SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO LA VIOLACIÓN ADUCIDA IMPLICA UN ESTUDIO DE FONDO, LA NULIDAD SERÁ LISA Y LLANA, EN CAMBIO, CUANDO SE TRATA DE VICIOS FORMALES, LA NULIDAD SERÁ PARA EFECTOS.
REVISIÓN FISCAL 114/98. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS DE TORREÓN, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRAS.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Los agravios hechos valer son parcialmente fundados.
De las constancias que integran el juicio fiscal número 1258/96, en el que obra la sentencia recurrida, destacan las siguientes:
Mediante escrito presentado el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y seis, ante la Sala Regional Norte-Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, con residencia en esta ciudad de Torreón, Coahuila, Jaime Manuel Acosta Vázquez, como apoderado legal de la persona moral denominada "Hidrogas de Nuevo Casas Grandes, Sociedad Anónima", demandó la nulidad de la resolución negativa ficta recaída al recurso de revocación interpuesto el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y seis, ante la Administración Local Jurídica de Ingresos de Ciudad Juárez, Chihuahua, contra el oficio número 10198, del veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
El veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y seis, el Magistrado instructor de la Sala Regional Norte-Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, admitió la demanda (foja 2247).
A través de oficio 2487 del nueve de enero de mil novecientos noventa y siete, las autoridades demandadas contestaron la demanda (foja 2253).
En proveído del diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete, el Magistrado instructor de la Sala Fiscal otorgó a la parte actora un plazo de veinte días para ampliar la demanda (foja 2322).
Por escrito del cinco de junio de mil novecientos noventa y siete, la parte actora amplió su demanda (foja 2345).
En acuerdo del once de agosto de mil novecientos noventa y siete, se tuvo por ampliada la demanda inicial, corriéndose traslado a las autoridades demandadas para el efecto de que produjeran contestación a la ampliación de demanda (foja 2360).
En oficio número 451 del veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete, la parte demandada dio contestación a la ampliación de demanda (foja 2367).
Seguido el procedimiento por sus demás fases legales, el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, la Sala Regional Norte-Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, emitió la sentencia recurrida, en la que resolvió que la actora probó su acción, declarando en consecuencia la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.
Ahora bien, aduce la autoridad recurrente en su primer agravio que la Sala Fiscal no analizó en forma minuciosa la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer, porque debió desechar la ampliación de la demanda de oficio porque su presentación es extemporánea. Continúa la recurrente reproduciendo casi en términos textuales los argumentos vertidos ante la resolutora al contestar la ampliación de demanda, tendentes a evidenciar la extemporaneidad de su presentación. Concluye la inconforme que la Sala contraviene lo dispuesto en el artículo 203, fracciones II y V, del Código Fiscal de la Federación, al no haber sobreseído el juicio, porque sí se surte la causal de improcedencia y sobreseimiento solicitado y que no fue analizada conforme a derecho.
Sobre lo anterior, en la sentencia recurrida, la Sala del conocimiento señaló:
"En primer término, esta Sala se aboca al estudio y resolución de la causal de improcedencia y sobreseimiento que se hace valer por la autoridad, en la que considera que la presentación de la ampliación de la demanda es extemporánea.-Del análisis a las constancias de autos, se advierte que resulta improcedente la causal que hace valer la autoridad, prevista en el artículo 202 fracción IV del Código Fiscal de la Federación; en efecto lo anterior es así, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, el envío de la ampliación de demanda se podrá efectuar por correo certificado si el demandante tiene su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que reside el demandante, y atendiendo a lo anterior en virtud a que el domicilio del demandante se ubica en Ciudad Juárez, Chihuahua, según constancias de autos, y la ampliación de demanda se depositó en esa ciudad, según sello del Servicio Postal Mexicano que aparece en el sobre respectivo, y que obra en autos; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 210 del citado Código Fiscal, el plazo para la ampliación de la demanda es de 20 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, por lo que si en el presente caso el acuerdo de 17 de marzo de 1997, mediante el cual se tuvo por contestada la demanda y se le concedió a la actora un plazo de 20 días para producir su ampliación de demanda, le fue notificado según acuse de recibo que obra en autos correspondiente al oficio No. 7680 del 14 de abril de 1997, el 8 de mayo de 1997, y el escrito de ampliación de demanda se presentó en el Servicio Postal Mexicano de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de junio del año en curso, entonces su presentación se encuentra dentro del término señalado, lo anterior es así, pues tomando en consideración que la notificación se recibió el 8 de mayo de 1997, surtió efectos el 9 de ese mes y año, empezando a contar el plazo a partir del 12 de mayo de 1997, para concluir el 6 de junio del mismo año, sin contar los días inhábiles correspondientes a sábados y domingos como lo son, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 de mayo y lo. de junio todos de 1997; por lo anterior resulta claro que la presentación de la misma es dentro del plazo concedido para tal efecto y no puede considerarse extemporáneo como lo pretende la autoridad, pues en autos obra la documental consistente en el acuse de recibo correspondiente al oficio No. 7680 de 14 de abril de 1997, y del que se desprende que el mismo le fue notificado como ya se dijo el 8 de mayo de 1997, por ello los argumentos de la autoridad resultan inoperantes y por lo tanto deben desestimarse, en consecuencia es improcedente la causal que hace valer la autoridad, por lo que hace a la ampliación de la demanda de fecha 9 de septiembre de 1996.-Por lo expuesto y fundado y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 202 fracción IV y X, 203 fracción II y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, aplicados a contrario sensu, es de resolverse: I. No es de sobreseerse y no se sobresee el presente juicio."
Como se advierte de lo anterior, la Sala Regional Norte-Centro del Tribunal Fiscal de la Federación sí examinó los argumentos expuestos por las autoridades demandadas al contestar la ampliación de demanda, dirigidos a acreditar la extemporaneidad de su presentación, sin que la recurrente esgrima agravio alguno tendente a demostrar la ilegalidad de las consideraciones expuestas por la resolutora, ya que se limita a señalar que la Sala no examinó minuciosamente y conforme a derecho la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer, sin señalar cuáles son las razones por las que se considera incorrecto el análisis hecho por dicho órgano colegiado, esto es, qué parte de los argumentos expuestos en el juicio fiscal fueron soslayados y por qué se estima que no se examinaron tales argumentos conforme a derecho, pues lo único que hace la inconforme es transcribir lo expuesto al contestar la ampliación de demanda, encaminado a demostrar la causal de improcedencia y motivo de sobreseimiento argüido ante la Sala.
Por lo anterior, es inconcuso que devienen inoperantes los agravios examinados, en virtud de que no reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para tal efecto, porque por una parte, en la revisión fiscal no se debe estudiar si la resolución motivo del juicio fiscal estuvo bien o mal dictada, sino si los fundamentos de la sentencia pronunciada en él, que se ocupó de aquellos alegatos, es o no ilegal y además porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la revisión, deben subsistir para continuar rigiendo la sentencia impugnada.
Sobre el particular, este Tribunal Colegiado comparte el criterio visible en la página 236, Tomo XI-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del texto:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL, CUANDO SE LIMITAN A REPRODUCIR LOS ALEGATOS EXAMINADOS EN LA SENTENCIA IMPUGNADA.-Si en los agravios hechos valer en el recurso de revisión fiscal no se hace sino reproducir los alegatos, los cuales ya han sido examinados en la sentencia impugnada y han sido declarados sin fundamento para decretar la nulidad de una resolución, y la inconforme se olvida de combatir las consideraciones que tuvo en cuenta la Sala Regional para sostener la validez de la resolución con la que culminó el recurso de inconformidad, dicho agravio resulta inoperante, en virtud de que el mismo no reúne los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para tal efecto, porque por una parte, en la revisión fiscal no se debe estudiar si la resolución motivo del juicio contencioso-administrativo estuvo bien o mal dictada, sino si los fundamentos de la sentencia pronunciada en el mismo, que se ocupó de aquellos alegatos, es o no ilegal y además porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la revisión, deben subsistir para continuar rigiendo la sentencia impugnada."
También es aplicable la tesis publicada en la página 1319, Tomo CXXV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Sala Auxiliar, que dice:
"REVISIÓN FISCAL, AGRAVIOS EN LA.-Son inoperantes los agravios para los efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos textuales, los conceptos expuestos en la contestación de la demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento por el Tribunal Fiscal, si no expresa argumentación alguna para impugnar la legalidad de la sentencia, mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o forma, en que incurra tal sentencia, puesto que tales agravios no reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el efecto, y deben desecharse y, en consecuencia, confirmarse en todas sus partes el fallo recurrido."
Por otra parte, son infundados los argumentos relativos a que la orden de visita contenida en el oficio número 102-A-21-B-5295 del tres de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, sí cumplió con el requisito legal de señalar con precisión su objeto, al especificar en forma enunciativa uno a uno los impuestos que serían materia de revisión; que es intrascendente el hecho de que en la orden se hubieran señalado una diversidad de impuestos, puesto que ello no conlleva a determinar como genérica la orden, al precisarse los impuestos a revisar; que la autoridad demandada no determina en la resolución impugnada contribuciones respecto de las cuales no se encontraba obligada, ya que sólo se revisaron los impuestos a que, por su actividad, está afecto el actor, lo que se conocerá una vez que dé inicio a la visita. Que la circunstancia de ser genérica la orden no implica su ilegalidad porque la autoridad está facultada para revisar todos los impuestos indicados en la orden; que la jurisprudencia 7/93 (que transcribe), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los artículos 16 constitucional, 38 y 46 del Código Fiscal de la Federación únicamente establecen como requisitos que se deben observar en una orden de visita, que esté fundada y motivada, señalando los impuestos a revisar, lo que aconteció en la especie; que es suficiente que la autoridad señale los impuestos sobre los cuales versará la revisión y, en el caso, al visitado se le revisó el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, por estar afecto a estos impuestos; por lo que no obstante que se hayan señalado otros impuestos sobre los cuales no hubo revisión alguna, se salvaguardó la seguridad jurídica de los contribuyentes, porque se están señalando los impuestos y derechos materia de revisión y que la autoridad no determinó contribuciones respecto de las cuales no esté obligado a enterar el visitado. Como apoyo, se transcriben parcialmente los criterios sustentados por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo administrativo 5245/96, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 1003/91, el correspondiente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la Segunda Sala Regional Metropolitana y la Sala Regional del Sureste, al resolver el recurso de revisión fiscal 31/97 y los juicios de nulidad 9632/95 y 358/96, respectivamente. Reiteró la parte demandada -ahora recurrente- que el hecho de que en la orden de visita se haya señalado una serie de impuestos y derechos a revisar no contraviene las tesis invocadas por la Sala Fiscal, porque las autoridades pretendían cerciorarse si se habían cumplido las obligaciones fiscales de los impuestos respecto de los cuales se conozca que la contribuyente se encuentra afecta, agregando que es un hecho notorio que al iniciarse la visita domiciliaria y de los documentos aportados por la contribuyente se conoció que la visitada está afecta al pago del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Como sustento, se invocó la tesis de jurisprudencia del rubro: "VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER.".
Son infundados los anteriores agravios.
A fojas de la 121 a la 123 del juicio fiscal obra copia certificada de la orden de visita del tres de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, contenida en el oficio número 102-A-21-B-5295, que en lo conducente dice:
"Dependencia. Administración Local
de Auditoría Fiscal de Ciudad Juárez.
Núm. 102-A-21-B-5295
"Exp. I.A.D.530003/94
"R.F.C. HNC-670707-JE8
"Asunto: Se ordena la práctica de
una visita domiciliaria.
"Cd. Juárez, Chih., a 03 de mayo de 1994.
"Hidrogas de Nuevo Casas Grandes, S.A.
Km. 5 Carretera Nuevo Casas Grandes Sueco s/n
32000. Nuevo Casas Grandes Chih.
"De los antecedentes que obran en el expediente que esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene abierto a su nombre; y dada la importancia que como contribuyente tiene dentro del marco general de recaudación fiscal federal; son los motivos por los que se ordena la presente visita domiciliaria, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta (o) como sujeto directo y como responsable solidario en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta; impuesto al activo de las empresas hasta el 31 de diciembre de 1989, e impuesto al activo a partir del lo. de enero de 1990; impuesto al valor agregado; impuesto sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón; impuesto especial sobre producción y servicios; impuesto sobre automóviles nuevos; impuesto sobre adquisición de inmuebles, impuesto al comercio exterior y derechos aduaneros; impuesto por la prestación de servicios telefónicos; contribuciones de mejoras; derechos sobre minería; derechos por el uso o goce de inmuebles en zona federal marítima, terrestre; y todos los demás derechos comprendidos en la Ley Federal de Derechos, competencia de esta secretaría, así como comprobar el cumplimiento de las disposiciones sobre estímulos fiscales ..."
El subrayado es de este Tribunal Colegiado.
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, la autoridad administrativa, podrá practicar visitas domiciliarias, para exigir, entre otras cosas, la exhibición de libros y papeles necesarios para comprobar que se han acatado disposiciones fiscales, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades de los cateos.
Dichas órdenes de visita para satisfacer las formalidades exigidas por dicho precepto deben contener los siguientes requisitos: 1. Constar en mandamiento escrito; 2. Ser emitida por autoridad competente; 3. Expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena la visita y el lugar que debe inspeccionarse; 4. El objeto que persiga la visita; y 5. Llenar los demás requisitos que fijan las leyes de la materia.
La autoridad que emita la orden de inspección, en el caso que nos importa, la de visita domiciliaria por un principio lógico y de seguridad jurídica para el visitado, debe precisar el objeto o propósito de la misma; así, este principio fue recogido por el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que establece en lo conducente que debe estar fundado y motivado el acto y expresar el objeto o propósito de que se trate.
Para satisfacer con plenitud dichos requisitos, es necesario que en la orden de visita se precise de manera clara y por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden cerciorarse, pues ello permite que la persona visitada conozca en forma plena las obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se ajusten estrictamente a la verificación de los renglones establecidos en la visita.
La actual integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que originó la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 59/97, consultable de las páginas 333 a 350, Tomo VI, diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en lo que interesa, estableció:
"... En esa tesitura, la tutela a la inviolabilidad del domicilio y la similitud establecida por el Constituyente, entre una orden de cateo y una visita domiciliaria, permiten concluir que el objeto no sólo debe concebirse como propósito, intención, fin o designio (revisión de situación fiscal-facultad comprobatoria), sino también como cosa, elemento, entidad, tema o materia (certidumbre de lo que se revisa); entonces, el objeto de la orden de que se trate no debe ser general, vago o impreciso, sino, al contrario, determinado, para así dar seguridad al gobernado y, por tanto, no dejarlo en estado de indefensión.
"Así, debe concretarse el objeto, entendiéndose por ello, que se indiquen las contribuciones, sean aportaciones de seguridad social, impuestos, derechos, contribuciones de mejoras o las obligaciones específicas que afecten al contribuyente, obligado tributario, lo que no se logra con un listado tan profuso que al agotar todo tipo de deberes fiscales que sólo en abstracto deben ser exigibles a un causante universal, se convierta en genérico, incurriendo, por otro medio, en el mismo vicio que ya censuró la anterior Segunda Sala en la tesis jurisprudencial 7/93, cuya transcripción ya se realizó.
"En ese contexto, la orden que realiza un listado de contribuciones que nada tiene que ver con la situación fiscal del sujeto a quien va dirigida, desde luego que la torna genérica, puesto que deja al arbitrio de los visitadores las facultades de comprobación, dado que al señalarse en la orden que se les faculta para su revisión, jurídicamente, nada les impide que lo hagan; situación que no puede dejarse a su arbitrio, dado que ello puede dar pauta a abusos de autoridad.
"Lo anterior, no obstante que el visitador únicamente revise las contribuciones, sean impuestos, derechos o cualquier otro tipo de deber fiscal, propios de la situación del contribuyente, obligado tributario, dado que ello no convalida la circunstancia de que la orden sea genérica; habida cuenta de que ya no se trata del contenido de la orden, sino del desarrollo de la visita; de suerte que el objeto de la orden de visita domiciliaria en materia fiscal, que en el caso deriva de la facultad comprobatoria, debe ser concreto, en atención a que su práctica debe sujetarse únicamente a lo señalado en ella y no a la inversa.
"La anterior determinación debe apreciarse con mesura, sin pretender, por otra parte, obligar a las autoridades hacendarias a exagerar en la especificación del objeto, hasta el punto de exigir que indiquen capítulos o disposiciones de las leyes tributarias puesto que ello iría en detrimento de la facultad comprobatoria.
"Es necesario precisar que las anteriores consideraciones únicamente son válidas tratándose de órdenes de visita para contribuyentes registrados, pues sólo de ellos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con su registro de alta, está en condiciones de saber qué contribuciones están a su cargo, situación que es distinta de los casos en que se esté en presencia de contribuyentes clandestinos, es decir, aquellos que no estén inscritos ante el fisco (Registro Federal de Contribuyentes), porque en estos casos la orden necesariamente debe ser general, pues no se sabe a qué contribuciones está sujeto el destinatario de la orden de visita."
El subrayado es por este cuerpo colegiado.
Precisado lo anterior, en el caso, contrario a lo aseverado por las autoridades recurrentes, la orden de visita domiciliaria del tres de mayo de mil novecientos noventa y cuatro transcrita, no reúne los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional en términos de la ejecutoria apuntada, puesto que resulta genérica, ya que establece como objeto de la comprobación el cumplimiento de disposiciones fiscales a que está afecta la contribuyente, como sujeto directo y como responsable solidario en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta; impuesto al activo de las empresas hasta el 31 de diciembre de 1989, e impuesto al activo a partir del lo. de enero de 1990; impuesto al valor agregado; impuesto sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón; impuesto especial sobre producción y servicios; impuesto sobre automóviles nuevos; impuesto sobre adquisición de inmuebles; impuesto al comercio exterior y derechos aduaneros; impuesto por la prestación de servicios telefónicos; contribuciones de mejoras; derechos sobre minería; derechos por el uso o goce de inmuebles en zona federal marítima, terrestre; y todos los demás derechos comprendidos en la Ley Federal de Derechos, competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como comprobar el cumplimiento de las disposiciones sobre estímulos fiscales; lo que implica un listado de contribuciones que nada refieren sobre la situación jurídica específica de la contribuyente a quien va dirigida, lo que la torna imprecisa, puesto que dejó al arbitrio de los visitadores las facultades de comprobación, lo que se comprueba de la lectura de los puntos resolutivos de la resolución que determinó el crédito fiscal a cargo de la contribuyente visitada, entre otros conceptos, por impuesto sobre la renta de las personas morales e impuesto al valor agregado, habida cuenta que el contribuyente visitado sí está registrado ante el fisco federal (registro federal de contribuyentes HNC-670707-JE8), según aparece en el contexto de la propia orden, por lo que la autoridad fiscalizadora, al saber a qué contribuciones está sujeto el causante, debía determinar qué impuestos específicos deberían de revisarse de la visitada.
Aunado a lo anterior, es criterio de la actual integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación debe interpretarse en el sentido de que tratándose de las órdenes de visita debe señalarse con precisión el objeto o propósito de la visita, por tratarse de un acto de molestia para el gobernado, el cual debe ser pleno pues sólo de esta manera se cumple debidamente con el requisito establecido en el artículo 16 constitucional en el sentido de que las visitas practicadas por las autoridades administrativas se deben sujetar a las formalidades previstas para los cateos, entre la que se encuentra, precisamente que en la orden se deben señalar los objetos que se buscan, que en la especie sería señalar por su nombre los impuestos, de cuyo cumplimiento, las autoridades fiscales pretenden cerciorarse. Adoptar criterio contrario provocaría incertidumbre o inseguridad jurídica con notoria violación del dispositivo constitucional en comento, y además impediría al visitado estar en condición de cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación.
Sirve de apoyo, la propia tesis de jurisprudencia número 509, que invoca la parte recurrente, publicada en la página 367, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:
"ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS.-De conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 16 constitucional y por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de las órdenes de visita que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por un principio lógico y de seguridad jurídica, deben estar fundadas y motivadas y expresar el objeto o propósito de que se trate; requisitos para cuya completa satisfacción es necesario que se precisen en dichas órdenes, expresando por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden verificar, pues ello permitirá que la persona visitada conozca cabalmente las obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se ajusten estrictamente a los renglones establecidos en la orden. Sólo mediante tal señalamiento, por tratarse de un acto de molestia para el gobernado, se cumple con el requerimiento del artículo 16 constitucional, consistente en que las visitas deben sujetarse a las formalidades previstas para los cateos, como es el señalar los objetos que se buscan, lo que, en tratándose de órdenes de visita se satisface al precisar por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento se trate. Adoptar el criterio contrario impediría, además, al gobernado cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación."
También, es aplicable, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/97, visible a fojas 333 y 334, Tomo VI, diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto:
"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO.-Acorde con lo previsto en el artículo 16 constitucional, así como con su interpretación realizada por esta Suprema Corte en las tesis jurisprudenciales cuyos rubros son: ‘VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER.’ (tesis 183, página 126, Tomo III, Segunda Sala, compilación de 1995) y ‘ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS.’ (tesis 509, página 367, Tomo III, Segunda Sala, compilación de 1995), que toman en consideración la tutela de la inviolabilidad del domicilio y la similitud establecida por el Constituyente, entre una orden de cateo y una de visita domiciliaria, cabe concluir que el objeto no sólo debe concebirse como propósito, intención, fin o designio, que dé lugar a la facultad comprobatoria que tienen las autoridades correspondientes, sino también que debe entenderse como cosa, elemento, tema o materia, esto es, lo que produce certidumbre en lo que se revisa; con base en esto último, el objeto de la orden de que se trata no debe ser general, sino determinado, para así dar seguridad al gobernado y, por ende, no dejarlo en estado de indefensión. Por tanto, la orden que realiza un listado de contribuciones o cualquier otro tipo de deberes fiscales que nada tenga que ver con la situación del contribuyente a quien va dirigida, la torna genérica, puesto que deja al arbitrio de los visitadores las facultades de comprobación, situación que puede dar pauta a abusos de autoridad, sin que obste a lo anterior la circunstancia de que el visitador únicamente revise las contribuciones a cargo del contribuyente como obligado tributario directo, porque en ese momento ya no se trata del contenido de la orden sino del desarrollo de la visita, en la inteligencia de que la práctica de ésta debe sujetarse únicamente a lo señalado en la orden y no a la inversa. Esta conclusión, sin embargo, no debe llevarse al extremo de exigir a la autoridad que pormenorice o detalle el capitulado o las disposiciones de las leyes tributarias correspondientes, porque tal exageración provocaría que con una sola circunstancia que faltara, el objeto de la visita se consideraría impreciso, lo cual restringiría ilegalmente el uso de la facultad comprobatoria, situación que tampoco es la pretendida por esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es necesario precisar que las anteriores consideraciones únicamente son válidas tratándose de órdenes de visita para contribuyentes registrados, pues sólo de ellos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con su registro de alta, sabe qué contribuciones están a su cargo, situación que es distinta de los casos de contribuyentes clandestinos, es decir, aquellos que no están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes porque, en estos casos, la orden necesariamente debe ser general, pues no se sabe qué contribuciones están a cargo del destinatario de la orden. También debe señalarse que las contribuciones a cargo del sujeto pasivo, no sólo conciernen a las materiales o de pago, sino igualmente a las formales o cualquier otro tipo de deber tributario y, por tanto, debe entenderse por obligado tributario, no solamente al causante o contribuyente propiamente dicho, sino también a los retenedores, responsables solidarios y cualquier otro sujeto que a virtud de las normas tributarias tenga que rendir cuentas el fisco."
Asimismo, es aplicable la tesis de este Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 317, Tomo III, enero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. DEBE PRECISAR EL NOMBRE DE LOS IMPUESTOS Y TARIFAS RESPECTO DE LOS CUALES DE MANERA PARTICULAR ESTÁ OBLIGADO A PAGAR EL VISITADO.-No se cumple con el requisito que establece el artícul
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5432-285eb759/sentencias-del-tribunal-fiscal-de-la-federacion-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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