaman, así como la aplicación de las sanciones que, en su caso, determine, por las conductas que considere como infracciones a las mismas." (el subrayado es de este tribunal).
Una vez puntualizado lo anterior, cabe decir que son autoridades responsables en un juicio de amparo en que se controvierte la constitucionalidad de una ley, las autoridades que la expiden, y que conforme al artículo 11 de la Ley de Amparo, se considera autoridad responsable a la que dicta y ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.
Luego, es importante destacar que los artículos 72, inciso a), 89, fracción I y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, literalmente disponen:
"Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:
"A) Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente."
"Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:
"I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia."
"Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado o jefe de Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos."
De una recta interpretación de los dispositivos constitucionales antes transcritos, se desprende que el artículo 72, inciso a), consigna que en el proceso de formación de las leyes en México, intervienen conjuntamente tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, pues el primero participa en su elaboración, mientras que el segundo, se encarga de promulgarla, es decir, de hacerla pública; y, el diverso ordinal 89, fracción I, de la Carta Magna, le otorga al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras facultades, la de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión, función que lleva a cabo a través de uno de los actos que señala el diverso numeral 92 del ordenamiento legal en cita, relativo a que si la materia del decreto promulgatorio está constituida en rigor, por la orden del presidente de la República para su debida observancia, mas no por la materia de la ley o decreto oportunamente aprobados por el Congreso de la Unión, entonces el decreto respectivo única y exclusivamente requiere para su validez constitucional de la firma del secretario de Gobernación cuyo ramo administrativo resulta afectado por dicha orden de publicación, toda vez que es el acto que emana del titular del Ejecutivo Federal y, por ende, el que debe ser refrendado, sin que deba exigirse, además, la firma del secretario o secretarios de Estado a quienes corresponda la materia de la ley o decreto que se promulgue o publique.
Asimismo, debe señalarse que el doctrinario Felipe Tena Ramírez, en su libro Derecho Constitucional Mexicano, de Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, México, 1985, páginas 461 a 475, ha establecido que: "El acto legislativo concluye en el punto en que la ley emanada del Congreso ya no es objetable por el Ejecutivo, bien sea por haber transcurrido el término constitucional sin que éste hubiere formulado objeciones, o bien porque, habiéndolas presentado, el Congreso no las aceptó o, al contrario, modificó de acuerdo con ellas el proyecto original. El acto legislativo es entonces definitivo y perfecto, mas para que sea obligatorio, es menester que se inicie, mediante la promulgación, la actividad del Poder Ejecutivo."
Además, abunda diciendo que "promulgar (pro vulgare) significa etimológicamente llevar al vulgo, a la generalidad, el conocimiento de una ley, y que por la promulgación el Ejecutivo autentifica la existencia y regularidad de una ley, ordena su publicación y manda a sus agentes que la hagan cumplir; en esa virtud, la ley se hace ejecutable, adquiere valor imperativo, carácter que no tenía antes de pasar de la jurisdicción del Congreso a la zona del ejecutivo ... la promulgación reúne, pues, entre otros las características de ser un acto por el que el Ejecutivo autentifica implícitamente la existencia y regularidad de la ley (de otro modo no la promulgaría) y ordena expresamente que la ley se publique y sea cumplida. Consideramos, por tanto, que dentro de la facultad de promulgar, que la Constitución otorga, cabe la promulgación propiamente dicha y la publicación."
En esa tesitura, como la aquí recurrente, en su demanda de garantías señaló como acto reclamado la discusión, aprobación y expedición del Decreto de fecha veintiocho de diciembre de dos mil tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de enero de dos mil cuatro, en el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, específicamente su artículo 28, fracción V, y llamó a juicio como responsable al Congreso de la Unión; así como también, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a quien le atribuyó la expedición del referido decreto, "por el que se promulga, sanciona y se ordena el cumplimiento, así como la publicación"; entonces, lo cierto, es que la entonces quejosa, aun cuando no haya señalado como autoridades responsables al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación, encargados, respectivamente, del refrendo y publicación de las leyes o decretos (actos formales en su elaboración), sí cumplió con lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, de llamar a juicio a las responsables de la ley cuya inconstitucionalidad se reclamó.
Lo anterior se dice así, porque el Máximo Tribunal de la nación, en distintas tesis aisladas, ya se ha pronunciado respecto a que si en la demanda de garantías se señala como acto reclamado la expedición de determinada ley, y se llama a juicio como responsables al Congreso de la Unión y al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, no hay impedimento para examinar la constitucionalidad del ordenamiento combatido, aunque no se haya llamado al secretario de Gobernación, y al director del Diario Oficial de la Federación, quienes únicamente certifican y publicitan la voluntad de su superior jerárquico, en cumplimento de la actividad desarrollada por éste (presidente de la República), en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no así, de la consignada en el diverso ordinal 72, inciso a), del ordenamiento constitucional invocado, que atañe directamente al proceso legislativo del que emana el acto tildado de inconstitucional; pues, aun cuando es verdad, que es indispensable para la validez de una ley el refrendo del decreto promulgatorio por el secretario de Gobernación; empero, también debe tenerse presente que no es exacto que la expedición y promulgación de una ley sea consecuencia del refrendo, de manera que una vez otorgado éste, deba expedirse y promulgarse aquélla, pues con este criterio se invierte el orden jerárquico y temporal del proceso legislativo, ya que sin la expedición y promulgación es inexplicable y carece de sentido el refrendo, que siendo complementario de dichos actos, no tiene fuerza legislativa para producir por sí mismo la ley.
Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y sustancial, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 80, Primera Parte, página 50, que dice:
"REFRENDO POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO, PROCEDE LA IMPUGNACIÓN DE LA LEY, AUN CUANDO NO SE COMBATA EN EL AMPARO EL. Es cierto que es indispensable para la validez de una ley el refrendo del decreto promulgatorio por los secretarios de Estado de los ramos afectados; pero no es exacto que la expedición y promulgación de una ley sea consecuencia del refrendo, de manera que una vez otorgado éste, deba expedirse y promulgarse aquélla, pues con este criterio se invierte el orden jerárquico y temporal del proceso legislativo, ya que sin la expedición y promulgación es inexplicable y carece de sentido el refrendo, que siendo complementario de dichos actos, no tiene fuerza legislativa para producir por sí mismo la ley. Por tanto, si la ley no es consecuencia o derivación del refrendo, no puede estimarse consentida aquélla, por no haberse reclamado éste."
Asimismo, debe señalarse que de la lectura del libelo primario no se advierte que la aquí inconforme esté cuestionando la constitucionalidad del decreto de fecha veintiocho de diciembre de dos mil tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de enero de dos mil cuatro, en el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, específicamente su artículo 28, fracción V, en cuanto a la omisión del refrendo por parte del secretario de Estado respectivo o la falta de publicación en el Diario Oficial de la Federación del citado decreto, esto es, no hacen valer conceptos de violación en contra de dichas autoridades por vicios propios (aun cuando sí lo hace respecto a que el presidente de la República, omitió ordenar su publicación inmediata en el Diario Oficial de la Federación en términos del inciso a), del artículo 72 constitucional). De ahí, que si el Juez de Distrito no tomó en consideración lo anterior y sobreseyó en el juicio de amparo indirecto 250/2004, por considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso ordinal 116, fracción III, de la Ley de Amparo, su conducta no se encuentra ajustada a derecho.
A contrario sensu, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Séptima Época, que dice:
"LEYES, AMPARO CONTRA LAS. SU ESTUDIO NO PUEDE HACERSE SI NO SE EMPLAZA AL JUICIO DE GARANTÍAS A LA AUTORIDAD QUE LAS EXPIDE. Según lo dispone el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo se deben expresar entre otros requisitos, la autoridad o autoridades responsables. Son autoridades responsables en un juicio de amparo en que se controvierte la constitucionalidad de una ley, las autoridades que la expiden, conforme al artículo 11 de la Ley de Amparo, que considera autoridad responsable a la que dicta y ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Si en la expedición de la ley combatida intervino el presidente de la República en uso de facultades otorgadas por el Congreso de la Unión, indudablemente que esa autoridad tiene el carácter de responsable en relación a la impugnación de la constitucionalidad que se hace, y consecuentemente debió llamársele a juicio, independientemente de que la inconstitucionalidad del aludido ordenamiento legal, no se haga en relación a la aprobación, promulgación, y publicación como actos formales en su elaboración, sino tan sólo en cuanto que se estima que su contenido es contrario a las disposiciones constitucionales."
Dicho en otras palabras, el Juez de Distrito no debió de haber sobreseido fuera de la audiencia constitucional, el juicio de amparo indirecto 250/2004, con base en el hecho de que la aquí recurrente en su demanda de garantías, no haya señalado como autoridades responsables al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación; porque, si en su libelo primario se señaló como acto reclamado la expedición del decreto de fecha veintiocho de diciembre de dos mil tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de enero de dos mil cuatro, en el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, específicamente su artículo 28, fracción V; y, se llamó a juicio al Congreso que la expidió, expresándose conceptos de violación en contra de dicha expedición, no hay impedimento para examinar la constitucionalidad del ordenamiento combatido, aunque no se hayan expresado conceptos de violación respecto del acto de refrendo y su publicación por vicios propios, pues habiéndose oído a la autoridad responsable expedidora del ordenamiento combatido incluyendo al Ejecutivo que la promulgó, la eficacia o falta de fundamento de los conceptos de violación habrá de afectar a todos los actos de formación de la ley.
Tiene aplicación a lo antes expuesto, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmen 187-192, Primera Parte, página 63, que dice:
"LEYES, AMPARO CONTRA, EL ACTO RECLAMADO ESTÁ INTEGRADO POR TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO LEGISLATIVO.-Si en la demanda se señaló como acto reclamado la expedición de la ley y se llamó a juicio al Congreso que la expidió, expresándose conceptos de violación en contra de dicha expedición, no hay impedimento para examinar la constitucionalidad del ordenamiento combatido, aunque no se hayan expresado conceptos de violación respecto del acto de promulgación por vicios propios, pues habiéndose oído a las autoridades responsables expedidoras del ordenamiento combatido incluyendo al Ejecutivo que la promulgó, la eficacia o falta de fundamento de los conceptos de violación habrá de afectar a todos los actos de formación de la ley."
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis TC083016.9KO1, sustentada por este Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 169/2004, la cual está pendiente de publicación, bajo el rubro y texto literal siguientes:
"-Resulta incorrecto que el Juez de Distrito sobresea en un juicio de amparo contra leyes, fuera de la audiencia constitucional, porque el impetrante de garantías no haya señalado en su demanda como autoridades responsables al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación; si de la lectura del libelo primario se obtiene, que el quejoso llamó a juicio al Congreso de la Unión que expidió la norma que se reclama de inconstitucional, y al presidente de la República que la promulgó, expresando conceptos de violación en contra de dichos actos, ello no impide examinar la constitucionalidad del citado ordenamiento, aun cuando no se hayan expresado motivos de inconformidad respecto del acto de refrendo y su publicación, dado que no son combatidos por vicios propios, pues habiéndose oído a la autoridad responsable expedidora del ordenamiento combatido, incluyendo al Ejecutivo que la promulgó, la eficacia o falta de fundamento de los conceptos de violación habrá de afectar a todos los actos de formación de la ley."
En mérito de lo anterior, y ante lo ilegal del proceder del a quo, lo procedente es revocar el auto de trece de abril de dos mil cuatro, para el efecto de que reponga el procedimiento a partir del auto de trece de abril de dos mil cuatro, en el que sobreseyó el juicio de amparo indirecto 250/2004, fuera de la audiencia constitucional, y señale nueva fecha para que se lleve a cabo la celebración de ésta, y con plenitud de jurisdicción, se emita la sentencia que en derecho corresponda.
Similar criterio se sustentó en los amparos en revisión administrativos 169/2004, fallado en fecha diez de junio de dos mil cuatro y 163/2004, fallado en sesión plenaria de fecha diecisiete del mencionado mes y año, así como 167/2004 y 176/2004 fallados en sesión plenaria de fecha veinticuatro de junio del presente año, por unanimidad de votos.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, 85, 90 y 91 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca el auto de sobreseimiento que se revisa.
SEGUNDO.-Se ordena la reposición del procedimiento para los efectos precisados en la parte final del considerando último de la presente ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio autorizado de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, integrado por los Magistrados Alfonso Soto Martínez, Isidro Avelar Gutiérrez y Ezequiel Neri Osorio, siendo ponente el último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18249-1e568432/amparo-contra-leyes-la-omision-del-quejoso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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