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CONTROLES VOLUMÉTRICOS. A LA OBLIGACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONTAR CON ELLOS Y DE MANTENERLOS EN OPERACIÓN COMO PARTE DE LA CONTABILIDAD, NO LE ES APLICABLE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). EQUIDAD TRIBUTARIA. ESTE PRINCIPIO RIGE EN OBLIGACIONES SUSTANTIVAS Y FORMALES, PERO EN ESTA ÚLTIMA HIPÓTESIS ES BÁSICO QUE INCIDA DIRECTAMENTE SOBRE LAS PRIMERAS. CONTROLES VOLUMÉTRICOS. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL SEÑALAR QUE AQUÉLLOS SE LLEVARÁN CON LOS EQUIPOS QUE AUTORICE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PUES ELLO NO IMPLICA DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). CONTROLES VOLUMÉTRICOS. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LOS ESTABLECE, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). CONTROLES VOLUMÉTRICOS. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LOS ESTABLECE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES NO PROPICIA PRÁCTICAS MONOPÓLICAS NI LIMITA LA LIBRE CONCURRENCIA ENTRE LOS AGENTES ECONÓMICOS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). CONTROLES VOLUMÉTRICOS. LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LOS ESTABLECE, ENTRÓ EN VIGOR EL 6 DE ENERO DE 2004, POR LO QUE NO VULNERA EL ARTÍCULO 72, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROLES VOLUMÉTRICOS. LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE COMERCIO. CONTROLES VOLUMÉTRICOS. LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES PRIVATIVA DE DERECHOS POR LO QUE NO LE ES APLICABLE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1227/2004. · Registro digital (IUS): 18551
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SERVICIO MAGALLANES, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, , Pág. 510.

AMPARO EN REVISIÓN 1227/2004. SERVICIO MAGALLANES, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. La parte quejosa expresó, en síntesis, los siguientes conceptos de violación.

1. Que el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, que constituye el acto reclamado, resulta contrario a la garantía de equidad tributaria que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, en tanto que únicamente establece la obligación de contar con controles volumétricos a cargo de las personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz en establecimientos abiertos al público en general, dando un trato diverso respecto de otros contribuyentes que se encuentran en situaciones análogas.

Que la obligación de llevar mayores elementos contables que otros contribuyentes que se encuentran en situaciones análogas, constituye una medida caprichosa o arbitraria que no se encuentra justificada con bases objetivas que, por ello, resulta indudablemente inequitativa.

2. Que la norma reclamada es violatoria del artículo 13 constitucional, en cuanto se constituye en una ley privativa al imponer una obligación individualizada o dirigida concretamente a un grupo determinado de personas que enajenan combustibles con el público en general, lo que la convierte en una norma que carece de los requisitos de generalidad, abstracción e impersonalidad, contraviniendo así el precepto constitucional mencionado.

3. Que la norma reclamada es violatoria de lo establecido en los artículos 16, 31, fracción IV y 73, fracción VII, constitucionales, en tanto que en virtud de ella se realiza una concesión de facultades legislativas al Servicio de Administración Tributaria para que fije uno de los elementos de la obligación fiscal, al disponer dicho numeral que el control volumétrico deberá llevarse con los equipos que al efecto autorice dicho órgano mediante reglas de carácter general.

Que se está delegando en forma indebida la función legislativa a favor de un órgano administrativo, lo cual violenta el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 constitucional, ya que en virtud del precepto impugnado se otorga a una autoridad administrativa la facultad de crear reglas de carácter general.

4. Que el artículo reclamado es violatorio del 28 constitucional, en tanto que la obligación en él contenida de contar con controles volumétricos, limita la competencia, libre concurrencia mercantil y establece ventajas que ocasionan un perjuicio al grupo de sujetos al que limitativamente se les impone.

Que no se establece la posibilidad de que las personas que enajenan gasolina opten por la adquisición del equipo de control volumétrico que esté al alcance de sus posibilidades económicas, sino que previene que un órgano desconcentrado señalará los equipos que forzosamente deben adquirir los contribuyentes, lo cual deviene en su detrimento y propicia la instauración de un monopolio.

Que se propician prácticas monopólicas al no permitir a los obligados la adquisición de los equipos de controles volumétricos libremente de los fabricantes o comerciantes que les sean convenientes, dando así un aprovechamiento exclusivo para alguna industria o comercio; todo ello como consecuencia de la potestad absoluta otorgada al Servicio de Administración Tributaria para que elija y autorice el equipo.

5. Que el artículo impugnado contraviene la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, al establecer la obligación de llevar los controles volumétricos en los equipos que exclusivamente autorice un órgano desconcentrado, imponiendo un acto de privación, pues el pago del precio del equipo será el correspondiente al que elija con potestad absoluta dicho órgano, sin haberse respetado el derecho de audiencia para la elección y autorización administrativa de los equipos.

6. Que la norma impugnada es contraria al artículo 5o. constitucional, ya que coarta la actividad mercantil de los contribuyentes al imponer, sin justificación alguna, la obligación gravosa y excesiva de llevar controles volumétricos y sancionar penalmente a quienes no cuenten con ellos, impidiendo así el libre ejercicio de una actividad lícita.

Que el artículo 111, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación, en vigor, establece como sanción de tres meses a tres años de prisión a quien no cuente con los controles volumétricos a que se refiere el artículo 28, fracción V, que constituye el acto reclamado, limitando con esto la libertad de comercio, ya que tal garantía tiene por objeto que las autoridades administrativas no impidan el libre ejercicio comercial ni lo carguen con trabas económicas ni de ninguna otra índole, ya que de lo que se trata es que su ejercicio no quede al libre albedrío de la autoridad administrativa.

7. Que el proceso legislativo que dio origen a la reforma impugnada incumplió con lo dispuesto en el artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues contrario a lo considerado por el a quo, la violación de carácter formal alegada consistente en que el decreto de veintiocho de diciembre de dos mil tres, que contiene la ley reclamada, establece en la fracción primera de sus disposiciones transitorias, su entrada en vigor a partir del día primero de enero de dos mil cuatro, y no obstante ello fue publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el día cinco de enero de dos mil cuatro.

Que es de suma importancia que el gobernado se entere adecuadamente y a ciencia cierta de la norma que debe cumplir, por lo que es necesario que se determine que la ley no puede comenzar a regir, sino hasta que se aclare cuál es la fecha en que entra en vigor.

TERCERO. Por cuestión de técnica se analiza en primer término el tercer concepto de violación, en el que se alega violación a la garantía de legalidad, en virtud de que el artículo 28, fracción V, otorga al Servicio de Administración Tributaria facultades para que fije uno de los elementos de la obligación fiscal, lo que constituye una indebida concesión de facultades legislativas al disponer dicho numeral que el control volumétrico deberá llevarse con los equipos que al efecto autorice dicho órgano mediante reglas de carácter general.

Que se está delegando en forma indebida la función legislativa a favor de un órgano administrativo, lo cual violenta el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 constitucional, ya que en virtud del precepto impugnado se otorga a una autoridad administrativa la facultad de crear reglas de carácter general.

El argumento en análisis es infundado, en atención a que la norma reclamada no transgrede el principio de legalidad tributaria al no existir una delegación de facultades legislativas a favor del Servicio de Administración Tributaria.

En efecto, la norma impugnada establece que:

"Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, deberán observar las siguientes reglas:

"...

"V. Tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación. Dichos controles formarán parte de la contabilidad del contribuyente. Para tales efectos, el control volumétrico deberá llevarse con los equipos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. ..."

De la norma transcrita se desprende que en ella se establece una obligación formal o deber tributario a cargo de las personas que se encuentran obligadas a llevar la contabilidad y que además enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz en establecimientos abiertos al público en general, consistente en contar con controles volumétricos, los cuales forman parte de la contabilidad del contribuyente; lo que pone en evidencia, en primer término, que no se autoriza al Servicio de Administración Tributaria a fijar uno de los elementos esenciales de la obligación tributaria sustantiva, pues éstos se refieren al sujeto, objeto, base y tasa o tarifa.

Por otro lado, tampoco se da una delegación de facultades legislativas a favor de la autoridad administrativa en cuestión, en tanto que únicamente se le autoriza para emitir reglas generales de carácter técnico operativo para facilitar la aplicación de la ley; además de que ello únicamente constituye el establecimiento de las atribuciones necesarias para que los órganos del Poder Ejecutivo, encargado de la aplicación de la ley, puedan dar agilidad, prontitud, firmeza y precisión a dichos actos de aplicación de la norma expedida por el Congreso.

Son aplicables al caso las tesis sustentadas por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de identificación se citan enseguida:

"REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. LA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA HABILITAR A LAS SECRETARÍAS DE ESTADO A FIN DE EXPEDIRLAS, NO CONSTITUYE UNA DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS. El hecho de que el Congreso de la Unión autorice a las secretarías de Estado a emitir reglas técnico-operativas de observancia general en su ramo, no entraña una delegación de facultades, pues aquel órgano legislativo no se despoja de una facultad propia, lo que constituye una condición insalvable de todo acto delegatorio, sino que asigna directamente a un órgano de la administración pública federal, una tarea operativa para facilitar la aplicación de una ley específica dentro de su campo de acción. Lo anterior se justifica en la medida en que el Poder Legislativo no suele ocuparse de esos detalles técnico-operativos que surgen en el funcionamiento de la administración pública; de ahí que resulte apropiado que los secretarios de Estado, como integrantes de la administración pública federal y conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenten con las atribuciones necesarias para dar agilidad, prontitud, firmeza y precisión a los actos de aplicación de la ley específica que expida el Congreso de la Unión." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, abril de 2002. Tesis P. XII/2002. Página 8).

"REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. LAS DICTADAS EN EJERCICIO DE UNA FACULTAD CONFERIDA POR LA LEY A UNA SECRETARÍA DE ESTADO, NO PUGNAN CON EL PRINCIPIO DE DISTRIBUCIÓN DE ATRIBUCIONES ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO. El primer párrafo del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que ‘La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado ...’. De lo anterior se deduce que las reglas generales administrativas dictadas en ejercicio de una facultad conferida por una ley expedida por el Congreso de la Unión a una secretaría de Estado constituyen una categoría de ordenamientos que no son de índole legislativa ni reglamentaria, sino que se trata de cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública, por lo que su expedición no pugna con el principio de distribución de atribuciones entre los diferentes órganos del poder público. Lo anterior es así, porque los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes, cuya expedición compete al presidente de la República, en términos de lo dispuesto en el artículo 92 de la propia Carta Magna, tienen diferente forma y materia que las reglas citadas, y mientras el Congreso de la Unión no interfiera en la formación de aquellos actos, puede conferir directamente a los secretarios de Estado la atribución de expedir reglas técnico-operativas dentro del campo de una ley específica; de manera que si el otorgamiento de atribuciones por la Norma Fundamental a los diferentes órganos gubernativos no puede extenderse analógicamente a otros supuestos distintos a los expresamente previstos en aquélla, las reglas técnicas y operativas están fuera del ámbito exclusivo del titular del Poder Ejecutivo, al gravitar dentro de la potestad legislativa del Congreso de la Unión para autorizar su expedición mediante una ley a alguna o varias de las secretarías de Estado y departamentos administrativos, cuya distribución de competencias figura tanto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como en las demás leyes que le incumben al Congreso de la Unión." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, abril de 2002. Tesis P. XIV/2002. Página 9).

CUARTO. Es infundado el primer motivo de inconformidad, en el que se argumenta que es incorrecta la determinación del Juez de Distrito en el sentido de que es fundado pero inoperante el concepto de violación en que se argumentó que el proceso legislativo que dio origen a la reforma impugnada incumplió con lo dispuesto en el artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues contrario a lo considerado por el a quo, la violación de carácter formal alegada consistente en que el decreto de veintiocho de diciembre de dos mil tres, que contiene la ley reclamada, establece en la fracción primera de sus disposiciones transitorias, su entrada en vigor a partir del día primero de enero de dos mil cuatro, y no obstante ello fue publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el día cinco de enero de dos mil cuatro.

Que es totalmente falso que dicha violación no trascienda al contenido mismo de la norma y, por ende, no afecte su validez, ya que es de suma importancia que el gobernado se entere adecuadamente y a ciencia cierta de la norma que debe cumplir, por lo que es necesario que se determine que la ley no puede comenzar a regir, sino hasta que se aclare cuál es la fecha en que entra en vigor.

En efecto, lo infundado del agravio que se analiza, atiende a que, como correctamente lo estimó el Juez de Distrito, la circunstancia de que la norma reclamada haya sido publicada en el Diario Oficial de la Federación hasta el día cinco de enero de dos mil cuatro, no obstante que en el decreto correspondiente se señalara que las reformas aprobadas entrarían en vigor a partir del día primero de los mismos mes y año, en modo alguno afecta la esfera jurídica de la quejosa y tampoco provoca incertidumbre respecto al momento a partir del cual obligan a los gobernados.

Ello es así, en virtud de que, por un lado, los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prevén regla alguna sobre el momento en que las leyes deben iniciar su vigencia, razón por la cual este aspecto puede ser regulado libremente por el legislador ordinario, señalándolo de manera específica a través de disposiciones transitorias y, por otro lado, no debe perderse de vista que la promulgación de una ley, que no es otra cosa que su publicación formal en el Diario Oficial de la Federación, tiene dos finalidades:

1. La de hacer saber a los gobernados que el orden jurídico ha sido modificado en virtud de un acto legislativo, y

2. La de hacer exigible el acatamiento del nuevo ordenamiento.

Así, si el fin último de la publicación formal de una norma o un cuerpo legal que han sido objeto de alguna modificación, reforma, adición o derogación, es hacer del conocimiento de los sujetos obligados a su observancia el nuevo contexto normativo para que los órganos del Estado se encuentren en aptitud de exigir su cumplimiento, lo que se traduce en que los particulares no están obligados a cumplir lo prevenido en disposiciones que no han sido publicadas, es incuestionable que no obstante que el señalamiento expreso de la entrada en vigor de un decreto legislativo sea de fecha anterior a aquella en que el mismo es publicado, la obligatoriedad de su observancia tendrá lugar hasta que los gobernados tengan conocimiento oficial y formal de su contenido.

Cabe destacar que la violación que invoca la quejosa, no trasciende al contenido mismo del precepto reclamado ni afecta su validez, pues el hecho de que una norma no sea publicada inmediatamente, es decir, sin demora o a la brevedad posible, como lo indica el artículo 72, inciso a), de la Constitución Federal, no constituye un vicio esencial del procedimiento legislativo. Además, al haberse llevado a cabo la publicación, se cumplió con el objetivo de dar a conocer a los gobernados el contenido y alcance de la ley, la que en ese momento cobra fuerza obligatoria.

Ahora bien, la regla general en materia del inicio de vigencia de las leyes, es que rijan a partir del mismo día de su publicación; sin embargo, tratándose de disposiciones fiscales, el artículo 7o. del Código Fiscal de la Federación señala expresamente que:

"Artículo 7o. Las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general, entrarán en vigor en toda la República el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que en ellas se establezca una fecha posterior."

Lo dispuesto en la norma legal antes transcrita, adminiculado con la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación (cinco de enero de dos mil cuatro), del decreto por el que se adiciona la fracción V del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, nos lleva a concluir que la observancia de dicha norma, inicia a partir del día seis de enero de dos mil cuatro, fecha en la cual entra en vigor, por ser el día siguiente a aquel en que se realizó su publicación, no obstante que en disposición transitoria del decreto respectivo se haya señalado como fecha de entrada en vigor el día primero del mes y año en cita, en tanto que al no haber sido publicada en la fecha en que se fijó el inicio de su vigencia o con anterioridad a la misma, no podía surtir ningún efecto vinculatorio para los gobernados.

Así, si la vigencia de la norma impugnada inicia a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la precisión realizada en el artículo segundo transitorio, fracción I, en el sentido de que el decreto correspondiente entrará en vigor el día primero de enero de dos mil cuatro, lo único que refleja es la incongruencia entre dicha norma transitoria y la fecha de publicación del decreto, pero en modo alguno afecta el contenido y alcance de lo dispuesto en el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación y, como consecuencia de ello, tampoco provoca incertidumbre jurídica para los gobernados a quienes se encuentra dirigida dicha norma, pues se reitera que las obligaciones de ella derivadas inician a partir del seis de enero de dos mil cuatro, por ser éste el día siguiente a aquel en que se publicó su adición en el Diario Oficial de la Federación.

En otro aspecto, es de hacerse notar que la publicación al día del decreto reclamado, tampoco da lugar a estimar su inconstitucionalidad, pues debe tenerse en cuenta que el vicio atribuido por la quejosa no radica en el artículo transitorio, sino en la fecha de publicación, pues es claro que el legislador en ningún momento pretendió dar efectos retroactivos al Código Fiscal de la Federación, pues el decreto se emitió con fecha veintiocho de diciembre de dos mil tres, señalándose en el artículo segundo transitorio, fracción I, que las reformas correspondiente entrarían en vigor el día primero de enero de dos mil cuatro; por lo que si en el decreto que nos ocupa el legislador estableció una fecha de inicio de vigencia que resultó anterior a la fecha de publicación del decreto, no por determinación del propio legislador sino por una omisión del Ejecutivo Federal, es inconcuso que cobra plena aplicación la disposición legislativa relativa a la entrada en vigor de las leyes fiscales, contenido en el artículo 7o. del Código Fiscal de la Federación.

Por ello, en el supuesto de que la norma reclamada llegara a aplicarse retroactivamente a los gobernados, el término para la impugnación de dicho acto empezará a correr a partir del día seis de enero de dos mil cuatro, por ser éste el día siguiente a aquel en que se realizó su publicación.

Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de identificación se citan enseguida:

"REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO REQUIEREN DE VACATIO LEGIS Y ANTE LA AUSENCIA DE DISPOSICIÓN EXPRESA SOBRE SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, DEBE ESTARSE A LA DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SALVO QUE POR SU CONTENIDO NO SEAN EXIGIBLES DE MANERA INMEDIATA. Para que una reforma constitucional tenga tal carácter, basta con incorporarla al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con base en el procedimiento establecido en su artículo 135, de manera que para autentificarla en relación con sus destinatarios -los gobernados y los órganos del Estado-, se requiere su publicación en un medio fehaciente, lo cual se logra con la inserción del decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación; esto es, una vez satisfecho el procedimiento establecido en el citado precepto constitucional, el decreto respectivo se remite al Ejecutivo para efectos de su publicación inmediata. Ahora bien, la publicación en dicho medio de los decretos de reforma constitucional emitidos por el Congreso tiene dos finalidades: 1) la de hacer saber a los gobernados y a los demás órganos del Estado, de manera auténtica, que el orden jurídico ha sido modificado por virtud del acto legislativo -en sentido lato-, y 2) la de hacer exigible el acatamiento del nuevo ordenamiento, en tanto se ha perfeccionado la voluntad del Constituyente Permanente en ese sentido. Es decir, la publicación de un decreto de reformas constitucionales es una garantía objetiva del propio ordenamiento, destinada a fijar de forma auténtica y permanente el contenido de una norma y garantizar, en consecuencia, la seguridad y certeza jurídicas, por lo que la propia Constitución dispone que la publicación se haga ‘inmediatamente’, en aras de que la voluntad del Constituyente Permanente -en el sentido de que se ha reformado el texto constitucional- no se diluya ni obstaculice en el tiempo, sino que de manera objetiva y pronta empiece a tener efectividad. De lo anterior puede derivarse el principio siguiente: las reformas constitucionales tienen vocación de regir, esto es, de cobrar vigencia inmediatamente, sin demora, una vez publicadas en el Diario Oficial, acorde con los principios de supremacía y eficacia inmediata de la Constitución, según los cuales las disposiciones que la conforman son la Ley Suprema de la Unión y deben ser atendidas por todos los operadores jurídicos. En congruencia con lo antes expuesto, se concluye que la regla en materia del inicio de vigencia de las reformas y adiciones a la Constitución es que rijan a partir del mismo día de su publicación en el Diario Oficial y la excepción es que empiecen a regir en fecha posterior, siempre que el propio Constituyente así lo hubiese determinado mediante disposiciones transitorias, o que por su contenido mismo no puedan ser exigibles desde ya, por lo que no es necesario un periodo de vacatio legis para que inicie la vigencia de una reforma constitucional." (Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, marzo de 2004. Tesis 1a. XXVII/2004. Página 309).

QUINTO. En el primer concepto de violación se dice que el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, es violatorio de la garantía de equidad tributaria, por exigirse la inclusión de controles volumétricos de contabilidad sólo a un reservado grupo de contribuyentes, además de que la desigualdad de trato en situaciones similares respecto de contribuyentes que, aun cuando no tienen el mismo giro comercial, sí guardan una situación análoga con los expendedores de gasolina, diesel, etc., no se encuentra debidamente justificada, haciéndola caprichosa y arbitraria.

El argumento de referencia es jurídicamente ineficaz en atención a que, por cuanto hace a dicha obligación formal, no rige el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Se asevera lo anterior, pues el indicado artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, en vigor a partir del primero de enero de dos mil cuatro, dispone:

"Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, deberán observar las siguientes reglas:

"...

"V. Tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación. Dichos controles formarán parte de la contabilidad del contribuyente. Para tales efectos, el control volumétrico deberá llevarse con los equipos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. ..."

El examen de la disposición transcrita, pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que las personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con controles volumétricos que se mantendrán permanentemente en operación, además de que formarán parte de la contabilidad del contribuyente.

En tal virtud, al tratarse sólo de una obligación formal cuyo fin consiste en que la autoridad hacendaria pueda comprobar el eficiente cumplimiento de los gobernados para contribuir al gasto público, es innegable que no se rige por el principio de equidad en materia tributaria, porque éste se encuentra vinculado a aspectos sustantivos de la obligación tributaria, en virtud de que se traduce en igualdad ante la ley de los sujetos pasivos de una contribución, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo atinente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas y plazos de pago.

Sobre lo que debe entenderse por el principio de equidad en materia tributaria, es conveniente transcribir la siguiente tesis:

"PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula." (Séptima Época, Pleno, Apéndice de 1995, Tomo I, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 275, página 256).

Se insiste en que la obligación formal que prevé el artículo impugnado no se rige por dicho principio tributario, habida cuenta que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone:

"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

...

"IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

Del análisis del anterior precepto, se desprende claramente que constituye una obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos que realiza el Estado, de manera proporcional y equitativa. En relación con el vocablo contribuir, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, México, 2003, páginas 19 y 20, se establece:

"El significado de la palabra ‘contribuir’ empleada en la fracción IV del artículo que es materia de esta nota, es el de cubrir los impuestos federales, estatales y municipale

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18551-2a986139/controles-volumetricos-a-la-obligacion-que-establece-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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