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Modo: Corpus Pro

SENTENCIA FISCAL INFUNDADA. LO ES AQUELLA EN LA QUE LA SALA FISCAL OMITE CITAR EL PRECEPTO LEGAL CON BASE EN EL CUAL CONSIDERÓ QUE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA RESULTABA INSUFICIENTE, RESPECTO DE LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA DESIGNAR MÚLTIPLES VISITADORES PARA QUE ACTUARAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 186/2003. · Registro digital (IUS): 19574
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE TORREÓN, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRAS AUTORIDADES.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, , Pág. 1072.

REVISIÓN FISCAL 186/2003. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE TORREÓN, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRAS AUTORIDADES.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Analizados los agravios esgrimidos por la autoridad recurrente, devienen fundados por las consideraciones siguientes:

En el primer agravio la autoridad sostiene que la Sala Fiscal violó en su perjuicio el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 19, fracciones III y IV, 38, 238, fracción IV, y 239, fracción II, del mismo ordenamiento legal, al considerar ilegal la orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera, porque en la misma no se citó la fracción II del artículo 42 del código tributario; lo cual a decir de la recurrente, es incorrecto, pues aduce que la Sala Fiscal interpretó en forma equivocada el contenido de la citada fracción II, ya que no se trata de una orden de visita, ni de una revisión de gabinete, sino de una orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera, cuya naturaleza es distinta, pues la verificación se realiza fuera del domicilio del particular, en razón de que el bien a inspeccionar se encuentra en movimiento y no puede ser ubicado en un lugar específico para su inspección, lo cual origina que no se precise el lugar donde se verificará, además, el destinatario de la orden es impreciso, ya que la verificación puede ser entendida con quien sea detectado al momento de la inspección en posesión o tenencia del vehículo de procedencia extranjera y, por ello, a decir de la recurrente, no tenía por qué citarse en la orden de verificación impugnada la fracción II del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues ésta se refiere a la facultad de requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimiento o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como para que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran, mientras que en el caso concreto la autoridad fiscal en ningún momento acudió al domicilio fiscal del contribuyente a requerirle diversa documentación, sino que en la orden de verificación materia de controversia, se solicitó acreditara la legal tenencia o estancia en el país del vehículo, pero en el lugar donde se interceptó éste, y no en el domicilio del contribuyente, por lo que sostiene la revisionista que en ningún momento se practicó una revisión, ni mucho menos le requirió documentación para que la exhibiera en su domicilio, establecimiento o en sus propias oficinas, sino simplemente se solicitó acreditara la legal estancia del vehículo de procedencia extranjera en el país, lo cual es completamente distinto, resultando por ello inaplicable la tesis que citó la Sala Fiscal, de rubro: "VISITADORES. CARECEN DE FACULTADES PARA SOLICITAR MOTU PROPRIO DOCUMENTOS E INFORMES AL CONTRIBUYENTE.", pues a decir de la recurrente, en el caso particular no se trata de una orden de visita.

Al respecto, cabe decir que el agravio es fundado, toda vez que si en el caso concreto el acto administrativo impugnado en el juicio de nulidad lo constituye una orden de verificación de vehículo de procedencia extranjera y no una orden de visita domiciliaria o revisión de escritorio, es inconcuso que la autoridad de ninguna manera tenía obligación de citar en la orden controvertida, la fracción II del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, dado que ésta sólo es aplicable a las órdenes de visita domiciliaria y a las órdenes de escritorio, pero no en las órdenes de verificación, a que se refiere la fracción VI del precepto legal citado.

A ese respecto, es conveniente transcribir las fracciones II y VI del referido artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, mismas que son del tenor literal siguiente:

"Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

" ...

"II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.

" ...

"VI. Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte."

El precepto legal citado establece las facultades con que cuentan las autoridades fiscales, tanto para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de los contribuyentes, así como para determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales que correspondan; facultades que en tratándose de órdenes de visita domiciliaria o revisión de escritorio, en términos de la fracción II citada, consisten en poder requerir a los contribuyentes, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las autoridades, la contabilidad, así como para que proporcionen datos, informes y documentos, a fin de que la autoridad efectúe la revisión de los mismos; en tanto que, conforme a la fracción VI del artículo en mención, las facultades de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de los contribuyentes, se refieren, entre otras, a la de ordenar y practicar la verificación física de toda clase de bienes, inclusive durante su transporte.

Ahora bien, contrario a lo señalado por la Sala Fiscal, la autoridad demandada de ninguna manera tenía obligación de citar en la orden de verificación impugnada, la fracción II del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, dado que del análisis de su contenido, se desprende que la facultad con que cuenta la autoridad para requerir la contabilidad, datos, informes y documentos, a que se refiere dicha fracción, únicamente es aplicable a las órdenes de visita domiciliaria y a las órdenes de revisión de escritorio o gabinete, no así para las órdenes de verificación de vehículos de procedencia extranjera, como incorrectamente lo consideró la Sala Fiscal, pues al señalar tal fracción que la exhibición de lo solicitado debe efectuarse precisamente en "el domicilio o establecimiento" del contribuyente, del responsable solidario o en su caso del tercero relacionado, así como "en las oficinas de la autoridad", de ninguna manera puede inferirse que en dicha hipótesis queden comprendidas las órdenes de verificación de vehículos de procedencia extranjera, dado que, como lo señala la recurrente en sus agravios, dichas órdenes no se realizan en el domicilio del contribuyente, es decir, la autoridad no acude al domicilio del poseedor del vehículo, ni éste a las oficinas de la autoridad, sino que dicha verificación se efectúa en el lugar donde se localice el vehículo, ya que el bien a inspeccionar se encuentra por lo general en movimiento, y por ello no puede ser ubicado en un lugar específico para su inspección, además, como lo sostiene la recurrente en sus agravios, en el caso concreto, la autoridad no efectuó una revisión, ni mucho menos le requirió documentación para que la exhibiera en su domicilio, establecimiento o en las oficinas de la autoridad, sino simplemente solicitó se acreditara la legal estancia del vehículo de procedencia extranjera en el país, situación que de ninguna manera encuadra en la hipótesis contenida en la fracción II del artículo 42 del código de la materia.

Por otra parte, resulta importante destacar que si bien en la fracción VI del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que regula la facultad de la autoridad fiscal para verificar físicamente toda clase de bienes, como son los de procedencia extranjera, no exige, dado que no establece expresamente que la autoridad puede requerir al contribuyente que exhiba la documentación que ampare la legal importación o tenencia en el país de los mismos, como acontece tratándose de las órdenes de visita domiciliaria y de la revisión de escritorio; sin embargo, de ninguna manera implica que la autoridad no se encuentre en aptitud para ello, dado que de la interpretación de dicho precepto legal, se desprende que se trata de una facultad implícita contenida en la propia fracción VI, en relación con el primer párrafo del precepto legal comentado, en el que genéricamente se otorga a las autoridades fiscales, la facultad de comprobar el que los contribuyentes hayan cumplido con las disposiciones fiscales.

Lo anterior es así, toda vez que si bien conforme a nuestro sistema constitucional de facultades específicamente otorgadas a las autoridades, éstas sólo pueden hacer lo que la ley les permite, a diferencia del particular, que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, y por ello, las autoridades, para actuar con competencia en términos del artículo 16 constitucional, al causar perjuicios o molestias a los particulares, deben actuar con facultades legales que les hayan sido otorgadas en la Constitución o en alguna ley; sin embargo, debe señalarse que existen cierto tipo de facultades que se otorgan en forma genérica, de manera que las autoridades no pueden actuar fuera de los fines, objetivos y materia que se les señalan, pero que al mismo tiempo, por la naturaleza misma de la facultad otorgada, resultaría imposible que la propia legislación comprendiera todos los elementos y matices de la facultad otorgada, pues sería imposible que la ley previera de manera particular toda la infinidad de hipótesis que pudieran presentarse, de ahí que las notas distintivas de las normas jurídicas sean su abstracción y su generalidad, y en estos casos, se deben estimar constitucional y legalmente conferidas todas las facultades implícitas en las expresamente otorgadas, entendiendo por implícitas aquellas facultades sin las cuales sería nugatorio, o se vería sustancialmente mermada la facultad que expresamente se otorgó, a diferencia de aquellos preceptos legales en los que se otorgan facultades en forma restrictiva, de manera que no puede hablarse ahí de facultades implícitas, y sólo se puede admitir que se ejerciten las facultades expresa y limitativamente otorgadas, como lo son entre otras las normas que imponen cargas a los particulares, fijan infracciones y sanciones, y que se reconocen en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, conforme al cual dichas disposiciones son de aplicación estricta, sin que las autoridades administrativas, en relación con dichas cargas, infracciones y sanciones, puedan ampliar sus facultades por razones de interés público, o de conveniencia en el ejercicio de sus facultades, ni por ningunas otras.

Por lo anterior, si el artículo 42, en su párrafo primero, en relación con su fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, de manera genérica otorga facultades a las autoridades fiscales, para verificar físicamente toda clase de bienes, debe concluirse que, se encuentra implícita la facultad para requerir la documentación que ampare la legal importación o tenencia en el país de dichos bienes, pues de considerar lo contrario, resultaría nugatoria la facultad que expresamente se otorgó, ya que la autoridad al no poder requerir al poseedor o tenedor del vehículo de procedencia extranjera, la documentación que ampare la legal estancia en el país de dicho vehículo, no podría comprobar si el bien objeto de verificación, cumple con lo ordenado por las disposiciones fiscales por parte de los contribuyentes, así como determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales que en su caso correspondieren.

Además, debe puntualizarse que si bien el legislador en la fracción II del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, estableció de manera expresa y particular, la facultad que tiene la autoridad para requerir documentación al contribuyente, tratándose de órdenes de visita domiciliaria y de revisión de escritorio; y en la fracción VI de dicho precepto legal, relativo a las órdenes de verificación de bienes, se estableció la aludida facultad, únicamente de manera implícita; ello se debió a que en la primer hipótesis legal, lo que se busca es proteger la inviolabilidad del domicilio del gobernado, dado que la autoridad fiscal al practicar la orden de visita, se introduce al domicilio del contribuyente y, por ende, el legislador, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, que asimila la orden de visita domiciliaria a la orden de cateo, estimó conveniente que en tal caso, a fin de que no hubiere ambigüedades, se precisaran de manera particular las facultades de la autoridad en su actuación, dada su trascendencia para actuar introduciéndose al domicilio del gobernado; situación que no acontece en las órdenes de verificación de vehículos de procedencia extranjera, pues éstas se efectúan fuera del domicilio del gobernado poseedor, y por ello el legislador estableció la facultad de requerir la documentación que acredite la legal estancia y tenencia en el país de los referidos bienes, sólo de manera implícita, como se señaló en párrafos precedentes.

Por lo anterior, debe concluirse que la Sala responsable interpretó de manera incorrecta el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, al estimar que en la orden de verificación antecedente de la resolución administrativa impugnada, la autoridad demandada debió citar la fracción de dicho precepto legal, toda vez que como quedó precisado con anterioridad, la mencionada fracción, sólo es aplicable a las órdenes de visita domiciliaria y a las órdenes de revisión de escritorio, resultando por ello inaplicable la tesis que citó la Sala Fiscal, de rubro: "VISITADORES. CARECEN DE FACULTADES PARA SOLICITAR MOTU PROPRIO DOCUMENTOS E INFORMES AL CONTRIBUYENTE.", de cuyo contenido se desprende que trata de órdenes de visita domiciliaria y de revisión de escritorio.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, consultable en la página 333, del Tomo VI, diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente:

"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO. Acorde con lo previsto en el artículo 16 constitucional, así como con su interpretación realizada por esta Suprema Corte en las tesis jurisprudenciales cuyos rubros son: ‘VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER.’ (tesis 183, página 126, Tomo III, Segunda Sala, compilación de 1995) y ‘ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS.’ (tesis 509, página 367, Tomo III, Segunda Sala, compilación de 1995), que toman en consideración la tutela de la inviolabilidad del domicilio y la similitud establecida por el Constituyente, entre una orden de cateo y una de visita domiciliaria, cabe concluir que el objeto no sólo debe concebirse como propósito, intención, fin o designio, que dé lugar a la facultad comprobatoria que tienen las autoridades correspondientes, sino también debe entenderse como cosa, elemento, tema o materia, esto es, lo que produce certidumbre en lo que se revisa; con base en esto último, el objeto de la orden de que se trata no debe ser general, sino determinado, para así dar seguridad al gobernado y, por ende, no dejarlo en estado de indefensión. Por tanto, la orden que realiza un listado de contribuciones o cualquier otro tipo de deberes fiscales que nada tenga que ver con la situación del contribuyente a quien va dirigida, la torna genérica, puesto que deja al arbitrio de los visitadores las facultades de comprobación, situación que puede dar pauta a abusos de autoridad, sin que obste a lo anterior la circunstancia de que el visitador únicamente revise las contribuciones a cargo del contribuyente como obligado tributario directo, porque en ese momento ya no se trata del contenido de la orden, sino del desarrollo de la visita, en la inteligencia de que la práctica de ésta debe sujetarse únicamente a lo señalado en la orden y no a la inversa. Esta conclusión, sin embargo, no debe llevarse al extremo de exigir a la autoridad que pormenorice o detalle el capitulado o las disposiciones de las leyes tributarias correspondientes, porque tal exageración provocaría que con una sola circunstancia que faltara, el objeto de la visita se considerara impreciso, lo cual restringiría ilegalmente el uso de la facultad comprobatoria, situación que tampoco es la pretendida por esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es necesario precisar que las anteriores consideraciones únicamente son válidas tratándose de órdenes de visita para contribuyentes registrados, pues sólo de ellos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con su registro de alta, sabe qué contribuciones están a su cargo, situación que es distinta de los casos de contribuyentes clandestinos, es decir, aquellos que no están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes porque, en estos casos, la orden necesariamente debe ser general, pues no se sabe qué contribuciones están a cargo del destinatario de la orden. También debe señalarse que las contribuciones a cargo del sujeto pasivo, no sólo conciernen a las materiales o de pago, sino igualmente a las formales o cualquier otro tipo de deber tributario y, por tanto, debe entenderse por obligado tributario, no solamente al causante o contribuyente propiamente dicho, sino también a los retenedores, responsables solidarios y cualquier otro sujeto que a virtud de las normas tributarias tenga que rendir cuentas al fisco."

Igualmente, resulta aplicable en lo conducente, la tesis aislada IV.2o.A.T.36 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, correspondiente a la Novena Época, visible en el Tomo X, septiembre de 1999, página 825, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:

"ORDEN DE VERIFICACIÓN. NO ES NECESARIO QUE AL EMITIRSE SE PRECISE EL LUGAR DONDE HA DE LLEVARSE A CABO (VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, EN CIRCULACIÓN). Es cierto que las órdenes de visita domiciliaria, como actos de molestia, deben sujetarse a las leyes respectivas y a las formalidades previstas para los cateos, y no sólo el párrafo octavo del artículo 16 constitucional exige que se exprese el lugar o lugares a inspeccionar, sino que también lo prevé el artículo 43, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, tratándose de una orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera, en tránsito o circulación, resulta inadmisible exigirle a la autoridad demandada que precise el lugar en que habrá de ejecutarse el mandamiento escrito, porque en este caso no se pretende inspeccionar un lugar determinado, con el fin de localizar objetos o comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales de un contribuyente establecido, sino que, como la propia orden lo indica, se pretende comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales respecto de vehículos de procedencia extranjera, en circulación, lo cual implica que la orden se llevará a cabo en la vía pública, pero no necesariamente en un lugar o punto estratégico determinado, ya que esto último implicaría restringir las facultades de comprobación mediante un requisito que la ley secundaria no exige. Lo anterior debe considerarse al margen de que los inspectores o verificadores, con el carácter de auxiliares del administrador local de Auditoría Fiscal, asienten en el acta de la diligencia el lugar en que se ejecuta la referida orden."

En el segundo agravio, la autoridad recurrente sostiene que la Sala Fiscal violó en su perjuicio los artículos 38, fracciones III y IV, y 237 del Código Fiscal de la Federación, al considerar que en la orden de verificación antecedente de la resolución administrativa impugnada, no se señaló el precepto legal que faculte a las personas designadas en la misma orden, para que efectúen la verificación conjunta o separadamente; consideración que, a decir de la recurrente, no se encuentra fundada en derecho, ya que no expresa el fundamento en que se apoyó, para estimar que la fundamentación que citó la autoridad en el oficio en que se ordena la verificación del vehículo de procedencia extranjera, resultaba insuficiente, por lo que sostiene la recurrente, la sentencia no se encuentra debidamente fundada.

En principio, debe señalarse que si bien este Tribunal Colegiado, en la ejecutoria dictada en la revisión fiscal 146/2003, estimó que la Sala Fiscal no tenía obligación de citar en la sentencia recurrida el precepto legal que se omitió señalar en la orden de visita domiciliaria impugnada; esto es, el artículo que faculta a la autoridad para designar a múltiples visitadores para que puedan actuar conjunta o separadamente, por considerarse que ello implicaría que la Sala Fiscal se sustituyera en las funciones que son propias de las autoridades administrativas; sin embargo, ante una nueva reflexión sobre el tema, y por las razones que se expresan a continuación, este tribunal adopta el criterio que enseguida se expone.

Precisado lo anterior, este Tribunal Colegiado estima que asiste razón a la autoridad recurrente, toda vez que de la lectura de la sentencia reclamada se desprende que la Sala Fiscal, al estimar que la orden de verificación antecedente de la resolución administrativa impugnada en el juicio de nulidad, no se encontraba suficientemente fundada, porque no se citó el precepto legal que facultara al administrador local de Auditoría Fiscal, para designar a múltiples verificadores para que pudieran actuar en forma conjunta o separada; omitió señalar el artículo con base en el cual consideró insuficiente la fundamentación de la orden aludida; esto es, omitió citar el artículo que a su consideración establece la facultad para designar múltiples verificadores para que pudieran actuar conjunta o separadamente.

El artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en lo que interesa, establece lo siguiente:

"Artículo 237. Las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho ..."

El precepto legal citado establece la obligación que tienen las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de citar los preceptos legales en que se apoyen las consideraciones que se expongan al pronunciar las sentencias de las causas sometidas a su conocimiento, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 16 constitucional, que consagra la garantía de fundamentación y motivación que deben observar los actos de autoridad; garantía que tiene por objeto otorgar certeza y seguridad jurídica a las partes dentro de un procedimiento, frente a las decisiones de los órganos jurisdiccionales que afecten o lesionen su interés jurídico y, por consecuencia, asegurar la prerrogativa de su defensa a través del recurso legal que corresponda, ante una resolución que no cumpla con los requisitos legales necesarios.

En el caso concreto, la Sala Fiscal, en el considerando tercero inciso B), de la sentencia recurrida (fojas 67 a 76 del expediente del juicio de nulidad), para declarar fundado el cuarto concepto de anulación que le fue formulado, en lo conducente señaló lo siguiente:

"A juicio de este cuerpo colegiado, el concepto de impugnación que nos ocupa, resulta fundado ... ya que en efecto, del análisis de la cuestionada orden de verificación ... se desprende que ... en ella no se señala el dispositivo en que se establece la posibilidad de que el administrador local de Auditoría Fiscal pueda designar a múltiples verificadores para que actúen en forma conjunta o separada ... .-De la transcripción anterior, esta juzgadora advierte que la autoridad que ordena la práctica de la orden de verificación fundamenta su competencia para ello en los artículos 42, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, y el artículo 23, fracciones VII, VIII y XIII, quinto párrafo y artículo 25, fracción II, segundo y último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria ... sin embargo ... es omisa en citar el dispositivo legal en el cual se establezca la posibilidad de que el administrador local de Auditoría Fiscal pueda designar a múltiples verificadores para que puedan actuar en forma conjunta o separada, de donde se desprende que la orden cuestionada carece de la debida fundamentación a que obligan los artículos 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 16 constitucional por lo que tal orden es ilegal ... .-Ahora bien, para que la orden en comento cumpliera con los requisitos de fundamentación y motivación, era menester que en su texto se invocara el dispositivo, acuerdo o decreto que estableciera que las personas designadas en la orden para efectuar la verificación, lo podrían hacer conjunta o separadamente; por lo que es evidente que no funda debidamente esa orden en su aspecto competencial ..."

De lo anterior se advierte con claridad, como bien lo adujo la autoridad aquí recurrente, que la resolución hoy combatida no se encuentra fundada en derecho, al no expresarse el fundamento en que se apoyó, para estimar que la fundamentación que citó en el oficio en que se ordena la verificación del vehículo de procedencia extranjera, resultaba insuficiente, para designar múltiples verificadores para que pudieran actuar conjunta o separadamente, pues si bien en la sentencia hoy combatida se citan los artículos 16 constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; también lo es que, ninguno de esos preceptos establecen la facultad de la autoridad fiscal, para designar múltiples verificadores para que actúen conjunta o separadamente.

En efecto, el artículo 16 constitucional establece lo siguiente:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.

"La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

"En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.

"Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

"En casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

"Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

"En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia."

"Las comunicaciones privadas son inviolables. La Ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

"Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

"La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

"La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.

"En tiempo de paz ningún m

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19574-51be4320/sentencia-fiscal-infundada-lo-es-aquella-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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