RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2000. LA REGLA 5.2.2. CONTRADICE Y SUPERA LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 6o. DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
REVISIÓN FISCAL 87/2002. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE TORREÓN, COAHUILA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL PRESIDENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Resulta infundado el concepto de agravio hecho valer por el administrador local jurídico de Torreón en el Estado de Coahuila, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, presidente de la Secretaría de Administración Tributaria y demás autoridades demandadas, en atención a los razonamientos que más adelante se expresan.
De las constancias que conforman el expediente fiscal anexo, se advierten como antecedentes del caso a estudio, que el treinta de noviembre del año dos mil uno el contribuyente Jesús María Sánchez García, por su propio derecho, ocurrió ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio 322-SAT-05-B-111-17189, de fecha cuatro de octubre de dos mil uno, emitido por la Administración Local de Recaudación de Torreón, por medio del cual se negó la devolución de la cantidad de $51,893.00, cincuenta y un mil ochocientos noventa y tres pesos, por concepto de impuesto al valor agregado correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del año dos mil, al considerar sustancialmente la autoridad administrativa que el solicitante tributa bajo el régimen de pequeños contribuyentes y conforme con la regla 5.2.2. de la resolución miscelánea publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta el marzo de dos mil, que regula el artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para los contribuyentes del régimen aludido, y que en ningún caso procede la devolución.
Tramitado el juicio de nulidad en sus términos, la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del mencionado tribunal fiscal y administrativo dictó sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad recaudadora emitiera una nueva resolución en la que aplicara debidamente lo dispuesto por los artículos 22 del Código Fiscal de la Federación y 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al considerar, en esencia, que el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el año dos mil, no prevé que mediante reglas de carácter general se limite, restrinja o prohíba el derecho de los contribuyentes para solicitar la devolución de saldo a favor del impuesto al valor agregado obtenido en sus declaraciones, ni que mediante las aludidas reglas se hagan excepciones a determinados contribuyentes atendiendo al régimen bajo el cual tributan, razón por la cual la regla 5.2.2. en que se basó la autoridad administrativa para negar la devolución solicitada, contradice lo dispuesto por la ley de la materia, de jerarquía superior, por lo que la resolución impugnada al apoyarse en la aludida regla, se encuentra indebidamente fundada.
Inconformes las autoridades hacendarias, por medio de su representante legal, interpusieron el recurso de revisión en estudio, en el que en el único concepto de agravio que hacen valer aducen, en síntesis, que contrario a lo que establece la sentenciadora, no se puede restar legalidad a las reglas en las que la autoridad se apoyó para emitir la resolución impugnada, las que al ser publicadas anualmente regulan diversas figuras jurídicas previstas en las leyes fiscales y poseen el carácter de obligatorias, toda vez que fueron expedidas en uso de las facultades que prevé el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, por lo que no puede resultar ilegal el hecho de que la autoridad fiscal se apoye en las reglas contenidas en la aludida resolución miscelánea para negar la devolución de la cantidad solicitada, reglas de carácter general que resultan obligatorias cuando se toman como opción para el cumplimiento de disposiciones fiscales, más aún si éstas no se contraponen con la ley que reglamentan.
Añade el representante de las autoridades recurrentes, que los artículos 22 del Código Fiscal de la Federación y 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sólo establecen la obligación que tiene la autoridad de devolver el saldo a favor solicitado, siempre y cuando éste sea procedente, y si la citada regla 5.2.2. prevé el mecanismo del mencionado impuesto al valor agregado respecto de personas físicas que tributan bajo el régimen contemplado en la sección III, capítulo VI, título IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y respecto de las operaciones del impuesto al valor agregado, es evidente que tal regla fue expedida para establecer diversos requisitos para la procedencia del acreditamiento.
Se dice que el anterior argumento es infundado, pues contrario a lo que se aduce, la multicitada regla 5.2.2. en que se basó la negativa de devolución de impuestos solicitada, al disponer que en ningún caso procede la devolución de impuestos, tratándose de las personas que tributen conforme al régimen establecido en la sección III, capítulo VI, título IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (personas físicas), régimen de pequeños contribuyentes, establece una prohibición para determinados contribuyentes a quienes pretende regular, que contradice y sobrepasa lo establecido por los artículos 22 del Código Fiscal de la Federación y 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que son disposiciones de jerarquía superior, pues el aludido numeral 6o. que prevé lo relativo al acreditamiento y devolución de la contribución que regula, no limita en forma alguna el derecho de los contribuyentes a la devolución del saldo a favor que hubiesen obtenido en sus declaraciones.
Ahora bien, en la especie, no se encuentra a discusión el hecho de que la resolución miscelánea fiscal constituye un agrupamiento de disposiciones de carácter general que se publican anualmente y que regulan diversas figuras previstas en las leyes fiscales, las que se expiden en uso de las facultades que otorga a las autoridades fiscales el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación.
En el caso concreto se considera conveniente transcribir los artículos 22, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigentes en el año dos mil, así como la regla 5.2.2., los cuales disponían:
"Artículo 22. Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales. La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado, mediante cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente o certificados expedidos a nombre de este último, los que se podrán utilizar para cubrir cualquier contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de retenedor. Las autoridades fiscales efectuarán la devolución mediante depósito en cuenta bancaria del contribuyente, cuando éste les proporcione el número de su cuenta bancaria en la solicitud de devolución o en la declaración correspondiente. Los retenedores podrán solicitar la devolución siempre que ésta se haga directamente a los contribuyentes. Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor de quien presentó la declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de resolución o sentencia firmes de autoridad competente, en cuyo caso podrá solicitarse la devolución independientemente de la presentación de la declaración."
"Artículo 6o. Cuando en la declaración de pago provisional resulte saldo a favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución, siempre que en este último caso sea sobre el total del saldo a favor. ... Si en la declaración del ejercicio el contribuyente tuviera cantidades a su favor, podrá acreditarlas en declaraciones de pago provisional posteriores o solicitar su devolución total.-Los saldos cuya devolución se solicite no podrán acreditarse en declaraciones posteriores."
"Regla 5.2.2. Para efectos del artículo 4o. de la ley del IVA, las personas físicas que tributen conforme al régimen establecido en la sección III, capítulo VI, título IV de la ley del ISR y que por las operaciones que realicen se encuentren obligadas al pago del IVA podrán considerar como impuesto acreditable el que les hubiere sido trasladado en los comprobantes de las erogaciones efectuadas relacionadas con su actividad empresarial, siempre que las erogaciones de referencia hubieran sido deducibles para efectos del ISR, de haber tributado en la sección I del capítulo VI de la ley del ISR.-El IVA deberá constar en forma expresa y por separado en los comprobantes que amparen los gastos y compras realizadas, los cuales deberán conservarse por el contribuyente durante el plazo establecido en el artículo 30, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación.-El acreditamiento deberá efectuarse en la declaración del periodo en el que se hubiere efectuado el pago del bien o servicio de que se trate, sin que proceda en ningún caso la devolución." (lo subrayado es de este tribunal).
A mayor abundamiento, es importante puntualizar que tal regla de la resolución miscelánea fiscal no tiene el carácter de reglamento, esto en los términos del contenido de la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por reiteración 27/2002, registro 186912, consultable en la página 218 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de 2002, que es del tenor literal siguiente: "MISCELÁNEA FISCAL. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN QUE SE CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUELLA RESOLUCIÓN.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), y último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a) y 85, fracción II, de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a) y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del recurso de revisión en amparo contra sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito, cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se impugnó la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento expedido por el presidente de la República en uso de la facultad reglamentaria que le otorga el artículo 89, fracción I, de la propia Constitución Federal, por el jefe del Distrito Federal o por los gobernadores de los Estados y, en todos los demás casos, salvo que se plantee invasión de soberanías o la interpretación directa de un precepto de la Carta Magna, compete conocer de la revisión a los Tribunales Colegiados de Circuito. En consecuencia, si en un juicio de amparo se reclama la constitucionalidad de una resolución miscelánea fiscal, expedida por el subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ausencia del titular y del subsecretario del ramo, con fundamento, entre otros, en el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, que establece que las autoridades fiscales procurarán ‘publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes’, se concluye que no se surte la competencia de este Alto Tribunal para conocer del recurso de revisión en el que subsista tal problema de constitucionalidad, sino la de los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que la resolución reclamada no fue expedida por el presidente de la República en uso de su facultad reglamentaria, sino por un subsecretario de Estado con base en el referido precepto del código tributario, esto es, aun cuando la resolución miscelánea fiscal contiene reglas generales, impersonales y abstractas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, ello no da lugar a considerar que tal resolución tiene el carácter de reglamento y que, por tanto, se ubica dentro de los ordenamientos cuyo análisis de constitucionalidad compete realizar al Máximo Tribunal del país, pues tanto la Constitución Federal, como la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, son claras al especificar que debe tratarse de reglamentos expedidos por el presidente de la República, o bien, de reglamentos expedidos por los gobernadores de los Estados o por el jefe del Distrito Federal.".
Como se desprende del contenido de la citada jurisprudencia, las reglas de la resolución miscelánea fiscal -como la que se examina- no tienen el carácter de reglamento pues "no fue expedida por el presidente de la República en uso de su facultad reglamentaria, sino por un subsecretario de Estado con base en el referido precepto del código tributario (refiriéndose al artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación), esto es, aun cuando la resolución miscelánea fiscal contiene reglas generales, impersonales y abstractas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, ello no da lugar a considerar que tal resolución tiene el carácter de reglamento".
Desde esa perspectiva, se considera que acorde con lo dispuesto en el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, la citada regla 5.2.2. es de carácter general y fue publicada "para el mejor cumplimiento" de las facultades de las autoridades fiscales y, por tanto, no debe sobrepasar o contradecir la ley en acatamiento al orden jerárquico normativo establecido en el artículo 133 constitucional.
Al respecto, Eduardo García Máynez, en su obra "Introducción al Estudio del Derecho", página 87, Editorial Porrúa, trigésimo novena edición, México, 1988, en cuanto al orden jerárquico normativo en el derecho mexicano, señala que el precepto fundamental del orden jerárquico normativo del derecho mexicano lo formula el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al respecto indica:
"El precepto revela que los dos grados superiores de la jerarquía normativa están integrados, en nuestro derecho:
"1. Por la Constitución Federal.
"2. Por las leyes federales y los tratados internacionales."
Asimismo, el doctrinario en derecho constitucional Felipe Tena Ramírez, en su obra "Derecho Constitucional Mexicano", Editorial Porrúa, México, 1985, páginas 301 y 302, en relación con la jerarquía de las normas, ha sostenido que:
"Hablemos ahora de una división de los actos propiamente legislativos del Congreso, los cuales suelen clasificarse en leyes orgánicas, en leyes reglamentarias y leyes ordinarias. Las dos primeras clases se oponen a la última, por cuanto aquéllas tienen por objeto poner los medios para que pueda funcionar un precepto de la Constitución, en tanto que las leyes ordinarias son simplemente el resultado de una actividad autorizada por la Constitución.
"Entre la ley orgánica y la reglamentaria existe una diferencia evidente. Ley orgánica es la que regula la estructura o el funcionamiento de alguno de los órganos del Estado; por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la de secretarías y departamentos autónomos, la del Ministerio Público Federal. Ley reglamentaria es la que desarrolla en detalle algún mandamiento contenido en la Constitución; ejemplo, la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional.
"Las denominaciones que mencionamos no suelen emplearse con exactitud por nuestros legisladores. Así el estatuto llamado ‘Ley Orgánica del artículo 28 constitucional en materia de monopolios’ es, a pesar de su nombre, una ley reglamentaria y no orgánica, porque desarrolla en detalle las disposiciones contenidas en el artículo 28, en el que no se crea ningún órgano de gobierno. Del mismo modo, la Constitución emplea a veces la palabra ‘reglamento’ en lugar de ‘ley’; por ejemplo, señala como facultades del Congreso la de reglamentar la organización y servicio del Ejército y la Armada y la de dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la guardia nacional (art. 73, fracs. XIII, XIV y XV). En tales casos, y en otros más que pudieran señalarse, lo que el Congreso hace es expedir leyes ordinarias en ejercicio de sus respectivas facultades; leyes que no son reglamentarias por no hacer referencia a normaciones concretas de la Constitución, ni menos aún reglamentos, que son exclusivos del presidente de la República y que suponen siempre una ley del Congreso.
"Entre ley reglamentaria y reglamento, la diferencia es puramente formal y de rango. Aquélla es expedida por el Congreso y desarrolla un precepto de la Constitución; éste es expedido por el Ejecutivo y desarrolla una ley del Congreso. Pero ambos ordenamientos se identifican en su esencia por cuanto los dos tienen su razón de ser, su medida y su justificación en relación con un ordenamiento superior, al cual hacen referencia y están subordinados ..."
De consiguiente, si la regla de carácter general 5.2.2. no tiene las características de una ley formalmente emitida por el Poder Legislativo, es claro que no puede ni debe rebasar la disposición contenida en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación transcrito, como adecuadamente lo consideró la Sala recurrida, precepto que prevé que las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales, y que la devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado; de ahí que el agravio que se examina resulta infundado pues, como quedó claro, la multicitada regla 5.2.2. establece una prohibición referente a la devolución del impuesto al valor agregado, respecto de determinado tipo de contribuyentes, que no preceptúa norma legal alguna que haga excepción de determinados contribuyentes atendiendo al régimen bajo el que tributan.
Similares criterios ha sostenido este órgano jurisdiccional al resolver, por unanimidad de votos, los recursos de revisión fiscal 82/2002, 88/2002, 95/2002 y 97/2002.
En mérito de lo anterior, ante lo infundado del agravio expresado por la recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos l04, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184 de la Ley de Amparo y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se declara infundado el recurso de revisión.
SEGUNDO.-Se confirma la sentencia de veintidós de abril de dos mil dos, pronunciada por la Segunda Sala Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila, dentro de los autos del juicio de nulidad 2662/01-05-02-5, promovido por Jesús María Sánchez García.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse a la autoridad responsable los autos que se sirvió remitir y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, licenciados Isidro Avelar Gutiérrez, Marco Antonio Arroyo Montero y Aristeo Martínez Cruz, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17305-cc7a7568/resolucion-miscelanea-fiscal-para-2000-la-regla-5 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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