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Modo: Corpus Pro

RENTA, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA. EL ACREDITAMIENTO DEL 10% DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL, DEBE REALIZARSE UNA VEZ QUE SE HA DETERMINADO EL IMPUESTO ANUAL Y NO ANTES.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 1019/97. · Registro digital (IUS): 4853
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS NO. 15 DE TORREÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, , Pág. 975.

REVISIÓN FISCAL 1019/97. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS NO. 15 DE TORREÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Los agravios que se expresan son fundados.

En efecto, le asiste la razón a la autoridad recurrente al manifestar que la Sala responsable no estuvo en lo correcto al resolver en la forma en que lo hizo y considerar la nulidad de la resolución impugnada, porque en relación con la determinación de los impuestos del ejercicio correspondiente al año de 1992, el cálculo del impuesto anual debe realizarse a través de un procedimiento regulado en los artículos 79 y 141 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obteniéndose dicho impuesto anual, tanto de los ingresos por salarios, como los percibidos por concepto de prima de antigüedad, retiro e indemnización. Lo anterior es así, porque de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1992, en el párrafo primero y fracción II, se establece que cuando se obtengan ingresos por conceptos de prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, se calculará el impuesto anual conforme al total de percepciones por este concepto, del que se restará una cantidad igual al último sueldo mensual ordinario y al resultado se aplicará la tasa que correspondió al impuesto que señala la fracción I, y que la tasa a que se refiere la fracción II, se calculará dividiendo el impuesto señalado en la fracción I, entre la cantidad a la cual se le aplicó la tarifa del artículo 141 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; asimismo, el mencionado artículo 141 previene que las personas físicas calcularán su impuesto anual sumando, todos sus ingresos, salvo aquellos, por los que no se está obligado al pago del impuesto y por los que ya se pagó impuesto definitivo, después de efectuar las deducciones autorizadas por este título y al resultado se aplicará la tarifa que se establece en dicho artículo, y se previene en el último párrafo que los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto que resulte a su cargo, el 10% del equivalente al salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y que en los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad acreditable conforme a este párrafo, únicamente se podrá solicitar la devolución o efectuar la compensación del impuesto efectivamente pagado o que le hubiera sido retenido.

De todo lo cual se deduce, que al señalar el artículo 141 último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la posibilidad de acreditar el 10% equivalente al salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año contra el impuesto que resulte a su cargo, tal acreditamiento debe realizarse una vez que se ha determinado el impuesto anual, esto es, el que resulta al sumar el impuesto de los ingresos por salario, el impuesto de los ingresos por conceptos de prima de antigüedad, retiro e indemnización, pues ello se desprende precisamente del invocado artículo 141 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al disponer que el cálculo del impuesto anual se realizará sumando, después de efectuar las deducciones autorizadas, todos los ingresos del contribuyente, lo que debe entenderse en el sentido de que tales ingresos corresponden tanto a los percibidos por salario, como los referentes a los ingresos por antigüedad, retiro e indemnizaciones, y al resultado de tales ingresos deberá aplicarse la tarifa que previene dicho precepto, por lo que una vez sumados todos los ingresos, ello equivale a la determinación del impuesto anual sobre el que podrá acreditarse contra el impuesto que resulte a su cargo el 10% del equivalente al salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año; en consecuencia, debe decirse que, contrario a lo considerado por la Sala responsable, el procedimiento utilizado por el causante para determinar el pago de sus impuestos resulta incorrecto, precisamente porque el contribuyente aplicó el 10% del salario mínimo antes de determinar su impuesto anual, y no después de que ha determinado, como lo establece el repetido artículo 141 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; por lo que al no haberlo estimado así la Sala Fiscal responsable, con su proceder causa agravios a la autoridad recurrente.

De igual forma, tiene razón la inconforme, al manifestar que la Sala responsable realizó una indebida interpretación de la exposición de motivos que cita como fundamento de su sentencia, pues, como lo afirma la autoridad recurrente, de dicha exposición se desprende que para efectos del impuesto sobre la renta el acreditamiento del 10% equivalente al salario mínimo del área geográfica del contribuyente elevado al año, debe aplicarse al impuesto definitivo que resulte a cargo del causante, y no que dicho acreditamiento deba hacerse con anterioridad a la determinación del impuesto anual, pues en tal exposición de motivos se establece esencialmente que otra de las medidas importantes que presenta la iniciativa, es la sustitución de la deducción de una cantidad equivalente al salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, que se permite para la determinación del impuesto a su cargo, ya sea tratándose de pagos provisionales o del impuesto que le corresponda pagar en el año de calendario de que se trate, por un acreditamiento que se permite efectuar contra el impuesto que resulte a su cargo, ya sea por concepto de pagos provisionales o en el definitivo, y que tal acreditamiento será del 10% del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente; esto es, lo estimado en dicha exposición de motivos viene a corroborar lo que plantea la autoridad recurrente en sus conceptos de agravio, en el sentido de que ese acreditamiento debe aplicarse una vez determinado el impuesto anual, circunstancia ésta que coincide con lo establecido en el artículo 141, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de ahí que debe concluirse que la Sala responsable, al citar como fundamento de su sentencia la multicitada exposición de motivos, realiza una incorrecta interpretación, porque deja de tomar en consideración que el acreditamiento que se autoriza es contra el impuesto que resulta a cargo del causante, es decir, después de que se haya determinado su impuesto anual, y no antes como incorrectamente concluyó.

En mérito de lo anterior, y al resultar fundados los agravios hechos valer, lo procedente es revocar la sentencia que se revisa, que declaró la nulidad de la resolución combatida en el juicio fiscal y, en su lugar, reconocer la validez de la misma en la parte en que se impugnó, debiendo quedar subsistente la consideración que se refiere al artículo 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1992, que no fue impugnada.

Es dable señalar que el criterio contemplado en el presente fallo, ya fue sustentado por este tribunal al resolver, por unanimidad de votos, las revisiones fiscales 170/97, 868/97, 887/97, 957/97 y 50/98, promovidos por el propio administrador local jurídico de Ingresos Número 15.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 104, fracción I, inciso b), de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, 184 de la Ley de Amparo y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia que se revisa, en la parte en que se impugnó.

SEGUNDO.-Se reconoce la validez de la resolución combatida en el juicio de nulidad 355/97, pronunciada por la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, con residencia en esta ciudad de Torreón, Coahuila, y que quedó precisada en el resultando primero, con la salvedad a que se hace referencia en el último párrafo de la parte considerativa de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio autorizado de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Marco Antonio Arroyo Montero, Luz Patricia Hidalgo Córdova y René Silva de los Santos, siendo ponente la segunda de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4853-b393bcbc/renta-ley-del-impuesto-sobre-la-el-acreditamiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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